Dictan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero; permanecerá en el Altiplano
Una jueza federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido el pasado lunes por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con Radio Fórmula, la medida contra el exmandatario fue impuesta durante la madrugada de este miércoles tras una audiencia de alrededor de 15 horas que se llevó a cabo en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “El Altiplano”.
Duarte permanecerá en el centro penitenciario bajo prisión preventiva; se tiene previsto que el próximo sábado 13 de diciembre se decida si el exgobernador es vinculado a proceso o no por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la audiencia, la juzgadora negó a la defensa del exgobernador de Chihuahua la solicitud para invalidar la orden de aprehensión que un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México emitió el pasado 16 de mayo de 2024.
Esto debido a que contaba con un amparo a su favor. Sin embargo, consideró el incidente de nulidad como “improcedente”, asegurando que son causas penales distintas, indicó el medio.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó alrededor de 120 datos de prueba para inculpar a César Duarte por presunto lavado de dinero.
El caso de Duarte
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que el exgobernador de Chihuahua recibió transferencias bancarias desde empresas fachadas y prestanombres y se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, el gobierno de Chihuahua encontró supuestos desvíos millonarios durante la gestión de Duarte y el entonces gobernador, Javier Corral, presentó las denuncias que incluían la presunta compra de 50 propiedades en Estados Unidos con un valor de aproximadamente 25 millones de dólares.
Duarte también fue denunciado e investigado por la llamada “Operación Safiro”, un presunto mecanismo de triangulación de recursos federales para financiar campañas electorales del PRI y que se implementó en varios estados. Este asunto no derivó en una orden de aprehensión contra el mandatario ni escaló a niveles jerárquicos superiores, debido a que el gobierno federal, en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), arrebató a la fiscalía de Chihuahua el expediente y terminó por desistirse de la investigación.
Animal Político reveló que la FGR inició en 2021 la integración de una nueva carpeta de investigación contra el priista tras detectar que tuvo un enriquecimiento inexplicable que asciende a 190 millones de pesos.
Los recursos fueron desviados mediante contratos simulados para la compra de equipos de inseminación artificial de ganado, compra de vaquillas, transporte de ganado, alimento para ganado y granos para productores, así como para la adquisición de un inmueble.
Otra de las acusaciones contra Duarte está relacionada con el supuesto desvío de alrededor de mil millones de pesos de la “caja chica” de la Tesorería del estado que habrían sido usados para pagar sobornos a legisladores y políticos de diversos partidos, funcionarios públicos, líderes sindicales y medios de comunicación, en un caso conocido como “nómina secreta”.
César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y fue extraditado a México casi dos años más tarde -el 2 de junio de 2022- por delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en la entidad Chihuahua.
El exgobernador pasó dos años en prisión preventiva por dichos delitos, sin embargo, una jueza de control determinó en mayo de 2024 que ya había cumplido el plazo máximo para estar detenido en esta condición.
En junio de 2024 se determinó que el exgobernador de Chihuahua podía continuar en libertad su proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa durante su administración en 2010-2016, por lo que no regresó a prisión tras recibir el alta médica del hospital donde se encontraba luego de una intervención quirúrgica que le realizaron.
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No obstante, se estableció que Duarte debía utilizar un brazalete de monitoreo electrónico, no podía salir de la ciudad y estaría bajo la vigilancia de elementos del Instituto de Servicios Previos al Juicio, dependiente del Tribunal de Justicia.
Ante estas medidas, la defensa del exmandatario ofreció entregar el pasaporte de Duarte Jáquez para comprobar que no hay intención de sustraerse de la justicia.
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La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10.5 muertes por 100 mil habitantes, cuatro puntos por sobre la tasa de fallecimientos por homicidios en ese mismo periodo. Pero, ¿cómo se caracteriza este complejo problema de salud pública en el país sudamericano?
“No sé si ustedes saben que en Chile hay más suicidios al año que homicidios. En Chile se suicida más gente que la que muere en condiciones o víctima de la delincuencia”, dijo el presidente Gabriel Boric semanas atrás.
La afirmación, que podría ser simplemente un dato de salud pública, no lo es si se considera el contexto en el que se dijo: una campaña electoral donde la principal preocupación de los chilenos es la inseguridad.
“Los dos, por cierto, son terribles, no se trata de que una valga más que la otra, pero de una se habla mucho, de la otra se habla poco. Y por eso es importante hablar muy firme y muy fuerte de salud mental, es para cuidarnos, es para cuidarnos entre todos”, agregó Boric.
La sensación de inseguridad ha aumentado en los últimos años en ese país, entre otros factores, por el incremento de los niveles de violencia en delitos comunes como el robo y la reciente presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La contracara de aquello es que las cifras de delitos violentos han ido a la baja respecto del año pasado, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Chile.
La agenda de seguridad ha estado en el centro del debate nacional en el marco de las elecciones presidenciales, cuyo balotaje se celebrará el próximo 14 de diciembre entre la comunista Jeannete Jara y el derechista ultraconservador José Antonio Kast.
Y, aunque en mucha menor medida, el tema de la salud mental también ha sido parte de la discusión. Jara ha puesto especial énfasis en el tema. Ella tiene una historia personal al respecto: su primer marido se suicidó poco después de haberse casado.
“Un fallecimiento por suicidio es un duelo casi eterno”, ha dicho.
En su programa de gobierno propone justamente fortalecer la estrategia de prevención del suicidio y la implementación de un nuevo modelo de atención de salud mental en urgencias.
Kast, por otro lado, tiene entre sus propuestas fortalecer el plan nacional de salud mental y dar apoyo principalmente a adultos mayores.
Una tendencia sostenida
La tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10,5 muertes por 100.000 habitantes.
El número es un poco mayor al promedio mundial (≈9,0), pero se encuentra entre los más altos de América Latina, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud de 2019.
Chile está por debajo de Uruguay, país que tiene de las tasas más altas de la región (21,35), pero por sobre países como México, Colombia o Brasil.
A la vez, tiene una tasa similar a las estimaciones para Europa, pero menor a la de Estados Unidos, la que ronda entre los 14 y 16 suicidios por 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Más allá de la comparativa global, hace años y ya de manera sostenida se ha observado que el suicidio representa una mayor cantidad de muertes que los homicidios en el país, siendo la primera la principal forma de muerte violenta entre el 2018 y el 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile.
“Esto implica que, pese a la creciente preocupación pública por la violencia interpersonal y el crimen, la violencia autoinfligida continúa representando una carga mayor desde la perspectiva de salud pública. En promedio, Chile enfrenta aproximadamente el doble de muertes por suicidio que por homicidio”, se lee en el Informe violencia autoinfligida e interpersonal, elaborado por el gobierno del país sudamericano.
En 2024 se registraron 1.984 suicidios, mientras que en el mismo periodo se registraron 1.207 víctimas de homicidios, lo que equivale a una tasa de 6,0 muertes por 100.000 habitantes.
“Eminentemente masculino”
De acuerdo a un estudio de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que indagó en la evolución histórica del fenómeno del suicidio en Chile (1920-2020), este ha ido aumentando significativamente en el porcentaje total de muertes en el país.
Si a inicios del siglo XX ocupaba una parte casi insignificante en el porcentaje total de decesos (0,2%), hoy se ubica en torno a un 2%.
El perfil de quienes más se suicidan hoy en Chile se concentra en la población masculina, algo que coincide con las tendencias mundiales.
Manuel Alberto Llorca, uno de los investigadores a cargo del estudio historiográfico del suicidio en Chile, explica a BBC Mundo por qué este es un fenómeno “eminentemente masculino”.
“En Chile el suicidio afecta principalmente a hombres. De cada cinco suicidios, aproximadamente cuatro los cometen ellos”, sostiene.
Llorca explica que esta brecha se da, por un lado, porque “los hombres tienden a ser más violentos, pero también tienen más acceso a armas letales, es decir, son más efectivos al momento de intentarlo, mientras que las mujeres lo son menos”.
“También los hombres consumen mucho más alcohol que la mujeres, lo que normalmente es un gatillante. El hombre recurre menos a atención psicológica y tiene menor tolerancia a la frustración, sobre todo, en países machistas donde se espera que sea el proveedor”, agrega.
Según el Ministerio de Salud de Chile, los hombres de 65 y más años se han mantenido como el grupo con mayor tasa de mortalidad desde 2004, con excepción de los últimos dos años, donde de acuerdo a números preliminares los hombres de los grupos de 40 a 64 años y de 20 a 39 se suicidaron más.
En contraste con aquello, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de Chile, la prevalencia de trastornos depresivos, por ejemplo, es mayor en mujeres que en hombres. Lo mismo si se mira el riesgo de tener una lesión autoinfligingida con intención suicida, la que es el doble en la población femenina respecto de la masculina.
En Chile también se ha reportado una disminución del suicidio entre adolescentes, aunque sigue encontrándose entre las primeras causas de mortalidad para la población entre 15 y 29 años, según el Ministerio de Salud.
La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Andrea Albagli, explica a BBC Mundo la importancia que ha tenido la creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que desde 2013 ha permitido institucionalizar una política específica a nivel estatal.
Bajo ese marco el país se fijó como meta sanitaria disminuir la mortalidad por suicidio entre los jóvenes, algo que dio resultados positivos.
“Tenemos una disminución general de la mortalidad por suicidio y, por sobre todo, una disminución mayor en la población joven”, señala Albagli.
Mayor riesgo en la vejez
A la vez, el país ha registrado un aumento en el riesgo de fallecimiento por suicidio entre la población masculina adulta y adulta mayor, y en particular en mayores de 80 años.
“Si uno mira la tasa de mortalidad por suicidio según sexo y según edad, que es otra manera de medir el riesgo específico, ahí te surge interesantemente otro grupo poblacional prioritario -y esto no solo ocurre en Chile sino que a nivel mundial- y es que es mucho mayor en población adulta mayor entre hombres”, explica Albagli.
La subsecretaria y psicóloga de profesión recalca que “la cifra es muy elocuente: para el periodo 2018-2022, la tasa de mortalidad acumulada en mujeres sobre 80 años fue de 1,4 por 100.000 habitantes, en el caso de los hombres de ese mismo tramo de edad fue de 31,1”.
“Si evalúas por sexo y por edad, no hay riesgo más alto que el riesgo de muerte por suicidio en población adulta mayor masculina”, agrega.
De acuerdo a la autoridad, uno de los factores de riesgo significativos entre la población de hombres adultos mayores es una mayor tendencia al aislamiento, la soledad, la ausencia de red de apoyo y la precariedad económica.
Si se mira el fenómeno desde una perspectiva geográfica, en tanto, se puede ver que las regiones del sur del país como Aysén, La Araucanía y Los Ríos exhiben tasas consistentemente superiores al promedio nacional en las últimas dos décadas, de acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Salud Pública.
El estigma y otros determinantes
“Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este fenómeno.
Está bien documentado en la experiencia comparada que las tasas de suicidio son mayores en países menos desarrollados.
A nivel mundial, se cometen unos 720.000 suicidios por año, y más de tres cuartas partes ocurren en países de ingreso bajo o medio, de acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS).
En el caso de los países de ingresos medios y altos, como ese el caso de Chile, la OMS ha informado sobre una relación entre el suicidio y los trastornos mentales, “en particular, la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, si bien el principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio”.
El organismo destaca que, sin embargo, muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis derivadas de problemas económicos, desempleo, desigualdad, dolor crónico, suicidio de una persona cercana, exposición a la violencia, falta de acceso a los servicios de salud mental y el estigma.
Sobre ese estigma es que la administración del presidente Gabriel Boric ha enfocado su estrategia de prevención.
De hecho, en octubre pasado se lanzó la primera campaña comunicacional nacional dedicada a la salud mental. Con el lema “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”, el gobierno chileno busca justamente generar mayor conciencia sobre la prevención del suicidio en ese país.
El mandatario chileno ha jugado un rol activo en hablar del tema, haciendo público su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) e incluso abordando abiertamente una internación voluntaria en un hospital psiquiátrico antes de llega a la presidencia.
“Durante mucho tiempo el tema de la salud mental se ha vivido en silencio, con estigmas, de manera prejuiciosa, siendo que es parte esencial de la salud integral de toda la población. Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar lo cuenta sin ningún problema…Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor”, dijo en septiembre pasado en la inauguración de un centro de salud primaria especializado en salud mental en la capital chilena.
Los desafíos pendientes
Pese a que en sectores del mundo académico y de la salud mental se ha valorado que el gobierno chileno tenga entre sus prioridades este tema, también advierten que hay muchos desafíos pendientes.
A la administración actual se le ha cuestionado por poner demasiado énfasis en el relato y no así en políticas públicas concretas.
“Aquí no ha habido ningún aumento significativo en inversión en términos de salud mental durante este gobierno. Y la atención psiquiátrica en el sector público sigue siendo bien miserable. Eso no ha cambiado en absolutamente en nada”, dice Llorca.
Esto último coincide con las conclusiones del último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el que detectó que “en el sistema público de salud una mujer o un hombre adulto deben esperar 236 días -en promedio- para recibir atención psiquiátrica. Mientras que un niño, niña o adolescente tiene que esperar 292 días”.
“Se trata de situación que afecta la accesibilidad a ayuda, algo fundamental para garantizar el derecho a la salud mental”, agrega un reporte del organismo.
En su informe el INDH también advierte sobre el hecho de que “pese a los esfuerzos y compromisos del Estado de aumentar el presupuesto destinado a salud mental, existe poca claridad respecto de su progreso en relación con las necesidades existentes”.
En el 2025 el Estado de Chile destinó un 4,5% de su gasto público en salud a la salud mental, por debajo del 6% recomendado por la OMS, aunque por sobre lo que destinan en promedio los países a nivel mundial.
La académica de la Universidad de Chile y Directora del Centro Colaborador OPS/OMS para el Desarrollo, Capacitación e Investigación en Salud Mental, Olga Toro, ha advertido sobre los desafíos pendientes.
“Aun cuando se reconoce que hay más conciencia, persisten la barrera del estigma, el limitado reconocimiento de la participación de personas con experiencia vivida y los débiles mecanismos de coordinación intersectorial que disminuyen la efectividad de los esfuerzos públicos”, afirmó en octubre pasado.
Otro de los desafíos pendientes que reportan expertos es la falta de especialistas en el sistema de salud pública.
La subsecretaria Albagli asegura que la estrategia adoptada por el gobierno chileno ha tenido buenos resultados.
Para ella, poner el foco en el relato va en línea con la primera prioridad en materia de salud mental: terminar con el estigma social que lo rodea y que así las personas no teman a pedir ayuda.
De hecho, destaca que entre 2021 y 2025 la red pública de salud mental experimentó un aumento histórico en su actividad asistencial, con las prestaciones ambulatorias pasando de 3,2 millones en 2021 a 6,3 millones en 2024.
Asimismo, las hospitalizaciones psiquiátricas se incrementaron de 34.000 en 2021 a más de 50.000 en 2024.
Por otro lado, la autoridad recalca que el gobierno ha impulsado políticas específicas que han tenido resultados concretos. Entre otros, el establecimiento en 2023 de la Línea de prevención del suicidio *4141, la que opera 24 horas al día y ya suma más de 227.000 llamadas gestionadas y miles de personas conectadas con atención de salud.
Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo en este enlace.
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