Renuncia fiscal general de Venezuela a casi dos meses de la caída de Maduro; exigía su liberación a EU
Para entender mejor
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.
Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.
El abogado se dice un defensor de los derechos humanos. La oposición le reprochaba que hiciera la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.
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El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, “mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república”, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.
Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.
Designarán a fiscal en Venezuela
Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la república y como defensor del pueblo”, indicó.
Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.
Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017, entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.
Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada “Revolución Bolivariana” y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.
Solicitan “inmediata” liberación de Maduro ante Naciones Unidas
Venezuela solicitó ante Naciones Unidas la liberación “inmediata” del presidente depuesto Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, mientras que en el país avanzan las liberaciones de presos políticos mediante una ley de amnistía promulgada por la mandataria interina, Delcy Rodríguez.
Maduro fue capturado en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Su esposa también quedó detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.
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Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tras el ataque estadounidense, Delcy Rodríguez asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con el presidente Donald Trump.
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La decisión de la Corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de Trump. Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que siga adelante con su agenda, en particular en materia de migración y reestructuración del gobierno federal.
Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como esta sería catastrófica.
Si la corte restringía su capacidad para imponer estos aranceles, había dicho, sería un “desastre económico y de seguridad nacional”.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, hizo caso omiso de sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, dio poderes tan amplios a Trump.
En una conferencia de prensa organizada apresuradamente el viernes por la tarde, Trump arremetió contra los jueces que fallaron en su contra. Dijo estar “avergonzado” de los tres conservadores que anularon sus aranceles y se refirió a los tres liberales de la corte como una “desgracia”.
Trump prometió entonces reimponer aranceles utilizando la autoridad presidencial disponible bajo otras leyes, incluyendo un nuevo arancel global temporal del 10%.
Posición debilitada
La decisión de la corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente.
Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que Trump siga adelante con su agenda, en particular en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso aunque los recursos legales van escalando en el sistema judicial.
Este caso, tramitado con urgencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal por presuntas irregularidades, este podría no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la posición de Trump al intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su fachada de invencibilidad.
La debilidad engendra debilidad, y los socios comerciales de EU podrían verse envalentonados a adoptar una línea más dura con EU ahora que se han restringido las facultades arancelarias del presidente.
También abre la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el último año.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un “desastre”.
Opciones
El gobierno de Trump tuvo tiempo de sobra para prepararse para la decisión del viernes.
El precedente de la Corte Suprema y la actitud de muchos jueces cuando el caso se presentó en los tribunales el pasado noviembre indicaban que era muy posible un resultado adverso para él.
Jamieson Greer, principal asesor comercial de Trump, declaró el mes pasado que la Casa Blanca tiene “muchas opciones diferentes” sobre cómo proceder si se eliminan los aranceles.
“La realidad”, afirmó, “el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante”.
Sin embargo, las otras opciones que Trump podría tener a su disposición son más limitadas.
Estas requieren que las agencias gubernamentales elaboren informes detallados para justificar la imposición de aranceles, y tienen límites en su alcance y duración.
Atrás quedaron los días en que el presidente podía amenazar o promulgar aranceles de tres dígitos con un simple gesto de la mano o un clic en una publicación en Truth Social.
Los nuevos aranceles requerirán un mayor plazo antes de que puedan imponerse.
Esto podría limitar el tipo de perturbación económica que se produjo cuando el presidente anunció sus expansivos aranceles del “Día de la Liberación” el año pasado y daría a otras naciones más tiempo para preparar sus respuestas.
Si Trump quiere recuperar su margen de maniobra para imponer nuevos aranceles, siempre podría solicitar al Congreso la autorización explícita que la Corte Suprema ha declarado necesaria.
Sin embargo, con las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, y las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el éxito de tal medida parece improbable.
De hecho, algunos de los aliados conservadores de Trump en el Congreso podrían estar más tranquilos con esta decisión.
Los aranceles del presidente, y los costos que han impuesto a los consumidores, han sido impopulares entre muchos estadounidenses. Los candidatos republicanos en estados clave y distritos electorales habrían estado expuestos a los ataques demócratas por apoyar las políticas de Trump.
Esa área de vulnerabilidad se ha reducido por ahora.
La decisión del viernes generará un momento incómodo el martes, cuando Trump pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Tradicionalmente, muchos de los jueces de la Corte Suprema se sientan en la primera fila de la cámara.
El presidente, después de pasar meses emitiendo duras advertencias contra la corte, podría verse frente a frente con los jueces que erosionaron uno de los pilares clave de la agenda del segundo mandato de Trump.
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