Descarrilamiento del Tren Interoceánico: “riesgo de fuga” y otras inconsistencias en detención del exjefe de despacho
Ricardo Mendoza Cerón, exjefe del Departamento de Despacho del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), enfrenta un proceso judicial por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras el descarrilamiento fatal del Tren Interoceánico en Oaxaca ocurrido el 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, en su vinculación a proceso hubo inconsistencias, tanto en la orden de detención como en la causa oficial del siniestro.
La aprehensión de Mendoza Cerón, el 27 de enero, se fundamentó en una orden dictada por la jueza de control, Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, bajo la causa penal 7/2026. El requerimiento se emitió sin que hubiera un citatorio previo, porque —según la Fiscalía General de la República— el funcionario “se encontraba ilocalizable” y eso representaba un “alto riesgo de fuga”.
Este argumento de la FGR contrasta con la versión de su esposa Mariana Mondragón Sánchez, empleada administrativa, quien niega que su marido estuviera intentando evadirse de la justicia. Recuerda que, inmediatamente después del accidente, Ricardo le llamó sin saber aún la dimensión de la tragedia. La comunicación duró poco, pues su esposo le tuvo que colgar para empezar a coordinar la ayuda para las víctimas. “Le gustaba mucho su trabajo”, asegura.
Días después, Ricardo le marcó nuevamente a Mariana, ahora para avisarle que lo habían aprehendido. Para verlo, viajó desde Guadalajara, su lugar de residencia, hasta Chiapas, donde su marido se encuentra en prisión preventiva en el penal estatal de “El Amate” ubicado en Cintalapa. En el mismo penal está también el otro detenido, Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren.
“Todos sabemos que su tema está complicado”, dice Mariana en entrevista con Animal Político. “Ahí andamos, a ver qué Dios dice, preocupados y ocupados en hacer escuchar su voz”, señala Mariana.
“Riesgo de fuga”, una primera duda sobre la detención
En la orden de aprehensión girada en contra de Ricardo Mendoza Cerón, de 53 años, y dos personas más, a la que Animal Político tuvo acceso, se puede constatar que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron quienes indicaron que existía un “alto riesgo de fuga” de los imputados, en especial, del exjefe de Departamento de Despacho del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
“Fueron tres veces las que Ricardo compareció ante las autoridades”, asegura su esposa Mariana, refutando la versión de los agentes. “Primero en la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF); después ante la FGR de Matías Romero, Oaxaca, y finalmente, en la FGR en la Ciudad de México.
Hay algo más que le preocupa. Dos semanas después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Agencia Reguladora (ARTF), instancia donde Ricardo se presentó por primera vez cuando fue requerido, fue sustituida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), creada por decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum el 13 de enero; es decir dos semanas después del descarrilamiento en el que murieron 14 personas y decenas resultaron heridas. Ante este cambio, a Mondragón no le queda claro si la declaración que su marido rindió ante la ahora reemplazada ARTF, será tomada en cuenta o no.
Otro detalle que la esposa de Mendoza Cerón pide que se revise es la vestimenta que llevaba Ricardo al momento de ser detenido a las 7:29 de la mañana. “Él se dirigía a trabajar”, explica. De hecho, en el registro de la aprehensión se indica que el funcionario vestía lo que parece ser su uniforme: “pantalón color beige, suéter color vino y zapatos color café”.
En el documento de la orden de aprehensión, al que tuvo acceso Animal Político, también advierte que los agentes de investigación reportaron “inconsistencias graves” al momento de buscar a Mendoza Cerón en sus domicilios registrados —dos particulares y uno laboral— en Coatzacoalcos, Veracruz.
Tales inconsistencias son, por ejemplo, que en la calle Díaz Mirón, la numeración proporcionada no corresponde con la real y los vecinos afirmaron no conocer a ninguna persona con el nombre de Ricardo Mendoza Cerón. Tampoco pudieron ubicarlo en su domicilio laboral en la calle Corregidora, colonia Centro, de la misma ciudad, donde se desempeñaba como jefe del Departamento de Despacho del Ferrocarril.
Al respecto, Mariana Mondragón explica que su marido fue contratado apenas siete meses antes del accidente, razón por la que su lugar de residencia sigue aún en Guadalajara y no en Veracruz. En Coatzacoalcos vivía, de manera provisional, en un pequeño departamento.
La acusación por “omisión”
El martes 27 de enero, horas después de la detención de Ricardo Mendoza Cerón, la FGR presentó una primera parte de la investigación del accidente, basada en la información de la llamada “caja negra”, un dispositivo cuya función es documentar todos los movimientos, así como la velocidad y condiciones técnicas del tren.
En esas conclusiones preliminares, se estableció que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue causado por un exceso de velocidad, ya que el tren circulaba a 65 km/h en una zona limitada a 50 km/h, atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.
En un mensaje a medios, la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que la Fiscalía ejercería acción penal en contra de los responsables de la operación del tren, por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque advirtió que las investigaciones continuarían para deslindar otras responsabilidades.
“Es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes. Lo que de las constancias se advierte no sucedió”, aseguró la fiscal sobre los presuntos responsables.
La acusación contra Ricardo Mendoza, quien al momento del descarrilamiento viajaba en la cabina de la locomotora junto al maquinista y el conductor para realizar “labores de supervisión”, se centra en que -de acuerdo con las autoridades- al percatarse del exceso de velocidad, “no accionó la válvula de freno de emergencia para detener el tren”, incumpliendo su “deber de cuidado”.
No obstante, un audio que Ricardo le envió a su esposa el día de su detención, plantea dudas sobre su responsabilidad operativa: “necesito que el ferrocarril, el FIT (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec), haga un oficio que diga puntualmente que no soy parte de la tripulación, que especifique bien mi puesto. Además, que diga que yo no tengo capacitación para operar los controles de la locomotora y que no estoy autorizado a operar ningún tipo de control en la locomotora”.
Pero Mariana no ha podido dar seguimiento a esa solicitud. Se queja de que la empresa ya no les responde a pesar de que había prometido respaldo legal para su esposo, cuyo puesto -insiste- era “jefe de Departamento de Despacho” y no “Jefe de Controladores”, por lo que que él “no tuvo injerencia directa en el viaje”.
Factores adicionales
Los jefes de Ricardo son los ingenieros Jorge Vázquez Castro, supervisor, y Andrés Jacob Scherrer Mendoza, su superior inmediato y gerente de Transportes del Ferrocarril Istmo de Tehuantepec.
La orden de aprehensión contra Mendoza Cerón señala que aunque el funcionario no formaba parte de la tripulación ordinaria (compuesta por maquinista, conductor y garrotero), el apoderado legal de la empresa ferroviaria confirmó, mediante un oficio, que se encontraba en la cabina específicamente para supervisar a los despachadores, lo que supuestamente lo obligaba a intervenir ante la negligencia del maquinista.
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“Ahora nosotros no contamos con otros abogados (más que los de oficio), pues la verdad, siendo honesta, no tenemos la economía como para estar pagando un abogado y luego pues tan lejos”, dice Mariana, a quien también le inquieta la salud de su esposo pues padece diabetes y problemas intestinales. “Vengo de Guadalajara, y sí fue una travesía llegar hasta aquí (Chiapas)”
El caso seguirá su curso con Mendoza Cerón bajo prisión preventiva en el penal de “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, donde enfrentará un proceso como probable responsable de la muerte de 14 personas y las lesiones de múltiples pasajeros. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de cinco a 20 años de prisión.
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Los críticos de Bovino lo responsabilizan de las duras tácticas utilizadas por los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
Es la cara visible de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar de Estados Unidos a miles de migrantes indocumentados; uno de los pocos agentes que se muestran ante las cámaras sin máscara.
Bautizado como el “comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Greg Bovino saltó a la primera plana al encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles (California) en junio del año pasado.
También dirigió la no menos polémica Operación Midway Blitz en Chicago (Illinois) en septiembre, así como otras operaciones controversiales en Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans (Luisiana).
Desde inicios del año se le ha visto recorrer el área metropolitana que conforman Mineápolis y la contigua St. Paul (Minesota), donde, ante el rechazo de las autoridades locales y estatales por el envío de cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección.
A su característica imagen con las sienes rapadas, Bovino sumó hace unos días un abrigo largo de corte militar, verde caqui, con amplias solapas e insignias en los brazos y hombros, generando una ola de repudio en las redes sociales.
“Greg Bovino vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las SS en eBay”, hizo referencia a ello el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, durante una entrevista este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).
“Policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente que desaparece… sin el debido proceso… (…)”.
Pero sus críticos no solo le achacan a Bovino una selección deliberada de vestuario y un corte de pelo que recuerdan a los de los oficiales nazis. También lo responsabilizan de las duras tácticas de los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
De hecho, figura como demandado en dos querellas en las que se acusa a sus agentes de traspasar los límites legales, incluyendo el arresto de residentes latinos basándose en su color de piel.
Mientras, sus defensores afirman que Bovino está contribuyendo a sacar de las calles a migrantes indocumentados con antecedentes penales por violencia.
Según él mismo, uno de sus mayores admiradores sería el propio Trump.
“El presidente nos llamó a todo el equipo solo para decirnos: ‘Gracias, están haciendo un buen trabajo en Los Ángeles'”, contó Bovino sobre una llamada mantenida el año pasado con el mandatario.
“El jefe Bovino es un activo para la administración Trump y está desempeñando un papel importante en hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración escrita enviada a los medios.
Todos estos elogios y agradecimientos se produjeron antes del sábado 24 de enero, cuando agentes federales de migración mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero estadounidense que intentaba ayudar a una mujer durante las protestas contra las redadas de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.
Este 26 de enero, medios estadounidenses informaron que Bovino se irá de esta ciudad del estado de Minesota con algunos de sus agentes, y en su lugar será Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, quien asumirá el liderazgo de la campaña migratoria de Trump.
La “Máquina verde”
Nacido hace 55 años en Carolina del Norte, Gregory Bovino se crió en el seno de una familia italo-estadounidense.
Sus bisabuelos por parte de padre emigraron desde Calabria, en el sur de Italia, a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero, naturalizándose como ciudadanos en 1927.
Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, Bovino ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20 mil habitantes enclavada en la Cordillera Azul, en el oeste del estado.
Allí, según un extenso perfil publicado por el medio Chicago Sun-Times, consiguió hacerse un sitio como miembro del equipo de lucha libre.
Siguió con su educación en la Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en conservación de recursos naturales, y en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde obtuvo una maestría en administración pública, como puede leerse en su perfil de LinkedIn.
Tras trabajar un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, en 1996 Bovino dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.
Ya como miembro de esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), fue destinado al Sector El Centro, en California, a unas dos horas en coche de San Diego y fronterizo con México.
Desde allí fue ascendiendo en las filas del organismo, asumiendo misiones en distintas estaciones a lo largo de la frontera y también en Nueva Orleans.
En 2020 regresó a El Centro como jefe de sector, uno de los nueve del país.
Bovino describe la Patrulla Fronteriza, a la que llama la “Máquina verde”, en referencia al color de sus uniformes y su capacidad de arresto, como una familia.
“La Patrulla Fronteriza ha sido la obra de mi vida y así lo diré siempre con orgullo”, dijo durante uno de los episodios de un pódcast que compartió en 2021 con Jason Owens, antiguo compañero de universidad que se jubilaría en 2023 tras tres décadas como jefe nacional de la agencia.
De la frontera a las “ciudades santuario”
A pesar de su trayectoria de casi 30 años, Bovino se volvió conocido para el público general el año pasado, cuando el gobierno federal empezó a desplegar en ciudades consideradas “santuario” para los migrantes a agentes tradicionalmente apostados en la frontera.
Durante las redadas en Los Ángeles, compartió un video promocional donde se veía a las unidades realizar sus acciones al ritmo de música heavy metal.
En otro clip publicado en las redes sociales en aquel tiempo, se le escucha decir: “Estamos haciendo de L.A. un lugar más seguro, ya que no tenemos políticos encargándose de eso”.
En Chicago encabezó una operación que duró un mes y acabó con más de 3 mil 200 arrestos, según reportó en su momento CBS News, el medio socio de la BBC en EE.UU.
Agentes federales bajo su mando patrullaron barrios de mayoría hispana, suburbios enteros y centros de transporte, donde fueron grabados rompiendo vidrios de automóviles y dispersando a quienes protestaban por las redadas con gases lacrimógenos.
Bovino celebró públicamente los resultados de la operación. “Ahora somos lo que yo llamo quiebra-santuarios. No hay santuarios. No habrá santuarios”, le dijo a la agencia AP.
En esa misma entrevista, defendió las tácticas de los funcionarios a su cargo como “ejemplares”, ante los señalamientos de líderes locales y de expertos que afirmaban que estas violan órdenes judiciales sobre el uso de la fuerza.
Y es que su liderazgo ha sido examinado por varios tribunales federales y, en noviembre, la jueza Sara Ellis emitió una orden dirigida a limitar cómo los agentes de ICE podían usar la fuerza durante los operativos en Chicago.
En su fallo, Ellis dijo que Bovino había mentido al afirmar que le habían arrojado una piedra a la cabeza antes de rociar a una multitud con gas lacrimógeno. La magistrada calificó su testimonio de “simplemente no creíble”.
Al ser preguntado por AP sobre el episodio, Bovino reafirmó su postura, subrayando que sus equipos usan siempre “la menor fuerza necesaria”. Y agregó: “Si hubiera tenido más gas, lo hubiera utilizado”.
Mantuvo también esa línea cuando la cadena Fox News lo entrevistó después de que Renee Nichole Good, una estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, muriera por los disparos de un miembro de ICE en Mineápolis el 7 de enero.
“Mis respetos para el agente”, dijo Bovino, reiterando el argumento dado previamente por la secretaria Noem de que este actuó en defensa propia.
Durante una conferencia de prensa este martes, rechazó que los arrestados en las redadas estén en el punto de mira de ICE “por razones políticas”, subrayó que el objetivo sigue siendo la “eliminación de los delincuentes violentos” y que las “lagunas” en las labores policiales locales y estatales han hecho necesaria la presencia de agentes federales en la ciudad.
“La seguridad pública en Mineápolis no es negociable”, agregó.
Y el miércoles las cámaras lo captaron lanzando él mismo un cartucho de gas pimienta a quienes protestaban por las operaciones migratorias en la ciudad, no sin antes advertirles: “¡Va el gas!”.
El comandante sabe que cuenta con el respaldo de sus superiores.
La semana pasada, el DHS reforzó esa postura hacia los agentes de ICE, al publicar en sus redes sociales un video en el que se escucha a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, decir:
“Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones y nadie –ningún funcionario de la ciudad, ningún funcionario del estado, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador de izquierda o insurrecto doméstico– puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales”.
El apoyo llega, además, desde lo más alto. “¡No teman, grandes gentes de Minesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca!”, escribió el presidente Trump en su red Truth Social.
En vista de ello, Bovino ha vuelto ahora a defender a aquellos que están a su cargo, esta vez de forma simbólica, encabezando una comitiva de agentes enmascarados, vestido con el abrigo militar hasta la rodilla.
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