
Las historias de crímenes y asesinos seriales han infestado recientemente todas las plataformas de entretenimiento posibles.
Desde pódcasts en Spotify hasta series de Netflix, hemos descubierto casos que dieron la vuelta al mundo entero como el de Ted Bundy, Charles Manson, Ed Kemper, Aaron Hernández y muchos otros más.
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Desafortunadamente, los asesinos en serie no sólo existen en Estados Unidos o en el mundo de la ficción, porque en nuestro país también se han cometido este tipo de crímenes.
Tan sólo ahora tenemos el caso del presunto feminicida de Atizapán, Andrés “N”, quien a sus 72 años supuestamente admitió haber cometido hasta 30 asesinatos en las últimas dos décadas en este municipio del Estado de México.
Además de él, la historia de México también cuenta con otros personajes que cometieron matanzas en serie y aquí te compartimos algunos de sus casos.
Fernando Hernández Leyva, alias Pancho López, fue acusado en 1999 de cometer más de 137 asesinatos, seis secuestros y otros crímenes a lo largo de la República Mexicana.
Tras un examen psicológico, se concluyó que era un psicópata que mataba por satisfacción personal, incluso él dijo a la prensa que lo hacía “porque tenía que hacerlo”.
Luego de su arresto, Hernández Leyva intentó suicidarse en su celda, pero su peso de 150 kilos rompió su soga improvisada. Actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación “El Altiplano”.

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Quienes vivieron en la Ciudad de México durante los noventas y al inicio de la década del 2000 seguro se les eriza la piel al escuchar el nombre de “La Mataviejitas”.
Juana Dayanara Barraza Samperio, una aficionada a la lucha libre que llegó a pelear bajo el nombre de “La Dama del Silencio”, buscaba a mujeres ancianas, a quienes les hacía creer que era una enfermera y una vez que la dejaban pasar a sus casas, ella las mataba a golpes, con armas punzocortantes o estrangulación.
“La Mataviejitas” fue sentenciada a 759 años en prisión por 17 homicidios y 12 robos, aunque se cree que fue la responsable de más de 40 asesinatos.
Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla cumpliendo su condena.

También conocido como “El poeta caníbal”, José Luis Calva Zepeda fue condenado a prisión por el asesinato de tres mujeres.
Lo más retorcido es que tras su arresto en 2007, las autoridades encontraron los pedazos de la madre de sus hijos en el refrigerador, su carne en la sartén y el tronco de su cuerpo en el armario.
Zepeda, quien era escritor de novelas, obras de teatro y poemas que repartía en la Condesa, Roma y en el tianguis del Chopo , se suicidó en el Reclusorio Norte después de su arresto, aunque su familia no cree que él se haya quitado la vida.

Adofo de Jesús Constanzo fue el líder de la secta “Los narcosatánicos”, un grupo que además de almacenar y distribuir droga al norte de México, realizaba sacrificios humanos.
La secta fue descubierta en 1989 después del arresto de un joven que transportaba marihuana, quien confesó ser parte del grupo y llevó a las autoridades al rancho donde trabajaban.
En ese rancho, la secta torturaba a sus víctimas, las mutilaba y usaban su sangre y cerebros para rituales donde los miembros la bebían para protección.
Al narcosatánico se le unió Sara Villareal Aldrete, apodada “La Madrina”, quien fungió como sacerdotisa de la secta y se encargaba de los rituales.
Cuando fue descubierto, Adolfo Constanzo le pidió a uno de sus seguidores que lo matara para evitar su captura, mientras que “La Madrina” cumple una condena de 647 años en prisión.

“Hasta le hice un bien a la sociedad”, fueron las palabras de Raúl Osiel Marroquín Reyes, un asesino serial y secuestrador de hombres homosexuales.
“El sádico” buscaba a sus presas en lugares antros gay ubicados en la Zona Rosa y los atraía haciéndoles propuestas sexuales.
A sus víctimas las torturaba y asfixiaba o estrangulaba hasta matarlas para luego descuartizarlas y tirar sus restos en maletas que abandonaba en la Colonia Asturias o cerca del metro Chabacano.
Marroquín Reyes fue arrestado en 2006 y fue condenado a 128 años en prisión por seis secuestros y cuatro homicidios. Todavía cumple su sentencia en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla.

La ruta 2 del microbús que va de Chapultepec a Valle Dorado se convirtió en el terreno de caza para César Armando Librado Legorreta, quien era chofer de una unidad.
Durante los trayectos nocturnos, él simulaba que su camión se descomponía y ofrecía llevar a casa a alguna mujer que estuviera dispuesta a esperarlo y cuando quedaban solos las violaba y asesinaba.
Una de sus víctimas logró escapar y su denuncia ayudó a que “El Coqueto” fuera arrestado y tras su detención, confesó haber violado a ocho mujeres y asesinado a siete, por lo que cumple una condena de 240 años en prisión.

Este texto fue publicado originalmente en Click Necesario, en noviembre de 2015.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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