Crecen recursos para pensiones por discapacidad, pero disminuye porcentaje de beneficiarios
Para entender mejor
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las pensiones para personas con discapacidad han llegado cada vez a un menor número de beneficiarios.
Si bien el presupuesto destinado a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, dependiente de la Secretaría del Bienestar, se incrementó de 8 mil 295.2 millones de pesos (en 2019) a 12 mil 5.9 millones de pesos (en 2020), y a 15 mil 500.8 millones (en 2021), la cobertura pasó de 39.2% a 12.8% y finalmente 16% de la población objetivo, respectivamente, en esos tres años, de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La cobertura de los programas prioritarios corresponde al porcentaje de la población que está siendo atendida respecto a la población potencial u objetivo, es decir, el número de personas que el programa pretende alcanzar. En mayo de 2020, se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de México para establecer la obligación del Estado de garantizar un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, dirigido a personas de 0 a 64 años de edad.
El documento del Coneval destaca que aunque la pensión inicialmente contemplaba solo un apoyo económico bimestral de mil 275 pesos, en 2020 se agregó un pago por única ocasión cuando la persona beneficiaria fallece, mientras que en 2022 se agregó el otorgamiento de vales para servicios de rehabilitación en establecimientos de salud públicos o privados. En las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se establece que para 2023 el apoyo mensual será de mil 475 pesos, aunque el pago se realiza de manera bimestral.
En julio del año pasado, la organización Yo También documentó que tras el nuevo registro de solicitudes durante junio de ese año, las pensiones para personas con discapacidad solo llegarían a alrededor de un 15% de quienes debían recibirlas. Basadas en datos de ocho de los 13 estados donde se habían instalado módulos para el empadronamiento, señalaron que a pesar de que en estos se buscaba afiliar a 333 mil 722 personas con discapacidad, únicamente se habían realizado 41 mil registros.
La Ficha de Monitoreo y Evaluación 2021-2022 del Coneval identificó que 80 programas y acciones de desarrollo social reportaron atender a grupos históricamente discriminados, de entre los cuales 17 atendieron únicamente a uno, mientras que 63 brindaron apoyos a más de uno, entre los que se encuentran población indígena, mujeres, personas con discapacidad, y niñas, niños y adolescentes.
Uno de los grupos más discriminados
El informe de Coneval destaca que en los últimos años, las personas con discapacidad siguen ocupando uno de los primeros lugares entre los grupos más discriminados, pues reportan mayores niveles de exclusión en al menos un ámbito social.
Pese a los avances en el marco normativo a nivel nacional en materia de no discriminación –detalla el organismo– aún persisten prácticas sociales e institucionales que general exclusión, particularmente hacia los grupos históricamente discriminados.
Según el consejo, entre 2019 y 2022 los cambios normativos más importantes vinculados al derecho a la no discriminación se enfocaron en tres rubros: mejorar la definición y alcance de la política de no discriminación, atender a grupos históricamente discriminados, y promover la igualdad entre mujeres y hombres. El documento destaca la incorporación a la ley de la salud física o mental como motivo de discriminación.
El análisis, a partir de la última versión de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), subraya que los principales grupos afectados por la discriminación son la población indígena, las personas con discacpaidad, las mujeres, las personas adultas mayores, y las niñas y niños de entre 9 y 11 años. Por ello, para el consejo es necesario actualizar los datos sobre discriminación para diseñar y aplicar políticas públicas en un marco de igualdad de oportunidades, reducción de brechas y supresión de la exclusión.
El informe enfatiza que en 2020, el 56.5% de la población con discapacidad contaba con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, en comparación con un 52.5% de la población sin discapacidad. Eso significa que más de la mitad de las personas con discapacidad no tienen recursos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Aunado a ello, 18.6% de las personas que viven con una discapacidad percibe un ingreso menor a la línea de pobreza extrema por ingresos.
Además, señala que la población con discapacidad enfrenta múltiples barreras estructurales, como la discriminación, que resultan en su exclusión y pobreza. Aproximadamente 8.3 millones de personas en México tienen algún tipo de discapacidad, un 6.6% de la población. Estimaciones de 2020 –recupera el organismo– señalan que poco menos de la mitad (49.5%) se encontraba en situación de pobreza, y 10.2% de esta en pobreza extrema.
Por otro lado, casi la mitad de esta población no tiene acceso a la seguridad social. La brecha en el porcentaje de la población con discapacidad ocupada con seguridad social directa (25.7%) y la población sin discapacidad en esa misma circunstancia (38.2%) es de 12.5 puntos porcentuales. La segunda carencia en la que registraron mayor porcentaje es el rezago educativo, que alcanza el 45.9%, mientras que para la población sin discapacidad es de 17.3%.
“Al momento de diseñar una estrategia de formalización laboral, se deberán incluir medidas específicas para los grupos más afectados, como hablantes de lenguas indígenas, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, trabajo doméstico remunerado, entre otros”, concluye el organismo.
En materia de no discriminación, también indica como pendientes diseñar estrategias para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria en grupos históricamente discriminados, tanto para su bienestar económico como para el ejercicio de sus derechos sociales; la atención integral para vincular acciones contra la violencia de género con programas y acciones para fomentar la autonomía de las mujeres, así como la orientación de la política pública hacia la igualdad de oportunidades.
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El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Más de 30 buques sancionados operan en Venezuela
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Consecuencias negativas para Trump
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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