Queman tres vehículos en Teapa, Tabasco; Guardia Nacional se suma a operativo de seguridad
Tres vehículos fueron incendiados entre la noche del lunes y la madrugada del martes 30 de enero en Teapa, Tabasco. Estos hechos se suman a la ola de violencia de los últimos días en Tacotalpa y Macuspana.
Los hechos ocurrieron en la colonia La Sierra, donde fueron incendiados dos autos y el tercero fue en la zona conocida como El Puente Seco, a la entrada del municipio.
En su cuenta de X, el vocero del gobierno del estado, Juan Carlos Castillejos, confirmó los hechos y señaló que elementos del Ejército ya se encontraban en el municipio.
“Ante los hechos de Teapa se informa que de inmediato las fuerzas de reacción del 37 Batallón de Infantería y la Guardia Nacional se movilizaron y están en dicho municipio. En cuanto tengamos más información se les dará a conocer por las vías oficiales”, indicó.
Asimismo, informó que personal de Protección Civil también arribó a aquella demarcación para sofocar el fuego de los tres vehículos incendiados.
En el lugar fue hallado un mensaje en el que se amenazaba al director de la policía municipal y a toda la corporación, confirmó el encargado de despacho de la SSPC de Tabasco, José del Carmen Castillo.
Dijo que hasta el momento no hay detenidos ni hubo personas lesionadas por los hechos violentos. Aseguró que “fortalecerán” el operativo Tabasco Seguro junto con la Sedena y Guardia Nacional.
Violencia en Tabasco
Desde diciembre se han registrado hechos violentos. El 22 de diciembre hubo quema de al menos 15 vehículos y balaceras en diferentes puntos de Villahermosa, Tabasco, y en los penales de Huimanguillo, Comalcalco y Villahermosa ocurrieron intentos de motín, con saldo de dos personas muertas.
El exsecretario de seguridad Hernán Bermúdez explicó, sobre la quema de vehículos y actos vandálicos en Villahermosa, que ocurrieron por una disputa entre grupos locales que dicen ser de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, sin realmente pertenecer a ese grupo.
Otro hecho violento ocurrió el 3 de enero, cuando se registró una ola de asaltos a comercios por sujetos armados y encapuchados. Incluso cadenas de centros comerciales informaron del cierre de negocios por seguridad. Autoridades confirmaron que hubo ocho personas detenidas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación de violencia y dijo que la difusión que tuvieron los hechos fue por “propósitos propagandísticos”.
“Ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también, con propósitos propagandísticos, hubo mucha difusión de eso. Decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino para apoyarlo en todo, para reforzar las labores de seguridad en Tabasco”, mencionó en su conferencia matutina.
Este mismo viernes, Carlos Merino anunció la llegada de 2 mil 500 elementos de seguridad entre integrantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea.
Tras ambas jornadas violentas, el 5 de enero Hernán Bermúdez Requena presentó su renuncia como secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad.
En su lugar, el secretario de Gobierno, José Antonio De La Vega Asmitia, nombró al comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo Ramírez, como encargado de despacho de la dependencia.
En otro hecho, el 24 de enero también hubo balaceras y fueron incendiados vehículos en Macuspana, Tabasco, de donde es originario el presidente López Obrador.
Tanto en Villa Benito Juárez, zona conocida como San Carlos, y en la colonia Lindavista camiones de carga y de pasajeros fueron incendiados.
Personas armadas también dejaron amenazas dirigidas a la policía.
Un día antes también hubo balaceras en Tacotalpa, incluso el gobierno municipal pidió a la población resguardarse en sus domicilios.
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La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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