
Ante las críticas sobre la deuda que tiene Pemex, que hasta el primer semestre rondaba los 100 mil millones de dólares, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, defendió esa estrategia como una alternativa para recuperar la productividad de esa empresa.
“El problema no es endeudarse, el problema es tu capacidad de pago y tu capacidad de hacer frente a ese endeudamiento, tu capacidad para producir bienes que te permitan poder hacer sustentables esas inversiones”, dijo la funcionaria en su comparecencia en el Senado con motivo del primer informe de gobierno.

González Escobar argumentó que con los recursos de la deuda se están recuperando negocios que Pemex había perdido, como los de la industria petroquímica, que le permitirían generar un alto valor.
“A pesar del severo endeudamiento de los gobiernos anteriores, nuestra empresa pública, al tercer trimestre de 2025, logró reducir sus pérdidas en casi 90% y se logra un ahorro por más de 20 mil millones de pesos”.
La funcionaria recordó que el 5 de agosto fue presentado un plan estratégico, cuyo Eje Financiero implicó colocar bonos capitalizados a 12 mil millones de dólares y obtuvieron una “buena respuesta” por parte de los mercados, que permitió cumplir compromisos con proveedores y contratistas por casi 300 mil millones de pesos a septiembre de 2025, que equivalen al presupuesto de seis entidades: Morelos, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo.
“Esto se reflejó en la primera mejora de calificación crediticia desde 2013. Fitch elevó la nota de B+ a BB+ y Moody’s de BBB+ a b1. Standard & Poor’s mantiene la calificación BBB sin reportar preocupaciones de crédito relevantes. Es una señal clara, el mercado reconoce que la ruta que hemos emprendido en Petróleos Mexicanos es la ruta de sostenibilidad y es una ruta muy completa y el eje productivo”.

Luz Elena González evadió profundizar sobre el llamado “huachicol fiscal”. Aseguró que existe una coordinación para facilitar el esclarecimiento y que trabajan en proporcionar información para permitir abrir carpetas de investigación.
La funcionaria aseguró que están trabajando en el rastreo de los productos en sus distintas etapas de producción para combatir ese delito.
“Con la modificación de la normatividad fue posible el incluir la obligatoriedad en la trazabilidad de cada tramo de la cadena de valor. Esto va a permitir también poder atajar estas conductas y poder tener información que permita integrar de mejor manera estos expedientes”, argumentó.
La senadora Anabelle Ávalos, del PRI, criticó la deuda de Pemex, que hasta arrastra una deuda que al segundo trimestre de este año rondaba los 100 mil millones de pesos.
“Pemex no es una empresa productiva del Estado, sino una petrolera ahogada en deudas. Y si algo agrava esta situación, sin duda es la corrupción. El país pierde más de 20 mil millones de pesos anuales por el huachicol de combustible”.
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La legisladora también cuestionó el llamado “huachicol fiscal”, cuya red de operación implicó a altos mandos de la Marina. Preguntó sin obtener respuesta quiénes son los dueños y beneficiarios de estos negocios y en qué va la investigación.
Anabell Ávalos acusó que las reformas constitucionales en el sector energético son una copia de las que empujó el gobierno federal en 2013. La legisladora criticó la desaparición del órgano regulador y cuestionó cómo garantizarán la inversión si el gobierno es juez y parte.
“No construyeron un modelo nuevo, maquillaron el que los gobiernos del PRI diseñamos, pero le quitaron la técnica, la planeación y la visión de largo plazo”, dijo.
En tanto, el senador Agustín Dorantes, del PAN, también cuestionó a la titular de la Secretaría de Energía sobre el huachicol fiscal, que representa pérdidas, según dijo, de 600 mil millones de pesos.
“¿Cuántos de ellos siguen trabajando en la secretaría o en la comisión o en Pemex?, ¿qué tanto le afecta a Pemex el robo de hidrocarburos y qué se va a hacer para resolverlo?”
Dorantes reconoció avances en el proyecto eléctrico, pero también criticó la política en torno a Pemex.
“Reconocemos los esfuerzos que se están haciendo en materia eléctrica, sin energía no vamos a tener desarrollo, y sin desarrollo no vamos a tener bienestar. Y vemos con mucha preocupación que Pemex hoy está siendo un reto importante para las finanzas públicas de nuestro país”, dijo.
La acusación de la senadora del PRI derivó en el énfasis por parte de la secretaria de Energía sobre las diferencias del modelo actual energético y las reformas de 2013, que calificó como un “rotundo fracaso”.
La funcionaria señaló que la anterior reforma partía de un supuesto falso: que las empresas públicas eran ineficientes y que se debía abrir el sector energético a la inversión privada.
Otra diferencia que subrayó respecto a la reforma de 2013 fue el nuevo concepto de justicia energética y no solo enfocada en proyectos productivos que fueran rentables.
“Hay proyectos de justicia social que no son rentables en términos de la iniciativa privada, como lo evalúan los modelos económicos de la iniciativa privada, pero son rentables en términos sociales y son necesarios y son fundamentales para el crecimiento de las regiones”.
La funcionaria defendió que otro cambio fundamental ha sido que dan viabilidad a inversiones privadas, pero con una premisa distinta, con la batuta del Estado.
“No es que viniera la iniciativa privada a plantear proyectos para generación, es desde el Estado dar una guía en función de lo que requiere el país y dónde lo requiere”.