En días pasados, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) clasificó por tres años la información de los análisis a las muestras de agua contaminada que se realizaron en la alcaldía Benito Juárez, aunque de acuerdo con la normativa en materia de transparencia, estos datos tendrían que ser abiertos y accesibles para toda la población.
María del Carmen Nava, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), explicó que “lo importante en el tema de la calidad del agua es que nos habilita también el derecho a la salud; en derechos humanos se relacionan unos con otros, por ende, garantizar su totalidad es indispensable para la vida de las personas, y en el caso mexicano tenemos 34 leyes que establecen que la calidad del agua se debe transparentar sin que tengan que solicitarla”.
De acuerdo con la comisionada, esta información debe ser “abierta, accesible y actualizada por parte de las instituciones públicas responsables del que nos llegue agua potable, es un derecho humano que tiene que ser garantizado”.
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Nava comentó que el InfoCDMX ya se encuentra analizando los recursos de revisión interpuestos contra la decisión del SACMEX de reservar los documentos con la información de los análisis de más de 4 mil tomas de agua que se hicieron en domicilios con reportes de mala calidad.
“Como garante de la Ciudad de México, en el InfoCDMX tenemos ya varios recursos de inconformidad sobre esa clasificación, cuya resolución podría tardar hasta 40 días hábiles, y actualmente estamos en el periodo de alegatos, que dura 7 días, donde se pregunta a las partes involucradas si se llega a un acuerdo donde la institución pública proporciona la información”, agregó.
La comisionada afirmó que en muchos casos ocurre que en el periodo de alegatos se llegue a acuerdos entre las partes involucradas, “lo que termina con un sobreseimiento, justo porque la persona pudo tener la información antes incluso de que el Pleno del InfoCDMX resolviera”.
También señaló que, en el caso de las personas que recientemente obtuvieron una suspensión provisional que obliga a las autoridades a proporcionarles la información sobre los análisis del agua contaminada, el SACMEX tendrá que entregar los documentos aún cuando estos fueron reservados por el Comité de Transparencia de la dependencia, ya que se trata de la orden de un juez.
“La parte procesal del InfoCDMX se lleva con independencia del amparo, porque son dos recursos distintos a través de los cuales se requirió la información, así que aún con ello nosotros como autoridad no paramos, incluso si la información se da a conocer, tenemos que concluir nuestro ciclo procesal legal”, indicó.
En el periodo de 2006 al primer trimestre de 2024, el InfoCDMX ha recibido 44 mil 270 solicitudes de información pública sobre la gestión del agua, de las cuales 2 mil están relacionadas con la calidad del servicio.
Entre 2019 y el primer trimestre de 2024, el Instituto resolvió 493 recursos de revisión relacionados con la calidad del agua, y en el 92% de los casos le dio la razón a la persona recurrente, lo que obligó a que se le entregara la información solicitada.
Para María del Carmen Nava, estas cifras evidencian que “ha habido una constante en querer saber sobre el agua en la Ciudad de México no sólo en esta coyuntura, sino en 18 años, de tal manera que no podemos tener extrañeza por parte de las instituciones públicas de que haya una exigencia por parte de las personas a preguntar”.
“No hay posibilidad de que las personas participen, que haya mecanismos de credibilidad en la gestión del agua si no hay información, y sin ella tampoco podemos hablar de la calidad del agua, porque son solo especulaciones”, agregó.
“Porque si es notorio a simple vista que el agua quizá no sea potable, pues aquí quién tiene que garantizar esa calidad y esos indicadores son las instituciones públicas correspondientes, entonces creo que ahí haría el énfasis, pues porque son derechos humanos y nos va la vida de por medio”, destacó la comisionada.
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El pasado 8 de mayo, El Sabueso dio a conocer que los documentos con los resultados de las pruebas de laboratorio al agua contaminada en Benito Juárez fueron reservadas por tres años por el SACMEX, al considerar que exponerlos podría generar “interpretaciones erróneas”.
Ante una solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el SACMEX argumentó que la reserva podría ampliarse hasta 5 años, porque se presentó una denuncia en la Fiscalía capitalina por el presunto delito de sabotaje por lo que dar a conocer los datos de los análisis representa un “riesgo” para la investigación.
Aunque se negaron los documentos con las pruebas, el Sistema relató que en una primera instancia identificaron “compuesto de aceites degradado derivado de los aceites y lubricantes” en el agua extraída del pozo Alfonso XIII, “ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón e identificado como el punto de origen de la problemática”. Y a partir de ese hallazgo, presentaron la denuncia el 18 de abril pasado.
Según el Sistema, “en estos momentos, el agua potable que se proporciona por la red de distribución, ya tiene los parámetros establecidos por la norma para su uso cotidiano”, sin que existan evidencias de ello, lo que mantiene a los vecinos en la incertidumbre sobre los posibles riesgos a la salud que pueda tener la exposición a los contaminantes.
Según el ministerio de Salud, controlado por Hamás, varias víctimas continúan atrapadas bajo los escombros y las ambulancias no pueden llegar a la zona.
El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por el gobierno de Hamás, afirmó que al menos 87 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en ataques israelíes contra una zona residencial de Beit Lahia, en el norte de Gaza.
Según las autoridades sanitarias, varias víctimas continúan atrapadas bajo los escombros y las ambulancias no pueden llegar a la zona.
De acuerdo a la agencia de noticias palestina Wafa, los ataques destruyeron un complejo residencial entero.
Israel calificó de exageración una cifra anterior -más baja-, pero dijo que estaba comprobando los informes. Las autoridades israelíes no permiten a los medios de comunicación extranjeros el acceso independiente a la Franja.
Israel ha bombardeado intensamente el norte de Gaza, matando a cientos de personas en los últimos días.
Al menos 42.603 palestinos han muerto y otros 99.795 han resultado heridos desde que Israel comenzó su ofensiva militar en Gaza el 7 de octubre del año pasado, según el ministerio de Salud.
El 7 de octubre, un ataque dirigido por Hamás contra Israel dejó cerca de 1.200 muertos y 251 rehenes. Aproximadamente 100 rehenes siguen retenidos en Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a principios de esta semana que los combates continuarían hasta que los rehenes restantes fueran devueltos a casa.
El ataque en Beit Lahia ha reavivado las peticiones por un cese de las hostilidades.
“No hay ningún lugar seguro en Gaza”, afirmó el coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland.
En un comunicado, el funcionario aseguró que “la pesadilla en Gaza se está intensificando” y reclamó que la guerra “debe parar ya”.
Una solicitud que fue respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el Territorio Palestino Ocupado, desde donde solicitaron a las autoridades israelíes que faciliten la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.
“No podemos llevar a cabo una operación humanitaria a la escala necesaria con tan solo unos pocos pasos fronterizos poco fiables y de difícil acceso”, afirmaron desde la instancia.
Pero los llamados para un alto al fuego no se han limitado a los organismos internacionales, sino también se han producido en el terreno.
“Nuestra nación está siendo exterminada”, denunció el doctor Eid Sabbah, director del Hospital Kaml Adwan, ubicado en el norte de Gaza.
El galeno reclamó que se ponga fin al “asedio” a los hospitales y “que la vida vuelva a la normalidad antes de que sea demasiado tarde, antes de que nuestra nación sea exterminada”.
Entretanto, continúan los combates entre las fuerzas israelíes y la milicia de Hezbolá en el sur de Líbano, así como en el sur de Beirut.
El domingo las fuerzas de Hezbolá lanzaron 70 cohetes desde Líbano contra el norte de Israel, algunos de los proyectiles fueron incerptados, anunciaron voceros militares israelíes. Estos se suman a los cerca de 200 cohetes que disparó en la víspera.
Por su parte, en Líbano este domingo todavía se están evaluando los daños y las víctimas provocadas por los últimos ataques lanzados por fuerzas israelíes el sábado, donde al menos un edificio de varias plantas en los suburbios del sur de la ciudad quedó completamente destruido.
El ejército israelí señaló que había atacado los almacenes de armas de Hezbolá y el centro de mando y el cuartel general de inteligencia de la agrupación respaldada por Irán en Dahieh.
En las primeras horas del domingo se vio humo en el sur de Beirut después de que el ejército israelí ordenara la evacuación inmediata de dos barrios de la zona.
Desde la Fuerza de Defensa de Israel (FDI) dijeron a los civiles que estaban “situados cerca de instalaciones e intereses afiliados a Hezbolá, contra las que las FDI trabajarán en un futuro próximo”.
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