En México, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos del crimen organizado es cada vez más visible sin que esto constituya un delito. Las iniciativas para regular estos actos no avanzan en el Congreso de la Unión.

No existen cifras oficiales del número de víctimas reclutadas, pero organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Reinserta advierten que unas 250 mil niñas y niños en el territorio mexicano están en riesgo de ser cooptados.

El asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre a manos de un adolescente de 17 años, volvió a encender las alarmas sobre esta problemática. Unos días después, el gobierno de Michoacán informó que fueron hallados los cuerpos de dos personas presuntamente implicadas también en ese mismo homicidio, y uno de ellos tenía 16 años.

Unas semanas antes, en Tabasco, fue detenido un adolescente de 14 años, con las iniciales “DY”, por su presunta participación en actividades del crimen organizado.

Las leyes mexicanas, sin embargo, no contemplan que la cooptación de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales sea un delito. En los últimos años, la Cámara de Diputados y el Senado se han enfocado en dar trámite a iniciativas impulsadas por el gobierno federal y sus reformas prioritarias, sin que la tipificación del reclutamiento criminal de niños sea una de ellas.

Para penalizar a los reclutadores, es necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que actualmente establece que los menores no deben ser “utilizados en conflictos armados o violentos”, pero no hace explícito el reclutamiento y mantiene un vacío legal que deriva en impunidad.

El 5 de noviembre, días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve, presentó una propuesta de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el derecho a que sean protegidos contra el reclutamiento por grupos delictivos organizados.

En marzo, senadoras de la bancada del Partido del Trabajo también llamaron a la Secretaría de Bienestar a reforzar las políticas preventivas contra el reclutamiento. En diciembre de 2024, el PT ya había “exhortado” a informar a padres de familia y adolescentes sobre el reclutamiento por internet.

Unos días antes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado exhortó a los gobiernos federal y estatales a “fortalecer las acciones para prevenir y combatir el reclutamiento”. Dos meses antes, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado con la misma finalidad.

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Durante 2024, en la anterior Legislatura, la entonces senadora de Morena, Antonia Cárdenas Mariscal, presentó sin éxito una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Decenas de propuestas legislativas como esas han sido realizadas antes sin impactar en la normativa. El pasado 6 de noviembre, tras el asesinato de Carlos Manzo, la Redim urgió al Congreso a tipificar de forma específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sin disminuir la edad de imputabilidad y reconociéndoles como víctimas y sujetos de derechos.

Esta omisión normativa se combina con factores estructurales que empujan a niños y adolescentes a las filas de grupos criminales, de acuerdo con la delimitación realizada por la organización Reinserta: pobreza, abandono institucional, desigualdad y ausencia de oportunidades educativas y laborales.

El llamado desoído de la ONU

El Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales que prohíben a grupos distintos a las Fuerzas Armadas “reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años”, como el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en conflictos armados.

México, sin embargo, no ha respondido a la recomendación que hizo la ONU en 2024, de tipificar el reclutamiento infantil y de adolescentes por grupos del crimen organizado.

En las “Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de México”, el organismo urgió al gobierno federal a crear un programa de desmovilización de niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen, que llegue a las regiones en mayor riesgo, con base en una evaluación profunda de las causas estructurales en el territorio.

Asimismo, instó al Estado mexicano a tipificar en el Código Penal Federal el reclutamiento de niños y otras actividades relativas a esa actividad y su utilización en hostilidades.

Las infancias y adolescencias reclutadas, señaló la ONU, deben ser reconocidas y tratadas por el Estado mexicano como víctimas, para garantizar su protección y sus derechos, principalmente a las niñas.

Delitos y reclutamiento de menores

Javier Oliva Posada, investigador en temas de seguridad y profesor de la UNAM, explicó en entrevista la coerción a la que están expuestos niños y adolescentes por parte de grupos criminales.

“A los muchachos que no se quieren sumar a las filas del crimen simplemente los liquidan; esto también indica que los delincuentes están teniendo ya serios problemas para contar con elementos”, dijo en entrevista con Animal Político.

El académico destacó que tomar medidas particulares contra la violencia en la tipificación de delitos, como el reclutamiento de grupos criminales o la desaparición forzada, ampliará la posibilidad de aplicar sanciones puntuales.

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“Antes, cuando se decía forzada, es porque una instancia del gobierno estaba involucrada o alguna oficina gubernamental, al hacer ya también particulares se extiende la posibilidad de aplicarles una sanción específica”.

El especialista advirtió que actualmente los jóvenes son usados para ejercer presión en casos de extorsión, que es el delito que más ha crecido en los últimos años.

Consideró que la atención a las causas —uno de los puntos clave de la estrategia de seguridad desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador— es una buena propuesta, pero “es muy dilatada”, por lo que dijo que se requieren acciones más efectivas.

“Por ejemplo, la detención de los responsables a la brevedad me parece que es una de las acciones que se han estado tomando (con el actual gobierno) y va en la ruta correcta”, agregó el experto.

“Estado y sociedad están obligados”

Sonia Juárez Moreno, catedrática en derecho de la FES Aragón de la UNAM, consideró que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y atender a los menores y sus familias ante la violencia que existe en el país y de capacitar a los servidores públicos para que se apliquen las leyes y tratados internacionales en la materia.

La docente observó que, ante la capacidad de la delincuencia organizada para engañar a niños y jóvenes con la finalidad de reclutarlos, la sociedad debe analizar lo que ocurre dentro de las familias y retomar en lo inmediato la transmisión de valores y protección a menores.

“Es importante que como sociedad hagamos un alto y empecemos a analizar, no podemos seguir así, tenemos que hacer algo, redireccionar hacia dónde vamos como sociedad. Ya basta de que normalicemos los feminicidios, que maten a los niños porque los papás debían. De lo contrario, vamos a entrar en una crisis que no podremos parar”.

Violencia contra personas menores de edad

El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado es, además, una de las causas de la violencia contra los propios menores de edad en el país, de acuerdo con expertos consultados por Animal Político.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), presentados por Redim, de enero a marzo de 2025 se han registrado 9 mil 529 delitos contra personas de 0 a 17 años, un incremento de 4.8 % respecto al año anterior.

Los asesinatos de niñas, niños y adolescentes aumentaron de 549 a 570 casos, un alza de 3.8 %; la corrupción de menores pasó de 579 a 686 casos, un aumento de 18.5 %, mientras que el delito de lesiones tuvo un crecimiento de 6.7 %, 5 mil 343 casos.

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Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), señaló que casos mediáticos de menores asesinados o desaparecidos se registran cada vez más, aunque, criticó, pudieran estar normalizándose debido al contexto de violencia armada que se vive en el país.

“Hay que aceptar que incluso los casos que se vuelven mediáticos son cada vez más (…) Es cierto que han empezado a sucederse formas más crueles, también, de quitarle la vida a niños, niñas y adolescentes, sin que se pueda hablar de que se trata de una cuestión puntual y en un contexto geográfico específico”.

“Presiento que esta normalización puede estar sucediendo, no solamente a la luz de la repetición, sino también de que se vuelve mediático y a la siguiente semana habrá otra cosa que sea mediática”, afirmó en entrevista con Animal Político. 

Destacó que en el país se observa una mayor incidencia de la violencia contra los adolescentes y jóvenes, debido al “estigma” que existe en su contra en la sociedad.

“Si analizamos por rango de edad, en términos generales (…) hay una mayor incidencia en adolescentes y creo que esta es la explicación de la naturalización, está en esto que comentaba, pero también otra dimensión que es el estigma que existe contra los adolescentes“, agregó.

La experta destacó que de enero a julio de lo que va del año, mil 308 niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Señaló a estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco entre los que lideran las listas.

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“Algo que intentamos hacer es dimensionar (las cifras) con otro tipo de referencias y lo que observamos es, para hablar del periodo de enero a julio de este año, la cifra superaría la capacidad de una Arena México. Tendríamos que imaginarnos una arena llena de cruces de niños y adolescentes para poder dimensionar“.

Tania Ramírez consideró que la participación del crimen organizado en estos casos es indudable, sin embargo, dijo que también existe responsabilidad desde el Estado y de funcionarios del servicio público que colaboran con organizaciones criminales.

La directora de Redim llamó al gobierno de Claudia Sheinbaum a atender las recomendaciones urgentes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, cuya convención fue ratificada por México, que están relacionadas con el tema de violencia, violencia por lesiones, homicidios y el aumento de las desapariciones.

Consideró que se debe tener una vinculación mucho más efectiva al interior de las Comisiones para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (Comprevnna) nacionales y estatales, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

“Que se entienda que la atención de la niñez para estos casos no le toca al DIF, existe una visión bastante limitada y sin enfoque de derechos en donde se cree que niños y adolescentes le tocan a la SEP, a Salud, cuando hay vacunas, o crisis de sarampión”, dijo la experta.

“En realidad, el papel y la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, del Ejército, de todo lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad tendría que llevarse a la mesa y el Sipinna debería tener mucho más respaldo”, dijo.

Criticó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no haya asistido a las dos sesiones por ley del sistema nacional de protección de niñas y niños. “Seguimos esperando que esta presidenta sí se siente, sin reclamo, porque ya tomó decisiones importantes, porque todo el sexenio pasado se intentó desaparecer el Sipinna”, subrayó.