
En el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó 65 mil 169.1 millones de pesos pendientes por aclarar en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 consolidado (primera, segunda y tercera entrega).
Ese “monto por aclarar” se refiere a recursos que, al cierre de la auditoría, “carecieron de documentación comprobatoria o justificativa” para acreditar su aplicación, o para comprobar recuperación/reintegro dentro de los plazos establecidos.
En el consolidado de la ASF, la mayor parte del dinero por aclarar está en el gasto federalizado: 59 mil 363.7 millones de pesos, es decir, poco más de 9 de cada 10 pesos del total.
La mayor parte de las observaciones se concentran en el gasto federalizado, que es el dinero que envía la Federación para que sea ejercido por gobiernos estatales y nivel municipal, que ejercen principalmente estados, municipios y alcaldías.
Al presentar la tercera entrega de informes individuales ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior David Colmenares detalló que, en el orden federal, “más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por parte del Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y los Entes que conforman la Administración Pública Federal”, y añadió que “las Empresas del Estado” concentraron la mayor parte del monto observado en ese nivel.

Sobre el sistema subnacional, gasto ejercido por gobiernos locales, Colmenares reportó “presuntas irregularidades por más de 54 mil 344.2 millones de pesos”. Explicó que 36 % correspondió a gobiernos estatales por el ejercicio de participaciones federales, recursos destinados a salud y fondos de aportaciones federales (mencionó, entre otros, el FAFEF, FISE y FAM).
El auditor agregó que “más del 59%” de ese monto por aclarar, en el ámbito local, se determinó en auditorías a alcaldías y municipios, donde la principal irregularidad fue “la falta de entrega de documentación” para acreditar el destino y ejercicio de recursos de origen federal.
En el apartado educativo, Colmenares dijo que se concluyó la fiscalización integral de instituciones de educación media superior y superior en entidades federativas, como Colegios de Bachilleres, Telebachilleratos, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos y universidades politécnicas, entre otras, y que, derivado de esas auditorías, “se determinaron más de 1,300 millones de pesos por aclarar”.
Además, señaló que “más de 2 mil millones de pesos fueron observados a Universidades Públicas Estatales”.
En auditorías forenses, Colmenares informó que se realizaron 28 y que, como resultado de estas auditorías, se determinó “un monto por aclarar de casi 2 mil millones de pesos”. Precisó que se revisó, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura Federal, al INAI y al INE; y, en el orden estatal, a Congresos, Poderes Judiciales y Fiscalías Generales.
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Colmenares subrayó que “la presentación de informes y las cifras que contienen, no constituyen necesariamente el final del proceso de auditoría, sino el inicio de “una nueva etapa de seguimiento”, en la que las observaciones pueden aclararse o derivar en responsabilidades y resarcimiento del daño a la Hacienda Pública.
También indicó que, “tan sólo en las auditorías de esta Tercera Entrega”, y como resultado de la intervención de la ASF, “se logró recuperar más de dos mil millones de pesos para la Federación”.