
De los 80 cuerpos recuperados en 2020 en una fosa clandestina de Salvatierra, Guanajuato, el único caso que ha logrado un fallo condenatorio es el de la desaparición de la maestra Guadalupe Barajas Piña. Sin embargo, la sentencia está en riesgo: el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en el estado resolverá este miércoles el amparo directo 51/2025, que podría cambiar el rumbo del proceso.
Para Ma del Tránsito Piña y Javier Barajas Barrera, madre y padre de Lupita, esto representa un bache más en el extenso camino que han tenido que recorrer desde la desaparición de su hija. En entrevista con Animal Político advierten que —aunque los hallazgos de la fosa se dieron entre octubre y noviembre de 2020— hasta el día de hoy siguen lidiando con el Poder Judicial para que se garantice la impartición de justicia.

Guadalupe desapareció el 29 de febrero del 2020. Un año después, como resultado de la búsqueda e investigación que emprendió su familia, la encontraron en una fosa clandestina en el barrio de San Juan. Aunque hallaron 80 cuerpos en total, solo su carpeta ha llegado a juicio. Con el tiempo, su hermano Javier terminó formando parte de la comisión de búsqueda estatal de Guanajuato, pero el 29 de mayo de 2021 fue asesinado.
Javier Barajas cuenta que él, su esposa y su hijo participaron en labores de búsqueda en muchos lugares donde hubo hallazgos de múltiples cuerpos. Constantemente iban también a Salvatierra, aun después de la resonancia de las fosas donde estaba Guadalupe. Dejaron de ir cuando ocurrió el crimen de su hijo. Lo asesinaron dos personas, una de ellas partícipe también de la desaparición de Lupita.
“De eso nos dimos cuenta en los juicios. Esa persona que privó de la vida a Javier había participado en la desaparición de su hermana. Cuando sepultamos a Javier nos acompañan integrantes de colectivos, y cuando lo dejamos en el panteón, una compañera que salió antes que nosotros me habló y me dice ‘profe, no vas a poder salir del panteón porque te están esperando… hombres armados’”, relata el papá de Lupita y Javier.
Episodios como este atraviesan la narración de los padres de Lupita: amenazas, revictimización en las fiscalías, falta de respuesta, y una investigación y búsqueda que corren a cuenta de la familia. A casi seis años, enfrentan también la carga de los impactos emocionales acumulados en este largo camino en el que, de nuevo, la moneda de la justicia y la verdad están en el aire por un fallo en puerta.
Este miércoles, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito deberá confirmar la sentencia condenatoria en contra de los detenidos o bien revertir el fallo; una decisión clave que abonará o no a la impunidad en Guanajuato.
Derivado de la privación de la vida de Javier hijo y el hallazgo de su hermana Guadalupe, el 1 de julio de 2021 fueron detenidos César Enrique N y Rafael N por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Nacional, y contra la salud en modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio.
El 2 de julio se ejecutaron las órdenes de aprehensión. Uno de esos acusados también está siendo procesado en la causa penal de la desaparición cometida por particulares en agravio de Guadalupe Barajas. Dos veces, en dos instancias diversas, los detenidos fueron absueltos, y la familia de Javier y Guadalupe ha tenido que insistir hasta que se logró una sentencia de 35 años de prisión. Nuevamente amparados, en el caso de Javier el recurso de los imputados todavía está pendiente de resolución con fecha límite del 10 de marzo.
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En el caso de Guadalupe, en cambio, la causa penal sigue abierta en torno al delito de desaparición forzada cometida por particulares, agravada. Ese proceso se inició el 26 de octubre de 2021, con la vinculación a proceso de Carlos Manuel N. y Socorro Alejandro N. Por otra parte, César Enrique N. —sentenciado en la causa de su hermano— y Julio César N. fueron vinculados en 2022 por el mismo delito.
También en esa causa, los padres de Lupita se enfrentaron a una primera sentencia absolutoria en 2024. Apelaron y ese mismo año obtuvieron una condenatoria contra los cuatro procesados. Julio César N. y Carlos Manuel N. se fugaron de la acción de la justicia, aunque en 2025 se logró la reaprehensión del primero. Los condenados rechazaron la sentencia y en el marco del juicio de amparo directo 51/2025 el tribunal colegiado en materia penal deberá decidir este miércoles si ratifica o no la sentencia.

Javier Barajas cuenta como él y su esposa, bajo el ofrecimiento de protección, terminaron en la Ciudad de México el 7 de junio de 2021, en un lugar desconocido, con un estado emocional difícil, de altas y bajas, hasta que encontraron el respaldo de Serapaz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“De alguna u otra manera, nos arrebataron a nuestros hijos, a los dos, a Lupita y a Javier. Uno de los asesinos de Javier participó en la desaparición de Lupita, cuatro fueron las personas que se la llevaron, todo esto nos ha traído impactos muy fuertes. Hemos sido respaldados por el Centro Pro, si no fuera por ellos la verdad yo no sé qué estuviera pasando con nosotros a esta fecha. Vamos teniendo impactos emocionales fuertes, físicos, al grado de sentir que estamos sobreviviendo nada más”, lamenta.
Buscar verdad y justicia es algo muy fuerte, dice, porque las leyes no se usan en favor de las víctimas. Reclama en cuántas y cuántas ocasiones casi se logra una justicia, y les tumban todo el trabajo otra vez. Él lo atribuye a que los imputados están representados por abogados que trabajan para un grupo del crimen organizado en Guanajuato. “No hay sentencias contra estas personas que pertenecen a grupos delictivos. Hay una impunidad total ahí”, señala.
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El gobierno, además, o está involucrado con los grupos de victimarios, o prefiere no meterse con ellos. “Estar aquí exigiendo a las autoridades que hagan algo por detener esa violencia que hay en Guanajuato les incomoda, les molesta. Nosotros hemos sido testigos de la impunidad que se ha vivido, la conocemos en carne propia. Son situaciones en donde el Poder Judicial de Salvatierra en dos ocasiones dejó absueltos a los asesinos de Javier, habiendo pruebas contundentes de que habían sido ellos”, añade.
Con todo, Javier considera que es una gran tarea la que le dejaron sus hijos: exigir justicia, por ellos y por mucha gente que sigue buscando a los más de 130 mil desaparecidos reportados a nivel nacional, más de 5 mil en Guanajuato. “El gallo (su hijo) siempre decía ‘¿Pa, sabes qué? Hay que seguir adelante, porque hay mucha gente, vamos a encontrar a todos los desaparecidos, y aquí estamos: hasta que la dignidad se haga costumbre vamos a seguir adelante”, sostiene con una voz que se quiebra.

Ma del Tránsito Isidra Piña Sánchez reclama que en Guanajuato es muy difícil encontrar verdad y justicia, pese a que han estado en esa búsqueda desde el día uno que desapareció su hija. Ella creía en las autoridades, y las veía con respeto, pero cuando empezaron a ir a la fiscalía, a poner la denuncia e indagar los avances, se dieron cuenta de la realidad: en lugar de atender y escuchar, las autoridades exhibían falta de empatía, aunque les pagan por su trabajo.
La mamá de Lupita reconoce que de tanto que le repitieron que su hija quizá se había ido, casi logran convencerla. No son pocas las revictimizaciones de la fiscalía en su contra; una más, cuando le preguntaban qué sabía ella, o cuando le decían que fuera a preguntar por su hija para regresar a contarle a las autoridades. De hecho, no fueron estas, sino una llamada anónima, lo que la alertó sobre la ubicación del cuerpo de Lupita.
Pese a que el punto de hallazgo está muy cerca de áreas de tránsito y actividad cotidiana, aparentemente nadie vio ni escuchó ni supo cómo terminaron enterrados 80 cuerpos en una fosa en Salvatierra. Durante su búsqueda, los espantaron, los amenazaron, Javier terminó asesinado, y aun así fue la familia de Lupita la que halló, con sus propias manos, su cuerpo. “El trabajo de la fiscalía fue pura revictimización”, señala.
“Nunca creí que fuera mi hijo, pero sí estábamos conscientes de que tenía miedo. Cuando asesinan a mi hijo y nos venimos para acá (a la Ciudad de México), llegamos perdidos, con mucho dolor, con muchas preguntas, porque ya sabía cómo se trabajaba, y veía todo cerrado, todo oscuro”, añade.
Igual que su esposo, opina que conocer a las organizaciones hizo la diferencia. La búsqueda de verdad y justicia a contracorriente la deja ver también que cuando alguien quiere hacer las cosas bien, los demás no lo dejan: “hay que aguantar el peso de la colusión”. Las autoridades, dice, no tienen voluntad, ni porque encuentran a las personas asesinadas y bajo la tierra, en situaciones que revelan la violencia que vivieron, como en el caso de su hija.
En los procesos de los juicios siguen enfrascados buscando esa verdad y justicia de la que habló desde el inicio. Todavía cree que hay gente buena que puede hacer bien su trabajo. Por eso le pide al Tribunal Colegiado que tome una decisión conforme a derecho y con toda la conciencia de que las personas responsables no pueden seguir haciéndole daño a la sociedad y favoreciéndose de las leyes.

“Siento, y todavía creo, que ellos pueden terminar con la impunidad en nuestro estado, y que no dejen que la delincuencia, por más poder que tenga, porque tienen armas, tienen dinero, sea quien manda. Que le demuestren que hay un Estado de derecho y que le den una sentencia condenatoria”, pide.
César Contreras, abogado del Centro Pro, recuerda que desde el 2022 el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas calificaba a ese delito como el “crimen perfecto”. La razón es la cantidad de sentencias tan baja, por debajo de las 100, que aún representa un 99 % de impunidad en todo el país.
“Mientras siga siendo así, por supuesto que la impunidad al prevalecer implica cero consecuencias para quienes realizan esta clase de conductas y también los riesgos para quienes buscan, para quienes dan su testimonio en un juicio. En el caso de Javier había un testigo presencial desaparecido. Las medidas de protección en nuestro país no existen, entonces también cómo sostener un juicio”, apunta.
La relevancia del caso de Lupita es que esa sentencia pueda marcar camino para muchos más en Guanajuato, un estado que sigue azotado por la grave crisis de violencia y desaparición que se ha agudizado desde hace siete u ocho años.
En la entidad, más de 3 mil 500 personas han desaparecido entre enero de 2020 y el mismo mes de 2026, el 82 % hombres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los municipios que lideran la estadística total de personas desaparecidas durante ese periodo son Celaya, con 505; Irapuato, 394; y León, 423.
En su diagnóstico de seguridad, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos documenta que Guanajuato y Sonora son las entidades con mayor número de familiares de personas que son desaparecidas o asesinadas por su labor de búsqueda; 2022 ha sido el año más letal y en todos los casos han ocurrido antes amenazas, hostigamiento, vigilancia o ataques a su patrimonio.

Las relaciones de Japón con China están en su nivel más bajo en años, luego de varios episodios que han elevado la tensión entre ambos países.
Los osos panda Xiao Xiao y Lei Lei fueron despedidos el mes pasado entre lágrimas en el Zoológico Ueno de Tokio por miles de japoneses, antes de ser enviados de regreso a China.
El hecho, que dejó a Japón sin pandas chinos por primera vez en décadas, se convirtió en uno de los últimos símbolos del deterioro de las relaciones entre China y Japón.
Desde que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, hizo comentarios que llevaron las relaciones con China a su nivel más bajo en años, Pekín ha aumentado la presión por diversas vías.
Lo ha hecho enviando buques de guerra, restringiendo las exportaciones de tierras raras, frenando el turismo chino, cancelando conciertos e incluso recuperando a sus pandas.
Mientras Takaichi inicia un nuevo mandato, tras obtener un respaldo histórico en las recientes elecciones anticipadas, los analistas advierten que China y Japón tendrán dificultades para reducir la tensión y que la relación no se recuperará pronto.
La disputa empezó en noviembre, cuando Takaichi pareció sugerir que Japón activaría su fuerza de autodefensa en caso de un ataque a Taiwán.
China considera a Taiwán como una provincia propia rebelde y no ha descartado el uso de la fuerza para “reunificarse” con ella algún día.
Taiwán, que se gobierna de forma independiente desde hace décadas, considera a EE.UU. como un aliado clave que se ha comprometido a ayudarla a defenderse.
Desde hace tiempo, la preocupación ha sido que cualquier ataque a Taiwán pudiera resultar en un conflicto militar directo entre Estados Unidos y China, que luego se ampliara a otros aliados estadounidenses en la región como Japón y Filipinas.
La cuestión de Taiwán es una línea roja absoluta para China, que reacciona con furia ante cualquier comentario percibido como “injerencia externa” e insiste en que es una cuestión de soberanía que solo China puede decidir por sí misma.
Casi inmediatamente después de las declaraciones de Takaichi, Pekín respondió con una oleada de condenas y exigió una retractación.
Los observadores han señalado que los comentarios de Takaichi coincidían con la postura del gobierno y con lo que otros líderes japoneses habían dicho en el pasado.
Pero la diferencia radica en que era la primera vez que un primer ministro japonés en funciones expresaba tales opiniones.
Por su parte, Takaichi se negó a disculparse o retractarse de sus comentarios, una postura que, según los analistas, probablemente se vea justificada por el sólido respaldo electoral que ha obtenido.
Sin embargo, Takaichi sostuvo que sería más cautelosa al comentar sobre escenarios específicos. A su vez, su gobierno ha enviado diplomáticos de alto rango a reunirse con sus homólogos chinos.
Sin embargo, esto no ha contribuido a calmar la ira china.
Ante la firme negativa de Takaichi a ceder, China ha aumentado la presión de forma constante.
Si bien en las últimas décadas han surgido disputas entre ambos países, alimentadas por la animosidad histórica, esta vez la situación es diferente, según los analistas.
China ha ampliado su presión en una gama mucho más amplia de frentes, señaló Robert Ward, presidente de Japón del centro de estudios Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
Se trata de una presión difusa y de bajo nivel, similar a la “guerra de zona gris” que libra contra Taiwán, afirmó, cuyo objetivo es “desgastar [al oponente] para normalizar cosas que en realidad no son normales”.
En el ámbito diplomático, ha presentado quejas ante las Naciones Unidas y pospuesto una cumbre trilateral con Japón y Corea del Sur.
China también ha intentado involucrar a otras partes en la contienda y ha pedido a Reino Unido y Francia que se unan a ella, al tiempo que insta a sus aliados, Rusia y Corea del Norte, a denunciar a Japón.
Durante el fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, invocó el historial de agresión de Japón durante la Segunda Guerra Mundial al dirigirse a los líderes occidentales en la Conferencia de Seguridad de Múnich y calificó las declaraciones de Takaichi como un “acontecimiento muy peligroso”.
En el ámbito militar, Japón sostuvo que China ha enviado drones y buques de guerra cerca de sus islas y que sus cazas de combate han fijado los radares que guían sus armas en aviones japoneses.
Además, buques de la guardia costera japonesa y china se han enfrentado cerca de las disputadas islas Senkaku/Diaoyu, mientras que la semana pasada las autoridades japonesas incautaron un buque pesquero chino.
Pero está claro que China también quiere golpear a Japón donde más le duele: su economía.
Pekín ha impuesto restricciones a las exportaciones a Japón de tecnologías de doble uso, incluyendo tierras raras y minerales críticos, en lo que se ha considerado una forma de coerción económica.
También ha advertido a los ciudadanos chinos que eviten Japón para sus estudios y vacaciones y ha cancelado vuelos en 49 rutas a Japón, lo que ha provocado una disminución del turismo y una caída en el valor de algunas acciones.
Los ciudadanos chinos representan una cuarta parte de todos los turistas extranjeros que llegan a Japón, según cifras oficiales.
Ni siquiera el entretenimiento y la cultura ha quedado exentos de las consecuencias.
Eventos musicales japoneses en China han sido cancelados, incluido uno en el que un cantante fue retirado apresuradamente del escenario a mitad de la actuación. Además, las distribuidoras cinematográficas han pospuesto el estreno de varias películas japonesas.
Una de las exportaciones culturales más famosas de Japón, Pokémon, también fue criticada por un evento que debía celebrarse en el Santuario Yasukuni. El templo honra a los japoneses caídos en guerra, incluyendo a algunos que China considera criminales de guerra. El evento finalmente fue cancelado.
En el frente de las redes sociales, los nacionalistas chinos han lanzado ataques online contra Takaichi, incluyendo la divulgación de videos generados por IA que muestran a la figura de la cultura pop Ultraman y al personaje de anime Detective Conan peleando contra la primera ministro.
Pero, en general, China ha tomado medidas menos provocativas en comparación con conflictos anteriores con Japón, según dicen Bonny Lin y Kristi Govella, del centro de estudios Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).
“Hasta ahora, sus respuestas económicas y militares han sido relativamente limitadas en comparación con el pasado, pero hay amplio margen para una mayor escalada”, señalaron en un análisis reciente.
China también puede estar absteniéndose de adoptar una postura demasiado dura con Japón, ya que actualmente se está “posicionando activamente como el guardián del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial” y quiere ser visto como una potencia responsable en comparación con Estados Unidos, añadió Ward.
Los observadores coinciden en que, si las tensiones se calman, probablemente se asentarán en un nivel más alto que antes. Es menos probable que ambas partes desescalen esta vez, señalaron Lin y Govella en su análisis.
China es una potencia mucho más fuerte ahora y “Taiwán es el núcleo de los intereses chinos, lo que significa que es más probable que Pekín adopte una postura de línea dura que en episodios anteriores”.
“Pekín también desconfía profundamente de Takaichi y es probable que considere sus intentos de reducir la tensión sin retractarse explícitamente de sus comentarios como hipócritas o, peor aún, estratégicamente engañosos”, agregaron.
Mientras tanto, Japón tiene un mayor interés en mantenerse firme, especialmente tras la contundente victoria electoral de Takaichi, que “interpretará como una reivindicación de su postura respecto a China”, señaló Ward.
Govella le dijo a BBC que Takaichi probablemente podría usar su victoria como “capital político” para impulsar políticas económicas y de defensa para fortalecer la posición de Japón.
Takaichi se ha comprometido a aumentar el gasto de defensa de Japón al 2% del PIB dos años antes de lo previsto, completar una revisión de las estrategias de seguridad clave para finales de este año y lanzar pronto un paquete de estímulo económico.
A su vez, China “considera que Takaichi es un líder bastante fuerte y que la campaña de presión solo podría fortalecerla a nivel nacional, por lo que es posible que no intensifiquen mucho su presión”, sostuvo Kiyoteru Tsutsui, experto en Japón y director del Centro de Investigación Shorenstein Asia-Pacífico de la Universidad de Stanford.
“Así que esta relación probablemente continuará por un tiempo”.
El factor imponderable podría ser que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido hasta ahora un fuerte apoyo a Takaichi, emitiendo un respaldo inusual en el momento previo a las elecciones anticipadas.
Sin embargo, muchos esperan que las relaciones entre Estados Unidos y China se intensifiquen aún más este año, señaló Tsutsui, con varias reuniones programadas entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, incluida la visita de Estado del presidente estadounidense a Pekín en abril.
Y, en comparación con incidentes anteriores, la respuesta de Estados Unidos al último enfrentamiento “ha sido moderada hasta ahora, lo que podría envalentonar a China”, afirmaron Lin y Govella.
“Los japoneses temen que se produzca un gran acuerdo entre Xi y Trump”, declaró Ward.
Durante el fin de semana, Estados Unidos y Japón reafirmaron sus vínculos en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich en una reunión entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.
Takaichi también tiene previsto reunirse de nuevo con Trump en marzo, cuando visite Washington, antes de su viaje a China.
A medida que China sigue aumentando la presión, Tokio probablemente “redoblará” sus esfuerzos para asumir una mayor parte de la carga de defensa que comparte con Estados Unidos, dijo Ward, y “realmente trabajará más estrechamente con ellos para asegurarse de que Estados Unidos no se desvíe y pierda interés en la región”.
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