A dos semanas del fin de la Operación Metro Surge, Minnesota sigue bajo la sombra de ICE
Dos semanas después de que el gobierno de Estados Unidos anunció el fin de la llamada Operación Metro Surge, que desplegó a más de 3 mil agentes federales en Minnesota, los habitantes aseguran que continúa la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que muchas familias aún temen salir a la calle por miedo a ser detenidas.
“Aunque los funcionarios federales han dicho que ha habido una reducción de los agentes de ICE, todavía sentimos los efectos de la Operación Metro Surge. No estamos viendo nada verdaderamente diferente. Aún hay temor porque siguen atacando particularmente a las comunidades de inmigrantes, pequeños negocios, lugares de culto, hospitales y escuelas”, comentó en entrevista Sam O’Connell, integrante de la Women’s March Minnesota, organización dedicada a promover los derechos de las mujeres en ese estado.
Explicó que a pesar de que el “zar fronterizo” del gobierno de Donald Trump, Tom Homan, dio por terminada la Operación Metro Surge el 12 de febrero, algunos habitantes de Minnesota continúan con la recaudación de fondos y colectas de alimentos para familias que no han podido trabajar, con el acompañamiento de autobuses escolares y como observadores en las calles para dar aviso de dónde hay agentes federales.
“Hay mucha desinformación y gente pensando que volvimos a la normalidad, pero eso no es cierto. De hecho, todavía estamos trabajando profundamente para pensar cómo restauramos nuestras comunidades, particularmente los pequeños negocios de inmigrantes que han sido golpeados de forma especialmente dura en términos de los trabajadores, y la gente no ha estado saliendo tanto a hacer compras”, señaló.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha dicho que esta operación migratoria ha sido la más grande en la historia de ICE, aunque desde que llegó nuevamente a la presidencia Donald Trump ocurren “ataques generalizados contra los derechos humanos”, según la organización internacional Human Rights Watch, que ha documentado que los agentes federales desplegados actúan enmascarados y con fuerza excesiva.
Asimismo, la organización registró que en 2025 murieron 32 personas bajo custodia de ICE, la cifra más alta en dos décadas. En lo que va de 2026, al menos nueve han fallecido, el último de ellos un hombre mexicano de 48 años de edad, identificado como Alberto, quien murió en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California, este 2 de marzo.
“Las actividades de ICE son más sutiles y dispersas”
La Operación Metro Surge comenzó a principios de diciembre y se intensificó a principios de enero. Durante este tiempo, Wes —un joven integrante de la organización 50501 Minnesota—, ha participado como voluntario en actividades de apoyo a personas en riesgo de ser detenidas.
“Diría que todavía estamos en la Metro Surge. Dicen que quedan 500 agentes aquí, pero creo que se refieren sólo a las Twin Cities —St. Paul y Minneapolis—, porque hay más de 500 en Minnesota. Sabemos que hay estancias prolongadas en hoteles, y que se están mudando a espacios de oficinas suburbanas. Las actividades de ICE son más sutiles y dispersas en áreas donde no hay tanta gente, por tanto, las formas de resistencia también ha cambiado”, apuntó.
De acuerdo con el activista, esta situación ha ameritado que continúe la mayor parte de las actividades de apoyo a las familias inmigrantes y personas que son detenidas, “porque la gente todavía tiene miedo”.
“No veo evidencia de que nos dejen en paz, pero podemos reclamar victorias morales. Lo que hicieron no se ve bien ante el país ni el mundo, la postura de abolir a ICE no era popular el año pasado, pero creo que ahora tiene una mayoría simple de aprobación. El asesinato de Alex Pretti fue clave: una persona en la que muchos hombres conservadores se vieron reflejados (dueño de armas, protegía su vecindario) fue abatida por agentes federales. Eso cambió la marea”, aseguró.
Wes detalló que las actividades de voluntariado han pasado de patrullajes y grandes protestas a otras menos estresantes: “antes pasaba tiempo patrullando, ahora paso más tiempo hablando con la gente y distribuyendo recursos o recaudando dinero. Todavía no tengo mucho tiempo libre, la responsabilidad sigue ahí”.
Formalmente, la operación duró 72 días, durante los cuales se reportó la detención de al menos 4 mil personas inmigrantes. El voluntario de 50501 Minnesota explicó que las protestas contra este despliegue y las huelgas que provocó se han puesto en pausa para dar paso a actividades de conservación legal.
“Cuando se puede entrar a la corte —lo cual es raro ahora—, la gente lo hace para vigilar los casos. Se sigue haciendo ayuda mutua, las patrullas escolares están en todas partes… Ha habido un cambio de la protesta hacia el trabajo directo, porque sigue habiendo mucha resistencia”, subrayó.
Entre el recuento de daños de la Operación Metro Surge y la resiliencia comunitaria
En la ciudad de Minneapolis, las autoridades reportaron un impacto económico de 203 millones de dólares debido a la operación, incluyendo cierres de negocios por el miedo de la clientela. Además, agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti.
Para Sam O’Connell, ante el fin que se dió en el discurso a la operación, quedan lecciones para continuar con la defensa de la comunidad de Minnesota. “Estamos aprendiendo que aunque tengamos misiones similares, cuando trabajas en conjunto implica aprender a alinear los objetivos personales con los colectivos. A veces es un trabajo duro, porque hay organizaciones que quieren asumir un poco más de riesgo que otras, pero intentamos encontrar un lugar para que todos participen”, afirmó.
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“Diría que eso es algo que ha cambiado para nosotros, ser más conscientes de cómo todos podemos aportar. No hay una sola forma. También diría que en las Twin Cities hemos luchado con nuestra relación con las fuerzas del orden”, expresó O’Connell sobre la mejora de la convivencia con policías locales, ya que después de la muerte de George Floyd a manos de policías de Minneapolis, en 2020, una parte de la ciudadanía había quedado distanciada y sin confianza hacia los uniformados.
Wes, por su parte, planteó que en Minnesota y otros que tendrán elecciones en 2026 la ciudadanía deberá mirar a los candidatos y mostrar su postura acerca de los operativos antiinmigrantes.
“En 50501 somos una organización local, pero con ramas en todo el país. En cada estado vamos a mirar a los candidatos y si no están a favor de abolir a ICE no recibirán nuestro apoyo. Estos gobiernos autoritarios buscan un chivo expiatorio, pero fue un error venir a Minnesota, donde somos una comunidad fuerte y hemos dejado claro que la estrategia de dividirnos no funciona”, agregó.
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Larry Devoe fue nombrado fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien llevaba en ese cargo desde 2017.
Los cambios continúan en la Venezuela de Delcy Rodríguez.
El último es la designación de Larry Devoe como fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupaba ese cargo desde 2017.
Estos cambios se suman a nuevos nombramientos en el Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, casi dos meses después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
También se dan con el trasfondo de la recién aprobada Ley de Amnistía, que busca reparar heridas y errores cometidos por la Justicia en este “nuevo momento político”, según palabras de la propia Rodríguez.
En una carta remitida a la Asamblea Nacional, Saab anunciaba este miércoles su renuncia “luego de haber cumplido con hidalguía y honor este cargo”. También informó de la renuncia del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.
Con estos dos puestos vacantes, el procedimiento indica que primero se designe un comité de postulaciones para que luego el Parlamento, controlado por el chavismo, designe a los nuevos responsables.
Pero, mientras, se elige a funcionarios encargados por votación.
Así, de modo provisional, William Saab ha pasado a ocupar su antiguo puesto, el de Defensor del Pueblo, que desempeñó de 2014 a 2017. Saab ha recibido críticas, sobre todo en su desempeño en el Ministerio Público, por su vinculación con el chavismo gobernante y los señalamientos de ser su “brazo judicial”.
Y la nueva cara, al menos de modo provisional, en la Fiscalía General será Larry Devoe, abogado ajeno a esta institución, pero cercano a Delcy Rodríguez y con un papel relevante en los últimos meses.
En Venezuela ya han aparecido voces críticas con estos nombramientos.
Desde la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), alertaron de que este no es una “renovación institucional, sino una rotación de poder” y denuncian, refiriéndose en concreto al caso de Saab, el hecho de que “quien ejercía funciones de persecución penal pase a ser ahora garante de derechos ciudadanos compromete la confianza pública” y que esto deja en entredicho la independencia institucional.
De cargo en cargo
Devoe no es un nombre nuevo en el chavismo, y ha ocupado distintos cargos jurídicos y diplomáticos en el gobierno de Venezuela.
Ha ganado notoriedad en los últimos meses, no solo con este nuevo cargo provisional sino como miembro del recién nacido Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.
Creado por Delcy Rodríguez el pasado 23 de enero, es, según el gobierno, “una iniciativa concebida con espíritu patriota y anticolonialista, orientada a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político nacional” e integrada por distintas personas del ámbito político, económico y académico del país.
La plataforma participó en la propuesta de Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento el pasado 19 de febrero.
También forma parte de la recién creada Comisión de Alto Nivel para Liberación del presidente Maduro y Cilia Flores, que surgió apenas cinco días después del ataque de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del expresidente y su esposa.
Cuando Jorge Rodríguez anunció el nombramiento de Devoe el miércoles, lo hizo presentando su currículum: “Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España; un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España; Es especialista en ciencias penales y criminológicas, y posee dos diplomados en materia de derechos humanos”.
Amplio historial en el gobierno
Como parte de esta especialidad en Derechos Humanos, desde 2014 y hasta ahora estuvo al frente de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela.
Antes ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También formó parte de las negociaciones de Barbados entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, siendo él parte de este último bando. Esas negociaciones se saldaron con el acuerdo de garantías políticas para celebrar las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, la oposición denunció su incumplimiento después de que inhabilitaran a María Corina Machado y persiguieran a sus colaboradores de campaña.
También tomó parte de la delegación del gobierno venezolano ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Maduro ordenó la retirada de esta misión.
En el panorama internacional, ha asesorado y ha sido agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También fue parte en 2016 de la delegación de Venezuela en Ginebra ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es evaluar los compromisos con los derechos humanos.
Ha rechazado la entrada de investigadores de la CIDH en el país y ha asegurado en foros internacionales que “Venezuela ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad”. Además, dijo que “por tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.
En 2018, la CPI abrió una investigación formal contra el país caribeño por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017, cuatro años después de que Nicolás Maduro empezara su primer mandato presidencial y momento en que la represión de las manifestaciones antigubernamentales se volvió sistemática.
Devoe ha afirmado que las instituciones del sistema de justicia del país “han investigado o están investigando todos los casos de presunta violación a los derechos humanos”. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos lo niegan. Según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el sistema nacional no lleva a cabo investigaciones creíbles y no condena a los perpetradores.
Un antecesor con un legado dudoso
Si alguien es chavista de larga data es Tarek William Saab. Tras la detención de Hugo Chávez por el golpe fallido de 1992, fue parte de su defensa.
Autor de poesía, de origen libanés y gran aficionado al gimnasio, Saab también es una de las figuras más mediáticas dentro del país. Se autopercibe como defensor de los derechos humanos y se ha jactado de defenderlos desde antes de la llegada de Chávez al poder en 1999.
Su designación como fiscal general en 2017 estuvo marcada por la polémica, ya que fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado plenamente por chavistas y creado en paralelo a la Asamblea Nacional, en ese entonces de mayoría opositora.
A juicio de opositores y organizaciones no gubernamentales, desde ese momento, el Ministerio Público se convirtió en un elemento clave y “brazo judicial” del Gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.
Justamente la investigación de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad arrancó a los pocos meses de la gestión de Saab en el Ministerio Público.
En una ocasión, Yibram Saab, uno de los hijos del funcionario, difundió en redes sociales un video en el que se dirigía a su padre y condenaba “la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad de la nación” de las protestas contra el gobierno de Maduro.
Sin embargo, Saab ha defendido su gestión como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y, al igual que Devoe, sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.
En su último balance como fiscal general, el de 2025, dijo que se condenaron a 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellas 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.
Pero la Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.
Además, la oposición responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro vencedor sin mostrar las actas que sustentaran este triunfo.
Fue una victoria que la oposición tachó de fraude, mostrando la recolección de actas que daba como ganador a Edmundo González Urrutia.
El diputado opositor venezolano Henrique Capriles consideró como una “burla a las víctimas” que se haya nombrado defensor del pueblo de modo temporal a Saab, “responsable de la persecución y de la judicialización” del país.
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