La crisis en Nuevo León que tiene al estado con gobernador intermitente, sin fiscal ni presidente del Poder Judicial
Nuevo León atraviesa por una crisis política al tener tres cambios en la gubernatura en menos de un mes, estar sin fiscal general desde hace más de un año y sin presidente del Poder Judicial.
Este martes, Samuel García anunció en un video que asumía nuevamente el cargo de gobernador constitucional de Nuevo León, a casi un mes de que el Congreso del estado aprobó su licencia por seis meses para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México.
Pero esto solo será un par de días, pues el mismo aspirante presidencial dijo que inaugurará la “Macronavidad” para después seguir en campaña.
“En este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional… y el viernes 1 a las 11:59 te dejo como encargado de despacho, para poder irme a hacer campaña y ganar la Presidencia de la república”, le dijo García a Javier Luis Navarro Velasco, quien se ha desempeñado como secretario de Gobierno.
Tres gobernadores en Nuevo León
Las precampañas presidenciales han impactado en el estado, el cual pasó de tener “tres gobernadores” en unos días a estar a contrarreloj para la designación de quien ocupará el cargo hasta el 2 de junio de 2024, debido a la licencia otorgada a Samuel García.
El pasado 25 de octubre, el Congreso ―compuesto por 28 diputados del Frente (14 del PAN y 14 del PRI) contra 11 de Movimiento Ciudadano, dos de Morena y uno del Partido Verde― nombró al magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Salinas, como gobernador interino, lo cual fue invalidado por el Tribunal Electoral, pues según la Constitución de Nuevo León una persona no puede ser parte de dos poderes de gobierno.
El 28 de octubre, Samuel García publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado (POE) para nombrar a Javier Navarro, secretario de Gobierno, como encargado de despacho y que le permitiría tomar el cargo si Arturo Salinas, nombrado por el Congreso local estuviera impedido para ejercerlo.
La discusión llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 13 de noviembre, el ministro Javier Laynez suspendió los nombramientos de José Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León y de Javier Navarro Velasco como encargado de despacho.
También resolvió que será el Congreso de Nuevo León quien defina al gobernador interino, sin embargo, desde ese momento, los legisladores no han sesionado para hacer el nombramiento.
A esto se suma que el pasado 20 de noviembre Samuel García inició su precampaña y con un decreto nombró a Javier Navarro como encargado de despacho por 60 días, como lo marca la Constitución, lo que será efectivo hasta el 18 de enero de 2024.
Como parte de la polémica, García Sepúlveda pidió a las autoridades que se tome en cuenta el criterio electoral y quien sea nombrado como interino pertenezca a Movimiento Ciudadano, el partido del que forma parte.
Por ello, la bancada emecista en el Congreso del Estado propuso una terna de funcionarios de gobierno para ser gobernador interino.
El coordinador parlamentario Eduardo Gaona, planteó que el perfil se escogiera de entre Javier Navarro, encargado de despacho del gobierno estatal; Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana; e Iván Rivas, secretario de Economía.
Esto ha sido criticado por los partidos opositores pues el artículo 118 de la Constitución local restringe a funcionarios para ejercer como gobernador, aunque Gaona insistió en que este lineamiento solo aplica en quienes quieren ser electos, no interinos.
Poder Judicial se queda sin presidente en Nuevo León
Luego de que José Arturo Salinas Garza fue nombrado por el Congreso de Nuevo León como gobernador interino tras la solicitud de licencia de Samuel García, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura eligió a Alberto Ortega Peza como encargado del despacho del Poder Judicial de Nuevo León.
Alberto Ortega es magistrado de la Primera Sala Unitaria Civil y será el titular del Poder Judicial hasta el 2 de junio de 2024 cuando termina la licencia de García Sepúlveda, quien tendría que regresar a la gubernatura y Salinas Garza como presidente del organismo.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en caso de renuncia, licencia o ausencia absoluta del presidente del TSJ, el pleno en sesión extraordinaria será quien elija al interino.
En medio de la polémica, el 15 de noviembre trabajadores del Poder Judicial, la Fiscalía del estado, el Congreso local y otros organismos autónomos de Nuevo León denunciaron que el pago de su quincena tuvo retrasos y acusaron una venganza política de Samuel García.
En un comunicado, firmado por los organismos, acusaron al gobernador con licencia de haber instruido a la Secretaría de Finanzas frenar el pago de los trabajadores en un acto de revancha por la designación del mandatario interino.
El escrito fue firmado por el Magistrado Alberto Ortega, encargo del despacho del Tribunal Superior de Justicia; Pedro Arce, de la Fiscalía General de Justicia; Jorge Galván, auditor General del Estado; Mauro Guerra, presidente del Congreso local.
Más de un año sin fiscal en Nuevo León
Desde el 5 de octubre de 2022 Nuevo León no tiene un fiscal general tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, quien debía permanecer en el cargo hasta 2024 tras la reforma constitucional que buscaba tener una dependencia autónoma.
Esto se debe a que el Gobierno del Estado y el Congreso Local mantienen un conflicto de poderes por la designación de un nuevo titular, por lo que se mantiene como encargado de despacho Pedro Arce, quien antes fuera vicefiscal jurídico.
Tras aprobar la renuncia de Gustavo Adolfo, el Poder Legislativo inició de manera inmediata el proceso para una nueva designación, en donde de 65 perfiles postulados se presentaron solo cuatro: Guadalupe Saldaña, Genaro García de la Garza, Pedro José Arce Jordán y Adrián de la Garza.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2022 el gobernador Samuel García vetó a de la Garza al considerar que no cumplía con los requisitos para preservar la seguridad de la entidad y presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación impugnando la convocatoria realizada por el Congreso, misma que fue admitida el 24 de noviembre del 2022, suspendiendo el procedimiento de designación.
En febrero de este año, el gobernador también solicitó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que la designación fuera vía consulta pública, hecho que continúa sin resolverse.
En junio de 2023 Samuel García y el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentaron una demanda de juicio político en contra de Pedro José Arce Jardón, encargado de la Fiscalía por hacer “un uso faccioso y político de sus capacidades”.
Esto luego de que presuntamente varios agentes del Ministerio Público trataran de ingresar a las instalaciones de la Torre Administrativa en Monterrey, que alberga las oficinas del gobierno del estado.
“No pienso aguantar un día más a este sujeto en Nuevo León, se tiene que ir hoy mismo. Si tuviera dignidad hoy debería presentar su renuncia, pero si no hoy mismo lo vamos a destituir y también las va a pagar”, dijo el gobernador en un video.
Sin embargo, ese mismo día, la Fiscalía del estado negó los hechos e informó que personal administrativo auxiliar del Ministerio Público, que no portaba armas ni carácter de policía solo acudió a entregar un oficio de notificación de medidas de protección a una dependencia del Gobierno del Estado.
El 3 de octubre, la Sala Regional Monterrey ordenó al Tribunal Electoral y Superior de Justicia del Estado atender de manera puntual la propuesta del gobernador, pero no se ha definido aún si se continuará con la elección de los cuatro candidatos del Congreso o vía referéndum.
De acuerdo con una revisión hecha por la organización México Evalúa, el procedimiento de designación de un fiscal “fue una total simulación”, debido a que “no cumplió plenamente con los estándares internacionales de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad”.
La organización detalló que el Comité de Selección Ciudadano tenía la facultad constitucional para analizar los perfiles y realizar entrevistas, pero solo confirmaron que los interesados entregaron su información.
A esto se suma que el Congreso local supuestamente revisó las 63 candidaturas en menos de 48 horas, y definió la lista de cuatro finalistas que habría de ser enviada al Poder Ejecutivo para la selección de una terna que a su vez fue vetada por el gobernador.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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