
En alianza con centros comunitarios y organizaciones de la sociedad civil locales, además de la app de citas Grindr, la iniciativa Vínculo Seguro pretende impulsar la autoprueba para detección de VIH como un método más cercano y privado para la prevención de la transmisión del virus. Esta comenzará en las ciudades de Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco, y Mérida, Yucatán, con la expectativa de extenderse después a más lugares.
Mientras en Jalisco arrancó a mediados de noviembre, abarcando dos ciudades aunque en realidad impacta a todo el estado en términos de la capacidad de distribución, en Mérida el lanzamiento ocurrirá el 5 de diciembre. La idea de este segundo punto es extenderla, en algún momento, a Valladolid, para ir acercándola después a Quintana Roo, explican en entrevista las médicas Alicia Piñeirúa Menéndez y Frida Rivera Buendía, así como Mónica Hernández, colaboradora del proyecto.

La idea general de la iniciativa es acercar el diagnóstico de VIH a poblaciones clave que son parte de la comunidad LGBTIQ+, que por la persistencia de estigmas y de servicios de salud poco amigables y con una capacidad limitada de atención, no pueden acceder a esta. Para ello, además, utilizar los recursos tecnológicos, las redes sociales y “hablar el mismo idioma en términos de uso de plataformas con adolescentes, adultos jóvenes y estas poblaciones”.
Generalmente, explican las especialistas, la prueba de VIH se hace acudiendo a un centro o servicio de salud, organización o centro comunitario que provee pruebas rápidas, aplicadas por personas con experiencia. Sin embargo, no siempre hay una facilidad de acceso. “Pensamos que acudir a un centro comunitario es sencillo, pero hay muchas barreras de desplazamiento, de disposición de recursos económicos, del mismo estigma, entre otras cosas”, precisa Rivera Buendía.
En términos científicos, la autoprueba es una prueba de tercera generación que no tiene ninguna diferencia con la que aplican proveedores de salud: se usa sangre de un dedo, y líquido para ver la reacción y los resultados. Lo que la distingue es que da la posibilidad de que la persona siga un instructivo muy claro, se la aplique a sí misma y tenga los resultados en 15 o 20 minutos en su casa, acompañada de cualquier persona o en solitario.
“Está aprobada en México por la Cofepris, se comercializa con algunas farmacias, y no es distinta en términos técnicos a lo que ya teníamos; sin embargo, permite que la persona la pueda hacer con la confianza de que no hay nadie más a su alrededor, y ahora nosotras implementamos este tema de envío a domicilio, que no existía. Queremos acercarla lo más posible a las personas que tienen interés, pero no quieren que las vean entrando a un centro comunitario que se dedica a prevención de VIH o a un sitio especializado, y también si tienen barreras de tiempo, de desplazamiento o de recursos económicos”, explica.
Hernández, en tanto, destaca la relevancia de generar estrategias que no impliquen pensar que los servicios de salud solamente consisten en que las personas acudan a ellos, sino que hay otras formas de acercar insumos y estrategias. Así fue como surgió la colaboración con la app de citas Grindr, que estará anunciando la iniciativa dentro de su plataforma.

“Elegimos este espacio justo por la relevancia que tiene, y el grupo poblacional que suele utilizar Grindr; eso por un lado, y por el otro hemos estado publicando a través de las redes sociales de Vínculo Seguro, que es el proyecto paraguas dentro del que también se enmarca lo de autoprueba y otros proyectos que estamos implementando”, puntualiza.
La página web de Vínculo Seguro ofrece adicionalmente la posibilidad de solicitar teleconsejería de manera gratuita, ya sea antes de pedir la autoprueba, para el momento de aplicarla o posteriormente. Igualmente, la organización México Vivo está colaborando con la opción de que las personas les escriban a su chat de asesoría en línea 24/7, que es un chat de pares, de manera gratuita.
“En caso de que las personas tengan una prueba reactiva, o indeterminada, o aunque fuera no reactiva, pero quieren incorporarse a estrategias de prevención combinada, como la PrEP o la PEP, pueden vincularse de manera presencial a través de estas organizaciones con las que estamos colaborando”, añade Hernández.
La base del proyecto de la autoprueba, e incluso la colaboración con Grindr, tiene un antecedente importante en Estados Unidos, donde una iniciativa de la organización Building Healthy Online Communities, con características similares, fue nombrada Together take me home. Hasta ahora sigue activa mediante una colaboración con el Centro de Control de Enfermedades (CDC). El piloto en México, que cuenta hasta el momento con 5 mil pruebas disponibles en total —3 mil en Jalisco y 2 mil en Yucatán—, servirá para monitorear qué tanto funciona en nuestro país y con qué nivel de respuesta.
Monterrey, Chiapas y Quintana Roo podrían estar previstos en un futuro, dependiendo de los resultados. La idea es, también, antes de tomar otras decisiones, compartir los resultados con el Censida.

Mónica Hernández Leyva, colaboradora y coinvestigadora del proyecto, explica que si bien se trata de puntos de incidencia importantes de VIH, también son lugares donde existe una colaboración previa desde 2021 con centros comunitarios de organizaciones de la sociedad civil o vinculados a la Secretaría de Salud para la implementación de los tratamientos pre y post exposición (PrEP y PEP), que evitan la transmisión.
En Puerto Vallarta la colaboración será a través de Codise AC, en Guadalajara con El Mesón, y en Mérida con un centro “híbrido” entre centro comunitario y servicio de salud, que es Wellness de AHF. Piñeirúa añade que Yucatán es, además, una de las entidades con incidencia más alta de VIH, detrás del Estado de México, Quintana Roo y Veracruz.
“Es un estado con un buen número de casos nuevos de VIH, en términos de tasa, y Jalisco tiene muchos parecidos con la Ciudad de México, en cierta medida, y muchas diferencias al mismo tiempo. Guadalajara es una ciudad muy grande, con cierto acceso y progreso, pero al mismo tiempo todavía muy conservadora, y Jalisco es el segundo estado con más usuarios de profilaxis preexposición en el país”, apunta.
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A esto se suma que hay un tema muy importante de uso de sustancias, conocido como chemsex, que está ligado a prácticas sexuales con alta vulnerabilidad para adquirir VIH, mientras que Puerto Vallarta es uno de los destinos turísticos más gay friendly de todo el país.
“Al final hay una comunidad, una presencia de la comunidad LGBTTTIQ+ impresionante, y es un sitio conocido por vacaciones, tanto para turismo sexual propiamente, como mucho trabajo sexual o sexo por intercambio. Entonces es un sitio peculiarmente importante a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional”, precisa Piñeirúa.

Las médicas explican que cuando cualquier persona usuaria de Grindr acceda a la app de ligue encontrará la publicidad de Vínculo Seguro, que indica que puede pedir una autoprueba gratis. Un clic la llevará directamente al apartado de autoprueba de la página de la iniciativa.
Ahí se crea una cuenta en un par de minutos y se hace una corroboración de elegibilidad con su fecha de nacimiento y un código postal que esté dentro de cualquier municipio de Jalisco o Yucatán. En ese momento se desbloquea la posibilidad de pedir la autoprueba y aparece un breve cuestionario sobre PrEP, para saber si la han usado, la están usando o qué experiencia tienen al respecto. Finalmente, pueden hacer la elección de que les sea enviada a domicilio o de recogerla en los centros comunitarios aliados.
Todas las autopruebas se entregan empacadas en un sobre de papel craft, totalmente sellado, con burbuja dentro. También trae 10 condones, material informativo impreso, un documento que explica qué prueba se está haciendo, un paso a paso sobre cómo hacerse la prueba y un cupón para que las personas puedan presentarlo en instituciones, indicando que se hicieron la autoprueba mediante ese proyecto, con la finalidad de recibir PrEP o tratamiento.
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Para la iniciativa es central que una vez que la persona se hizo la prueba, sea posible ayudarla a vincularla con servicios de salud, y evitar que se quede sin seguimiento. Además de los servicios de consejería y el chat de pares, en la página pueden encontrarse videos y el link a la Red Mexicana de Respuesta al VIH, que tiene sitios mapeados.
Como en cada uno de los proyectos que han participado, la iniciativa y su ruta tienen la doble finalidad de apuntar a la prevención, pero también a la eliminación del estigma en torno del VIH, sobre todo porque este prevalece en una buena proporción del personal de salud, y suele ser una de las principales razones por las que las personas no tienen acceso a un diagnóstico oportuno.

“Sólo el hecho de acercarte a un servicio de salud, o a un centro comunitario relacionado con la palabra VIH es de estigma, y la gente no tiene la confianza para acercarse a preguntar porque inmediatamente aparece, y el ‘qué van a decir’, ‘qué va a pensar la familia’, entre muchas otras cosas”, señala Rivera Buendía.
La idea de estas iniciativas, agrega, es sobre todo en pro de tener servicios más amigables, que permitan que la gente se acerque sintiéndose acompañada, sin juicios y libre de hablar de esos temas en un espacio educativo.
Rivera Buendía recuerda que hay mucha gente que se pierde en la vinculación con los servicios de salud porque el trato es poco amigable e incluso discriminatorio. Por lo tanto, también es importante acercar los resultados de estos proyectos a las personas tomadoras de decisiones.
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“Mientras el VIH no lo convirtamos sólo en un problema de salud y lo sigamos vinculando a la sexualidad, no vamos a salir de ahí”, agrega Piñeirúa. Recuerda que existe toda una construcción social de estigma en torno de las pruebas de VIH, que no ocurre, por ejemplo, con otras infecciones de transmisión sexual.
Además, recuerdan la importancia de que estos temas se aborden de manera abierta como parte de la educación en nuestro país. Incluirlos en los planes de estudio de la educación básica es no sólo una prioridad, sino una emergencia, además muy fácil de resolver, afirman.

Piñeirúa recuerda, una vez más, que indetectable es igual a intransmisible, uno de los conceptos sobre los que falta mucha comprensión y que podrían contribuir a aclarar prejuicios, pues está bien demostrado — a diferencia del caso de la lactancia materna— que la presencia de una carga viral indetectable hace que una persona que vive con VIH sea incapaz de transmitir la infección a sus parejas sexuales.
Esto tiene implicaciones importantes en la vida personal, en términos de la autopercepción de vivir con VIH, pero también en la comunitaria, pues mientras más personas alcancen la indetectabilidad y, en consecuencia, la intransmisibilidad, es decir, si lográramos que todas las personas que viven con VIH en el país conocieran su diagnóstico y estuvieran indetectables, no habría más transmisión.
“La brecha con la que estamos trabajando en este proyecto es justo la del diagnóstico, que es la más grande de nuestro país, y de la que dependen todas las demás, porque es una escalera: si no se conoce el diagnóstico, lógicamente no estás en tratamiento y lógicamente, no estás sin detectar, pero si logramos subir esa brecha, que ahorita está como en el 70 % de personas que conoce su diagnóstico, al 95 %, es un camino real a la eliminación y la reducción de casos nuevos de VIH en nuestro país”, subraya Piñeirúa.

Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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