Paola denunció violencia de género en el INER; el hospital la despidió y el presunto agresor sigue ejerciendo
Paola Palomares estaba en la recta final de su especialización en cirugía torácica cuando una denuncia por violencia de género le truncó sus sueños. Ella había concluido su tercer año de estudios, de cuatro en total, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), cuando fue amenazada de muerte por un compañero residente menor que ella, Gustavo “N” y al denunciar, fue despedida de manera injustificada.
“Ya sabíamos todos en el INER los antecedentes que él tenía, que lo habían corrido previamente de otro hospital por conductas aberrantes y violentas, sobre todo hacia las mujeres”, dijo en entrevista Paola. “Por lo mismo uno procuraba no conflictuarse con él, tener un trato meramente laboral, y nada más”.
Gustavo “N” era residente médico en el INER de menor jerarquía que Paola, pero cuando ella y sus compañeras le llamaban la atención por no acatar órdenes, él hacía caso omiso o las contradecía. Aunque estas conductas machistas e incluso violentas –pues llegó a perseguir a sus compañeras mayores en los pasillos del hospital de forma amenazante– fueron reportadas a los jefes de residentes, no se tomaron acciones concretas en contra del médico.
Médica denunció violencia de género en el INER por un compañero, pero no obtuvo respuesta
Fue hasta inicios de septiembre del 2024, cuando Paola iba saliendo de su guardia y se encaminaba para la salida del Instituto, cerca del estacionamiento en un sitio sin cámaras, que Gustavo se acercó a ella para preguntarle a dónde se dirigía.
“Le dije, ‘ya voy para la salida’, y me dice, ‘sí, pero si la sigo hasta este punto del hospital, nadie se dará cuenta cuando la estrangule’”, relató Paola. “Así, de la nada, me dice eso y me paro en seco. Me le quedo viendo y tenía en su cara esta expresión como de risa, como de alguien que no está bien, y se da la media vuelta y se va”.
Al llegar a su casa, le comentó a sus roomies –quienes también son residentes– lo ocurrido, y la animaron a poner su denuncia por la amenaza de muerte. Unos días después, cuando regresó al INER de su descanso, dos profesores se acercaron con ella para cuestionarla sobre lo sucedido, e igualmente la motivaron a interponer una denuncia.
“Uno de ellos me dijo, ‘le tienes que meter la denuncia, porque eso ya es algo de género, y ya tiene muchos reportes, muchos problemas que ha causado, de ahí nos podemos agarrar para correrlo’”, recordó la doctora. “Yo no quería problemas, pero decido proceder con la denuncia porque ya había muchas quejas de mis compañeras”.
Mediante un escrito dirigido a la subdirectora de Cirugía de Tórax, el Jefe de Servicio de Cirugía y la titular de la Dirección de Enseñanza, Paola y sus compañeras presentaron sus quejas, incluyendo que Gustavo les había gritado, perseguido, e incluso amenazado con saber dónde vivían y que se encontraran fuera de la institución para “arreglar cuentas”.
Paola intentó levantar una queja ante la Dirección de Enseñanza del INER, pero los encargados le dijeron que ellos no podían hacer algo al respecto y la remitieron al Comité de Ética, cuya encargada le aseguró que por protocolo las autoridades debieron separar a Gustavo de su cargo tras la amenaza de muerte.
Con incongruencias y rúbricas falsas, despiden a Paola del INER
Por parte del Comité de Ética, le sugirieron que se acercara a la Fiscalía capitalina, la Defensoría de su universidad –la UNAM– y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser el Instituto un hospital federal, aunque en este último le aseguraron que primero el INER tendría que resolver internamente el caso y en la UNAM desestimaron la denuncia por falta de pruebas.
Mientras Paola esperaba que atendieran su denuncia, continuó con su servicio y en febrero del año en curso concluyó su tercer año de la residencia, por lo que recibió sus calificaciones y se percató que tenía bloques reprobados, lo cual le provocó extrañeza pues en sus evaluaciones anteriores había recibido buenas marcas.
Al hacer una revisión de sus actas, la residente se percató que el INER había registrado en el sistema documentos apócrifos que tenían las calificaciones reprobatorias, en vez de los originales que ella había entregado después de ser evaluada por los profesores de su rotación. Inmediatamente, solicitó a sus superiores una explicación y que se rectificaran sus actas, pero se le notificó que ella ya no podía continuar en la institución y tendría que repetir su tercer año de especialidad en otro hospital.
Lee también | El suicidio de una residente de medicina que generó una ola de denuncias sobre maltrato en facultades de salud en Colombia
“[Me dieron de baja] Sin tener una revisión de exámenes, sin ellas tener la evidencia de por qué me calificaron así”, dijo. “Hay muchas inconsistencias, muchas incongruencias entre ellas mismas, las doctoras de enseñanza y la profesora titular”.
“Yo no hice nada malo. Creo que mi único pecado fue eso, denunciar una amenaza de muerte”.
Silencio del INER y Secretaría de Salud
A raíz del despido injustificado, Paola intentó escalar el asunto a la Secretaría de Salud federal, que es responsable del INER, pero a la fecha no ha tenido una respuesta. “Mi abogado ya metió un recurso por silencio administrativo ante los órganos internos de control, tanto del INER como de la Secretaría de Salud”, detalló.
Cuando ella presentó su denuncia ante el INER el año pasado, la institución canalizó su testimonio a la Fiscalía capitalina, por lo que la citaron a inicios de abril del año en curso para dar seguimiento a su caso; pero Paola tuvo que pausar el proceso legal porque podría afectar su inscripción a otro hospital para continuar con su especialidad.
“Ser médico es difícil, ser especialista más”
Mientras que Gustavo “N” sigue empleado como residente en el Instituto, el sueño de Paola de convertirse en cirujana torácica se ha obstaculizado.
“Yo sentía esta vergüenza, me daba vergüenza contarle [a mi familia] y ellos dijeran, ‘¿Cómo que te corrieron del hospital?’. Tardé un tiempo para agarrar valor y contarles, y cuando reflexioné que yo en realidad no había hecho nada malo”, compartió.
“Hacer otra especialidad en este momento de mi vida no es una opción, yo ya hice dos años de cirugía general, llevaba 3 años de tórax, ya es mucho, y sinceramente sí me gusta la cirugía torácica”.
Compañeros de todo el país se han acercado con Paola a través de redes sociales para expresarle su solidaridad ante la situación, así como denunciar los malos tratos que ellos mismos han vivido en distintos hospitales como residentes.
“Creo que México es un país donde ser médico es difícil, ser especialista lo es aún más, y es algo de lo que se quejan diario, que en este país faltan especialistas como para que a los que estamos en formación nos quieran truncar nuestros sueños”, reflexionó la doctora.
Relacionado
Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López fueron expulsados a Guatemala después de más de dos décadas de vivir en Florida. Los videos con los que sus hijos le piden ayuda al mandatario estadounidense cuentan con millones de visualizaciones.
Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López habían conseguido aquello con lo que muchos migrantes sueñan cuando dejan atrás su país.
Llegaron de Guatemala a Estados Unidos como novios hace 22 años. Se casaron, tuvieron cuatro hijos y se establecieron en Apopka, Florida, donde compraron una casa y levantaron una empresa cementera que hoy da empleo a 16 personas.
Sin embargo, haber cruzado la frontera de forma irregular nunca dejó de perseguirlos.
Y a pesar de años de esfuerzos por obtener el estatus legal, más recientemente con la solicitud para una visa U que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya había determinado como legítima, este junio acabaron deportados y separados de sus hijos, quienes permanecen en territorio estadounidense.
“Tener aplicaciones de visa pendientes no impide la expulsión de EE.UU.”, le contestó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a BBC Mundo al ser consultado sobre este caso.
Es una historia particular que, sin embargo, se ha vuelto cada vez más recurrente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia”.
Y sobre todo desde que el arquitecto de sus políticas migratorias, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, confirmara que estableció un mínimo 3.000 arrestos diarios de indocumentados como el objetivo a alcanzar.
A pesar del contexto, Beverly, la hija mayor de los Juárez que, a sus 21 años, se ha vuelto cabeza de familia, está lejos de tirar la toalla.
Junto a César (15 años), Josué (13) y Valery (9), ha protagonizado una serie de videos en los que pide ayuda al presidente con la deportación de sus padres y que cuentan con millones de visualizaciones en redes sociales.
“He aparcado mis sueños para hacerme cargo de mis hermanos y tratar de traer a mis padres de vuelta”, le dice a BBC Mundo.
Odisea legal
“Entiendo que nadie quiere violadores, asesinos, pedófilos en este país, pero esta es gente trabajadora, que aporta a la sociedad, paga sus impuestos y genera empleos”, le dice a BBC Mundo Grisel Ybarra, la abogada que representa a los Juárez desde 2021 en su cruzada por regularizarse en EE.UU.
Ybarra subraya que, tras haber ingresado de forma ilegal el 25 de mayo de 2003, “el único error” de sus clientes fue no haberse presentado a una primera cita ante un tribunal de migración.
Algo que no hicieron por “miedo y desconocimiento del proceso”, aclara.
“Cuando llegamos éramos apenas unos niños, yo con 19 años y mi (ahora) esposa sin haber ni siquiera cumplido los 17”, cuenta Esvin Juárez por teléfono desde Guatemala.
La Patrulla Fronteriza los interceptó nada más cruzar a Río Grande City, Texas, y los dejó libres con la condición de que compareciesen ante el juez local cuando fueran llamados a ello.
Pero la pareja siguió con su plan: ir a asentarse a la zona rural a 17 kilómetros noroeste de Orlando, en Florida, donde por aquel entonces vivían el padre y una hermana de él.
Así que cuando llegó la citación para la audiencia en Texas, ellos ya estaban a más de 2.000 kilómetros, en Apopka.
Como consecuencia de ello, el juez emitió una orden final de deportación contra ellos, algo confirmado a BBC Mundo por el DHS.
Los Juárez trataron de que su caso se reabriera y durante años recurrieron a recursos legales para retrasar su expulsión del país, presentándose religiosamente a sus citas en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Orlando, mientras buscaban la manera de regularizarse.
Visa para víctimas de crimen
Cuando en 2021 les comunicaron que no les iban a otorgar más aplazamientos en los procedimientos de deportación, Esvin y su hermano fueron víctimas de un atraco armado en el patio de su negocio de cemento.
“Una bala rebotó en el piso y por poco no le saca el ojo”, dice Ybarra, quien recuerda que aun así su cliente mostró reticencias a acudir a urgencias por si lo detenían.
La abogada le recomendó no solo ir al hospital, sino también reportar el incidente ante la policía.
Con la certificación policial de que su cliente colaboró en la investigación del caso –un documento que tardó años en llegar–, la letrada presentó en 2024 una solicitud para la visa U.
Creada por el Congreso con el objetivo de motivar a las víctimas a ayudar a las agencias del orden público en la investigación de crímenes sin temor a ser deportadas, el estatus no inmigrante U permite a sus beneficiarios y familiares vivir y trabajar en EE.UU. por hasta cuatro años, con posibilidad de extensiones.
Recién en diciembre los Juárez recibieron una notificación bona fide o “de buena fe” con la que USCIS, tras verificar antecedentes y evaluar si hay “riesgo de fraude o posibles amenazas para la seguridad nacional y pública”, determina que una solicitud es legítima.
Aunque es solo una revisión preliminar, posibilita la protección temporal contra la deportación mientras se espera la decisión final sobre la visa.
Así que el matrimonio esperaba que, por medio de una acción diferida, podrían seguir con sus vidas y sus trabajos en EE.UU.
Pero al tratarse esta de una discreción procesal —queda a discreción del funcionario de turno conceder el aplazamiento—, cuando el 30 de mayo acudieron a la oficina del ICE junto a la abogada, Esvin quedó detenido y sujeto a deportación.
Su esposa correría la misma suerte, siendo arrestada el 12 de junio y reuniéndose con él en Guatemala dos días después.
“Esvin Juárez es un inmigrante ilegal criminal de Guatemala. Mientras estuvo en EE.UU. fue hallado culpable de conducir bajo los efectos (del alcohol) y de poseer documentos falsificados”, le informó a BBC Mundo el DHS a través de un mensaje atribuible a la subsecretaria Tricia McLaughlin.
“Se le emitió una orden final de deportación en 2003, hace más de dos décadas. Agotó todos los recursos legales y no le quedan alivios legales por los que seguir luchando”, remarca el DHS, confirmando que un juez también ordenó la deportación de su esposa.
La abogada de Esvin subraya que las infracciones de tránsito mencionadas por el DHS ya las tuvo USCIS en cuenta al revisar los antecedentes -que no incluyen delitos graves- antes de emitir el primer visto bueno para la visa U. BBC Mundo pudo revisar tanto las cartas enviadas a USCIS como la determinación bona fide emitida por el organismo.
“La única base para la deportación de este matrimonio es haber entrado de forma ilegal a Estados Unidos y haber perdido la cita en la corte en 2003”, sostiene Ybarra.
A lo que añade que ingresar al país sin permiso por un lugar que no es designado puerto de entrada no es un crimen, sino un delito menor, por lo que no podría denominarse “criminal” a su cliente.
12 días para dejarlo todo atado
Desde que Trump regresara a la Casa Blanca en enero con la promesa de deportar a 11 millones de indocumentados, las detenciones se han multiplicado.
Estas han tenido lugar en calles, iglesias, escuelas, tribunales, centros urbanos y también en el campo.
Desde el inicio de las redadas, funcionarios del gobierno han insistido en que el blanco de las operaciones son criminales y aquellos que podrían constituir una amenaza para la seguridad pública.
Sin embargo, de acuerdo a un rastreador de datos, un número significativo de inmigrantes indocumentados detenidos no cuentan con antecedentes penales.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse (Nueva York) que compila cifras de inmigración, estima que de las 51.302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44% no tenía historial, más allá de haber ingresado a EE.UU. sin permiso.
“Lamentablemente, el de mis padres no es un caso único”, le dice a BBC Mundo Beverly Juárez, la hija mayor del matrimonio.
“¿Dónde está papá? ¿Por qué llevas esa tobillera?”, cuenta que le preguntó a su madre cuando la vio salir de la oficina de ICE con un grillete con GPS incorporado.
Le habían dado 12 días para arreglar todo lo necesario y regresar, con un boleto para volar a Guatemala “no más tarde del 14 de junio”, para ser oficialmente detenida y puesta en procedimiento de deportación.
Beverly recuerda aquellos días de “una locura absoluta”, en los que intentaron por todos los medios parar la deportación de su padre y, al no conseguirlo, se concentraron en hacer presión para traerlo de regreso mientras buscaban la manera de levantar la orden de expulsión de su madre.
Videos virales
Al tiempo que su abogada acudía al Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito, una corte federal, con una moción de emergencia de suspensión de deportación, los hermanos recurrieron a TikTok.
En la red social, una serie de videos en los que repiten formato —posando en fila en el jardín de su casa, mirando de frente mientras la primogénita lee a cámara, dirigiéndose al mandatario— acumulan millones de visualizaciones.
“Presidente Trump y secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem, mi nombre es Beverly Juárez y esta es mi familia. Puede que no conozcan a mi padre, porque están muy ocupados, pero hoy queremos pedirles ayuda”, arranca diciendo uno que ya ha sido visto más de nueve millones de veces.
“Optamos por las redes sociales por su alcance, porque puedes llegar a un amplio rango de personas y conseguir apoyos de una forma más eficiente que acudiendo a despachos o haciendo llamadas y mandando correos electrónicos”, le explica a BBC Mundo.
Pero no todo ha sido virtual. También protestó frente a la oficina de ICE en Orlando el 13 de junio, en la víspera de la deportación de su madre, donde posteriormente habló ante los medios.
Representantes de organizaciones comunitarias como Hope CommUnity Center y la coalición Immigrants Are Welcome Here acompañaron a la familia y exigieron un alto a las deportaciones.
Y las congresistas estatales demócratas Anna V. Eskamani, Rita Harris y Johanna López también estuvieron presentes en el acto, en el que expresaron su apoyo y pidieron revisar los procesos de detención de inmigrantes con trámites migratorios activos.
La presión ciudadana suma, considera la abogada Ybarra, mientras se agota la vía legal, acudiendo de nuevo al tribunal federal para presentar una acción por presunta violación del debido proceso y “abuso de discrecionalidad”.
“Beverly nos salió toda una guerrera”, dice Esvin Juárez orgulloso desde Guatemala, donde dice sentirse arropado. Reunido con su mujer, están barajando cómo proceder “con cabeza fría”.
Su primogénita espera instrucciones en Apopka, mientras hace malabares para mantener a sus hermanos distraídos y con el ánimo alto, encargarse del papeleo y cumplir con sus crecientes obligaciones en la empresa de sus padres.
“Por suerte las vacaciones de verano me dan un respiro”, dice la joven, quien también cursa ingeniería mecánica en la Universidad de Florida Central (UCF).
Pero duda que tras el receso pueda retomar los estudios.
“Las clases son presenciales y la universidad me queda a una hora de casa. Así que no va a ser fácil seguir estudiando, mientras aprendo más sobre el negocio del cemento, ahora que me he convertido en una especie de madre de tres hijos”, reconoce.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- El temor de los migrantes que se esconden de las redadas en Oxnard, la “capital mundial de la fresa” en California
- ¿Quién está siendo arrestado por ICE en EE.UU. bajo el gobierno de Trump?
- La niña estadounidense con cáncer que fue deportada con su familia a México y no tiene acceso al tratamiento para su enfermedad
- El caso de deportación de Sofía: EE.UU. extiende por un año el permiso de la niña mexicana para permanecer en el país y recibir el tratamiento del que depende su vida
