Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario y prohibición de “terapias de conversión”
El Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Civil que modifican la definición de matrimonio para reconocerlo como la unión libre de dos personas, sustituyendo las referencias a “hombre y mujer” por “cónyuges”, con lo que se incorpora explícitamente el matrimonio igualitario en su legislación civil.
La modificación actualiza el marco jurídico local conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2015 ha determinado que limitar el matrimonio a parejas heterosexuales es inconstitucional.
Durante la discusión, la diputada María Eugenia García Oliveros destacó que la actualización normativa busca homologar la legislación estatal con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En la misma línea, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero afirmó que la exclusión de parejas del mismo sexo carecía de justificación legal y resultaba discriminatoria, subrayando que el marco normativo debe reflejar la realidad social.
La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco consideró la aprobación como un avance en derechos humanos y un compromiso del Congreso con la igualdad, mientras que el diputado Rodrigo González Zaragoza destacó que el amor debe traducirse en protección e igualdad para todas las personas.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano votó en contra al asegurar que el Código Civil de Guanajuato no contenía disposiciones discriminatorias y que la definición previa del matrimonio no limitaba derechos por orientación sexual. Afirmó que modificar la institución no fortalece el marco jurídico ni responde a las necesidades de la población.
La legisladora Karol Jared González Márquez planteó dudas en torno al uso y significado del término “matrimonio”, destacando su origen etimológico y señalando que su postura no respondía a prejuicios, sino a consideraciones lingüísticas, éticas y legales.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván reiteró que todos los votos emitidos deben ser respetados, enfatizando que las diferencias de opinión no deben ser objeto de descalificación.
Guanajuato se resistía a aprobar el matrimonio igualitario
En 2025, el Congreso discutió el tema del matrimonio igualitario en dos ocasiones. La primera votación, en mayo, terminó en empate con 18 votos a favor y 18 en contra, lo que impidió avanzar. En una segunda votación, realizada el 5 de junio de 2025, la propuesta fue rechazada con 19 votos en contra y 17 a favor, luego de que la diputada Itzel Mendo, del Partido Verde, votara en contra.
El dictamen finalmente aprobado modifica formalmente el Código Civil estatal y establece la figura del matrimonio como una unión entre dos personas, con derechos y obligaciones basados en el respeto, la igualdad y la ayuda mutua.
Este jueves, tras las intervenciones de los legisladores de todas las fracciones, el dictamen fue aprobado con 25 votos a favor y nueve en contra.
Lo anterior fue celebrado por Ricardo García, subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género del estado, quien calificó como un día histórico para activistas, personas de la diversidad sexual y de género, así como para la administración actual, que encabeza la gobernadora Libia Dennise.
También aprueban prohibir terapias de conversión
En la misma sesión, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal para sancionar los esfuerzos por modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género (ECOSIG), con penas de dos a seis años de prisión y multas de veinte a sesenta días, además de que el delito se perseguirá de oficio.
Las modificaciones definen a las llamadas terapias de conversión como métodos con violencia física, moral o psicoemocional destinados a anular la identidad o la orientación sexual. Si los responsables son padres o tutores, se aplicarán multas y tratamiento psicoterapéutico; en adultos, el consentimiento informado excluye responsabilidad penal.
En la discusión, la diputada María Eugenia García Oliveros señaló que los ECOSIG generan daño y no tienen fundamento terapéutico. Luz Itzel Mendo González destacó que son actos de violencia y que sancionarlos representa un avance en derechos humanos.
Por su parte, Miriam Reyes Carmona afirmó que los ECOSIG son prácticas discriminatorias sin validez médica y recordó que ya existen reformas federales para sancionarlos. Subrayó que el objetivo es proteger la libertad y la integridad de las personas.
Finalmente, Sandra Alicia Pedroza Orozco sostuvo que estas prácticas continúan en el estado y reiteró que causan daños físicos y emocionales. Consideró que la aprobación del dictamen es un acto de coherencia y respeto a las libertades. La reforma fue avalada por mayoría..
Relacionado
El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández sale de una prisión de EE.UU. tras ser indultado por Donald Trump
- Por qué Honduras sigue siendo el país más pobre de Centroamérica pese a una década de crecimiento
- Juan Orlando Hernández: quién es el expresidente de Honduras que salió de prisión tras ser indultado por Trump y por qué la justicia de EE.UU. lo acusó de promover un “narcoestado”
