Conahcyt deja sin becas a estudiantes de posgrado: hay 450 afectados solo en CDMX
Cientos de estudiantes de posgrado que tramitaron su beca ante el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes Conacyt) fueron notificados recientemente de que no recibirán el apoyo porque los programas que cursan no son prioritarios.
Giovanni Jiménez, docente y estudiante de posgrado en la UAM-Iztapalapa, explicó en entrevista que las personas afectadas han comenzado a elaborar un censo para saber cuántos alumnos han resultado afectados por esta decisión.
Hasta el momento, tienen conocimiento de más de 140 programas implicados en todo el país (maestrías y doctorados), y de que tan solo en la CDMX hay 450 estudiantes perjudicados en 15 planteles, de acuerdo con los datos del movimiento #SinBecaConahcyt.
“Esto no es un rollo individual, no es por mí, es por mis alumnos y por mis compañeros (…) Yo acabo de graduar a 50 alumnos de licenciatura y, de ellos, 20 quieren aplicar a un posgrado. Si yo no estoy peleando para que ellos tengan becas, soy un hipócrita porque yo soy producto de la educación pública”, sostuvo.
“La afectación es principalmente con áreas vinculadas a los negocios, a la administración, actuaría, matemáticas aplicadas a negocios porque, según, no son líneas estratégicas de investigación para el país, para la nación, para el pueblo, pero por eso digo, a qué hora se echaron un clavado a revisar los 146 posgrados que están eliminando”, agregó.
Stefany Moreno, estudiante del Posgrado Integral de Ciencias de la Administración (PICA) en la UAM-Iztapalapa y vocera del movimiento #SinBecaConahcyt, dijo que, por ejemplo, dicho programa era considerado de calidad, lo que garantizaba el acceso a una beca de manutención, ya que el mismo programa tiene como requisito que los estudiantes lo sean de tiempo completo.
“Pero como cambió la ley (de Ciencia), ahora entran todos los posgrados y nos ordenan por prioridades; entonces, nos ponen a nosotros en una prioridad 5 y dicen que está sujeta a cuestiones presupuestales y hay que esperar a que nos den una respuesta”, señaló la joven.
“La situación es que, cuando nos remitimos a los textos, a los reglamentos, pues nosotros somos una institución pública y gratuita y son las instituciones a las que se les debe dar prioridad”, subrayó.
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Hace un año, en junio de 2022, la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, dio a conocer los lineamientos que regirían la entrega de becas, los cuales tenían como base la entrega de los apoyos a través del nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP), que sustituiría al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Con este cambio, se explicó, se abriría la puerta para que todos los programas de posgrado pudieran recibir apoyo y se eliminarían los indicadores cuantitativos para la asignación de becas, mismos que, afirmó Álvarez-Buylla, eran “productivistas, excluyentes, tortuosos y burocráticos”.
Dado que los programas de posgrado ya no serían sometidos a una evaluación del Conahcyt, se establecieron cinco categorías de acuerdo con las cuales se priorizaría la entrega de apoyos.
Con esto, se privilegiarían áreas en instituciones públicas como física, matemáticas, ciencias de la Tierra, biología, química, medicina, ciencias de la salud, artes y humanidades, ciencias sociales, biotecnología, ciencias agropecuarias e ingenierías de atención prioritaria. Según dijo la funcionaria, si los planteles no podían becar a los estudiantes, el Conahcyt les garantizaría un apoyo siempre y cuando hubiera presupuesto.
“Estuvimos esperando por seis meses (…) y al final nos dicen que no porque no tenemos la prioridad”, reclamó la joven. Agregó que, en caso de no recibir una beca, se vería obligada a abandonar sus estudios: “Sabíamos que era de tiempo completo y que íbamos a tener este apoyo para solventar nuestras necesidades personales y académicas”.
Tonatiuh Torres, estudiante de doctorado en Estudios Organizacionales en la UAM-Iztapalapa, relató su sorpresa al recibir el correo en el que le negaban la beca, pues el programa que cursa ha recibido apoyo al menos desde hace 20 años.
“Este posgrado, incluso, era considerado de competencia internacional, la categoría más alta que tenía el Conahcyt, y ahora nos dejaron sin la beca”, dijo.
La UAM asegura que habrá becas
Para aclarar dudas y mostrar su rechazo a la decisión de Conahcyt, un grupo de estudiantes de distintas universidades públicas acudió a la sede de la institución el viernes para manifestarse y exigir una explicación de lo sucedido.
De acuerdo con lo que refirieron cuatro estudiantes presentes en el encuentro, luego de escuchar sus demandas, los funcionarios que los recibieron les aseguraron que se reconsiderarían sus casos y en próximos días se les daría una respuesta.
“Uno de los argumentos que les dimos es que generaciones pasadas tienen el apoyo (…) Entonces, les dijimos: ‘Oye, si nos apoyaste en otros años, ¿por qué ahora no?, ¿por qué nos quitan el apoyo?, porque es una regresión’”, compartió Irving Manrique, estudiante de la maestría en Administración con enfoque en organizaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
El sábado 24 de junio, y ante las inquietudes de cientos de estudiantes sobre la negativa por parte de Conahcyt para otorgarles una beca, la UAM aseguró en un comunicado que “los apoyos económicos otorgados por este consejo serán cubiertos en todas las áreas y programas de la UAM reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados”.
Según las autoridades de la UAM, representantes de ambas instituciones sostuvieron diálogo y determinaron que los alumnos del área Económico-Administrativa que se vieron afectados por los nuevos lineamientos que consideraban “no prioritarias” a estas disciplinas sí recibirán becas.
Esta decisión beneficiará a 47 estudiantes de cuatro programas de posgrado.
Aunque la respuesta fue satisfactoria para la UAM, Guillermo Aldair, estudiante de doctorado en la UAM, aseguró que el movimiento #SinBecaConahcyt continuará en resistencia.
“El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es ‘becas para todos’, y porque el compromiso de la doctora Buylla es ‘que toda persona aceptada en un posgrado en una institución de educación superior pública obtendría una beca’”, dijo.
Agregó que uno de los compromisos del movimiento es que todos los posgrados de las instituciones públicas de educación superior sean reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados, a fin de que puedan tener todos los beneficios de ello.
“La UAM emprendió un compromiso de trabajo y de diálogo con el Conahcyt, por lo que invitamos a otras instituciones que sustenten y demuestren compromiso, validación y respuesta a las necesidades de la sociedad. Que las instituciones le demuestren al Conahcyt que nuestro trabajo desde los posgrados resuelve y aporta a los conflictos de nuestra realidad”, pidió el estudiante.
Hasta el cierre de esta edición, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM adelantaron que de manera informal habían sido notificados de que sus casos habían sido reconsiderados y se les entregaría la beca; sin embargo, aún no se les ha notificado oficialmente.
Diálogo y amparo
Para ejercer presión y obtener una respuesta lo más pronto posible, los alumnos afectados se han organizado en distintas acciones, las cuales incluyen diálogo directo con el Conahcyt, solicitud de diálogo a través de los directores de sus posgrados e, incluso, la presentación de un amparo.
“Esa línea del amparo solo algunas universidades la están considerando como opción, al menos la UNAM no lo está considerando al momento pues tenemos entendido que las autoridades de nuestro posgrado enviaron un escrito para que se reconsidere nuestro caso”, dijo Irving Manrique, estudiante de la maestría en Administración con enfoque en organizaciones.
Quienes han optado por sumarse a la presentación de un amparo colectivo están en proceso de entregar sus perfiles. Al momento, 20 estudiantes se han sumado a esta acción, informó Jesús Martínez Rojas, abogado que encabeza esta acción.
“El rechazo parece un tanto arbitrario porque, cuando uno ve las listas de los programas prioritarios, hay disciplinas donde estos programas bien podrían caber”, dijo.
De acuerdo con lo que han podido advertir, el Conahcyt omitió revisar a detalle los contenidos y las líneas de investigación de los posgrados que se han dejado fuera de los apoyos. Se trata, sostuvo el abogado, de un rechazo por el prejuicio al nombre del programa, lo que genera discriminación entre los estudiantes.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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