
“La tierra hay que cuidarla y defenderla, es la que nos da de comer, nos alimenta”, es una de las enseñanzas más enraizadas —junto con la lucha y la resistencia— que dejó a su familia y a la comunidad el activista Samir Flores Soberanes, recuerdan sus compañeros, a unos días de que se cumplan siete años de su homicidio.
El líder comunitario y defensor del medio ambiente fue asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019, justo en la puerta de su casa, ubicada en el pueblo de Amilcingo, en Morelos. Samir era uno de los opositores más visibles contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), una megaobra gubernamental conformada por dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
A casi siete años de lo ocurrido, no ha habido avances significativos en la investigación ni se ha castigado a los responsables materiales e intelectuales del homicidio del activista. Por el caso solo hay una persona detenida.
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La investigación de su asesinato fue inicialmente manejada por la Fiscalía del Estado de Morelos, pero posteriormente fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras una decena de aplazamientos y años de espera, el juicio contra el único detenido por el crimen inició el 16 de febrero. La defensa prevé que se realicen cuatro sesiones, la última el 20 de febrero, fecha muy significativa para organizaciones, colectivos y defensores que organizan protestas, movilizaciones y diversas jornadas para exigir justicia para quien también se desempeñaba como campesino, locutor y defensor de derechos.
Cada año, el mismo día, sus voces se unen para gritar “¡Samir no murió, el gobierno lo mató!”, “¡Samir somos todos!”, “¡Justicia, Justicia!”, “¡Samir vive, la lucha sigue, sigue!”, “¡Samir, moriste, pero nunca te vendiste!”.
Durante los cinco días de audiencia se presentarán los testimonios tanto de la FGR, como de la defensa de la persona detenida.

Samir era una voz incómoda. Su ataque ocurrió tres días antes de la consulta convocada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Proyecto Integral Morelos, y apenas unas horas después de que el defensor cuestionó en un foro al entonces delegado federal en Morelos, Hugo Eric Flores, respecto a algunos datos relacionados con la termoeléctrica en Huexca y el PIM.
“Las empresas, por lo regular, piensan primero en su capital, en su dinero, y después están las comunidades. No sé si este sea un proyecto en el que estén pensando en nosotros, en nuestros hijos, nuestros nietos”, reclamó, al mismo tiempo que cuestionó por qué las autoridades pasaban por alto la opinión de los habitantes, quienes exigían, sobre todo, hablar sobre los riesgos de construir en una zona de actividad volcánica.
Samir se convirtió en el primer defensor ambiental asesinado en el sexenio de López Obrador, quien, previo a llegar a la presidencia, prometió detener el Proyecto Integral Morelos.
“¿Cómo poner en la tierra de Zapata, el mejor dirigente social que ha tenido México, una termoeléctrica? Es como poner una planta nuclear en Jerusalén. Nosotros vamos a defender, como sea, a los pueblos”, dijo López Obrador en 2014 durante una visita al municipio de Yecapixtla.
Sin embargo, ya como mandatario aseguró que la obra era importante para la soberanía energética y para no depender de empresas privadas extranjeras, por lo que propuso hacer una consulta, mientras los opositores a la obra hacían referencia a estudios que alertaban del peligro de instalar este tipo de proyectos en una zona volcánica, a lo que se sumaban los efectos negativos al medio ambiente, a la tierra, a la salud de los habitantes por contaminación y al desabasto de agua en la región.

El 10 de febrero de 2019, Samir y otros representantes de decenas de pueblos afectados enfrentaron al expresidente López Obrador en Huexca, gritando consignas como “¡Agua sí, termo no!” y exigiendo que cumpliera su palabra de campaña de cancelar el proyecto. La respuesta presidencial fue descalificar a los manifestantes tachándolos de “conservadores”.
“Radicales de izquierda, para mí no son más que conservadores”, dijo López Obrador ante los gritos y reclamos, para después seguir hablando de la consulta.
En Amilcingo se respiraba indignación y rabia por el asesinato de Samir. El día de la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica Huexca llegó: 59.5 % de los votos fueron a favor del sí y 40.1 % por el no, según los datos oficiales, aunque en los municipios de Morelos por donde cruza la megaobra fue donde menos votó la gente.
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La resistencia a esa obra inició en el sexenio de Felipe Calderón, siguió con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel. Desde su construcción, la termoeléctrica de Huexca no ha logrado entrar en operación al 100 % debido a los amparos interpuestos por las comunidades afectadas, además de que no ha cumplido su objetivo de abastecer de energía a la región.
A lo largo de estos años, su familia, compañeros de lucha y diversas organizaciones han insistido en que a Samir lo asesinaron por su activismo, por oponerse al Proyecto Integral Morelos.
Día a día, a través de un micrófono, informaba sobre lo que empresarios y autoridades querían hacer, denunciaba la falta de información e irregularidades en su programa de radio comunitaria, la primera en la región donde se daba voz a los pobladores de Amilcingo, a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a miembros del EZLN y a los defensores de la tierra.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, del que era integrante, aseguró que Samir ya había sido amenazado en varias ocasiones, pero el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, negó tener registro de intimidaciones relacionadas con su activismo.
“Él luchaba por defender su territorio, no hacía nada malo, ni estaba involucrado, así como lo han querido hacer ver, con el narcotráfico”, han declarado sus compañeros y familia.
En entrevista con Animal Político, Juan Carlos Flores, abogado e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, señala que en el caso de Samir se pretendía hacer “un montaje”, por parte de la Fiscalía de Morelos, al ligar su asesinato con un ajuste de cuentas entre grupos criminales.
A lo largo de estos años, dice, se han presentado varias inconsistencias; por ejemplo, uno de los testigos que relató cómo se ordenó la muerte de Samir, ahora está desaparecido. Además, dos de los principales testigos que dicen haber visto a los autores materiales del homicidio fueron asesinados, entonces “no hay testigos que pueda presentar la Fiscalía en el juicio que den certeza de que la persona que se encuentra detenida, Javier “N”, alias “El Temalaco”, haya participado como autor material del asesinato de Samir”.
Otro punto, destaca Juan Carlos Flores, es que Javier “N” llevaba un año en la cárcel al momento de que Uriel Carmona anunciara su detención, “por eso señalamos que hay montaje, porque justo cuando López Obrador viene a anunciar el funcionamiento de la termoeléctrica, viene la orden de aprehensión. Se informó que se acababa de detener, cuando ya estaba en prisión”.
“Todos esos elementos nos hacen dudar de la veracidad de las investigaciones”, afirma.
Una de las hipótesis del caso es que los involucrados de homicidio del líder comunero eran integrantes de la célula Los Aparicio, grupo delictivo que ha logrado el control político y delincuencial de toda la zona, y del cual Javier “N” no formaba parte, señala.
De hecho, la presunta líder de “Los Aparicio”, Angelina “N”, alias “La Patrona”, fue detenida el 13 de noviembre de 2024, acusada de crimen organizado, homicidio, secuestro y narcotráfico. Fue tesorera del municipio de Temoac, de donde es la comunidad de Amilcingo, y de acuerdo con la declaración de un informante, ella fue quien ordenó que se encargaran de Samir.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha solicitado a la FGR dar seguimiento a líneas de investigación que involucran a políticos de Morena con el crimen y la delincuencia organizada, entre ellos, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erick Flores y Uriel Carmona.
La organización recordó la foto que publicó El Sol de México donde se ve a Cuauhtémoc Blanco junto a Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, Homero Figueroa, líder de Los Tlahuicas, y Raymundo Isidro Castro, líder asesinado del CJNG.
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Mientras que el exfiscal de Morelos es investigado por presuntas irregularidades cometidas durante sus administraciones y ha sido acusado de tortura, corrupción y presuntos nexos criminales.
“Lo que es un hecho es que la Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones con el argumento de que están muy ocupados viendo el enjuiciamiento de esta persona y siguiendo el guion de Uriel Carmona”, asegura Juan Carlos Flores.
Quienes conocieron a Samir lo recuerdan como un hombre “valiente, incansable, solidario, comprometido y claro en sus ideas”.
Le gustaba la música ranchera, disfrutaba bailar, platicar con la gente y trabajar el campo. Sembraba maíz, cacahuate y amaranto. Era bueno para el futbol y entre sus pasiones estaban la pintura y la radio.
Samir también tenía planes de terminar la licenciatura en Derecho para defender su tierra, los recursos naturales, a su comunidad y a los suyos.
“El campo nos pertenece como algo que nos ha sido heredado. Es lo que estamos defendiendo, la vida y el territorio. Los principios zapatistas, el Plan de Ayala, dicen que el agua, los montes y los valles les corresponden a los campesinos (…) por eso nuestra lucha, nuestra resistencia, porque defendemos nuestra agua, nuestra casa, nuestro maíz, nuestros árboles, a nuestros hijos y nietos”, decía Samir cada vez que le preguntaban el porqué de su oposición a grandes proyectos.

“Dejen salir los archivos. Están arrastrando los pies”, se queja la exsecretaria de Estado, pero la Casa Blanca dice que el gobierno de Trump ha hecho más por las víctimas que todos los demócratas.
Hillary Clinton ha acusado a la administración del presidente Donald Trump de ocultar información en su manejo de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
“Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio”, le dijo la exsecretaria de Estado estadounidense a la BBC en Berlín, donde asistió al Foro Mundial anual.
La Casa Blanca insistió en que al publicar los archivos han hecho “más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”.
Cuando le preguntaron si Andrés Mountbatten-Windsor (el expríncipe Andrés) debería comparecer ante un comité del Congreso de EE.UU., Hillary Clinton dijo: “Creo que todos los que reciban una citación deben testificar”.
Aparecer en los archivos no indica irregularidad o crimen alguno. Andrés siempre ha negado haber cometido cualquier delito.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó a finales de enero millones de archivos inéditos relacionados con Epstein, después de que el Congreso aprobara una ley que exige a la agencia publicar material relacionado con las investigaciones del caso.
El Departamento de Justicia (DoJ) dice que ya publicó todos los archivos que exige la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, pero los legisladores argumentan que la publicación es insuficiente.
El representante republicano de Kentucky Thomas Massie, coautor de la ley, pidió al DoJ que también publique memorandos internos que describen decisiones pasadas sobre si acusar a Epstein y a sus asociados.
Epstein murió en una celda de una prisión de Nueva York el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba, sin posibilidad de libertad bajo fianza, su juicio por cargos de tráfico sexual.
Ocurrió más de una década después de recibir una condena anterior por solicitar prostitución a una menor, por lo que figuraba como delincuente sexual.
El expríncipe Andrés ha enfrentado una presión creciente por parte de funcionarios estadounidenses y la familia de su prominente acusadora Virginia Giuffre para testificar ante el Comité de Supervisión sobre sus vínculos con Epstein.
Andrés ha negado repetidamente cualquier irregularidad y llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022 que no contenía ningún reconocimiento de responsabilidad. Giuffre murió por suicidio en 2025.
Los Clinton deben comparecer ante el citado comité. El expresidente Bill Clinton comparecerá el 27 de febrero, y Hillary Clinton lo hará el día anterior.
Una votación prevista para declarar a los Clinton en desacato al Congreso se archivó después de que la pareja acordara testificar. Será la primera vez que un expresidente estadounidense testifique ante un panel del Congreso desde que Gerald Ford lo hiciera en 1983.
Bill Clinton, que aparece varias veces en los archivos de Epstein, conocía al financiero, pero dice que cortó el contacto hace dos décadas.
Ninguno de los Clinton ha recibido acusaciones de irregularidades por parte de los sobrevivientes de abusos de Epstein, y ambos han negado tener conocimiento de sus delitos sexuales en ese momento.
Los Clinton han pedido que la audiencia sea pública en lugar de una declaración a puerta cerrada.
“Nos presentaremos, pero creemos que sería mejor tenerla en público”, le dijo Hillary Clinton a la BBC.
El presidente republicano del comité, James Comer, acusó a los Clinton de “dilación”, diciendo que la pareja “cedió” cuando se aproximaba una votación de desacato.
“Solo quiero que sea justo”, expresó Hillary Clinton. “Quiero que todos reciban el mismo trato”.
Y añadió: “No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido repetidamente la publicación completa de estos archivos. Creemos que la luz del sol es el mejor desinfectante”.
La excandidata presidencial argumentó que ella y su marido sirven para desviar la atención de Trump.
“Miren este objeto brillante. Vamos a tener a los Clinton, incluso a Hillary Clinton, que nunca conoció al tipo”.
Hillary Clinton dijo que coincidió con Ghislaine Maxwell, la asociada de Epstein condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, “en algunas ocasiones”.
Trump, que aparece cientos de veces en los archivos de Epstein, ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con el financiero, con quien dice que cortó el contacto hace décadas, y ninguna de las víctimas de Epstein lo ha acusado de ningún delito.
Cuando le preguntaron sobre los comentarios de Hillary Clinton en la entrevista, Trump le dijo a la BBC que no tiene nada que ocultar.
“Me han exonerado. No tuve nada que ver con Jeffrey Epstein. Entraron con la esperanza de encontrar algo, y encontraron justo lo contrario”, dijo a bordo del Air Force One.
“Los están arrastrando. Y ese es su problema… Clinton y muchos otros demócratas han sido arrastrados”.
En relación con las acusaciones contra Trump, el Departamento de Justicia ha dicho anteriormente: “Algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para que quede claro, las afirmaciones no tienen fundamento y son falsas, y si tuvieran algún ápice de credibilidad, ciertamente ya se habrían utilizado como arma contra Trump”.
La Casa Blanca dijo: “Con la publicación de miles de páginas de documentos, la cooperación con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara y la reciente petición del presidente Trump de realizar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, el gobierno de Trump ha hecho más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás”.
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