El director del CIDE reconoce la crisis financiera del centro de estudios: no tienen ni para pagar el gas
En su más reciente informe de gestión al frente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tallaeche señaló que, desde su designación como director interino, en 2021, recibió una institución “en una situación financiera y administrativa alarmante”, y que “grupos de interés” de esta comunidad educativa, así como de otras universidades públicas “se pusieron en su contra” lo que generó “una serie de problemas críticos que comprometían su viabilidad y estabilidad”.
El director, cuya designación ocurrió entre polémicas con la comunidad del CIDE, también reconoció que la suspensión de estímulos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), dejó a esta institución sin dinero para pagar los servicios del comedor, el gas y el arrendamiento de equipos de cómputo, además de que tiene una deuda de más de 250 millones de pesos ante el SAT, otra de 22 millones por pago de predial y debe otros 21.11 millones de pesos a profesores por proyectos y estímulos.
El director apuntó que esta situación tuvo su origen en que, desde su fundación, la institución “había sido funcional al gobierno en turno y a condiciones particulares, sin embargo, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de transformación, la antipatía de la mayoría de los profesores, articulistas y personas relacionadas con el CIDE era evidente”.
“Esta comunidad académica, con inclinaciones neoliberales, se enfrentaba a un gobierno que privilegiaba la rectoría del Estado sobre la economía. El presidente López Obrador promovía una visión de fortalecer la intervención estatal para corregir desigualdades y promover el desarrollo social, enfoque que contrastaba con las perspectivas neoliberales dominantes en el CIDE“, señaló.
Por ello, expuso que, a finales de 2023, envió un oficio a la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), “para explicarle la gravedad de nuestra situación financiera y nuestra firme oposición a perder la sede de Aguascalientes”, lo que resultó en la autorización para el pago de profesores internos y un diálogo con el que “comenzamos a lograr avances significativos en la institución y logramos conservar la sede”.
CIDE, con deudas, descontento y carencia de recursos
De acuerdo con Tellaeche, la deuda con las que recibió al CIDE “no solo reflejaba una mala gestión financiera, sino que también generaba un profundo descontento dentro de la comunidad académica. Los profesores, esenciales para el funcionamiento y prestigio del centro, se encontraban desmotivados y frustrados por la falta de pagos. Ello, junto a diferencias ideológicas con el gobierno federal, o por pérdida de privilegios generó la denuncia de algunos investigadores”.
Y es que, según el director, el movimiento en su contra “contó con muchos apoyos de gente vinculada con el CIDE y otras interesadas en golpear al gobierno federal. Entre estos apoyos se encontraban algunos profesores de la UNAM (donde se exiliaron varios miembros de la División de Estudios Jurídicos del CIDE), el INE (miembro del órgano de Gobierno), la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad (que financiaba la carrera de periodismo)”, así como de los medios El Universal y Reforma.
Aunado este descontento y a la la falta de recursos para cubrir “necesidades básicas”, como el comedor, el gas y el equipo de cómputo, también señaló que las condiciones de la cocina, los baños y centros de cómputo contaban con condiciones “inaceptables”, que “no solo afectaban la calidad de vida del campus, sino también el rendimiento académico y la moral del personal y los estudiantes”.
Aunque el director reconoció que los problemas presupuestarios comenzaron en 2012, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la pérdida del estatus de donataria autorizada del CIDE, y que en 2020 se publicó una reforma fiscal cuyas consecuencias obigaron a la institución a ser sujeto de pago de impuestos, afirmó que no se consiguió una estabilidad financiera porque fue hasta su administración, en 2021, cuando la institución implementó acciones para su recuperación.
El “cambio de rumbo” en el CIDE con el director José Romero
En el documento sobre su gestión, el director del CIDE afirmó que la búsqueda de apoyo para el pago de profesores internos y la recuperación de la sede de Aguascalientes “generaron tensiones entre la dirección del CONAHCYT y yo”, sin embargo, comentó que tras aclarar los puntos de desacuerdo consiguió la autorización de recursos.
“Este cambio de rumbo permitió al CIDE iniciar un proceso de recuperación y fortalecimiento. Se implementaron medidas para mejorar la gestión financiera“, ya que presumió que se consiguieron saldar las deudas con académicos y el predial, se aprobaron lineamientos para estímulos y desarrollo de proyectos con recursos de terceros y se implementó una estrategia de adecuaciones presupuestarias y se reestructuró la estrategia para que el centro recupere su condición de Persona Moral con fines No Lucrativos ante el SAT.
Asimismo, aseguró que en 2022 se llegó a un acuerdo con todas las divisiones del CIDE, en el cual se estableció “que la Dirección General no intervendría en la orientación de sus programas ni en los métodos de selección de profesores. Este acuerdo también implicaba que el Consejo Académico apoyaría la creación de nuevas divisiones”.
“Estas transformaciones y expansiones representan un esfuerzo concertado por parte del CIDE para adaptarse a las necesidades cambiantes del contexto académico y socioeconómico, promoviendo así un entorno de investigación robusto y diversificado”.
“La historia del CIDE en estos años recientes es un testimonio de la resiliencia y determinación de su comunidad que, frente a enormes desafíos, logró dar un giro crucial hacia la recuperación y el éxito”, dijo.
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Las autoridades federales y las locales ofrecen versiones contradictorias del incidente que acabó con la vida del manifestante Alex Pretti.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado airadas protestas y una extendida condena.
Cientos de manifestantes desafiaron el clima gélido para salir a las calles para protestar por la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por agentes de Inmigración durante un incidente este sábado.
Los videos del lugar muestran el forcejeo entre los agentes federales y Pretti.
Las autoridades federales y estatales han ofrecido versiones contradictorias de lo que sucedió en los momentos previos al tiroteo.
Trump ordenó el envío de agentes federales a este estado gobernado por demócratas hace unas semanas, con el objetivo de realizar una deportación masiva de migrantes indocumentados.
El sábado por la noche, cientos de personas rindieron homenaje a Pretti, encendiendo velas y coreando su nombre cerca del lugar donde recibió los disparos.
Durante el día, cientos de manifestantes expresaron su indignación por el tiroteo y por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, mientras agentes armados y enmascarados utilizaban gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos.
Las protestas se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco., en las que muchos asistentes portaban pancartas que pedían “Justicia para Alex” y “abolir el ICE”.
Versiones contradictorias
El gobierno de Trump ha descrito a Pretti como un “terrorista doméstico”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que estaba allí “para perpetuar la violencia”, y alegó que se aproximó a los agentes federales con una pistola semiautomática de 9 mm.
Han surgido videos que muestran un forcejeo entre agentes de la Patrulla Fronteriza y el hombre justo antes del tiroteo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Testigos presenciales, funcionarios locales y la familia de la víctima han cuestionado ese relato, señalando que tenía un teléfono en la mano, no un arma.
Sus padres acusaron a la administración de difundir “mentiras repugnantes” sobre lo sucedido.
BBC Verify analizó múltiples videos que muestran los momentos previos al tiroteo. Estos muestran a Pretti filmando a los agentes con su teléfono.
Uno de los agentes empuja a otra persona al suelo, y Pretti se interpone entre esa persona y el agente.
El agente le rocía gas pimienta en la cara y, mientras él intenta ayudar a la mujer en el suelo, más agentes se unen y lo derriban. Ninguno de los videos disponibles muestra a Pretti sosteniendo un arma.
Se puede ver a un agente con una chaqueta gris con las manos vacías mientras intenta quitarle algo de la cintura a Pretti. Luego, el agente se aleja de Pretti, sosteniendo lo que parece ser una pistola en su mano derecha.
Menos de un segundo después de esto, un agente dispara contra Pretti. Se escuchan diez disparos.
Dos testigos refutaron en declaraciones oficiales el relato del DHS sobre lo sucedido, y ambos afirmaron que no vieron a Pretti blandir un arma.
Sin embargo, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, declaró el domingo en el programa Meet the Press de NBC que los videos no eran claros y que “hay mucho que no vemos” en ellos, por lo que era importante realizar una investigación.
El presidente Trump afirmó que los funcionarios locales y estatales estaban “incitando a la insurrección”, sugiriendo que ordenaron a la policía local no proteger a los agentes federales de inmigración en el lugar del tiroteo.
El gobernador Walz rebatió enérgicamente la versión del gobierno federal sobre el incidente. “He visto el video desde varios ángulos y es repugnante”, les dijo a los periodistas.
“Gracias a Dios tenemos el video porque, según el DHS, estos siete tipos heroicos enfrentaron el embate de un batallón contra ellos o algo así. Es una tontería y son mentiras”, afirmó.
Walz reiteró su llamado a Trump para que ponga fin a las operaciones de ICE en Minesota y pidió al gobierno federal a que deje de “calumniar” a Pretti. Añadió que su familia “ya ha pasado bastante” al tener que enterrar a su hijo.
El gobernador pidió que las protestas se mantengan pacíficas, pero acusó a los agentes federales de eliminar pruebas del lugar de la muerte de Pretti.
“Este es un punto de inflexión”, dijo Walz a sus compatriotas.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también exigió que los agentes de ICE abandonen el estado.
“¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?”, declaró.
Pero Greg Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza, dijo en un programa de la cadena CNN que “el sospechoso se puso en esa situación” en referencia a Pretti y su muerte por disparos de los funcionarios.
“Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Bovino.
Las autoridades locales llevan semanas reclamando al gobierno de Trump que ponga fin al despliegue extraordinario de agentes federales de Inmigración en Minesota y en particular en Mineápolis.
El jefe de la policía de Mineápolis, Brian O’Hara, afirmó que Pretti era un propietario legal de armas que no tenía antecedentes penales, y del que solo constaban algunas infracciones de tráfico.
En Minesota es legal portar una pistola en público si se cuenta con un permiso.
El senador republicano Bill Cassidy calificó los sucesos en Mineápolis como “increíblemente perturbadores”.
La “credibilidad” del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego”, afirmó en una publicación en redes sociales.
“Debe haber una investigación conjunta completa, tanto federal como estatal”.
Semanas de tensiones
Este último tiroteo ocurre tras semanas de tensiones entre las autoridades de Minesota, agentes federales y manifestantes que han salido a las calles para vigilar a los agentes durante sus redadas contra la inmigración.
A principios de este mes, un agente de ICE mató a tiros a Renee Good, una residente de Mineápolis de 37 años que participaba en una de esas labores de observación.
La ofensiva de Trump en Mineápolis se puso en marcha en diciembre, después de que algunos inmigrantes somalíes fueran condenados en un fraude masivo de programas estatales de bienestar social.
El estado alberga a la comunidad más grande de inmigrantes somalíes en Estados Unidos.
Los agentes de ICE tienen el poder de detener a personas de las que sospechan que se encuentran ilegalmente en EE.UU.
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