Pueblos Mayo-Yoreme buscan que banco alemán retire financiamiento a Planta de Amoniaco en Topolobampo, Sinaloa
Los pueblos Mayo-Yoreme afectados por la construcción de la Planta de Amoniaco en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, buscan que el Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción (KfW) retire el financiamiento otorgado al proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
El argumento es que este no respeta las directrices de la institución bancaria de garantizar la protección de la biodiversidad y el bienestar de comunidades locales y pueblos originarios pues, aunque actualmente el proyecto está en etapa de construcción, ya está generando afectaciones al limitar las áreas de recolección de almeja de los pobladores.
A través de una petición de firmas en la plataforma Change.org promovida por el Consejo Ciudadano de Ecología en Sinaloa, los solicitantes alertan que la construcción del proyecto, que busca producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día, generará “un ecocidio, riesgo para la salud humana y un etnocidio cultural para el pueblo originario Yoreme quienes habitan los territorios de la Bahía de Ohuira”.
A una semana de lanzada y hasta este martes 6 de mayo, la campaña había recolectado casi mil 300 firmas de ciudadanos interesados en la protección del patrimonio biocultural, en su mayoría desde México, pero también desde países como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Ecuador, y una veintena más de naciones de Europa, Norteamerica y Sudamerica.
Además del retiro del financiamiento por parte del banco alemán KfW, la petición dirigida al Ombudsperson del KfW, Arndt Brillinger; al director de Sostenibilidad del KfW, Jürgen Kern; al Oficial del Alto Comisionado de la Naciones Unidos México para los Derechos Humanos, Jesús Peña; al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Defensores Ambientales en el marco de la Convención Aarhus, Michel Forst; y a la presidenta de México, Semarnat y Profepa, también exige que las autoridades mexicanas suspendan el proyecto y sancionen las actividades ilícitas de daño ambiental que ya fueron denunciadas por los habitantes de las comunidades.
Actualmente, indicó a Espejo Melina Sandoval, pescadora de la comunidad de Lázaro Cárdenas y líder de la comunidad Mayo-Yoreme, los trabajos de construcción de la planta continúan afectando ya su actividad pesquera.
Entre estos, están la construcción dos tanques de almacenamiento y de una plataforma para la cual se destruyeron más de 20 hectáreas de manglar. Esto ha generado el desplazamiento de aves migratorias que anteriormente se encontraban en la llamada Isla de Patos y que, ante la poca disponibilidad de alimentos por la construcción, ahora se encuentran más lejos, en la Isla de Bledos.
“Es lo primero que hemos observado. Ahorita todavía no trabajan, no producen. Están trabajando en la construcción de la planta y, a simple vista, es el primer impacto que nosotros hemos visto, el relleno del humedal de ese bajo, el desplazamiento de las aves y todo eso era recolección de almeja de la más cercana a los pobladores de Topolobampo”, explicó.
Antes, cuenta la mujer, llegaban en sus embarcaciones y se refugiaban en los árboles de manglar. Hoy solo tienen una explanada de piedra.
Acción legal contra planta de amoniaco está detenida
Al observar que los procesos legales en contra de la construcción de la planta de amoniaco se encuentran detenidos, los pobladores de las comunidades afectadas buscaron llevar el tema al ámbito internacional, en una solicitud de firmas en tres idiomas: español, inglés y alemán.
Melina Sandoval señala que su lanzamiento fue un proceso de alrededor de un mes y medio, en el que buscó el apoyo de organizaciones ambientalistas, como el Consejo Ciudadano de Ecología y colectivos de Alemania, que la pudieran ayudar a lanzar la convocatoria.
“Sacamos esta iniciativa con apoyo del colectivo, mediante charlas… Duramos así como un mes y medio para lograr hacer la petición, hacer la carta, fue un trabajo en conjunto”, contó Melina.
“Nuestra pretensión es que esta petición llegue a Alemania y otros países, y hacer más ruido pues, hacer más ruido hasta allá”, añadió.
La construcción del proyecto se inició en el año 2015 con permisos otorgados sin haber hecho primeramente el proceso de consulta con los pueblos indígenas afectados.
Debido a esto las comunidades de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de oposición al proyecto que, en abril del 2022, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados.
Pero ante esto, la Corte ordenó a la Secretaría de Gobernación realizar la consulta indígena, incluyendo también a pueblos que se encontraban fuera del área de impacto de la planta.
Realizada a finales del 2022, la consulta obtuvo la aprobación de 8 comunidades y el rechazo de los cuatro más cercanos al área del proyecto: Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones y Juan José Ríos.
Tras esto, en agosto del 2024, un juez federal dio por superada la consulta, con lo que la empresa pudo continuar con los trabajos de construcción.
Actualmente, los pueblos Mayo-Yoreme mantienen diversos juicios de amparo interpuestos en contra de la planta, pero estos no limitan que la construcción siga avanzando.
“Uno está en la Ciudad de México en un tribunal colegiado, el otro en un tribunal de Mazatlán, y estamos por iniciar uno más contra autoridades municipales por los permisos que dió sin una consulta indígena”, dijo Sandoval.
Además de estos amparos, las comunidades también interpusieron un juicio ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por invasión de zona federal y una queja con el relator especial de la ONU para defensores ambientales.
Las comunidades también se encuentran en espera de informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, luego de que representantes de este organismo visitaran la Bahía de Ohuira a finales del 2024 con el fin de revisar las condiciones en las que se estaba llevando a cabo la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
“Así más o menos va el proceso con GPO. Pero pues sí, ha estado como en stand by”, indicó.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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