Sheinbaum, cerca de romper el récord histórico de personas privadas de la libertad en México: las cifras clave
Para entender mejor
A poco más de un año de haber asumido funciones como la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo está a punto de romper el récord histórico de personas en prisión desde que se tiene registro (diciembre de 1999), al sumar 255 mil 190 personas privadas de la libertad, con cifras actualizadas a octubre de 2025.
En 12 meses la mandataria federal se colocó a 448 personas de alcanzar a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quienes en su punto máximo mantuvieron a 255 mil 638 personas en prisión.
Además, en octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió el poder, el país contaba con 235 mil 461 personas privadas de la libertad. Esto se traduce en que, en tan solo un año, logró que la población penitenciaria aumentará un 8.379 %; es decir, 19 mil 729 personas más desde que inició su gestión.
Especialistas consultados por Animal Político alertan sobre las causas y consecuencias del aumento de la población penitenciaria, señalando que ha sido impulsado principalmente por la ampliación de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, una estrategia punitivista que no se ha traducido en una mayor seguridad ni justicia para las personas, ni ha solucionado los problemas de fondo de la violencia.
Por el contrario, critican que el incremento ha generado un deterioro de las condiciones de vida de las personas dentro de las cárceles, debido al hacinamiento y a las violaciones a derechos humanos, lo que ha castigado de manera desproporcionada y en mayor medida a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Estas son las cifras clave.
Aumento de la población penitenciaria en México: sexenio tras sexenio
Desde el año 2000, la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), comenzó a publicar el Cuaderno Mensual de Información Estadística para transparentar cifras de la población penitenciaria a nivel nacional, como su situación jurídica, estado, sexo.
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Desde aquella primera publicación destacó que de diciembre de 1999 a diciembre del 2000 hubo un aumento de 11 mil 965 personas en la población penitenciaria en México, al pasar de 142 mil 800 a 154 mil 765 en tan solo 12 meses. Desde entonces esta cifra no ha dejado de crecer.
Por ejemplo, del año 2001 hasta 2006, periodo que comprende todo el sexenio de Vicente Fox Quesada, la población penitenciaria pasó de 165 mil 668 personas a 210 mil 140. Un incremento del 26.828 % en seis años.
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, comprendido del año 2007 —el primero de la llamada “guerra contra las drogas”— al 2012, no fue la excepción, al pasar de 212 mil 841 personas a 239 mil 089 en prisión. Un aumento del 12.349 %.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto fue el primero en llegar al récord histórico de presos en México, al tener en prisión a 255 mil 638 personas en 2014 (mismo año en el que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), su administración fue la única que también logró romper con ese aumento.
El análisis de los datos muestra una tendencia en forma de “U”: la población en prisión pasó de 246 mil 334 personas en 2013 —con un último repunte en 2014— a 197 mil 988 en 2018, lo que significó una disminución constante de 24.419 % que representó una reducción de casi 50 mil personas en tres años.
Sin embargo, a partir del año siguiente, el primero de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la tendencia se invirtió drásticamente hasta tener un repunte agresivo que ha llevado a las cifras actuales a superar los niveles de hace una década, con solo una breve caída en 2023.
Así, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la cifra de la población penitenciaria en México volvió a aumentar al pasar de 200 mil 936 personas en prisión en 2019 a 235 mil 197 en 2024. Esto representó un aumento del 17.051 % y se alcanzó en el año 2022 el mismo récord histórico que Peña Nieto: 255 mil 638 personas.
El abogado Luis Tapia, especialista en derechos humanos y derecho penal, identifica un conjunto de factores que explican el incremento de la población en prisión en México, revirtiendo el descenso que se había observado tras la implementación del Sistema Penal Acusatorio en 2016. Esto parte del uso indiscriminado de la figura de la prisión preventiva oficiosa en 2018, que marcó un punto de inflexión para el país.
“El problema es que la ‘solución’ de la cárcel, lejos de reducir el crimen o resolver los conflictos, muchas veces profundiza los problemas inherentes al sistema, con el riesgo de desembocar en una crisis mucho más grave que la inicial”, señala.
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Sofía González Talamantes, subdirectora de la organización Documenta, también señala al uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva como el principal motor de la crisis carcelaria, asegurando que este sistema termina castigando con mayor energía a las personas con más vulnerabilidad.
“Las personas en una situación de pobreza, las personas indígenas, muchas personas con discapacidad, jóvenes que son criminalizados, la población de la calle. Muchas de estas personas llegan a prisión, muchas veces, sin haber cometido un delito. Lo que sabemos es que la fiscalía y los ministerios públicos no investigan de manera adecuada”.
En octubre de 2021, Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que, en efecto, el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son de escasos recursos.
Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y son acusados de delitos menores, como pequeños robos, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia el porqué no han bajado los niveles de violencia en el país pese a que hay más detenidos.
Sheinbaum y Harfuch: nueve de cada 10 “nuevos” presos no tienen sentencia
Desde que llegaron al gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), han afirmado que el aumento de personas detenidas en el país es debido al combate de los llamados delitos de alto impacto: homicidio, feminicidio, secuestro, lesiones, extorsión y robos de diferentes tipos.
El 11 de noviembre de 2025, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, García Harfuch informó que en 13 meses de la presente administración “han sido detenidas más de 37 mil personas por delitos de alto impacto”.
Aunque hay una discrepancia entre las cifras de personas detenidas por “delitos de alto impacto” (que pudieron no haber llegado a la cárcel) y las que llegan a prisión (de las que también hubo liberaciones durante el año), para el experto Luis Tapia el aumento de la población penitenciaria en México en los últimos meses se puede deber también al cambio de política de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum que, a diferencia de su antecesor, se enfoca en detener a más personas.
“[Pero] el hecho de que detengan a personas no significa que sean culpables. Avisar de la detención es simplemente iniciar el proceso contra esa persona y tiene derecho a que se siga un juicio y se respeten todas las garantías del debido proceso y que, habiéndose garantizado su derecho de defensa, se le condene […] pero en un país que se dice democrático y con Estado de Derecho, no puede ser la palabra de la policía y de la presidencia la última sobre la culpabilidad de una persona”.
El desglose mensual de octubre de 2024 a octubre de 2025 muestra aumentos constantes y significativos, al pasar de 235 mil 461 personas a 255 mil 190; es decir, 19 mil 729 personas.
Solo diciembre de 2024 tuvo una ligera baja, pero enero de 2025 fue el mes con el mayor aumento abrupto, sumando 2 mil 915 personas en un mes. Desde ahí y hasta octubre de este año, todos los meses registraron aumentos en el total de la población.
Sin embargo, un análisis detallado de las cifras oficiales en el mismo periodo revela que el aumento de la población penitenciaria en México no se debe a una mayor eficacia en la impartición de justicia (más sentencias), sino a un uso intensivo de la prisión preventiva que se traduce en más personas inocentes o procesadas.
Al revisar el estatus legal de estos “nuevos” presos se puede identificar que la desproporción es alarmante, pues las personas sin sentencia (procesadas) aumentaron en 17 mil 966, sumando el fuero común y el federal. Esto representa el 91 % de todo el crecimiento anual; es decir, que nueve de cada 10 “nuevos” presos no tienen sentencia.
En contraste, las personas con sentencia (a las que sí se les siguió un juicio) solo aumentaron en mil 766 personas.
En otras palabras, por cada persona que ingresó al sistema con una condena firme en el último año, ingresaron aproximadamente 9 personas a la cárcel bajo proceso judicial sin culpabilidad probada.
Para Sofía González otra de las consecuencias directas del aumento de la población penitenciaria en México es el hacinamiento que hay dentro de las cárceles, lo que lleva incluso a niveles críticos de insalubridad y trato inhumano, especialmente en los centros penitenciarios estatales.
“Eso implica que no tengan acceso a agua, no tengan acceso a medicamentos, a un doctor o una doctora si tienen un padecimiento, y las mismas condiciones de hacinamiento, pues hacen que las personas se enfermen. O sea, en celdas donde hay espacio para cuatro personas, duermen 20. Entonces, física y mentalmente, las personas en prisión no están bien. Las condiciones no son humanas”.
—¿Y cómo podemos explicarle a la gente que el hecho de que haya más personas en prisión no necesariamente se traduce en una mayor justicia para ellos? —se le pregunta a ambos especialistas.
—Es que realmente no es que la seguridad esté aumentando por el hecho de que tú metas a personas en la prisión. Yo creo lo contrario: cada vez nos sentimos más inseguras, existe más violencia, y esto se debe a que, primero, no están investigando y que están metiendo a las personas que muchas veces no tienen una defensa adecuada, no pueden pagar una defensa privada. ¿Quién está en la cárcel?, pues la gente pobre, la que no pudo defenderse. Creo que es muy importante que se entienda eso —responde Sofía González.
Luis Tapia considera que la cárcel, como única respuesta para resolver problemas es una “muy mala idea”, porque, asegura, llevar a la gente a prisión representa muchos recursos económicos y convertir en delito cualquier problema de los ciudadanos sobrecarga el sistema de justicia y hace que tenga menos capacidad para resolver ciertos delitos, como el homicidio, la desaparición, la tortura, la violación y la trata de personas.
—Creo que no es práctico, no ayuda. Tener sistemas carcelarios con mucha gente… eso se vuelve un problema que regresa —finaliza.
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