Trabajadores gubernamentales en Nayarit reclaman adeudos salariales; acusan la criminalización de su protesta
Este fin de semana trabajadores gubernamentales en Nayarit iniciaron una caminata de tres días en reclamo de adeudos salariales y para evidenciar lo que califican como “criminalización de sus protestas”.
La movilización forma parte de un conflicto en el que los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM) acusan un desalojo violento de un plantón pacífico en la madrugada por elementos policiacos y la posterior imputación de delitos graves a cinco manifestantes.
De acuerdo con información difundida por el sindicato, desde el sábado, más de 500 trabajadores salieron de la plaza principal de Tuxpan, Nayarit, por la carretera internacional, con la intención de llegar a la capital de la entidad el lunes 26 de enero, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y al Palacio de Gobierno.
Los trabajadores denuncian incumplimiento sistemático en el pago de prestaciones laborales como aguinaldo, primas y fondo de ahorro por parte del ayuntamiento de Tuxpan y del gobierno de Nayarit.
El sindicato protesta también contra lo que califica como una campaña de “criminalización de la protesta social”, derivada de procesos judiciales contra algunos de sus agremiados y advertencias públicas por parte de la fiscalía.
Los trabajadores señalan que la caminata evidencia un fracaso institucional debido a que el gobierno ha ignorado sus derechos.
El líder sindical Óscar Cedano consideró como grave el conflicto y advirtió que se han agotado las vías institucionales.
Reclamo de trabajadores escala a nivel judicial
El conflicto laboral ha escalado al judicial. El sindicato acusa una estrategia gubernamental de desgaste y represión, principalmente por un proceso judicial contra cinco de sus miembros: María del Consuelo Llanos Esquivel, Luz Adriana Rodríguez Rodríguez, Héctor Manuel Rojas Peña, Fredy Martín Luna Pérez, y Ubaldo Ayax Fabian Guzmán.
Los delitos de los que se les acusa son ataques a las vías de comunicación, coalición de servidores públicos y apología del delito, luego de participar en una manifestación el 16 de octubre de 2025.
Entre las medidas impuestas a los trabajadores están la suspensión del 60 % de su salario, el pago de una fianza de 7 mil pesos, la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir de la entidad y de participar a cualquier manifestación convocada por el sindicato.
Cedano considera este proceso como “ilegal”. Argumenta que la determinación judicial ignora un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Señala un caso similar en Jalisco, en el que el Máximo Tribunal declaró inconstitucional el delito de “ataques a las vías de comunicación” si se ejerce en el marco de la protesta social.
Negación de reconocimiento al sindicato
De forma paralela, el sindicato no ha recibido la toma de nota debido a lo que Cedano califica como “argucias legales”. Eso derivó también en protestas de los trabajadores, primero frente al Instituto de Justicia Laboral Burocrática de Nayarit y luego ante el Palacio de Gobierno.
Según la sentencia del juicio de amparo indirecto 340/2025, el Juez Segundo de Distrito en Nayarit determinó que la autoridad laboral incurrió en una omisión ilegal al no emitir una resolución sobre la solicitud de la directiva sindical.
Sin embargo, el juez no ordenó entregar la toma de nota y resolvió que la autoridad violó la Constitución y la legislación laboral local debido a que la Sala de Conflictos Colectivos no emitió la resolución correspondiente y le ordenó hacerlo.
Advertencias de la Fiscalía
En este contexto del conflicto laboral, la Fiscalía General de Nayarit ha difundido mensajes a través de sus redes digitales sobre las consecuencias penales de bloquear vialidades.
El 16 de enero, con el título “Cuidado, puedes caer en un delito”, la dependencia advirtió que la obstrucción de vialidades puede acarrear penas que van desde “cinco días hasta 10 años” de prisión.
Ese mismo día, en un segundo mensaje, exhortó a la ciudadanía a manifestarse “por la vía pacífica y sin dañar a terceros mediante bloqueos carreteros”. Reiteró que esas acciones están penadas por la ley.
Animal Político buscó un posicionamiento del gobierno de Nayarit a través de su área de comunicación. En una respuesta inicial, esa oficina defendió apertura y respeto a los derechos de los trabajadores:
“El Gobierno del Estado de Nayarit es respetuoso de la libre manifestación, la cual constituye un derecho de las y los trabajadores. De manera permanente se mantiene una política de diálogo abierto, escucha y atención a sus planteamientos, privilegiando siempre las vías institucionales para la construcción de acuerdos”.
Ante el cuestionamiento sobre las acusaciones de criminalización de la protesta por parte del sindicato, la deuda laboral y la vinculación a proceso de cinco trabajadores, no hubo respuesta.
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Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
La administración Trump ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.
El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, también formarán parte de la “junta ejecutiva fundadora”, según informó la Casa Blanca en un comunicado emitido el viernes.
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Se espera que supervise temporalmente la gestión de Gaza y gestione su reconstrucción.
También forman parte de la junta ejecutiva fundadora Marc Rowan, director de una firma de capital privado; el director del Banco Mundial, Ajay Banga; y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert Gabriel.
Cada miembro tendrá una cartera “crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Trump había dicho el jueves que se había formado la junta, calificándola de “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”.
La Casa Blanca anunció que se nombrarán más miembros de la junta en las próximas semanas.
Tony fue primer ministro de Reino Unido de 1997 a 2007 y llevó a su país a la guerra de Irak en 2003. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EE.UU., la UE, Rusia y la ONU).
Fuerza de estabilización
Esto se produce tras el anuncio de un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar la gobernanza diaria de la Gaza de posguerra.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí, presidirá este nuevo comité.
El comunicado de la Casa Blanca de este viernes también indicó que Nickolay Mladenov, político búlgaro y exenviado de la ONU para Oriente Medio, será el representante de la junta sobre el terreno en Gaza, trabajando con el NCAG.
El plan de Trump establece que también se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas, y el comunicado de la Casa Blanca indicó que el mayor general estadounidense Jasper Jeffers encabezará esta fuerza para “establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo”.
La Casa Blanca indicó que se estaba formando una “junta ejecutiva de Gaza” independiente que contribuiría a la gobernanza e incluye algunos de los mismos nombres que la junta ejecutiva fundadora, así como otras personas designadas.
El plan de paz de Estados Unidos entró en vigor en octubre y desde entonces ha entrado en su segunda fase, pero todavía hay una falta de claridad sobre el futuro de Gaza y de los 2,1 millones de palestinos que viven allí.
En virtud de la primera fase, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego en octubre, así como un intercambio de rehenes por prisioneros, una retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria.
A principios de esta semana, Witkoff afirmó que la segunda fase contemplaría la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”.
Sin embargo, el alto el fuego es frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones.
Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, mientras que el ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos palestinos durante el mismo período.
Las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo graves, según la ONU, que ha insistido en la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros esenciales.
La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.
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