
Rosario Piedra Ibarra, compareció ante la Comisión Permanente para presentar el Informe Anual 2025, correspondiente al primer año de su segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo críticas de la oposición por presunto maquillaje de cifras, falta de autonomía y “silencios” frente a casos de desapariciones, militarización, así como la postura del organismo sobre la prisión preventiva oficiosa.
Piedra defendió que la CNDH atraviesa una transformación desde 2019 y sostuvo que el organismo dejó atrás un modelo de “simulación” para colocar en el centro a las víctimas y el bienestar social.
Además, insistió en que el Congreso retome la reforma constitucional presentada en 2023 para convertir a la CNDH en una “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo” y dar fuerza obligatoria a las recomendaciones. Bajo ese argumento, dijo que el Estado aún no cumple plenamente el mandato constitucional en derechos humanos.
“… sigue siendo prioritario concretar la reforma constitucional presentada en 2023… porque permitiría cumplir a cabalidad lo que desde 2011 es un mandato constitucional: la obligación, y no la opción, de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estamos en deuda”, declaró.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Hernández García reprochó que la CNDH respaldara la prisión preventiva oficiosa y su ampliación, pese a recomendaciones internacionales, y cuestionó la postura de la comisión ante el procedimiento activado en 2025 por el Comité de la ONU sobre desaparición forzada.
“2025 fue un año particularmente alarmante… la CNDH… se pronunció a favor de la prisión preventiva oficiosa… pese a que la ONU y la OEA recomendaron eliminarla”, señaló.
El también emecista, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvo que la CNDH debe funcionar como contrapeso y advirtió que decisiones y posturas públicas de 2025 muestran, dijo, una institución que se aleja del estándar de exigencia que el país necesita.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue concebida para incomodar al poder cuando el poder vulnera derechos, para acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, para documentar con rigor, para exigir con autonomía y para empujar correcciones con consecuencias,” comentó.
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En su turno, la diputada priista Ana Isabel González acusó que el informe presenta una versión distinta a la realidad de violencia y desapariciones en el país y cuestionó que no se dieran datos comparables para medir avances.
“Los datos maquillados… son completamente diferentes a la realidad… estamos atravesando por un país que está ensangrentado… está lleno de balas… y de esos datos no se habla aquí,” apuntó.
Desde el PAN, la senadora, Guadalupe Murguía, sostuvo que lo que se cuestiona es el desempeño de Piedra, con omisiones y falta de autonomía, y señaló que la comisión dejó de ser contrapeso frente a actos de autoridad.
Su compañera, la legisladora panista, Silvia Patricia Jiménez Delgado, también planteó que la neutralidad ante el abuso equivale a omisión y acusó que el informe no refleja con claridad la gravedad de la crisis de derechos humanos.
“Los derechos humanos… se violan también… cuando el Estado omite, tolera, encubre o normaliza la violencia… La neutralidad frente al abuso no es imparcialidad, es omisión,” advirtió.
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En su respuesta final, Piedra rechazó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea ineficaz, defendió la atención a víctimas y sostuvo que el problema es que las recomendaciones no son obligatorias. En ese sentido, reiteró la necesidad de reformar la ley para darles fuerza vinculante.

“Se miente cuando se dice que no sirven nuestras recomendaciones… No hay una sola víctima que hayamos dejado de atender… constitucionalmente no tenemos más obligación que la de emitir recomendaciones… no nos toca cumplirlas… porque no son vinculantes… y por eso… estamos pidiendo que se reforme la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,” dijo.