
La población en México que vive en situación de pobreza disminuyó en 5.1 millones de personas, entre 2018 y 2022, informó este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 41.9% a 36.3% en el mismo periodo, de acuerdo con la instancia autónoma que atribuyó el cambio a una recuperación de la economía después de la pandemia de COVID-19.

En cuanto a la pobreza extrema, el porcentaje de la población en esta situación pasó de 7.0% en 2018 a 7.1% en 2022. Por ello, aumentó el número absoluto de personas, al pasar de 8.7 a 9.1 millones, cerca de 400 mil más entre 2018 y 2022.
En cuanto a la población en pobreza moderada, esta pasó de 34.9% a 29.3% en esos cuatro años.

Además, la población que no es considerada pobre ni vulnerable tuvo un ascenso, al pasar de 23.7% a 27.1% en cuatro años.
De acuerdo con los datos dados a conocer por el Coneval, la falta de acceso a los servicios de salud aumentó en más de 30 millones de personas, al pasar de 20.1 a 50.4 millones de personas.
Las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022.

De acuerdo con la medición, el mayor porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud reportó estar afiliado al IMSS, un 38.3%, seguido de los servicios del Insabi (el extinto Instituto de Salud para el Bienestar), con un 13.1%, el cual estaba dirigido a personas sin seguridad social.
José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, señaló durante la presentación del informe que la disminución del porcentaje de la población en pobreza puede atribuirse varios factores.
Uno de ellos, dijo, es la recuperación general de la economía luego de la pandemia de COVID-19 que llegó a México en 2020 y provocó el cierre de actividades consideradas no esenciales.
Otros factores son los efectos del aumento al salario mínimo y los programas sociales. De acuerdo con Cruz, en México hay alrededor de 11 mil programas sociales, la mayoría de ellos del ámbito municipal y 121 del orden federal.
A pesar de la disminución del porcentaje de población en pobreza y de la cierta mejoría en los ingresos de las personas ―reportada también recientemente por el Inegi― , tanto el secretario ejecutivo como los consejeros del Coneval resaltaron este jueves que un análisis integral de los datos muestra que algunas carencias sociales empeoraron.
En particular, catalogaron como “preocupante” el acceso de la población a servicios de salud y advirtieron que la transición entre sistemas que ha llevado a cabo el actual gobierno federal ha generado confusión entre la ciudadanía. Muchas personas, por ejemplo, no tienen certeza sobre a qué institución pueden acudir y optan por servicios privados.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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