
La familia de Citlali Berenice Giles Rivera dio a conocer que las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo habrían sido imputadas por el colapso de una estructura decorativa del festival Axe Ceremonia 2025, que provocó la muerte de la fotoperiodista y de su colega Miguel Hernández el pasado 5 de abril, pese a presuntos retrasos por parte de la Fiscalía de CDMX.
En un comunicado, Luis Raúl Giles, padre de la víctima, detalló que la ministerio público Mercedes Karina Granados Peralta determinó la calidad de imputadas a ambas empresas desde el 14 de enero y agregó que este resultado se logró “a pesar de que la fiscalía protege y encubre a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”.
Pese a los señalamientos, la empresa Ocesa envió una nota aclaratoria en la que rechazó que se haya formalizado alguna imputación y agregó que siguen colaborando con las autoridades.
“OCESA forma parte de las empresas consideradas dentro de la investigación relacionada con el festival Ceremonia y, a la fecha, no ha sido imputada por las autoridades competentes. Desde el inicio del proceso, hemos colaborado de manera activa y transparente con las instancias correspondientes y continuaremos haciéndolo con total responsabilidad”.
La empresa reiteró su respeto con las víctimas y sus familias y su compromiso con el debido proceso. “Confiamos en que las autoridades esclarecerán los hechos conforme a la ley y con base en los elementos disponibles”.

Tras los señalamientos del padre de Berenice Giles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la investigación relacionada con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025 durante el festival AXE Ceremonia “se mantiene activa y en curso”.
“Desde el inicio, se han realizado de manera continua actuaciones ministeriales, policiales y periciales, que se desarrollan con rigor técnico y jurídico, sin exclusiones, y abarcan a todas las personas físicas y morales que pudieran tener responsabilidad en los hechos, conforme a las atribuciones de esta institución”, detallaron en un comunicado.
Asimismo, la Fiscalía CDMX aseguró que agotará todas las líneas de investigación y ejercerá acción penal en contra de quien resulte responsable, con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas, además de que aseguraron que no se han dado por concluídas las indagatorias.
“Esta institución reitera que no dará por concluida ninguna investigación ni adelantará conclusiones. Su actuación se rige por la ley y por el compromiso de garantizar verdad y justicia, hasta el esclarecimiento total de los hechos”.

Foto: Cuartoscuro
En el comunicado dado a conocer por la familia de una de las víctimas, se atribuye el avance del caso a tres resoluciones emitidas entre octubre de 2025 y enero de 2026 por jueces que, según señalan, identificaron irregularidades en la actuación de la fiscalía capitalina.
El 15 de octubre de 2025, la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros advirtió que la FGJCDMX “estaba evadiendo” imputar a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, por lo que concedió una suspensión definitiva que obligó a los jueces de control a revisar la actuación ministerial.

Ese mismo día, la jueza de control Adriana Ivett Morales Chávez ordenó a la ministerio público “que se apartara de los actos de corrupción y le diera la calidad de imputadas a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”, instrucción que, de acuerdo con la familia, la fiscalía había evitado ejecutar durante meses.
Posteriormente, el 7 de enero de 2026, el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos reiteró las obligaciones de la fiscalía y recordó a la ministerio público que debía investigar a toda persona denunciada. “El juez Campos Burgos exhortó a la ministerio público a que hiciera bien su trabajo y a que diera cumplimiento a lo que había resuelto la jueza Adriana Ivett Morales Chávez”.
Luis Raúl Giles también acusa la existencia de “actores” que buscan deslegitimar el proceso y revertir la suspensión definitiva que obligó a los jueces de control a revisar la actuación ministerial y permitir una audiencia inicial sin la presencia de ambas empresas como imputadas, algo que consideran inadmisible debido a las más de “30 datos de prueba contundentes” que aseguran haber presentado.
“Agradezco a los medios de comunicación y personas que han seguido la batalla que mi familia y nuestro equipo legal, hemos librado buscando justicia para mi hija Berenice Giles”, inicia el comunicado, en el que el padre recuerda que han pasado “más de nueve meses por un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y denegación de justicia que nos ha cometido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución empeñada en proteger y encubrir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”.

Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
La administración Trump ha nombrado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como dos de los miembros fundadores de su Consejo de Paz para Gaza.
El enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, también formarán parte de la “junta ejecutiva fundadora”, según informó la Casa Blanca en un comunicado emitido el viernes.
Trump presidirá la junta, que forma parte de su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Se espera que supervise temporalmente la gestión de Gaza y gestione su reconstrucción.
También forman parte de la junta ejecutiva fundadora Marc Rowan, director de una firma de capital privado; el director del Banco Mundial, Ajay Banga; y el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert Gabriel.
Cada miembro tendrá una cartera “crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, según el comunicado de la Casa Blanca.
Trump había dicho el jueves que se había formado la junta, calificándola de “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”.
La Casa Blanca anunció que se nombrarán más miembros de la junta en las próximas semanas.
Tony fue primer ministro de Reino Unido de 1997 a 2007 y llevó a su país a la guerra de Irak en 2003. Tras dejar el cargo, se desempeñó como enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EE.UU., la UE, Rusia y la ONU).
Esto se produce tras el anuncio de un comité tecnocrático palestino independiente de 15 miembros, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar la gobernanza diaria de la Gaza de posguerra.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de la Cisjordania ocupada que no están bajo control israelí, presidirá este nuevo comité.
El comunicado de la Casa Blanca de este viernes también indicó que Nickolay Mladenov, político búlgaro y exenviado de la ONU para Oriente Medio, será el representante de la junta sobre el terreno en Gaza, trabajando con el NCAG.
El plan de Trump establece que también se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas, y el comunicado de la Casa Blanca indicó que el mayor general estadounidense Jasper Jeffers encabezará esta fuerza para “establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo”.
La Casa Blanca indicó que se estaba formando una “junta ejecutiva de Gaza” independiente que contribuiría a la gobernanza e incluye algunos de los mismos nombres que la junta ejecutiva fundadora, así como otras personas designadas.
El plan de paz de Estados Unidos entró en vigor en octubre y desde entonces ha entrado en su segunda fase, pero todavía hay una falta de claridad sobre el futuro de Gaza y de los 2,1 millones de palestinos que viven allí.
En virtud de la primera fase, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego en octubre, así como un intercambio de rehenes por prisioneros, una retirada parcial de Israel y un aumento de la ayuda humanitaria.
A principios de esta semana, Witkoff afirmó que la segunda fase contemplaría la reconstrucción y la desmilitarización total de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos.
“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones”, advirtió, señalando que estas incluyen la devolución del cuerpo del último rehén israelí fallecido. “De no hacerlo, habrá graves consecuencias”.
Sin embargo, el alto el fuego es frágil, y ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones.
Casi 450 palestinos han muerto en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, mientras que el ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos palestinos durante el mismo período.
Las condiciones humanitarias en el territorio siguen siendo graves, según la ONU, que ha insistido en la necesidad de un flujo sin restricciones de suministros esenciales.
La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Más de 71.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.
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