Paola denunció violencia de género en el INER; el hospital la despidió y el presunto agresor sigue ejerciendo
Paola Palomares estaba en la recta final de su especialización en cirugía torácica cuando una denuncia por violencia de género le truncó sus sueños. Ella había concluido su tercer año de estudios, de cuatro en total, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), cuando fue amenazada de muerte por un compañero residente menor que ella, Gustavo “N” y al denunciar, fue despedida de manera injustificada.
“Ya sabíamos todos en el INER los antecedentes que él tenía, que lo habían corrido previamente de otro hospital por conductas aberrantes y violentas, sobre todo hacia las mujeres”, dijo en entrevista Paola. “Por lo mismo uno procuraba no conflictuarse con él, tener un trato meramente laboral, y nada más”.
Gustavo “N” era residente médico en el INER de menor jerarquía que Paola, pero cuando ella y sus compañeras le llamaban la atención por no acatar órdenes, él hacía caso omiso o las contradecía. Aunque estas conductas machistas e incluso violentas –pues llegó a perseguir a sus compañeras mayores en los pasillos del hospital de forma amenazante– fueron reportadas a los jefes de residentes, no se tomaron acciones concretas en contra del médico.
Médica denunció violencia de género en el INER por un compañero, pero no obtuvo respuesta
Fue hasta inicios de septiembre del 2024, cuando Paola iba saliendo de su guardia y se encaminaba para la salida del Instituto, cerca del estacionamiento en un sitio sin cámaras, que Gustavo se acercó a ella para preguntarle a dónde se dirigía.
“Le dije, ‘ya voy para la salida’, y me dice, ‘sí, pero si la sigo hasta este punto del hospital, nadie se dará cuenta cuando la estrangule’”, relató Paola. “Así, de la nada, me dice eso y me paro en seco. Me le quedo viendo y tenía en su cara esta expresión como de risa, como de alguien que no está bien, y se da la media vuelta y se va”.
Al llegar a su casa, le comentó a sus roomies –quienes también son residentes– lo ocurrido, y la animaron a poner su denuncia por la amenaza de muerte. Unos días después, cuando regresó al INER de su descanso, dos profesores se acercaron con ella para cuestionarla sobre lo sucedido, e igualmente la motivaron a interponer una denuncia.
“Uno de ellos me dijo, ‘le tienes que meter la denuncia, porque eso ya es algo de género, y ya tiene muchos reportes, muchos problemas que ha causado, de ahí nos podemos agarrar para correrlo’”, recordó la doctora. “Yo no quería problemas, pero decido proceder con la denuncia porque ya había muchas quejas de mis compañeras”.
Mediante un escrito dirigido a la subdirectora de Cirugía de Tórax, el Jefe de Servicio de Cirugía y la titular de la Dirección de Enseñanza, Paola y sus compañeras presentaron sus quejas, incluyendo que Gustavo les había gritado, perseguido, e incluso amenazado con saber dónde vivían y que se encontraran fuera de la institución para “arreglar cuentas”.
Paola intentó levantar una queja ante la Dirección de Enseñanza del INER, pero los encargados le dijeron que ellos no podían hacer algo al respecto y la remitieron al Comité de Ética, cuya encargada le aseguró que por protocolo las autoridades debieron separar a Gustavo de su cargo tras la amenaza de muerte.
Con incongruencias y rúbricas falsas, despiden a Paola del INER
Por parte del Comité de Ética, le sugirieron que se acercara a la Fiscalía capitalina, la Defensoría de su universidad –la UNAM– y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser el Instituto un hospital federal, aunque en este último le aseguraron que primero el INER tendría que resolver internamente el caso y en la UNAM desestimaron la denuncia por falta de pruebas.
Mientras Paola esperaba que atendieran su denuncia, continuó con su servicio y en febrero del año en curso concluyó su tercer año de la residencia, por lo que recibió sus calificaciones y se percató que tenía bloques reprobados, lo cual le provocó extrañeza pues en sus evaluaciones anteriores había recibido buenas marcas.
Al hacer una revisión de sus actas, la residente se percató que el INER había registrado en el sistema documentos apócrifos que tenían las calificaciones reprobatorias, en vez de los originales que ella había entregado después de ser evaluada por los profesores de su rotación. Inmediatamente, solicitó a sus superiores una explicación y que se rectificaran sus actas, pero se le notificó que ella ya no podía continuar en la institución y tendría que repetir su tercer año de especialidad en otro hospital.
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“[Me dieron de baja] Sin tener una revisión de exámenes, sin ellas tener la evidencia de por qué me calificaron así”, dijo. “Hay muchas inconsistencias, muchas incongruencias entre ellas mismas, las doctoras de enseñanza y la profesora titular”.
“Yo no hice nada malo. Creo que mi único pecado fue eso, denunciar una amenaza de muerte”.
Silencio del INER y Secretaría de Salud
A raíz del despido injustificado, Paola intentó escalar el asunto a la Secretaría de Salud federal, que es responsable del INER, pero a la fecha no ha tenido una respuesta. “Mi abogado ya metió un recurso por silencio administrativo ante los órganos internos de control, tanto del INER como de la Secretaría de Salud”, detalló.
Cuando ella presentó su denuncia ante el INER el año pasado, la institución canalizó su testimonio a la Fiscalía capitalina, por lo que la citaron a inicios de abril del año en curso para dar seguimiento a su caso; pero Paola tuvo que pausar el proceso legal porque podría afectar su inscripción a otro hospital para continuar con su especialidad.
“Ser médico es difícil, ser especialista más”
Mientras que Gustavo “N” sigue empleado como residente en el Instituto, el sueño de Paola de convertirse en cirujana torácica se ha obstaculizado.
“Yo sentía esta vergüenza, me daba vergüenza contarle [a mi familia] y ellos dijeran, ‘¿Cómo que te corrieron del hospital?’. Tardé un tiempo para agarrar valor y contarles, y cuando reflexioné que yo en realidad no había hecho nada malo”, compartió.
“Hacer otra especialidad en este momento de mi vida no es una opción, yo ya hice dos años de cirugía general, llevaba 3 años de tórax, ya es mucho, y sinceramente sí me gusta la cirugía torácica”.
Compañeros de todo el país se han acercado con Paola a través de redes sociales para expresarle su solidaridad ante la situación, así como denunciar los malos tratos que ellos mismos han vivido en distintos hospitales como residentes.
“Creo que México es un país donde ser médico es difícil, ser especialista lo es aún más, y es algo de lo que se quejan diario, que en este país faltan especialistas como para que a los que estamos en formación nos quieran truncar nuestros sueños”, reflexionó la doctora.
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Miles de inversores apostaron a colocar sus ahorros en lo que creían que era engorde de ganado en Uruguay. Pero la realidad era muy distinta.
Un prominente empresario que se suicida, cientos de millones de dólares que se desvanecen, miles y miles de supuestas vacas de las que no existen ni los huesos y una de las mayores estafas que Uruguay jamás haya conocido.
“Engordamos tus ahorros. Invertí en el negocio más seguro de la historia”, proclamaba Conexión Ganadera, empresa pionera en fondos de inversión ganaderos en el pequeño país sudamericano en el que por cada tres personas hay 10 vacas.
Pero lo que prometía ser un negocio sin fisuras acabó siendo un esquema Ponzi, una estafa piramidal a la que se investiga por presunto lavado de activos a gran escala.
El escándalo le explotó en la cara al país más vacuno del mundo y desnudó las carencias de un sistema de identificación de cada animal del que Uruguay se jactaba como único en el planeta.
¿Cómo se llegó a eso? Esto es lo que ocurrió.
La génesis del engaño
Conexión Ganadera nació en 1999.
Captaba fondos de inversores –principalmente locales y argentinos– con la promesa de ser el nexo con productores rurales.
El inversor ponía el dinero, Conexión Ganadera compraba el equivalente a ese dinero en vacas y se las cedía temporalmente a un productor para que las engordara.
A cambio, el inversor –que no necesitaba tener ningún conocimiento agropecuario– recibiría un porcentaje fijo de rentabilidad.
En sus inicios ofrecía más del 20% anual en dólares. Últimamente las tasas oscilaban entre el 7% y el 11% anual en divisa estadounidense, dependiendo del monto de la inversión y el plazo.
Al cabo de determinado tiempo, el animal crecía lo suficiente como para ser vendido –por un precio muy superior al que se había pagado– por lo que el productor agropecuario obtenía una suculenta diferencia con la que pagar el arriendo del campo más insumos, costos laborales y demás, y quedarse con su ganancia.
O al menos eso era lo que decían.
“La vaca siempre tuvo la nobleza de producir lo suficiente para que el inversor no perdiera con este sistema”, afirmaba en 2023 Pablo Carrasco, uno de los dueños de la empresa, en una presentación ante clientes.
“Esto es ganar-ganar, y 24 años alcanzan para que uno esté seguro de que eso es así”.
Hasta ese momento la firma siempre había cumplido con sus pagos.
Pero no faltaba mucho tiempo para que el desfalco quedara expuesto y se supiera que la cantidad de ganado que debían tener no estaba.
¿Se compró alguna vez? Si así fue, ¿adónde fue a parar? La justicia uruguaya lo está investigando.
Un esquema Ponzi
A comienzos de 2025, Conexión Ganadera anunció que no podría cumplir con los pagos a sus 4.300 clientes con inversiones por US$400 millones, ya que solo tenía US$150 millones en activos.
Un contador contratado por la empresa para estudiar su situación financiera dijo públicamente que “sin haber empezado con un esquema Ponzi, terminó como un esquema Ponzi”.
Es decir, en su visión, comenzó siendo un negocio legítimo que después sostuvo sus pérdidas con la captación de nuevos fondos para pagar a los inversores más antiguos.
“La única forma de mantener esto era que nueva gente diera plata para pagar los intereses y así no se caía el esquema”, le dice a BBC Mundo el abogado Leonardo Costa, uno de los litigantes.
Eso sucedía pocos meses después de que otras dos compañías del mismo rubro comunicaran la cesación de pagos y dejaran sin su dinero a miles de pequeños inversores que sumaban unos US$100 millones.
Tras la caída de esas empresas, uno de los dueños de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, decidió acelerar hasta 211 kilómetros por hora cuando manejaba su Tesla por una carretera uruguaya y estrellarse contra maquinaria vial al costado de la ruta.
Murió en el acto. Las computadoras y cámaras del Tesla fueron investigadas y un fiscal determinó que se trató de una “acción voluntaria”.
Cuando su socio, Pablo Carrasco, debió dar explicaciones a los inversores por no devolverles su dinero, dijo que desconocía lo que sucedía en la compañía, que él solamente se ocupaba de la parte ganadera y que el hombre detrás de la estafa era Basso.
Basso ya no podía defenderse.
“Un encantador de serpientes”
Martín Fablet (62 años) comenzó a invertir parte de sus ahorros en Conexión Ganadera en 2011.
Además de empresario, Fablet es una personalidad de la radio y televisión uruguaya. Un periodista agropecuario compañero en la AM Sarandí le hizo conocer el producto de inversión y lo acercó a Basso.
“Era un encantador de serpientes”, piensa ahora, sin demasiadas esperanzas de recuperar los US$270.000 que puso en lo que creía que eran vacas.
En todos estos años, a Fablet le surgieron dudas del negocio. No le cerraban los números de rentabilidad que le pagaban.
“No puede ser que dé esa guita (plata), porque tengo amigos que tienen campo y no les da ese número”, le decía al cofundador de Conexión Ganadera.
Los conocedores del negocio decían que no llegaban ni a la mitad de rentabilidad que la ofrecida por la sociedad Basso-Carrasco.
Fablet tuvo varios encuentros con Basso y le planteó su desconfianza, incluso se reunió con él y con contadores que llevó para que les explicaran cómo hacían para tener semejantes márgenes de ganancia, pero el empresario ganadero siempre se las ingeniaba para convencerlo de que, con su modelo de negocios, era posible.
El sistema de trazabilidad
Uno de los pilares sobre los que se erigió la estafa fue el sistema de trazabilidad del ganado uruguayo.
El país sudamericano se jacta desde hace años de haber implementado un método que permite saber dónde está cada una de sus vacas desde que nace hasta, inclusive, el plato donde se sirve en forma de bife.
En una de las orejas de la vaca se le pone una etiqueta analógica y en la otra una digital, ambas codificadas para saber de qué vaca se trata.
Esto complementa la identificación con la marca a fuego y los documentos de propiedad.
Para los inversores de estos fondos ganaderos, ese código era la certeza de que había una vaca registrada a su nombre ante el Ministerio de Ganadería.
Sin embargo, la investigación judicial constató que en muchos casos esas vacas no estaban.
“Era ganado virtual, no existía”, dice Felipe Caorsi, un asesor en finanzas uruguayo que investigó el accionar de estos fondos.
Tal vez nunca se habían comprado, tal vez alguna vez existieron pero ya habían pasado a faena, o tal vez terminaron en alguno de los tantos embarques de ganado en pie que Basso envió a Turquía, le cuentan a BBC Mundo fuentes del caso.
La investigación judicial halló identificadores -que debían estar en las orejas del ganado- guardados en cajas.
Y el sistema de rastreo vacuno al milímetro resultó basarse en declaraciones juradas que podían ser falseadas para hacer creer que había vacas donde no las había.
“Cuando ibas al Ministerio de Ganadería a ver dónde estaba tu ganado, de los 500 bichos que tenías figuraba que tenías 200. ‘Che, Gustavo, tengo 200 bichos, ¿y los 500? Ah no, lo que pasa es que hubo un movimiento, dejame ver’. Y al otro día entrabas a la página del Ministerio de Ganadería y estaban los 500 bichos. Yo no sé qué manejos hacía”, le dice Fablet a BBC Mundo.
El método Conexión Ganadera
Conexión Ganadera había logrado una alta reputación en el mercado uruguayo.
Pablo Carrasco era la cara más visible. Participó durante años en un prestigioso programa periodístico radial en el que debatía de política y sociedad, al tiempo que se mostraba como un empresario exitoso con proyectos ambiciosos.
“Los roles estaban bien separados. Carrasco era la imagen, el personaje que hacía vendible el producto. Gustavo Basso captaba dinero”, indica Caorsi.
Reconocidos políticos, profesionales y hasta sacerdotes les creyeron e invirtieron sus ahorros en su esquema.
“La gente confiaba como si le estuviera dando su dinero a un banco. Te decían ‘deposité mi dinero'”, explica Nicolás Ghizzo, abogado de un grupo de víctimas.
Y el negocio se fue agrandando tanto que otros emularon el modelo, aunque no fuera posible pagar lo que se prometía.
Esto a pesar de que la ganadería tradicional en ese país se ha financiado con capital propio, con el sistema bancario y con proveedores, y no con fondos ganaderos, explica a BBC Mundo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.
Tanto Conexión Ganadera como los otros fondos de inversión del sector no eran controlados por el Banco Central de Uruguay porque, ante una advertencia del organismo regulador, modificaron los contratos para que no pareciera una inversión financiera, sino productiva.
¿Dónde está la plata?
De las inversiones que recibían, un alto porcentaje no era destinado a la compra de ganado como se estipulaba en los contratos, sino que fueron derivadas hacia otros fines, según se desprende de la investigación del fiscal.
“La mayoría de los inversores, el 70%-75%, no tienen un solo animal”, señala Juan Pablo Decia, otro de los abogados de un grupo de víctimas.
Según Caorsi, Basso desvió fondos de Conexión Ganadera a inversiones personales como un frigorífico, préstamos a otro frigorífico, compra de tierras, autos de alta gama, inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias en el exterior.
“Hay dinero aparentemente en el exterior que también sería de los inversores y que no habría sido contemplado en el número inicial (de activos)”, señala el abogado denunciante Ignacio Durán.
“Cuando hicimos una ampliación de denuncia dimos información de una cuenta en un paraíso fiscal, en Andorra”, agrega.
“Son unas 30 empresas satélite. Eso fue lo que la Fiscalía les informó a los abogados de los damnificados”, apunta Santiago Alonso, otro de los letrados que denunció a los empresarios.
Caorsi denuncia que existieron contratos de inversión apócrifos. “Fuimos a buscar a las personas y nos encontramos que algunos sabían y habían prestado su nombre para el contrato, en otros casos era gente que no sabía que estaba su nombre ahí”, relata.
Agrega, entonces, que la cantidad de damnificados no sería de 4.300, como había comunicado Conexión Ganadera inicialmente, sino la mitad, por US$220 millones.
En la primera de las causas que se inició en este sector, la de Grupo Larrarte, la justicia uruguaya imputó a su titular, Jairo Larrarte, por los delitos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondos.
¿Podrán recuperar las víctimas algo de su dinero? De momento es incierto.
“Hablando con otras personas, las veo demolidas. Y sé que hablando con los abogados les dicen ‘si no me conseguís la plata, me voy a tener que suicidar’. Me da miedo”, expresa Fablet.
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