La muerte tres venados en Playacar, el complejo habitacional más exclusivo en Playa del Carmen, derivó las protestas de vecinos y ciudadanos en contra del desarrollo de Awa Signature Playacar que devastó más de 3 mil metros cuadrados de selva en el recinto, sin la implementación de un plan de manejo ambiental.
Más de 400 personas entre vecinos del residencial y organizaciones civiles se manifestaron para exigir la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ante la muerte de tres venados desplazados, entre ellos una hembra recién parida y su cría.
Laura Rubió miembro del colectivo Playacar, formado por vecinos en defensa de los venados, explicó que el proyecto no tenía un plan de manejo ambiental, lo que provocó el desplazamiento de los animales, y en consecuencia su muerte por atropellamientos.
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Ante el caso, exigieron la intervención de la Profepa, pues señalaron que Playacar no tiene la capacidad de controlar el problema que esta violentado la vida silvestre del complejo.
“Nos dimos cuenta que los animales estaban muy desorientados, principalmente los venaditos, y regresaban a los predios devastados porque esta era su casa, lamentablemente fueron atropellados, primero la venada, luego su cría desapareció, y apareció tirado en otro predio porque también fue atropellado. Esto, esta fuera del control”, explicó.
Agregó que la manifestación se llevó a cabo para exigir la restauración de los predios, se cumpla la ley, el plan de manejo ambiental de Playacar, así como la intervención de las autoridades, que se proteja la vida silvestre, y se respete a los animales que no tienen voz.
“Esto pasa en todo Quintana Roo”, reprocharon en la manifestación.
La protesta creció debido a que el desmonte continuó a pesar de que el Ayuntamiento de Playa del Carmen anunció la clausura del proyecto, propiedad de los empresarios Daniel Masliah, Issac y Salomón Cherem, por iniciar los trabajos sin cumplir con la reubicación de fauna silvestre estipulada en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que provocó el desplazamiento de especies hacia zonas habitadas, donde fueron atropelladas.
“Vamos a seguir, esto no va a parar, tenemos un colectivo organizado, y cada vez tenemos más certeza de lo que tenemos que hacer para convivir con respeto y armonía hacía la naturaleza”, advirtió.
El complejo AWA Signature Townhomes se encuentran en Playa del Carmen, el corazón de la Riviera Maya, sobre playas de arena blanca; es colindante con un campo de golf de 18 hoyos, y ofrece inmuebles con precios de hasta 441 mil 300 dólares.
En el portal “zoomplaya.com” se oferta como un complejo “rodeado de una gran jungla nativa verde que da origen al entorno de una comunidad residencial excepcionalmente privada y cerrada sobre el Mar Caribe, con espacios verdes y vistas increíbles convierten su hogar en un lugar de ensueño. Un nuevo estilo de vida de lujo, lejos del caos, le espera. Seguridad y relajación en un solo lugar”.
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Aunque la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Playa del Carmen informó que la Profepa fue notificada por el caso, vecinos se manifestaron porque la dependencia federal brilla por su ausencia, mientras el ecocidio avanza.
Ericka Caballero B
hace 13 días
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El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países. La administración Trump anunció que apelaría la decisión.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, asestando un duro golpe a un componente clave de sus políticas económicas.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países.
El tribunal, con sede en Manhattan, afirmó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no queda anulado por las facultades del presidente para proteger la economía.
La administración Trump anunció que apelaría la decisión minutos después de conocerse el fallo.
El fallo se basó en dos casos distintos. El Liberty Justice Center, una organización no partidista, presentó una demanda en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de países afectados por los aranceles. Al mismo tiempo, una coalición de gobiernos estatales de EE.UU. también impugnó los impuestos a la importación.
Estos dos casos representan los primeros desafíos legales importantes a los aranceles que Trump denominó como de “Día de la Liberación”.
Un panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 en la que Trump basó su justificación para imponer los aranceles, no le otorga el poder para aplicar impuestos de importación tan amplios.
El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump había impuesto a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal no abordó los aranceles aplicados a ciertos productos específicos, como automóviles, acero y aluminio, los que se amparan en una ley distinta.
La Casa Blanca ha criticado el fallo, aunque Trump aún no ha comentado directamente al respecto.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
Sin embargo, Letitia James, la fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda- valoró la decisión.
“La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”, afirmó James.
“Estos aranceles representan un enorme aumento de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses, lo cual habría provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país de haberse mantenido”, agregó.
Los mercados globales han respondido positivamente al fallo. Las bolsas en Asia subieron el jueves por la mañana, las acciones a futuro en EE.UU. también repuntaron, y el dólar estadounidense ganó terreno frente a monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.
La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático para detener los aranceles, aunque la mayoría ya están suspendidos de todos modos.
El caso debe pasar por el proceso de apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, entonces la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) emitirá instrucciones a sus funcionarios, explicó John Leonard, ex alto cargo del CBP, a la BBC.
Dicho esto, un tribunal superior podría ser más favorable a Trump.
Pero si todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10% para la mayoría de los países, pero se elevaban hasta el 145% para productos chinos, y que ahora están en el 30%.
Leonard señaló que no habrá cambios inmediatos en la frontera, y que por ahora los aranceles se deberán seguir pagando.
Las reacciones del mercado reflejaron, en parte, cómo los inversores “respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.
Innes afirmó que los jueces estadounidenses enviaron un mensaje claro:
“La Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco”.
“La extralimitación del ejecutivo puede haber encontrado finalmente su límite. Y con ello, una nueva dosis de estabilidad macroeconómica, al menos hasta el próximo titular”.
Por su parte, Paul Ashworth, de Capital Economics, dijo que el fallo “obviamente desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles”.
Ashworth predijo que otros países preferirán “esperar y ver” qué ocurre a continuación.
El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Se estableció un arancel base del 10% para la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más altos aplicados a decenas de naciones y bloques, incluidos la UE, Reino Unido, Canadá, México y China.
Trump argumentó que esta política económica generalizada impulsaría la manufactura estadounidense y protegería los empleos.
Los mercados mundiales se han sumido en la confusión desde el anuncio y, más tarde, después de que Trump diera marcha atrás y pausara los aranceles a medida que los gobiernos extranjeros acudían a la mesa de negociación.
A la confusión se sumó una prolongada guerra comercial con China, en la que las dos superpotencias económicas del mundo se enredaron en una escalada mutua de aranceles, que alcanzó su punto máximo con un impuesto estadounidense del 145% sobre las importaciones chinas y un arancel chino del 125% sobre productos estadounidenses.
Desde entonces, las dos mayores economías del mundo han acordado una tregua, con los aranceles de EE.UU. sobre China reducidos al 30%, y los aranceles chinos sobre algunas importaciones estadounidenses bajando al 10%.
El Reino Unido y EE.UU. también han anunciado un acuerdo para reducir los aranceles entre ambos gobiernos.
Trump amenazó con un arancel del 50% a partir de junio sobre todos los productos procedentes de la Unión Europea, tras expresar su frustración por el ritmo de las negociaciones comerciales con el bloque.
Sin embargo, luego acordó extender el plazo por más de un mes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que se necesitaba más tiempo.
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Ericka Caballero B
hace 13 días
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