La nueva sede de la ANAM en Nuevo Laredo: el intento por mover el centro del sistema aduanero a la frontera
La inauguración de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) el pasado lunes 26 de enero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, busca ser un punto de inflexión en la operación aduanera del país, tanto por la magnitud de la infraestructura construida, como por lo que representa en términos de centralización operativa, recaudación fiscal y toma de decisiones desde uno de los principales nodos del comercio exterior mexicano.
El complejo fue inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia para fortalecer el sistema aduanero nacional, con la promesa de implementar procesos más eficientes, mayor productividad y una operación más honesta. Entre 2024 y 2025, la recaudación en aduanas aumentó 25%, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de pesos, y el objetivo para 2026 es alcanzar un billón 500 mil millones de pesos en ingresos federales por esta vía.
La nueva sede de la ANAM ocupa una extensión de más de 29 hectáreas y cuenta con más de 320 mil metros cuadrados de construcción. El edificio principal tiene capacidad para más de mil 100 personas y el complejo incluye más de 600 viviendas para el personal y sus familias, además de espacios deportivos y recreativos, como parte de una visión institucional orientada a dignificar las condiciones de vida y trabajo del personal aduanero.
La obra fue desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, y durante su construcción generó más de 3 mil 700 empleos directos y alrededor de 7 mil indirectos. Desde el Gobierno federal se subraya que concentrar en un solo punto las labores de planeación, supervisión y coordinación del sistema aduanero permitirá mejorar la eficiencia de los procesos en todo el país.
La ubicación de la sede en Nuevo Laredo no es casual. Este punto fronterizo concentra alrededor del 33% de la recaudación aduanera nacional y es considerado uno de los principales nodos logísticos de México y de América Latina. Desde estas instalaciones se busca reforzar la dirección y el control de los servicios aduanales, así como el cumplimiento de las normas de comercio exterior.
Descentralizar decisiones, el cambio institucional
Para el sector empresarial, el traslado de capacidades operativas y de coordinación a la frontera representa un cambio institucional relevante. La CONCANACO SERVYTUR considera que esta nueva instalación puede convertirse en un punto clave para acercar la toma de decisiones al territorio donde se mueven las mercancías y se enfrentan los retos cotidianos del comercio exterior.
La Confederación respalda la descentralización aduanera como una medida estratégica, pero subraya que la modernización debe reflejarse en resultados medibles: digitalización integral, gestión de riesgo, criterios homogéneos de revisión y cero discrecionalidad en los procesos.
Desde la perspectiva del comercio formal, los tiempos de despacho no son un asunto administrativo menor, sino un factor directo de competitividad. Una aduana lenta, advierte CONCANACO SERVYTUR, genera sobrecostos logísticos, inventarios detenidos y retrasos que afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, con menor margen para absorber ineficiencias.
Las expectativas
Tanto el Gobierno federal como el sector empresarial coinciden en que la nueva sede debe traducirse en una operación aduanera más ágil, predecible y transparente. Desde la visión oficial, el objetivo es consolidar un sistema aduanero moderno, eficiente y confiable, que fortalezca la soberanía, la seguridad nacional y el desarrollo económico del país.
Desde la óptica de CONCANACO SERVYTUR, el reto está en que la infraestructura se acompañe de prácticas alineadas a estándares internacionales: inspecciones selectivas basadas en perfiles de riesgo, trazabilidad, auditorías posteriores fortalecidas, equipamiento suficiente y una coordinación interinstitucional efectiva. Además, insiste en que la modernización debe cerrar espacios a la corrupción, el contrabando, la subvaluación y la piratería, sin castigar al comercio formal con mayores cargas operativas.
La nueva sede de la ANAM, coinciden ambas visiones, no es un punto de llegada. Es un punto de partida para redefinir cómo se controla, supervisa y facilita el comercio exterior desde la frontera, donde se juega buena parte de la competitividad económica del país.
Con información de Presidencia de México, ANAM y CONCANACO SERVYTUR.
La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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