
Para entender mejor
El asesinato de tres defensores refleja el inicio de otro año crítico para los líderes sociales en Colombia
En la tarde del 22 de enero de 2026, Rhonald Sneyder Trujillo Guevara conducía su camioneta por el sector conocido como Ruta de los Libertadores, entre los caseríos de Betoyes y Flor Amarillo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, cuando fue interceptado por hombres armados. Lo hicieron descender del vehículo y le propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar.
Trujillo tenía 33 años y era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores, corregimiento (zona rural) de Panamá, en el municipio de Arauquita. También pertenecía al comité de bienes y servicios de las Juntas de Acción Comunal Unidas de Panamá–Jacup, en el área de influencia del campo petrolero Caricare.
“Desde hace varios años Rhonald luchaba por mejorar la calidad de vida de las comunidades, exigiendo inversión social de impacto a las compañías petroleras en el territorio y para que la mano de obra en la industria fuera de personas del departamento de Arauca, no de afuera”, comenta a Mongabay Latam Johnny Castro, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca (Fedejuntas) y quien conocía a Rhonald Trujillo.
Desde 2022, el departamento de Arauca ha sido una zona crítica para los líderes: “Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia”, manifestó en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 12 asesinatos de líderes en el departamento en 2022, siete en 2023, 19 en 2024 y cinco en 2025. Aunque las cifras muestran un descenso en los casos para el último año, quienes están en cargos de liderazgo en Arauca exigen que no debería presentarse ni un solo asesinato.
La situación se sigue agravando. Poco antes de la publicación de este texto se encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia Valverde, dos líderes sociales y afrodescendientes reconocidos por su trabajo en la comunidad de El Botalón, del municipio de Tame. Los hermanos fueron secuestrados en marzo de 2025 presuntamente por la guerrilla del ELN y encontrados la noche del 10 de febrero en la vía nacional Tame-Fortul con múltiples impactos de bala.

Enfrentar la violencia contra líderes sociales, ambientales y de derechos humanos ha sido uno de los eternos desafíos de Colombia. El país lleva siete años con las cifras de asesinatos más altas en el mundo contra estos sectores, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.
Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).
En respuesta a un cuestionario enviado por Mongabay Latam, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 177 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en 2025 en el país. Los departamentos más críticos fueron Cauca (37 casos), Antioquia (23), Valle del Cauca (18), Norte de Santander (11) y Nariño (10).
El escenario no parece ser optimista para 2026. Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026, ya son 15 los líderes sociales asesinados en Colombia.

En el caso del departamento de Arauca, el homicidio de Rhonald Trujillo, sin haber terminado el primer mes del año, encendió nuevamente las alarmas y puso de manifiesto, como indica la Defensoría del Pueblo, “un patrón territorial que reafirma la persistencia de riesgos en zonas con alta presencia de economías ilegales, disputas armadas y debilidad institucional. El fenómeno afecta principalmente a liderazgos comunitarios, comunales e indígenas”.
A Johnny Castro le preocupa la agresión hacia el movimiento social, específicamente el comunal. Denuncia que en Arauca existe una estrategia para asesinar y desplazar a los líderes y que las amenazas se han materializado en asesinatos.
“Tanto Rhonald como muchos otros líderes comunales que vivimos en el departamento hemos sido señalados y amenazados por grupos armados y hemos venido denunciando históricamente una connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y la estructura Martín Villa de las disidencias de la FARC para asesinar y desplazar a nuestros líderes. Ellos públicamente han salido a amenazarnos”, dice Castro. (Escuche aquí una de las amenazas).
Juan Manuel Quinche, coordinador del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Somos Defensores, asegura que la violencia contra líderes comunales en Arauca se concentra en el municipio de Tame y en el municipio de Arauquita, de donde era oriundo Rhonald Trujillo. “Muchos líderes comunales a menudo participan o lideran comités conciliadores en sus zonas y asumen múltiples funciones y labores dentro de las juntas de acción comunal, lo que los deja en medio de conflictos y los convierte en blanco de señalamientos por parte de diversos actores”, comenta.

Arauca es un territorio en disputa y allí tienen presencia diferentes grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha identificado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC (específicamente, el Comando Conjunto de Oriente con los Frentes 10, 28 y 45), los cuales mantienen una confrontación directa.
Además, de manera intermitente, se reporta la presencia de la disidente Segunda Marquetalia, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y de estructuras del crimen transnacional como el Tren de Aragua y el Tren del Llano.
Este escenario, aseguran desde la entidad, representa un riesgo extremo para quienes ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos. “Los grupos armados buscan cooptar el tejido social y silenciar voces comunitarias”. (Escuche aquí una de las amenazas).
Además, Quinche menciona que el año pasado la mayoría de las víctimas de violencia letal en Arauca eran mayores de 60 años, mientras que Rhonald Trujillo recién pasaba los 30 años. Para él, se estaría configurando un escenario alarmante donde no sólo una generación mayor está siendo afectada por esta violencia selectiva.

Al hecho de que Arauca es un departamento donde muchos grupos armados se disputan el control territorial, se suma que es un punto estratégico para la extracción de hidrocarburos en Colombia, donde los liderazgos comunales históricamente se han opuesto a la operación petrolera. Cuando no lo han conseguido, se han dedicado a exigir garantías sociales, económicas y ambientales.
“No estamos de acuerdo con que invadan nuestros territorios para saquear los recursos y los bienes de la naturaleza”, dice Castro y menciona que un caso emblemático es el de la laguna de Lipa, donde hace unos 35 años se encontró petróleo y se desplazó de su territorio a los indígenas Hitnü, que hoy viven en mendicidad en las zonas urbanas de Arauca. “Hubo un etnocidio en esa laguna y posteriormente las compañías petroleras taponaron los caños y los esteros, y acabaron con ese santuario natural”.

De acuerdo con los datos de Somos Defensores, entre 2002 y septiembre de 2024, se han registrado 73 asesinatos en Arauca y el liderazgo comunal ha sido el más victimizado con el 40 % de los homicidios, seguido por el indígena (15 %) y el comunitario (14 %).
La impunidad es otro de los grandes problemas, ya que las investigaciones no muestran avances considerables. Quinche menciona que el 50 % de los casos de asesinatos de líderes sociales en el departamento no han pasado de la fase de indagación y que sólo el 4 % ha llegado a una sentencia condenatoria. “Es una cifra ínfima de sentencias comparada con el 12 % de sentencias a nivel nacional, a pesar de que también es una cifra muy pequeña”.
Castro le pone rostro a las cifras y asegura que sólo ha habido capturas en los asesinatos de Josué Castellanos y Tulia Carrillo, “pero no se ha investigado a los actores intelectuales, a pesar de las movilizaciones y cabildos abiertos que hemos hecho”. El líder comunal considera que no habrá un cese de la violencia hasta que haya una justicia realmente eficaz frente al accionar de los grupos criminales.

“Este año también nos quedan las elecciones de juntas de acción comunal y es una preocupación grandísima que tenemos porque nos vamos a encontrar con un dilema: nadie va a querer ser presidente o dignatario debido a toda la situación que ha venido ocurriendo en estos últimos cuatro años”, manifiesta Castro.
Esta preocupación no es sólo una percepción del líder social, la Defensoría del Pueblo le aseguró a Mongabay Latam que “el conflicto en Arauca es de carácter estructural y persistente”, y que las respuestas institucionales han sido limitadas e insuficientes frente a la magnitud del riesgo. “La población civil está en peligro y se requieren acciones urgentes, integrales y coordinadas”.

Mientras Cuba se prepara para un temido escenario de “cero combustible” por las presiones de Trump, los cubanos tiran de solidaridad, inventiva y previsión.
Elizabeth Contreras* remueve el carbón en la cocina que improvisó sobre bloques de cemento en el patio de su casa.
En la parrilla hay unas piezas de pollo que alimentarán a tres familias del barrio en un municipio periférico del suroeste de La Habana.
“Mucha gente lleva días cocinando así porque la olla eléctrica apenas puede usarse sin corriente y queda poco gas”, le cuenta a BBC Mundo.
“Nos ayudamos entre vecinos en esta incertidumbre”, añade esta pensionista de 68 años.
Cuba sufre una crisis energética y de escasez de combustible que se agravó desde mediados de 2024 y que en este 2026 se acerca a un abismo impredecible.
“Vamos a vivir tiempos difíciles”, aseguró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una alocución el pasado 5 de febrero que precedió al anuncio de un plan extraordinario de ahorro energético.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, el gobierno de Donald Trump en EE.UU. desplegó varias medidas que dificultan el acceso a combustible de la isla, como la amenaza de imposición de aranceles a los países que envíen petróleo.
Washington se ha asegurado de que Cuba no reciba petróleo de Venezuela, que durante dos décadas ha sido el principal aliado de La Habana, y ha incrementado la presión para reducir el crudo que llega desde México.
Esto se une a problemas crónicos para generar electricidad por deficiencias productivas, plantas termoeléctricas obsoletas y falta de divisas para acceder a combustibles en el mercado internacional.
Son situaciones que el gobierno de La Habana atribuye al embargo económico estadounidense impuesto sobre Cuba desde los años 60, cuando triunfó la revolución socialista de Fidel Castro y se nacionalizaron industrias y negocios estadounidenses.
Lo que se vive en Cuba estos días trae recuerdos del pasado a algunos de los habitantes de la isla.
En los 90, Cuba dependía mayoritariamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), su principal aliado político y comercial.
Tras derrumbarse la URSS, los cubanos sufrieron una grave crisis conocida como el Periodo Especial que para muchos, incluida Contreras, nunca llegó a superarse del todo, sino que se pasó “por mejores y peores momentos”.
“Pero lo de ahora me parece más grave”, opina.
Con el colapso del comercio entre Moscú y La Habana a comienzos de los 90, los cubanos se vieron forzados a un racionamiento extremo de recursos y alimentos.
Como ahora, cocinaron con carbón, sufrieron problemas de transporte y convivieron con largas horas de apagones.
Contreras recuerda que, “parecido a hace tres décadas, hemos sufrido cortes de electricidad de hasta 18 horas en más de una ocasión en las últimas semanas”.
El plan anunciado por el gobierno cubano para ahorrar incluye racionar la venta de combustible, utilizándolo para actividades económicas imprescindibles y servicios esenciales, además de priorizar el teletrabajo e implementar clases semipresenciales en universidades.
Díaz-Canel rescató en su discurso el concepto de “opción cero”, un plan de supervivencia planteado en los 90 ante un escenario de “cero petróleo”.
Michael Bustamante, profesor asociado de estudios cubano-estadounidenses de la Universidad de Miami, aclara que, en términos comparativos, el PIB de Cuba hoy es menos débil que en los 90.
“Entre el 91 y el 94, el PIB se desplomó más de un tercio. Desde la pandemia para acá, el deterioro se calcula en un 11%. No existe la misma magnitud”, dice el académico.
Sin embargo, Bustamante comprende que muchos crean que la crisis actual es más grave.
“La economía cubana nunca se recuperó del todo tras el Periodo Especial y, aunque el colapso de ahora es menor en porcentaje, se siente peor para muchos porque se parte de una situación ya de por sí delicada”, añade el experto.
Bustamante observó en su último viaje a Cuba en 2023 que los cubanos sienten que en los 90 la crisis fue igual para todos, pero que hoy se notan disparidades.
“Tras la aparición de tiendas privadas, bien surtidas, quienes tienen dinero pueden conseguir cosas. Uno pensaría que eso aliviaría la crisis para algunos, pero tengo la sensación de que hay una desigualdad rampante que poco tiene que ver con lo vivido en los 90”, argumenta.
Dos testimonios obtenidos por BBC Mundo relatan que, en medio de la crisis, todavía notan cierta normalidad en las calles.
“Veo Cuba como hace unas semanas. No hay fogatas en cada calle y vimos bastante gente fuera, haciendo fila en cajeros y mucho tráfico. Todavía no he visto ‘la época de las cavernas’ que pintan muchos”, cuentan dos mujeres en mensajes de voz.
Lo cierto es que, ya sea por costumbre o inventiva, a muchos esta situación les agarra prevenidos.
Una usuaria cubana en TikTok, @darlinmedina93, ha explicado en su cuenta cómo cocinar con leña o lavar ropa en ríos.
“Sé que me vas a decir que la cocina en leña es muy rica (…) pero no es fácil, mi amor, que tengas que batirte todos los días a cocinar con carbón, leña, que tu casa se te llene de tizne y que te ahogues del humo”, narra la usuaria en uno de sus videos.
Jennifer Pedraza*, trabajadora y estudiante de 34 años, reúne “bombillos, ventiladores y lámparas recargables, además de cargadores portátiles”.
“También acumulo agua, que está fallando”, le dice a BBC Mundo.
Pedraza y Contreras sí notan una disminución del tráfico en los últimos días.
Imágenes de agencias de noticias mostraron importantes avenidas vacías este domingo, como la del Malecón habanero, que habitualmente es una de las más transitadas de la capital.
“Solo rezo por no enfermarme porque me da pavor pensar cómo podré moverme”, dice Contreras.
Es algo que no le afecta tanto a Pedraza porque vive cerca de su trabajo, pero recientemente “dejó de hacer un examen en la universidad” porque estudia lejos y “no había cómo llegar”.
Su principal preocupación es su hijo de 9 años: “En la escuela casi nunca hay corriente y, cuando sale, debe hacer repasos y tareas a oscuras porque cuando llega a casa tampoco hay electricidad”.
“Tampoco puede ver dibujos animados o películas, ni usar mucho el teléfono cuando no hay luz o internet. Es complicado para un niño estar todo el tiempo a oscuras”, cuenta.
La situación, si bien grave, no es crítica para todos los ciudadanos con los que contactó BBC Mundo. Varios de ellos cuentan con familiares en el exterior que envían remesas, alimentos y recursos, o tienen un empleo por cuenta propia.
Pero quienes no tienen estas vías se apañan con un salario medio de 6.830 pesos cubanos al mes (US$14 al cambio en el mercado informal), según cifras de noviembre de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba.
Una botella de aceite cuesta alrededor de US$2,5 y una caja con 30 huevos casi US$6, según Pedraza. Ahí se va más de la mitad del ingreso oficial.
Tras la captura de Maduro, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quien es de origen cubano, comenzaron a presionar al gobierno de la isla.
No está claro si, como en Venezuela, buscan forzar un cambio de liderazgo tras más de 60 años de un sistema sociocomunista de partido único.
Antes de las presiones petroleras, ya Trump había incluido de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y revertido muchas de las medidas aperturistas tomadas por Washington en 2015, a fines de la segunda presidencia de Barack Obama.
Díaz-Canel aseguró en su discurso del 5 de febrero que “Cuba está dispuesta a un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema”, aunque “sin presiones”.
La historia dice que las medidas de EE.UU. contra la isla han servido poco para acercar posturas.
“La asfixia económica de EE.UU. hacia Cuba nunca ha funcionado. Empobrece a la población y la afecta mucho más que al gobierno. No ha servido para que se negocie la gestión económica y política de la sociedad cubana”, recuerda Bustamante.
El profesor cree posible que esa historia de presión que no llega a ninguna parte se repita, aunque piensa que EE.UU. tiene hoy más cartas sobre la mesa.
“La pregunta es si Washington forzará una crisis humanitaria que provoque un estallido social y justifique una intervención militar o si el gobierno cubano cederá o apostará a aguantar hasta las elecciones de medio término y que Trump pierda capital político”, analiza Bustamante.
Son teorías que resuenan en la población cubana.
“Hay quien comenta si aquí puede suceder lo de Venezuela, aunque a nadie le gusta escuchar sobre balas y bombas”, comenta Contreras.
La sensación de que “algo va a pasar” es compartida entre cubanos de dentro y fuera de la isla, pero es difícil de predecir que será ese “algo” tras décadas de impasse político entre Washington y La Habana.
*Los nombres reales de los testimonios fueron omitidos por protección de fuentes.