Agentes federales pueden haber infringido “protocolo” en Mineápolis, reconoce asesor de Trump
Para entender mejor
Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos pueden haber infringido el “protocolo” antes de matar a tiros a un enfermero durante las protestas en Mineápolis el fin de semana, afirmó este martes Stephen Miller, un alto asesor del presidente Donald Trump.
La admisión llega en momentos en los que Trump aseguró que quería desescalar la situación en Minneapolis, luego del asesinato a tiros del enfermero de 37 años Alex Pretti durante una protesta contra la ofensiva migratoria el sábado.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, una poderosa figura que lidera la política de línea dura del gobierno Trump, dijo en un comunicado a la AFP que el gobierno estaba investigando una posible infracción del protocolo.
Miller aseguró que la Casa Blanca había dado “instrucciones claras” de que el personal adicional enviado a Minesota tenía como objetivo “crear una barrera física entre los equipos de arresto y los alborotadores”.
“Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) podría no haber estado siguiendo ese protocolo”, dijo Miller.
El funcionario también pareció culpar tanto a la agencia fronteriza como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por sus comentarios el sábado, que han despertado críticas.
Poco después del asesinato, Miller llamó a Pretti “aspirante a asesino” y lo acusó de querer atacar a agentes federales.
Pero dijo que sus comentarios se basaron en declaraciones iniciales de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien acusó falsamente a Pretti de tener un arma cuando se acercó a los agentes federales.
Pruebas en video mostraron después que la víctima no tenía un arma en ese momento. Pretti llevaba una pistola, pero los agentes ya se la habían quitado antes de que le dispararan varias veces a quemarropa.
“Las declaraciones iniciales del DHS se basaron en reportes de la CBP en el lugar”, dijo Miller en su comunicado.
Agentes migratorios asesinan a dos personas en Minnesota
El clima político en Estados Unidos ha vivido uno de sus peores momentos en el primer año de gobierno de Donald Trump desde que llegó al poder en 2025, esto tras el despliegue de fuerzas de orden público del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Mineápolis, Minnesota, donde fueron asesinadas dos personas provocando mútiples jornadas de protestas.
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Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, fue abatido a tiros el sábado por agentes de la CBP durante una manifestación contra las operaciones antiinmigración.
Su muerte se produce menos de tres semanas después de la de Renee Good, una estadounidense también de 37 años, abatida a tiros el 7 de enero en esa misma ciudad del norte de Estados Unidos por un agente del ICE.
Kristi Noem acusó a ambos manifestantes de “terrorismo”.
La oposición demócrata ha pedido desde entonces que los responsables rindan cuentas y que el ICE se atenga a criterios muy estrictos.
“Kristi Noem es una mentirosa compulsiva, abyecta y corrupta”, afirmó Hakeem Jeffries, jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, en el canal MSNow.
Trump declaró por su parte a periodistas que la muerte de Pretti era “muy triste” pero que la secretaria Noem estaba haciendo “un muy buen trabajo”.
El presidente también ha dicho que no quiere gente “herida o muerta” por redadas migratorias, pero pide el cese a la “resistencia y el caos”. Asimismo, informó que sostuvo una llamada con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, informó que fue positiva y se buscará el diálogo.
Por su parte, el alcalde de Mineápolis informó que “algunos agentes de ICE” saldrán de la ciudad y que seguirá “presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación“.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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