
Para entender mejor
Sandra Argüello, quien utiliza silla de ruedas, fue arrastrada el pasado viernes 9 de enero por un automovilista que circulaba en sentido contrario, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Indignada, contó que “el señor no se detuvo aun cuando yo empecé a golpear su ventana y a gritar”.
En entrevista, Sandra señaló que su pareja y vecinos de la colonia lograron detenerlo, y presionaron a un policía para que fueran trasladados al Ministerio Público (MP). Sin embargo, debido a que un médico legista determinó que no sufrió lesiones graves, el conductor Roberto “N” pudo irse, “aunque dañó mi silla dejándola inservible, pero no lo hicieron pagar nada”.

Sandra tiene 48 años, de los cuales ha pasado 35 utilizando una silla de ruedas a causa de una lesión en la médula. Junto con su pareja, se dedica a la venta de dulces en la Escuela de idiomas del Casco de Santo Tomás, un trabajo que le permite solventar sus gastos y estar en compañía de su cuidador.
La noche en que ocurrió el incidente vial se encontraba de camino a encontrarse con una prima que tiene un negocio cerca. Sin embargo, en el cruce de las calles Tlaloc y Xolotl, colonia Tlaxpana, el automóvil dio vuelta en sentido contrario, lo que provocó que se rompiera su silla de ruedas.
“No venía rápido, el punto fue que hizo contacto su automóvil con la silla de ruedas y se enganchó. Yo le pegué al carro para hacerle notar lo que pasó y le grité que estaba atorada, pero en vez de detenerse siguió avanzando varios metros conmigo atorada, hasta que mi pareja y un muchacho que iba pasando lograron jalarme”, narró Sandra.
De acuerdo con la mujer, en cuanto llegó un policía al sitio intentó disuadirla de emprender acciones en contra del conductor del automóvil, quien a través del oficial le hizo saber que estaba dispuesto a pagar por los gastos médicos, a lo que ella respondió que el gasto fuerte que tendría sería su silla de ruedas, “porque es especial, activa, de uso continuo y uso urbano, y esas son caras”.
Por insistencia de Sandra, el asunto se llevó ante la Agencia del Ministerio Público MH-5, donde continuaron las dificultades de acceso a la justicia para la afectada, ya que el ingreso al edificio requiere subir varios escalones y el elevador para personas con discapacidad estaba fuera de servicio, por lo que la tuvieron que cargar. Tras 13 horas de espera, tomaron su declaración y le dieron un pase para ser evaluada en un hospital.
El sábado, después de ir a su domicilio para descansar un rato, Sandra tuvo que dedicar otras 14 horas al trámite del certificado de sus lesiones, para que en el Ministerio Público le dijeran que no había delito qué perseguir.
“Yo reclamé que se hiciera un peritaje a mi silla, porque estoy segura de que fue lo que me salvó la vida, y que gracias a las llantas de fibra de carbono resistió el arrastre, porque me pudo matar. Entonces la MP me preguntó cuánto costaba la silla, y con un estimado del precio de venta que aparece en internet le dije que como 50 mil pesos, ante lo cual se rió y comentó que no podía costar eso“, detalló.

Con apoyo de amigos y familiares, Sandra pudo comprar una silla de ruedas nueva, aunque esta no es a su medida ni cuenta con las particularidades de la que había ocupado por ocho años, lo que le ha provocado molestias e irritaciones en la piel.
Decepcionada, expresó que las personas con discapacidad “seguimos siendo invisibles. En el discurso suena muy bonito cuando hablan de accesibilidad e inclusión, pero en realidad eso no existe, porque por ejemplo, yo vivo a tres calles del metro y la Fiscalía está a pocas estaciones de distancia, pero el problema es que en ninguna hay elevadores, por lo que debo tomar taxi forzosamente para ir y eso me obliga a gastar dinero que no tengo”.
A esto se suma el que “no tienen tantita empatía, porque en ningún lado tenemos acceso para absolutamente nada, ni para la justicia, porque aún cuando vieron que uso silla de ruedas y que el elevador está fuera de servicio en el MP no nos dieron apoyo para subir, y eso es algo que me ha pasado en todos lados”.
“El señor que iba manejando está en su casa, viviendo como si nada, y yo me quedé sin la silla que lleva conmigo ocho años, a la que estoy adaptada. Y para las autoridades es sólo un objeto, pero para las personas con discapacidad es parte de nuestro cuerpo porque no podemos vivir sin ella, es como si te rompieran la pierna, pero ellos no lo toman así”, subrayó.
Debido al trato que recibió del personal del Ministerio Público, Sandra interpuso una queja en asuntos internos y buscó la asesoría legal de un abogado del Instituto de las Personas con Discapacidad (Indiscapacidad), quien la apoyará para buscar la reparación por el daño que sufrió su silla de ruedas.
También recibió el ofrecimiento de apoyo de una asociación civil que le dijo que podrían prestarle una silla de ruedas activa, como la que se dañó, en tanto que logra reparar la suya o contar con una nueva. Sandra se dijo agradecida, pero molesta porque aunado a lo ocurrido con su aparato de apoyo para la movilidad, perdió los ingresos de toda una semana de trabajo por todos los trámites derivados del percance.

Según testigos presenciales, se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero.
Retratar lo que ocurrió el 8, 9 y 10 de enero en distintas ciudades de Irán es muy difícil, porque el acceso a internet y las comunicaciones telefónicas con el exterior fueron ampliamente interrumpidos.
Aun así, videos y relatos de personas que tienen acceso al internet satelital de Starlink llegaron a manos del servicio persa de la BBC.
La BBC no puede verificar de forma independiente estos relatos en las circunstancias actuales, pero el análisis en conjunto de los testimonios recibidos revela patrones y descripciones consistentes de la forma de actuar de las fuerzas de seguridad y el ambiente que domina en las ciudades.
El servicio persa de la BBC, para proteger la seguridad de sus fuentes, evita mencionar los nombres y otros datos personales de quienes proporcionaron estos relatos.
Un conjunto de relatos recibidos por el servicio persa de la BBC desde distintas ciudades de Irán da cuenta de una represión a gran escala, sin precedentes y que incluyó el uso de violencia letal contra manifestantes y ciudadanos del común.
Según testigos presenciales, se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero.
Estos son algunos de los testimonios recogidos por el servicio persa de la BBC.
Varios testigos en la ciudad de Fardis (a unos 40 km al oeste de Teherán) afirmaron que el viernes, después de varias horas en las que no se veía a ninguna fuerza policial en las calles, fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria atacaron de repente a los manifestantes en parques y callejones.
Según uno de los testigos, hombres “con la ropa y las motocicletas características de Ansar” (unidades motorizadas de la Guardia Revolucionaria que intervienen en protestas) dispararon directamente con armas de guerra.
La misma fuente afirmó que los agentes armados “entraron en los callejones con vehículos particulares y dispararon desde dentro de los autos contra la gente”.
“En cada callejón había dos o tres muertos”, subrayó.
Según fuentes locales, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria se concentraron en tres puntos principales de la ciudad, y dispararon contra manifestantes, conductores e incluso transeúntes, “sin que importara en qué situación se encontraran”.
Dos videos que circularon en redes sociales mostraban cuerpos con heridas de bala, aparentemente relacionados con las protestas del jueves.
En uno estos, una persona cuya voz es lo único que se escucha dice: “Hoy, 8 de enero, miren lo que hicieron con la gente en Fardis. Son las nueve de la noche; mataron a la gente con munición real”.
En los dos videos se ve a entre ocho y diez personas tendidas en el suelo con un sangrado intenso, y hasta ahora no se sabe qué ocurrió posteriormente con ellas.
Algunas fuentes locales estiman que el número de fallecidos en Fardis podría haber llegado a cientos y afirman que los cuerpos no fueron retirados de los callejones hasta la mañana siguiente.
Por su parte, testigos en Teherán y Karaj dijeron al servicio persa de la BBC que las fuerzas de seguridad dispararon contra la gente desde puentes y azoteas de edificios.
Según uno de ellos, los agentes apuntaban a las personas con láseres y “si corrías, no te perseguían, pero si te detenías y coreabas consignas, abrían fuego”.
Ese mismo testigo añadió que en las calles quedaron casquillos de balas, a pesar de que las fuerzas de seguridad procuraron recogerlos.
Algunas fuentes locales y testigos presenciales mencionaron cifras de fallecidos que van desde algunos miles hasta decenas de miles.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que hasta el momento había logrado confirmar la muerte de 1.850 manifestantes, 135 personas afiliadas al Gobierno y 9 civiles no involucrados, así como 9 niños, en los últimos 17 días.
Un funcionario iraní también le dijo a la agencia de noticias Reuters que habían muerto 2.000 personas, pero que la culpa era de los “terroristas”.
La BBC no puede verificar de manera independiente estos datos por el momento, y las autoridades tampoco han ofrecido números oficiales y transparentes.
Una fuente informada le dijo al servicio persa de la BBC que en la madrugada del viernes entre 180 y 200 cuerpos fueron trasladados a una morgue en la ciudad de Mashhad (al nordeste del país, cerca de la frontera con Turkmenistán) y enterrados rápidamente.
Según esta fuente, la mayoría presentaba heridas graves en la cabeza.
Otra persona que acudió al instituto forense de Kermanshah (en el oeste) para identificar a un familiar, afirmó haber visto allí alrededor de 200 cuerpos.
Algunos testigos denunciaron que los cadáveres estaban “apilados” y muchos no estaban siendo entregados a las familias.
En el canal de Telegram del bloguero iraní Vahid Online se difundieron videos que mostraban un gran número de cuerpos en fundas negras y familias en duelo intentando identificar a sus seres queridos en el instituto forense de Kahrizak (cerca de Teherán). En otro video, se veía un camión descargando cadáveres allí.
Según los datos de una fuente confiable en Rasht (sobre la costa del mar Caspio), 70 cuerpos de personas fallecidas en las protestas del 8 de enero fueron trasladados al hospital Poursina de esa ciudad.
La misma fuente afirmó que la morgue del hospital no tenía capacidad para todos los cuerpos. También aseguró que agentes de seguridad exigían a las familias el pago de un “dinero por las balas” para entregarles los cuerpos de sus seres queridos.
También, un miembro del personal de salud de un hospital en el este de Teherán le dijo a la BBC que el 8 de enero se trasladaron allí alrededor de 40 fallecidos. Por razones de seguridad, no se menciona el nombre del hospital.
Los medios dentro de Irán también informaron de la muerte de 100 miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas y afirmaron que los manifestantes —a quienes describieron como “agitadores”— incendiaron decenas de mezquitas y bancos en varias ciudades.
Videos verificados por el servicio persa de la BBC muestran que en distintos lugares también se incendiaron vehículos policiales y edificios gubernamentales.
Varias fuentes informaron del uso extendido de drones por parte de las fuerzas de seguridad para identificar y apuntar a los manifestantes.
“Los drones volaban constantemente sobre la gente. Disparaban directamente y no importaba si la persona era manifestante o simplemente estaba en la calle”, relató una persona desde fuera de Teherán.
También, varios testigos afirmaron que se emplearon armas como fusiles Kalashnikov y que los disparos eran “directos y letales”.
“Esto ya no era una protesta, era un campo de batalla; con la diferencia de que solo un lado tenía armas”, afirmó uno de los testigos.
En prácticamente todos los relatos recibidos, se mencionó la interrupción o el grave deterioro del servicio de internet y de la telefonía móvil.
Algunos afirmaron que la única vía de comunicación disponible era el internet satelital de Starlink.
Otros expresaron preocupación por la posibilidad de que, al usar Starlink, las fuerzas de seguridad pudieran rastrear su ubicación.
Según los testigos, en muchas ciudades los teléfonos móviles solo funcionaban por la mañana y quedaban completamente desconectados a partir de la tarde.
Algunas personas aseguraban que ni siquiera era posible enviar mensajes de texto y que los únicos que recibían eran mensajes amenazantes del gobierno en los que se advertía a la población que no participara en las protestas.
Muchos afirmaron que después del viernes —al que se refieren como “el viernes sangriento”— se generó un miedo generalizado entre la población.
Según relataron, la presencia de gente en las calles disminuyó drásticamente, aunque los cánticos continúan desde dentro de las casas y las azoteas.
Uno de los testigos comentó: “Ahora salir significa caminar hacia la muerte”.
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