
Pablo Lemus Navarro tomó protesta como gobernador de Jalisco para el periodo 2024-2030.
Durante su discurso, el mandatario, emanado de Movimiento Ciudadano, reconoció que tiene como desafío atender el tema de seguridad, especialmente en tema de desapariciones, y se comprometió a trabajar por resolverlo en conjunto con el gobierno federal.
“Apostemos por un modelo que dé resultados reales, ni una estrategia unilateral, ni toda la carga, ni toda la culpa, sobre un solo orden de gobierno; la seguridad nos toca a todas y a todos, aquí nadie se lava las manos y todos trabajamos de forma conjunta y en equipo por la seguridad de las personas”, dijo.

Lemus Navarro prometió que se reunirá con familiares y colectivos de víctimas de desaparición para mantener un diálogo directo y permanente.
“La principal tragedia que vive este país son las desapariciones. Esta crisis afecta a miles de familias, es una deuda histórica que será prioridad para nosotros”, detalló
El nuevo mandatario recordó que se creará la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, con que se buscará enfrentar la crisis de personas desaparecidas en la entidad.
También dijo que fortalecerá la policía estatal y mejorará la coordinación de las policías municipales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
Como parte de sus primeras acciones, el próximo lunes instalará la Mesa Interinstitucional de Seguridad en conjunto con gobiernos federales y municipales.
En tanto, el martes estará con la presidenta Claudia Sheinbaum en Acapulco para la mesa nacional de seguridad pública, donde pondrá a su disposición a las fuerzas de seguridad de Jalisco para trabajar en conjunto.
Durante su discurso, Pablo Lemus hizo un llamado a presidentes y presidentas municipales, legisladores y legisladores, así como a todos los servidores públicos de Jalisco para trabajar en conjunto en mejorar la calidad de los ciudadanos.
Prometió mantener una visión común, pese a la diversidad política y social, pues dijo “todas las voces deben de tener un alcance y un espacio en el que puedan ser escuchadas”.

Acompañado de Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Lemus dijo que su proyecto de gobierno “es de colores”, el cual incluirá a las y los mejores jaliscienses.
Al respecto, detalló que su mandato será con respeto absoluto y trabajo coordinado con la federación, sin pleitos entre partidos políticos y cuya base sea mejorar la calidad de vida de las personas. Esto pese a que su antecesor, Enrique Alfaro, presentó una iniciativa para poder salir del pacto fiscal.
Lemus aprovechó para decir que la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy amable con él cuando visitó la Ciudad de México y le mandó a decir con Marath Bolaños que “Jalisco está listo para hacer equipo”.
En ese sentido, también reconoció a las y los diputados de todas las fuerzas políticas por construir acuerdos y privilegiar el diálogo en lo que va de la legislatura.
En cuanto a la educación se comprometió a que las niñas y niños de las 7 mil 800 escuelas en Jalisco, incluyendo preescolar, primaria y secundaria tengan computadoras, tabletas electrónicas y pantallas táctiles; además de los útiles, mochilas y uniformes deportivos que ya se reparten.
De igual forma, se comprometió a remodelar todas las escuelas de Jalisco con los fondos del impuesto a las nóminas.
Además, reconoció a Enrique Alfaro por haber hechos que la Universidad de Guadalajara tuviera su propio presupuesto constitucional.
En tanto se comprometió a apoyar la cultura con centros culturales, apoyando a creadores y llevando a las calles la cultura.
En materia de salud, se comprometió a ampliar a 4 millones de derechohabientes la cobertura de servicios de salud en primero, segundo y tercer nivel con el seguro médico Jalisco.
“Garantizaremos que todos los niñas y niñas que padecer cáncer, diabetes e insuficiencia renal obtengan los tratamientos que requieren de forma gratuita”, detalló.
También, fortalecerá el programa de salud estatal con la red de hospital escuela en compañía con la Universidad de Guadalajara.
Pablo Lemus, nuevo gobernador de Jalisco, también se comprometió a darles a los agricultores todo el respaldo, capacitación, equipamiento y financiamiento.
Solicitó apoyo al gobierno federal para que se mejore la infraestructura carretera federal en el estado y se comprometió a que la red carretera estatal termine su mantenimiento al 100% en 14 meses.
En cuanto a el transporte público, dijo que se implementar con electromovilidad en todas las zonas metropolitanas del estado, esto para que los empresarios vean atractivo el estado para invertir.
En el orden del día original, Pablo Lemus ingresaría al Congreso después de que los representantes de cada partido realizaran un pronunciamiento; sin embargo, se pidió que el gobernador entrante también estuviera presente.
El primero en hablar fue el diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, quien aseguró que Enrique Alfaro convirtió el estado en “la cueva de los 38 ladrones”.
Por su parte, la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, de Futuro, dijo que “termina un sexenio manchado de sangre” y aseguró que el gobierno de Alfaro fue incapaz de resolver los problemas “más dolorosos” para las personas que habitan en Jalisco.
“Terminan seis años de regaños, hoy termina el primer sexenio del Alfarismo, este Jalisco que nos dejan hasta ayer 15 mil 348 personas desaparecidas sin ser localizadas, 170 fosas clandestinas en todo el estado, 15 mil 270 homicidios en estos seis años”, declaró.

En más de una ocasión la diputada le solicitó al entonces todavía gobernador, Enrique Alfaro, que pusiera atención a su mensaje.
La morenista, Itzul Barrera Rodríguez, recordó a las víctimas de desaparición y violencia durante el gobierno de Alfaro, como Luz Raquel Padilla, quien fue quemada en Zapopan y que el fiscal calificó como una bruja que estaba loca.
En contraste, la representante del PAN, Claudia Murguía Torres, reconoció el trabajo del gobernador saliente, que dijo “tomó decisiones difíciles en contextos complejos” y adelantó “serán los jaliscienses quienes se encargarán de juzgar de mejor manera”.
En tanto, el diputado Velázquez resaltó para Lemus la importancia de reconocer los errores durante el gobierno y modificar las acciones en caso de ser necesario. Además, dijo que la Federación no trata con justicia a Jalisco en el pacto fiscal.
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En el mismo sentido, la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, acusó al gobierno Federal de tratarlos con “injusticia presupuestal” y pidió “un gobierno que distribuya adecuadamente el presupuesto y no condiciona por colores cálidos”, así como no permitir caer en el centralismo institucional y en prácticas dictadoras de gobierno.
Finalmente, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, destacó el trabajo de Alfaro y respaldó a Lemus en su nueva encomienda.

La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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