Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras acusado de narcotráfico, sale de prisión en EU tras indulto de Trump
El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.
El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
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El indulto también coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.
Hernández fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa en las redes sociales. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.
Según la justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un “narco-Estado”. Pero Trump considera que fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden.
Juan Orlando Hernández, conocido por las iniciales JOH, gobernó entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.
En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.
Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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