¿Una ley de perros potencialmente peligrosos? Esto dicen expertos (spoiler: ¡mejor cuidado con los humanos!)
La diputada local de Oaxaca Reyna Jiménez Cervantes presentó una iniciativa para crear una Ley de Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos… ¿Peligrosos? Ajá, es la expresión que nos llevó a consultar especialistas, para entender si esta es adecuada o si están estigmatizando a ciertos lomitos.
En su iniciativa la legisladora explica que “Perros Potencialmente Peligrosos (PPP)” es una denominación para razas consideradas así “por sus atributos físicos”, y para ellos propone, entre otros puntos, crear un listado de sus propietarios, prohibir que circulen sin correa o bozal; hacer obligatorio que tengan placa o chip, y que al estar encerrados se cumplan ciertas características en las vallas, cercos, rejas o paredes que no permitan que “el hocico del perro los atraviese”.
Al respecto, médicas y médicos veterinarios que consultamos consideran inadecuado hablar de “razas peligrosas” de perros.
Es verdad que ciertos animales representan más riesgo por su fortaleza o tamaño, pero los especialistas refieren que el asunto debe enfocarse más del lado de los humanos que los tienen como mascotas, que no cuidan su crianza y que quieren en sus hogares perros con características físicas que no pueden controlar.
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“No hay razas peligrosas”, destaca la médica veterinaria zootecnista Reyna Cofas Cuevas, egresada de la FES-Cuautitlán de la UNAM y con 17 años de experiencia. “Más bien el ser humano es peligroso al no saber qué tipo de raza puede manejar y tener”.
“Hay malos y peligrosos humanos criando y educando perros”, coincide Javier Guillén, también médico veterinario zootecnista y gerente de Exportaciones en Salud Animal de Laboratorios Sanfer.
El especialista enfatiza que “hay razas con diferentes temples”, lo que hay que conocer y entender antes de elegir ciertos perros como mascotas.
Hay razas de mayor cuidado, eso sí
La iniciativa de Jiménez Cervantes lista como “potencialmente peligrosas” las razas mastín napolitano, fila brasileño, presa mallorquín, bullmastiff, presa canario, pitbull terrier, bull terrier y rottweiler, entre otras.
Su criterio se basa en las características definidas por la Comunidad Autónoma de Madrid en el Real Decreto 30/2003, entre ellas el tener:
- fuerte musculatura.
- cuello ancho.
- pelaje corto.
- extremidades robustas.
- mandíbulas grandes.
Ese Real Decreto también define a los PPP como aquellos “que hayan sido adiestrados para el ataque”.
Al respecto, el veterinario Guillén insiste en que el término “peligroso” no es adecuado. En cambio, recomienda hablar de ciertos perros más “agresivos”, explicando que varios factores pueden intervenir en que un ejemplar se comporte así. La verdad es que estos factores muchas veces ligados a las fallas humanas en su crianza.
“La falta de límites y jerarquía crea situaciones confusas y reactivas en un animal”, dice.
Los riesgos, agrega Cofas, radican en la anatomía de ciertas razas, que si llegan a morder harán más daño que uno de raza pequeña.
“Aquí lo que deberían regular es la crianza, venta y mantenimiento de esas razas pues no cualquiera puede manejarlas”, señala.
“Como cualquier animal, un perro poco educado puede ser propenso a responder instintivamente”, detalla Guillén. “Un claro ejemplo son las razas pequeñas que suelen ser más agresivas que las razas grandes debido a la mala educación”.
Cofas coincide nuevamente considerando que los Chihuahua, por ejemplo, “son agresivos por falta de límites, regularmente son tratados con sobreprotección. No los dejan ser perros porque son chiquitos y los humanizan. Eso también es maltrato porque pierden identidad, los vuelve agresivos”.
Amarrar un perro de carácter fuerte no es una buena idea
La iniciativa de ley propone diversas regulaciones, por ejemplo, que los caninos de las razas ya mencionadas deberán mantenerse en un “sitio cerrado”, y especifica condiciones como paredes o vallas con altura no menor a 2.5 metros, y que “en zonas rurales se impedirán la libre circulación del animal en lugares públicos [sic]”.
Dice también que, de no contar con esas medidas de seguridad, deberán estar atados con “correas o cadenas de material suficientemente resistente”.
“Imagina: son perros con temperamento fuerte, ahora amárralos, enciérralos y no los dejes salir a socializar”, dice Guillén.
Ambas expertas consideran que esto puede impactar negativamente en el comportamiento de los ejemplares pues, de acuerdo con Cofas, el maltrato, la falta de socialización y los comportamientos de sus dueños son factores que pueden potenciar la agresividad en los perros. ¿La solución? No amarrar a tu lomito a un árbol ni encerrarlo y dejarlo ahí, sin afecto ni contacto humano o con otros lomitos.
En su artículos 23, 24 y 25, la iniciativa establece que los ejemplares que “deambulen” en vía pública quedarán a disposición del Centro de Control Canino y Antirrábico Municipal. Tras 10 días sin ser reclamados serán declarados “legalmente abandonados “ y su destino se definirá entre ser puestos en adopción, sacrificados o entregados a “instituciones educativas o protectoras de animales”.
Esto demuestra que “el bienestar animal no está bien entendido ni regulado en México”, señala Guillén.
La iniciativa de Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos también:
- Hace obligatoria la portación de placa de identificación o chip en los lomitos;
- Propone la creación del Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos del Estado de Oaxaca;
- Impulsa que en caso de que un PPP agreda a una persona, deberá ser presentado para observación clínica. Tras 10 días retenido —”por el dueño o la autoridad”— se determinará si puede ser devuelto a sus personas propietarias o sacrificado.
- Además, en su capítulo VII, propone que aquellos propietarios que inciten a los ejemplares a la violencia y/o les hagan partícipes de peleas, deberán cumplir un arresto de hasta 36 horas.
Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní han reabierto el debate sobre el uso legítimo de la fuerza en la escena internacional.
Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní ya han causado víctimas civiles. También provocaron la condena del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien instó a todas las partes a respetar el derecho internacional.
Ambos bandos afirman que sus acciones armadas están justificadas, pero para verificar si los ataques iniciales contra Irán fueron legales debemos remontarnos a los estándares del derecho internacional que la mayoría de países acordaron, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Poco después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero, el presidente Donald Trump acusó a Teherán de construir armas nucleares que amenazan a los aliados de Washington y podrían “pronto alcanzar territorio estadounidense”.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el 2 de marzo que Estados Unidos tuvo que “atacar preventivamente” ya que la administración sabía que iba a producirse “una acción israelí” contra Irán.
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo a la BBC que los presuntos planes de Irán para “desarrollar una bomba” son, por sí solos, motivo suficiente para los ataques.
Irán ha respondido bombardeando Israel y países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses, alegando la legítima defensa.
Las cifras de víctimas siguen aumentando. De acuerdo con organizaciones humanitarias, más de 1.000 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques. Mientras, en Líbano, decenas de personas han perdido la vida a causa de los bombardeos israelíes.
Por otro lado, decenas más, incluidos seis soldados estadounidenses, han muerto en Israel y en los países del golfo Pérsico.
¿Fueron legales los ataques?
Los expertos legales con los que ha hablado la BBC sostienen que las condiciones jurídicas necesarias para el ataque inicial de Estados Unidos e Israel no parecen haberse cumplido, aunque la represalia de Irán también podría haber violado el derecho internacional.
Según la Carta de la ONU, el documento fundacional de la organización, los países, por regla general, no pueden recurrir a la fuerza militar contra otro Estado, salvo que exista una excepción específica.
Dos disposiciones son fundamentales:
- Artículo 2(4): prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otros Estados.
- Artículo 51: permite el uso de la fuerza en respuesta a un ataque armado. Algunos Estados sostienen que esto también incluye ataques inminentes.
La cuestión jurídica clave es, por tanto, si Irán representaba una amenaza inminente.
Susan Breau, experta en derecho internacional del Instituto de Estudios Legales Avanzados, un centro de análisis británico, señaló que una defensa legítima requeriría “pruebas irrefutables de un ataque inminente”, y añadió que no ha visto ninguna evidencia de ese tipo.
Coincide con ella el destacado abogado de derechos humanos Geoffrey Nice, quien entre 1998 y 2006 dirigió la acusación contra el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević en el Tribunal Penal Internacional.
“No se ha presentado ninguna prueba”, dijo Nice. “Existe una buena posibilidad de que el inicio de la guerra no haya sido legal”.
En Estados Unidos, muchos demócratas sostienen que la operación contra Irán es ilegal, al argumentar que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.
Sin embargo, como comandante en jefe, un presidente estadounidense puede llevar a cabo ciertas operaciones militares sin una declaración formal de guerra.
¿Había una amenaza inminente?
El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos intentó negociar con Irán después de bombardear tres instalaciones nucleares en junio de 2025, pero que Teherán “rechazó cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”.
Ha sostenido que Irán estaba intentando reconstruir su programa nuclear y desarrollar misiles de largo alcance capaces de amenazar a aliados de Estados Unidos, a tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero y, al final, de alcanzar territorio estadounidense.
“Hay más que suficiente información que muestra que… los iraníes estaban preparando sus fuerzas de misiles para atacar antes de que Estados Unidos o Israel tomaran la decisión de seguir adelante”, dijo a la BBC Ezra Cohen, quien formó parte del equipo de inteligencia y seguridad del presidente Trump durante su primera administración.
Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, afirmó en una rueda de prensa el lunes que Irán tenía “un programa nuclear muy grande y ambicioso”, pero que él no había visto pruebas que sugirieran “un programa estructurado para fabricar armas nucleares”.
Un informe de mayo de 2025 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos (DIA) concluyó que Irán seguía a años de producir misiles de largo alcance.
Los expertos también señalan que la afirmación de Trump de que el programa nuclear iraní había quedado “aniquilado” después de la guerra de 12 días del año pasado parece incompatible con la idea de que Teherán representara una amenaza inminente.
Uno de los debates centrales en derecho internacional gira en torno a cuán estrictamente debe interpretarse el concepto de “inminencia”.
Tradicionalmente, inminencia significa “el último momento posible en que puedes interrumpir un ataque que, de otro modo, llegaría de forma inevitable a tu territorio”, explica Marc Weller, académico de derecho internacional de la Universidad de Cambridge.
También existe un debate de larga data sobre cuándo un Estado puede emplear la fuerza de forma legítima en defensa propia anticipada, señala Breau: algunos sostienen que el ataque debe haber comenzado ya; otros afirman que la defensa anticipada ya estaría justificada si existen pruebas creíbles de que un ataque ocurrirá muy pronto.
“Pero no dentro de diez años”, remarca.
Breau añade que la defensa propia legítima exige dos condiciones: la necesidad —”sin otra opción posible”— y la proporcionalidad.
Weller y Breau consideran que el ataque israelí contra Egipto en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, es uno de los ejemplos más citados de defensa propia anticipada en la historia moderna.
En ese momento, muchos creían que las tropas egipcias concentradas en la frontera estaban listas para lanzar un ataque, afirma Breau.
Sin embargo, sostiene que, incluso entonces, el ataque israelí se consideró “controvertido”.
¿Ha sido legal la respuesta iraní?
Muchos expertos consideran que la respuesta de Irán también podría haber vulnerado el derecho internacional.
Weller afirma que Teherán ha infringido el derecho internacional al llevar a cabo “ataques indiscriminados” contra países del Golfo.
Geoffrey Nice subraya que, aunque Irán pueda invocar la legítima defensa, su respuesta debe ser “proporcionada”. La proporcionalidad, explica, exige valorar el objetivo militar frente al daño colateral que se puede prever.
“En el caso de Irán, el uso de misiles que quizá no estén dirigidos de manera precisa y estricta puede considerarse con facilidad como desproporcionado y, por tanto, ilegal”.
Breau coincide y menciona el célebre hotel Fairmont del centro de Dubái, que ha sido impactado por fuerzas iraníes. “Ese no era un objetivo militar, sino un objetivo civil”.
Un peligroso precedente
Los expertos advierten que no identificar con claridad los casos de usos ilícitos de la fuerza podría acabar debilitando el sistema jurídico internacional.
Breau alerta de que otros países podrían invocar razonamientos similares y recurrir al uso de la fuerza, como China, que podría recurrir al uso unilateral de la fuerza contra Taiwán, a la que considera una provincia separatista.
“No hay nada más peligroso para el sistema internacional que aceptar usos ilícitos de la fuerza”, señala.
En un artículo para Chatham House, Weller advierte que será difícil oponerse a “más agresiones rusas o a un posible expansionismo chino” sin “desatar acusaciones de doble rasero e hipocresía”, y que Estados Unidos y otros Estados podrían lamentar “la pérdida de autoridad legal y moral que esto implicaría”.
Si los países poderosos violan repetidamente el derecho internacional sin consecuencias, muchos temen que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial colapse y dé paso a la ley del más fuerte.
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