El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una investigación de oficio por la filtración del documento por el que se admitió la denuncia anónima presentada en contra del exministro Arturo Zaldívar y cuatro de sus colaboradores más cercanos por presuntos actos de corrupción.
“Se informa que, por acuerdo de la presidenta del CJF, se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF”, señaló la SCJN y el CJF mediante un comunicado.
Aunque las autoridades investigaran la filtración del acuerdo de admisión de la denuncia, dejaron fuera de las indagatorias sobre la denuncia anónima, un documento de 32 páginas que también se filtró.
Respecto a la admisión de la demanda, tanto la Suprema Corte como el CJF informaron que es competencia de la ministra Norma Piña pronunciarse sobre estas quejas, sobre todo cuando están relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
De acuerdo con la Suprema Corte, existe un acuerdo general del Pleno del CJF que establece que toda queja por responsabilidad administrativa —incluyendo las anónimas— debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
Sin embargo, a partir de una reforma a dicho artículo publicada en 2020, se estableció que si las denuncias señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar como indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones de oficio.
“Esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan de pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”, señaló.
Desde el 2018 se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas, en las que según la Ley General de Responsabilidades Administrativas no exigen que se acompañen pruebas.
El pasado 9 de abril de 2024, la ministra Norma Piña recibió una denuncia anónima mediante la cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos el exministro Arturo Zaldívar, por supuestos actos de corrupción.
No obstante, desde ese escrito se especificó que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un exministro, razón por la cual se turnó el asunto a la Corte.
El 10 de abril de 2024, la Secretaría General de Acuerdos de la Corte incorporó la denuncia a otras que se han presentado en casos distintos, como la relativa a las denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será el encargado de elaborar un proyecto de sentencia para definir una ruta a seguir para la investigación de estos casos, misma que tendrá que sea aprobada por la mayoría del Pleno del Máximo Tribunal del país.