Nuevo ataque de EU a supuesta narcolancha en el Pacífico deja cuatro muertos
Un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, en medio de una creciente controversia sobre una ofensiva que ha dejado al menos 87 muertos.
El secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.
Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a “marinos naufragados”, mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.
El jueves, el Comando Sur de Estados Unidos informó en X que “los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.
“Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.
La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.
Hasta ahora la veintena de ataques han causado al menos 87 muertos, y Trump ha asegurado que “muy pronto” la ofensiva pasará a tierra.
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
Más temprano, el almirante estadounidense que ordenó un segundo bombardeo contra una presunta narcolancha en el Caribe en la que murieron en total once personas compareció en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.
Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley presentó a los congresistas a puerta cerrada imágenes del ataque.
El video “mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados”, denunció el representante demócrata Jim Himes, miembro del comité de Inteligencia, a periodistas.
El primer misil destruyó la embarcación, y luego un segundo misil mató a dos sobrevivientes, unos hechos reconocidos por la Casa Blanca.
Es “una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera como servidor público”, añadió el demócrata.
Ataque contra sobrevivientes
La audiencia se produjo a solicitud de republicanos, que ostentan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y de la oposición demócrata.
Los dos sobrevivientes eran “tipos malos”, dijo el representante demócrata. Pero el video muestra “a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos”, añadió.
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Fue un “ataque legal”, defendió en cambio el senador republicano Tom Cotton, presidente del comité selecto de inteligencia, también a reporteros.
Ese doble impacto, en el primer ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe, ha causado polémica dentro y fuera de Washington.
Opositores demócratas y organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Pentágono de haber cometido un crimen de guerra al matar en el agua a dos sobrevivientes.
Un representante republicano, Don Bacon, declaró a CNN que “esas dos personas estaban intentando sobrevivir y nuestras (…) reglas de combate no nos permiten matar a sobrevivientes”.
“Este tipo de videos han sido publicados durante 25 años. Todos hemos visto videos de ataques con drones o desde helicópteros contra grupos terroristas en Afganistán, o Siria, o Irak”, declaró Cotton, para quien “el 2 de septiembre no hubo ningún cambio de protocolo”.
Trump declaró a los cárteles narcotraficantes que operan en Latinoamérica grupos terroristas al inicio de su segundo mandato.
Polémica por el ataque
A medida que los ataques en el Caribe se han ido prolongando, la polémica ha crecido en toda la región.
Venezuela es el país más directamente afectado por esta escalada sin precedentes, para la que Estados Unidos ha desplegado una flotilla de casi una veintena de naves, en el Atlántico y el Pacífico, además de cazas en Puerto Rico y miles de marines.
El papel del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, es objeto de una polémica aparte en este doble ataque.
El diario Washington Post, citando fuentes militares anónimas, aseguró que Hegseth dio la orden de “matarlos a todos”.
El diario New York Times señaló sin embargo el 1 de diciembre que Hegseth “ordenó un ataque letal pero no el asesinato de sobrevivientes”.
El representante demócrata Himes dijo a periodistas este jueves que el almirante aseguró en la audiencia a puerta cerrada que Hegseth no ordenó la muerte de todos los que estaban a bordo de la embarcación.
Hegseth declaró esta semana que no estaba presente en la sala de operaciones durante el segundo ataque.
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La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
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