
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa de reforma constitucional destinada a eliminar las pensiones excesivas que reciben exdirectivos y personal de confianza de entidades públicas, estableciendo que las prestaciones no excedan “el 50 % de las remuneraciones que percibe la persona Titular del Ejecutivo Federal”.
La iniciativa llega luego de que el año pasado, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Sheinbaum dio a conocer que estaba bajo análisis una reforma constitucional ante casos de pensiones millonarias de exfuncionarios de empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos, imagínense, mensuales y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias”, dijo en agosto pasado.

Ahora, casi seis meses después, durante su conferencia de este miércoles, la mandataria denunció la existencia de jubilaciones desproporcionadas asignadas a antiguos “altos mandos” de organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Sheinbaum ejemplificó casos de exfuncionarios que, tras haber laborado periodos cortos de uno o dos años, actualmente perciben montos exorbitantes del erario.
“Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que fue director de CFE hace 20 años […] y reciben una pensión de 300 mil pesos mensuales”, señaló la presidenta al agregar que existen casos como el de una persona de Luz y Fuerza que recibe “hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión”.
La reforma busca modificar el artículo 127 de la Constitución para estipular que ninguna pensión de estos exfuncionarios supere la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal. Según explicó Sheinbaum, esto reduciría los pagos actuales a un tope estimado de aproximadamente 70 mil pesos.
En tanto, la presidenta fue enfática al aclarar que esta medida no afectará a la base trabajadora ni vulnerará derechos laborales adquiridos. “No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE”, puntualizó.
Sheinbaum reiteró que los contratos colectivos son “negociaciones históricas” que se respetarán, dirigiendo la reforma exclusivamente a los puestos de confianza y altos mandos que gozan de estas asignaciones con recursos públicos.
“Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos, y a partir de ahora, pues ya se van a tener 70 mil pesos mensuales, en vez de 1 millón”, sentenció.
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La titular de la Consejería Jurídica, Esthela Damián Peralta, explicó que la propuesta de decreto enviada al Senado establece una regulación que abarcará a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca del desarrollo.
Reiteró que la iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional establece el tope del 50 % dirigido a exfuncionarios de altos mandos de confianza, pero subrayó que “salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo”.
Respecto a los principios de la reforma, la consejera jurídica señaló que el cambio constitucional responde a los principios de “austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera”.