De cada 100 hechos delictivos denunciados en México sólo 11 son investigados hasta lograr la captura y enjuiciamiento de los presuntos responsables, tal como revelan los registros oficiales sobre justicia penal divulgados por las autoridades del país.

Sin embargo, hablando específicamente de los feminicidios –es decir, de los asesinatos en los que el género femenino de la víctima fue una condición determinante para su comisión– el promedio de éxito en la persecución judicial se cuadriplica, ya que, según la autoridad, los presuntos responsables fueron llevados ante tribunales en 46 de cada 100 crímenes.

Por esa razón, las autoridades mexicanas aseguran que el feminicidio es uno de los delitos que se persigue con mayor eficacia a nivel nacional, en especial si se le compara con otros ilícitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, como el homicidio doloso y las lesiones dolosas.

Gracias a esta manipulación, entre los años 2015 y 2021 –único periodo sobre el que se reporta el proceso penal completo, desde la comisión del delito hasta la sentencia– al menos uno de cada cinco feminicidios no fueron reconocidos por las autoridades ministeriales, sino que fueron registrados bajo una categoría delictiva distinta o, incluso, como muertes accidentales.

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Además, los registros sobre los juicios penales realizados en el país (que son recabados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia), revelan que las pocas personas a las que se halla culpables de feminicidio en México son las que más fácilmente evitan la prisión, a pesar de haberse establecido su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria, debido a las deficiencias con las que operan los organismos responsables de investigar y probar estos crímenes, así como por la discrecionalidad con la que los jueces encargados de estos casos otorgan beneficios a los agresores para eludir la sanción.