La historia real de Candy Montgomery, el crimen en el que se basa ‘Love and Death’
HBO nuevamente nos trae una historia con un crimen por resolver con la serie Love and Death. Sin embargo, se basa en hechos reales y aquí te contamos la historia real de Candy Montgomery.
La serie, llamada Amor y muerte en español, es protagonizada por Elizabeth Olsen como Candy.
Para quienes amaron WandaVision verán que su papel tiene algunos elementos similares con Wanda: aunque vive una vida tranquila en un pueblo donde nunca pasa nada, hay algo que la está molestando y no la deja vivir tranquila.
¿De qué trata Love and Death?
La miniserie relata la verdadera historia de dos parejas: Candy y Pat Montgomery, y Betty y Allan Gore, quienes disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas, pero cuya tranquilidad se ve perturbada por una aventura extramatrimonial que desencadena un crimen violento.
La miniserie está inspirada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs” y en una colección de artículos de Texas Monthly (“Love & Death in Silicon Prairie” Parte I & II).
https://www.youtube.com/watch?v=tGF1rk86MBI
La serie estrenó sus primeros 3 episodios el 27 de abril y seguirán saliendo nuevos cada jueves.
La historia real de Candy Montgomery
El caso real sucedió en 1980 (hace 43 años), aunque no fue tan mediático ni internacional como otros; así que no te culpamos por no conocerlo.
Sin embargo, te hacemos una amigable advertencia: como Love and Death se inspira en este caso, algunos datos serían spoiler de eventos que la serie también retrata.
Así que si quieres llegar sin saber nada, entonces te recomendamos regresar después. Pero si no le tienes miedo al éxito, ¡a darle!
¿Quiénes eran Candy Montgomery y Allan Gore?
Candace Lynn Montgomery, conocida simplemente como Candy por sus conocidos se mudó en 1977 al condado de Collin, Texas junto con su esposo Pat (ingeniero eléctrico) y su hija e hijo.
Ahí se unieron a la Iglesia Metodista de Lucas, donde Candy conoció a Betty Gore, una maestra de escuela que vivía cerca con su esposo Allan (que en Love adn Death es interpretado por Jesse Plemons) y su hija.
Fue en 1978, cuando Candy Montgomery y Allan Gore literalmente chocaron en un partido de volleyball de la iglesia y tras unas cuantas semanas de coqueteo y algunas idas y venidas, comenzaron una aventura.
Sin embargo, en 1979 Betty Gore tuvo a su segunda bebé y aunque al parecer nadie sospechaba, Allan decidió terminar con la relación para enfocarse en su matrimonio.
Love and Death: El día del crimen
El viernes 13 de junio de 1980, Candy Montrgomery entró a casa de los Gore y solo ella sabe lo qye sucedió ahí adentro.
Allan estaba en un viaje de negocios y al llamar a su casa en repetidas ocasiones y que su esposa no le contestara, se comunicó con unos vecinos para que vieran que todo estuviera bien.
Los vecinos entraron para encontrar “océanos de sangre”, el cuerpo de Betty Gore y a su bebé llorando sin parar en su cuna.
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En realidad, al incicio la policía buscaba a una persona de baja estatura por una huella que se dejó en la escena del crímen.
Sin embargo, fue el mismo Allan Gore quien reveló que había tenido una aventura con Candy Montgomery y así ella pasó a ser la principal sospechosa.
Inocente: El juicio de Candy Montgomery
Candy contrató a un abogado de su iglesia, Don Crowder (Tom Pelphrey en Love and Death) para representarla en el juicio. Este llevó también al Dr. Fred Fason (Brian d’Arcy James en Love and Death), psiquiatra e hipnotista clínico para supuestamente destapar los recuerdos de Candy en la noche del crimen.
Ella y su defensa alegaron que lo que ocurrió fue en defensa propia, por lo que se proclamó inocente durante el juicio.
De acuerdo a su testimonio (recapitulado en Texas Monthly), ella acudió a casa de Betty porque su hija mayor se estaba quedando con ellos y fue a recoger un traje de baño. Ahí fue cuando Betty Gore le prguntó de frente si había tenido una aventura con su marido.
Supuestamente, al aceptar la infidelidad, Betty fue al cuarto de servicio de donde sacó un hacha y atacó a Candy. De alguna forma Montgomery le pudo quitar el arma y la usó para defenderse.
Aunque ella pasó la prueba del polígrafo y parecía que su testimonio era verdad, para muchas personas el realizar 40 cortes con un hacha podría parecer algo extremo para una defensa.
Sin embargo, al final el jurado la declaró inocente, así que jamás pisó la cárcel.
The Dallas Morning News dice que ella y Pat se mudarona Georgia, donde comenzó a trabajar como una consejera familiar certificada. Tiempo después, ella y Pat se divorciaron.
Aunque ella sigue viviendo en Georgia bajo su apedillo de soltera, Wheeler.
No solo Love and Death retrata el caso
Ha quedado claro que sentimos fascinación por las series inspiradas en crímenes reales y el caso de Candy Montgomery no es la excepción.
Simplemente en 2022, Hulu sacó su propia serie llamada Candy: una historia de pasión y crimen que puedes ver a través de Star+.
La serie es protagonizada por Jessica Biel y Melanie Lynskey como Candy y Betty, respectivamente.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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