Ejército mató a 400 supuestos miembros del CJNG en Michoacán y los desapareció con ayuda de grupo criminal, revela informe
En otoño de 2021, Fuerzas Especiales del Ejército mexicano mataron a alrededor de 400 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y desaparecieron los cuerpos con ayuda de un grupo criminal local, reveló un nuevo informe de la organización International Crisis Group.
Según el documento El laberinto de los generales: crimen y militares en México, cinco fuentes consultadas por separado -un oficial federal, un oficial local, dos líderes de grupos criminales y un sicario- dieron cuenta de este hecho, quienes aseguraron que para “eliminar la evidencia” el grupo criminal local colocó los cuerpos en fosas clandestinas.
“Anteriormente, y en el contexto de la ofensiva del CJNG en Michoacán ese año, soldados ya habían formado un pacto con grupos criminales de Michoacán para enfrentar al CJNG de manera conjunta y coordinada, según nuestras fuentes”, dijo Falko Ernst, especialista en crimen organizado y gobernanza criminal e integrante de la organización, consultado por Animal Político.
De acuerdo con el documento, en primera instancia un líder criminal de la región señaló a Zamora – una ciudad fronteriza entre Michoacán y Jalisco con un alto número de tropas, pero la tasa de homicidios más alta del mundo en ese año- como ejemplo de un despliegue militar ineficaz.
“Allá tienes la base y justo enfrente siguen tirando cadáveres”, dijo a la organización.
Por ese motivo, según el reporte, el Ejército adoptó un enfoque más “severo” a lo largo de la frontera de Michoacán y Jalisco, zona en la que el CJNG estaba llevando a cabo un avance armado que estaba desplazando a miles de personas, generando una gran cobertura mediática nacional e internacional.
Fue en ese momento que, según un líder criminal, miembros de otros dos grupos criminales, un funcionario federal de alto rango y funcionarios locales, soldados y delincuentes formaron un frente conjunto de facto contra el Cártel Jalisco, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro.
“Fuerzas Especiales del Ejército enviados al frente al principio dudaron en tomar medidas decisivas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por temor a ser acusadas de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, violar los principios del nuevo enfoque del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero después de recibir garantías de un grupo criminal local de que ‘desaparecería’ cualquier cadáver en fosas clandestinas, los soldados procedieron”.
Líderes criminales y combatientes, así como funcionarios estatales, confirmaron a International Crisis Group que Fuerzas Especiales del Ejército mataron a decenas de combatientes de Cártel Jalisco en Taixtán y sus alrededores, en el municipio de Tepalcatepec, y en El Terrero, en el municipio de Buenavista.
Incluso, una fuente confirmó a la organización una entrevista concedida recién en julio de 2023 que alrededor de 400 personas murieron durante esos enfrentamientos, muertes que no han sido reportadas anteriormente y que “tampoco se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones”.
“Sin embargo, el Cártel estuvo lejos de ser vencido, lo que ilustra las ganancias fugaces generadas por operaciones coercitivas puntuales. Tras reagruparse, el Cártel de Jalisco ha revitalizado su asalto en múltiples frentes en Michoacán, incluso mediante ataques a soldados”, asegura el informe según diversas entrevistas realizadas por la organización a líderes criminales y civiles.
El 9 de noviembre de 2023, el diario El Universal reportó que habitantes y autoridades locales del municipio de Vistahermosa, Michoacán, denunciaron un ataque armado del CJNG a la base de la Guardia Nacional en ese lugar, quienes supuestamente habrían ingresado en al menos 40 camionetas.
“Siempre hay reposición humana”, dijo un líder criminal de la zona a la organización consultado sobre la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas.
El equipo del International Crisis Group buscó hablar con la administración del presidente López Obrador y con su gabinete de seguridad para exponerles los resultados de su investigación, pero las autoridades federales rechazaron entrar a un diálogo con los investigadores.
“Tenemos que hacerlos desaparecer”: informe revela supuestos pactos
De manera general, el informe proporciona una evaluación de cómo la estrategia de seguridad de López Obrador ha funcionado en la práctica, particularmente en regiones de México con las tasas más altas de enfrentamientos y crímenes violentos.
En ese sentido, explora hasta qué punto las acciones de las instituciones de seguridad, sobre todo las militares, han cambiado durante su mandato y cómo estos cambios han afectado el comportamiento de los grupos criminales entre sí.
De esta forma, el informe se centra en dos estados –Michoacán y Veracruz– que tienen grandes despliegues militares, así como economías ilícitas arraigadas y conflictos armados.
En estos estados, así como en el estado de Colima y la Ciudad de México, International Crisis Group realizó más de 80 entrevistas con comandantes militares, policías, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil, expertos, periodistas y académicos, además de líderes criminales, intermediarios y combatientes.
Un hallazgo principal es que hubo una oferta – a veces tácita, otras veces explícita – por parte del Estado mexicano a grupos criminales de bajar los niveles de violencia abierta a cambio de mayores libertades en su control territorial.
Miembros de tres bandas criminales en Michoacán en competencia, por ejemplo, declararon que las operaciones militares en su contra se habían aliviado y, en algunas áreas, llegaron a su fin por completo.
“‘Aquí’, dijo un comandante del grupo de los Caballeros Templarios, en su bastión rural en Michoacán, ‘no los hemos visto en un par de años’”.
“Días después de que López Obrador asumiera el cargo en diciembre de 2018, dijo un oficial de alto rango de la Marina que su superior les ordenó explícitamente a él y a sus pares ‘cesar todas las operaciones de inmediato’ en una región”, dijo un elemento de la Semar en Veracruz.
“Entre otras cosas, nos han dicho varias fuentes, esto ha incentivado desaparecer víctimas de homicidios en vez de exponerlos públicamente, cuestionando la baja oficial de homicidios”, señaló Falko Ernst.
Observadores de la sociedad civil, trabajadores de morgues y funcionarios estatales hablan de asesinatos que se registran por otras causas de muerte o que no se registran, supuestamente debido a la presión política para reducir la tasa de violencia letal.
Por ejemplo, un empleado de la morgue de una “ciudad importante” dijo a la organización que “cuando recibimos cadáveres de personas que claramente habían sido asesinadas a tiros o habían recibido golpes de gracia, a menudo se los calificaba como muertes accidentales”.
“Además de deshacerse de los cadáveres, los grupos criminales están interesados en limitar la documentación de la violencia: cuando Crisis Group realizó una visita de campo, un comandante criminal insistió en que no se tomarán fotografías o vídeos de peleas o bajas de cómo sus subordinados llevaron a cabo una ofensiva contra un grupo enemigo”.
Según varios líderes criminales, otra clave para evitar operaciones militares es abstenerse de manifestaciones abiertas de violencia, lo que en la práctica implica “esconder cadáveres”.
“Como lo expresó un líder criminal: ‘Aquellos que tienen que irse… tenemos que hacerlos desaparecer’”, mismo que fue entrevistado en Michoacán en febrero de 2023.
Dicho líder criminal citó un caso en el que “tuvo que lidiar” con tres hombres de su zona acusados de abuso sexual de un menor, indicando que su grupo criminal los mató y enterró en un huerto de aguacates.
Desconfianza alcanza también a la cifra de desapariciones
En este sentido, si bien los homicidios han comenzado oficialmente a tener una tendencia a la baja durante el actual gobierno, las desapariciones -que muy probablemente resultan en la muerte de las víctimas- han aumentado, refiere la organización.
El 28 de octubre de 2023, Animal Político dio a conocer que durante los primeros cuatro años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos bajaron un 12.7% respecto a 2018, pero el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó un 27.69%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
En Ciudad de México, por ejemplo, la fuerte caída oficial de los homicidios en los últimos años estuvo acompañada por un aumento de desapariciones, lo que llevó a algunos a cuestionar si las estadísticas estatales eran realmente exactas.
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A nivel Federal, el verdadero alcance de las desapariciones sigue siendo un enigma y un tema de controversia política. En junio de 2023, López Obrador pidió realizar un censo de personas desaparecidas, lo que llevó a la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a renunciar.
Meses más tarde, Quintana dijo que el censo del gobierno buscaba reducir la cifra de personas desaparecidas solo con un indicio de su “localización” o en casos homónimos, razón por la cuál presentó su renuncia al cargo.
Días después, desde la tribuna presidencial, López Obrador criticó los comentarios de Quintana al asegurar que “había intención de afectar al gobierno” por parte de la extitular de la CNB, quien incluso aseguró manipuló el registro de desaparecidos.
Ya en diciembre de 2023, AMLO presentó los resultados del nuevo censo en el que redujo la cifra de desaparecidos al asegurar que solo se contaba con 12 mil 377 confirmaciones de desaparición y localizado a más de 16 mil, omitiendo informar por completo sobre nuevos casos.
El censo de personas desaparecidas del gobierno de AMLO detonó la protesta de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas que poco a poco empezaron a manifestarse y denunciar irregularidades en la forma en la que se llevó a cabo este censo.
El 13 de marzo de 2024, Animal Político dio a conocer que con el nuevo censo de personas desaparecidas de AMLO al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de estos delitos, según los resultados de una análisis comparativo en colaboración con la organización Data Cívica.
En contraste, la familia de un miembro de un grupo criminal desaparecido dijo a Crisis Group que había optado por no informar a las autoridades por temor a una “reacción violenta”, según una entrevista realizada por la organización en Michoacán en febrero de 2023.
Otros presuntos pactos entre el crimen organizado y el Estado
Otra forma de control señalada en el informe hace referencia a que la aplicación militar de la ley en la mayor parte del país ha consistido en gran medida en patrullar las principales vías de las ciudades y pueblos y establecer puntos de control.
Sin embargo, líderes criminales dijeron a International Crisis Group que estos controles son “fácilmente evitables”, insistiendo en que habían forjado acuerdos de vivir y dejar vivir bajo los cuales las fuerzas de seguridad y criminales cohabitan.
“El trato que tenemos con ellos [la Guardia Nacional] es que evitemos chocar contra ellos entre sí para no tener que hacer nada”, dijo un comandante de un grupo criminal a la organización en febrero de 2023.
De acuerdo con el informe, el comandante criminal hizo esta declaración mientras estacionaba su carro en una calle lateral para evitar dos patrullas de la Guardia Nacional que habían sido anunciadas por el sistema de videovigilancia de su grupo.
El informe refiere que el Ejército y la Marina también han realizado detenciones, pero en todos los casos reportado en 2022 fueron detenciones en “flagrancia”, es decir, por la sospecha de un acto delictivo en proceso, y no por parte de un esfuerzo sistemático para desmantelar niveles medios y altos de los grupos criminales.
La Guardia Nacional, por ejemplo, detuvo a 177 mil 166 migrantes en 2022, pero arrestó a solo 2 mil 814 presuntos delincuentes, la mayoría de ellos acusados de robo y tráfico callejero de drogas.
Los datos oficiales también demuestran que ha habido menos enfrentamientos entre fuerzas federales de seguridad y grupos criminales, particularmente si se compara con el promedio mensual de las administraciones anteriores.
“[Hubo] un promedio mensual de 39.4 durante el gobierno de Calderón (2006-2012). Dicho esto, el promedio con López Obrador bajó a 31.6 (los datos están incompletos para 2022), pero no es una cifra muy inferior a la cifra de la presidencia de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, que se situó en 35. Las bajas entre presuntos delincuentes han seguido una trayectoria similar, cayendo de 561 por año con Calderón, a 207 con Peña Nieto, y 199 durante los primeros cuatro años de López Obrador”, refiere la organización.
No obstante, el propio informe advierte que estas cifras deben ser tratadas con precaución, pues documentos militares obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya muestra que el Ejército miente sobre cifras de personas muertas y heridas en enfrentamientos.
Estás discrepancias fueron detectadas por Animal Político en al menos tres casos que atrajeron la atención pública, donde la Sedena de forma interna reportó una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció.
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El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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