Primeros seis meses de la nueva Suprema Corte: iniciativas históricas, proyectos polémicos y protestas ciudadanas
El 1 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió sus primeros seis meses operando con una nueva conformación de ministras y ministros electos por voto popular, medio año que transitó entre protestas ciudadanas por proyectos de sentencia “polémicos” y un distanciamiento con las organizaciones de la sociedad civil.
La llegada de las nuevas ministras y ministros —Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte; Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra— ocurrió tras la aprobación de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que provocó la destitución de jueces, magistrados y ministros de todo el país.
La reforma judicial fue impulsada con el argumento de otorgar legitimidad democrática a las y los juzgadores de todo el país, y de reemplazar a funcionarios para erradicar prácticas de corrupción y nepotismo, entre otras irregularidades.
A pesar de haber llegado con legitimidad democrática y de celebrar su primera audiencia pública —desde 2008— y su primera sesión extraordinaria en territorio —en casi 200 años—, dos hechos históricos que marcan su nueva etapa, las protestas ciudadanas han cobrado protagonismo principalmente por tomas de decisión que afectan directamente a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, según han denunciado los inconformes.
Las movilizaciones se han centrado en denunciar afectaciones a derechos colectivos de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, desalojos arbitrarios, derechos laborales y hasta medioambientales.
Protestas ciudadanas frenan a proyectos “polémicos” en la SCJN
La presión ciudadana ha logrado el aplazamiento o retiro de proyectos propuestos por las y los ministros que han cumplido parcialmente la promesa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de “tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, según dijo al presidir su primera sesión.
La primera gran protesta ocurrió el 9 de octubre de 2025 y fue convocada por Repartidores Unidos de México (RUM), organización que agrupa a más de 40 colectivos de repartidores, conductores y mensajeros de aplicaciones digitales.
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La inconformidad fue contra un proyecto de sentencia elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama que proponía declarar constitucional el impuesto del 2 % que el gobierno de la Ciudad de México cobra a las plataformas digitales.
Con esto, se buscaba resolver el amparo en revisión 681/2022, interpuesto por la empresa Uber e impugnado por la entonces jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidenta de México.
Aunque el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó aplazar la discusión para escuchar a las personas repartidoras, durante la sesión del 27 de noviembre, el pleno avaló el cobro por mayoría de siete votos.
La Corte determinó que no se trataba de un nuevo impuesto, sino de un pago por el “uso o aprovechamiento de la infraestructura” urbana, dando la razón así a las autoridades capitalinas.
Tras el fallo, más de 300 repartidores de RUM protestaron asegurando que habían sido engañados: “Nos hicieron creer que nos habían escuchado, pero en realidad no cambiaron nada de lo que ya decían. Ya tenemos que pagar impuestos como el IVA y el ISR y lo de la reforma laboral, y siempre quieren más. Este impuesto va a tener mucho impacto en los ingresos que podemos llevar a nuestras casas cada día”, señalaron.
Ese mismo día, se aplazó otro proyecto de la ministra Lenia Batres sobre el pago de indemnizaciones por causa de muerte civil, criticado por especialistas debido a que el valor de la UMA (113.14 pesos) era menor al salario mínimo (278.80 pesos). El proyecto sigue pendiente de resolución.
Otra gran protesta ocurrió el 19 de enero: organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda y afectadas por desalojos en la Ciudad de México, incluyendo a personas desalojadas del edificio de Cuba 11, se manifestaron contra un proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González.
El proyecto buscaba validar cambios en la Constitución de la Ciudad de México que, según los colectivos, eliminarían garantías mínimas y podrían “legalizar desalojos arbitrarios” en la capital del país.
La movilización, que incluyó el cierre de accesos y la colocación de reclamos como “derechos para las personas, no para las inmobiliarias”, logró que la Suprema Corte aplazara el debate del proyecto correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 73/2019.
El abogado Arturo Aparicio explicó que el descontento se debía a los cambios al Artículo 60 de la Ley Constitucional de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en su versión original daba mayor protección a los vecinos desalojados.
El 28 de enero, el ministro Irving Espinosa Betanzo retiró un proyecto de sentencia que proponía eliminar de la Ley Federal del Trabajo el aviso de despido en beneficio de los patrones, lo que podría reducir derechos laborales.
El retiro ocurrió tras una manifestación y conferencia de prensa del Frente Nacional por las 40 horas. El ministro reconoció ante la organización la necesidad de mantener la garantía de aviso en caso de despido injustificado, aunque el asunto sigue pendiente de resolución.
El distanciamiento con organizaciones de la sociedad civil
El 9 de octubre, la Corte también decidió aplazar la discusión de un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que proponía limitar la posibilidad de que asociaciones civiles promuevan juicios de amparo en materia ambiental.
El proyecto buscaba zanjar la contradicción de criterios 217/2021 y concluía que no era suficiente que las organizaciones civiles tuvieran la defensa del medioambiente en su acta constitutiva para promover un amparo.
Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Artículo 19, Causa Natura A.C. y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), emitieron comunicados advirtiendo que, de aprobarse, el proyecto representaría un “grave retroceso en derechos humanos” al restringir la figura del interés legítimo que permite a las asociaciones interponer amparos para proteger derechos colectivos.
El Centro Prodh señaló que reducía el alcance del interés legítimo incluso antes de que se aprobara la reforma a la Ley de Amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante la magnitud de la afectación, el 26 de noviembre organizaciones civiles solicitaron una audiencia pública a la Suprema Corte. Agrupaciones como Artículo 19, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y Fundación para la Justicia advirtieron que la propuesta buscaba restringir la figura de “legitimación activa”, es decir, la capacidad legal de las organizaciones para participar como parte “demandante” o “promotora” en un juicio.
Aunque la Suprema Corte pospuso el debate por segunda vez el 27 de noviembre, finalmente, el 4 de diciembre el pleno rechazó fijar el criterio general que atentaba contra la figura de “interés legítimo”, pero no accedió a la solicitud de audiencia pública por parte de las organizaciones.
Solo una audiencia pública y una sesión itinerante
En estos primeros seis meses, la Suprema Corte también impulsó dos hechos considerados históricos. El 7 de octubre, la ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un proyecto que proponía abandonar el criterio de la antigua Corte sobre la obligatoriedad de invalidar normas generales por la falta de consulta previa para personas con discapacidad (PCD).
La ministra señaló inicialmente: “lo que se acaba de resolver… es que no es obligatorio la consulta… que no siempre por falta de consulta se debe invalidar una norma”. Ante la inminente resolución, organizaciones de personas con discapacidad de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz solicitaron ser escuchadas.
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En consecuencia, el Pleno anunció que realizaría su primera audiencia pública para resolver la acción de inconstitucionalidad 184/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.
Durante tres días, personas con discapacidad, pertenecientes a distintas organizaciones de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz, tomaron la palabra para pedirle a los ministros ser tomados en cuenta con la frase “nada sobre nosotros sin nosotros, lo que llevó a la ministra Lenia Batres a reconsiderar el criterio, aunque la resolución final del asunto sigue pendiente.
Entre las organizaciones que participaron se encuentran Movimiento de Personas con Discapacidad, Movimiento de Personas con Discapacidad Visual, Colectivo Tejiendo Redes por la Dignidad y Fundación Vuela Libre A.C.
Primera sesión fuera de la Ciudad de México
El pasado 24 de febrero de 2026 se dio a conocer que la Suprema Corte se preparaba para llevar a cabo su primera sesión itinerante en Chiapas. Dos días después, el 26 de febrero, las ministras y los ministros se trasladaron al municipio de Tenejapa, Chiapas, para, dijeron, acercar la justicia a las comunidades más vulnerables.
Ahí, se congregaron más de dos mil personas de comunidades indígenas de pueblos tzeltales, tsotsiles, ch’oles, tojolabales, mames, zoques y jacaltecos. En la sesión, la Corte aprobó por unanimidad ordenar al Congreso del Estado de Chiapas crear o adaptar las leyes para garantizar plenamente el derecho al autogobierno y entregar presupuesto directo a la comunidad tsotsil La Candelaria, ubicada en San Cristóbal de las Casas.
Sin embargo, la jornada estuvo marcada por traducciones a medias, aplausos contenidos y guiños políticos fuera de la labor jurisdiccional.
