Julieta Martínez, la activista medioambiental que lucha por el futuro de las mujeres en LATAM
Después de la pandemia de COVID-19, el mundo tomó una pausa. Este virus hizo que las personas analizaran cómo es su interacción con el medioambiente. Sin embargo, a 4 años de este evento, la humanidad enfrenta un nuevo reto: detener al planeta del impacto de la crisis climática, donde niñas y mujeres serán las más afectadas, según alertó ONU Mujeres en un estudio.
ONU Mujeres estima que para 2050, el cambio climático podría impactar a 158 millones más de mujeres y niñas hacia la pobreza y hacer que 236 millones más enfrenten inseguridad alimentaria. Para Julieta Martínez, una joven activista en Chile, es importante proteger a las niñas y mujeres a través de la educación y así generar acciones que garanticen sus derechos ante la crisis climática.
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La activista señala que hoy en día vemos a niñas afectadas por una crisis climática enorme en América Latina y el Caribe. Resalta, especialmente, la crisis hídrica que vive en su natal Chile y la situación climática que México enfrenta actualmente.
“Tenemos comunidades completas de niñas que usan de 4 a 5 horas de su día para ir a buscar agua potable todos los día, en vez de estar yendo a la escuela y que están colocándose en un trabajo doméstico porque es un poco obligatorio y que está dado en la expectativa que tenemos en rol de la mujer”, señala Julieta en entrevista para Animal MX.
Falta de acceso a la educación, el enorme riesgo que enfrentan las niñas
Como consecuencia, Julieta explica que detener el acceso a la educación de las niñas implica quitarles la posibilidad de estudiar, trabajar y contar con una solvencia económica. Por ello, se enfoca en generar y abrir espacios para conocer los riesgos y las soluciones ante la crisis climática.
En el 2023, la ONU Mujeres analizó en su estudio Justicia climática feminista: un marco de acción que las crisis -como la climática- en el mundo traen consecuencias que van desde la desigualdad económica hasta el estancamiento geopolítico. Su impacto también afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.
Para atender estos efectos negativos se debe apostar por una justicia climática feminista acorde a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030. Esta propuesta también fue parte de las conversaciones que las Partes tuvieron en la pasada Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Dubái (COP 28).
Según el reporte de ONU Mujeres, se pide que las desigualdades a las que niñas y mujeres se enfrentarán deban resolverse con una clara visión de la justicia climática feminista y que, además, “integre los derechos de las mujeres en la lucha global contra la catástrofe ambiental”.
Cotorra y escritora, ella es Julieta Martínez
Julieta Martínez nació el 7 de julio de 2003 en Santiago de Chile. Desde los 15 años fundó Tremendas, una plataforma que apuesta por la educación para niñas, adolescentes y jóvenes que ven en la democracia participativa y la educación una forma de crear soluciones para todas ante las transformaciones sociales y medioambientales de su país.
A sus 16 años, Julieta se convirtió en consejera del Youth Task Force de UNWOMEN. Este evento la colocó como la primera niña chilena y latina en tener cargo importante consultivo a nivel internacional.
Al mismo tiempo, ese puesto permitió que otras activistas, principalmente de Chile y Latinoamérica y el Caribe, tuvieran la misma oportunidad de continuar con su lucha, como lo describe la plataforma de Tremendas.
Durante el XVII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, organizado por Cemefi en la Ciudad de México, la activista fue parte de las ponentes invitadas para hablar de su experiencia en Tremendas, y las acciones y soluciones que generan para las niñas y jóvenes chilenas ante la crisis climática en su país.
Ahora, a sus 20 años de edad, Martínez explica a Animal MX el trabajo que realizan en su plataforma, donde las chicas no solo son compañeras de trabajo, sino que también son colegas.
“Si te interesa el mundo de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, abordar la crisis climática, entender lo que significa perspectiva de género y muchos otros temas, Tremendas te abre las puertas a través de la educación”, señala.
Activista desde joven
¿Pero qué es el activismo para Julieta? Para ella, es significado cambia dependiendo el país donde te encuentres.
“Me considero activista y depende del país puede asustar, por lo menos en Chile, porque hay una negativa entre el prejuicio de lo que significa ser activista hoy en día, pero yo lo veo como entender la política tradicional, más allá de la derecha, izquierda o centro. La política está en todos lados y todas las decisiones que tomamos y teniendo el privilegio del acceso a internet y educación”, explica Julieta Martínez.
En el 2003, año en el que nació Julieta, el contexto de Chile mostraba un retorno a la democracia, un hecho delicado para sus padres que pertenecen a la generación conocida como ‘Hijos de la dictadura’. “Ante las ganas de cambio, el miedo se convertía en un factor importante”, resalta.
Sin embargo, la generación de Julieta nace con un plus: el boom de las redes sociales, la digitalización y la globalización, rumbo que marcaría el inicio de su activismo años después.
A los 15 años años, momento en que cursaba la primaria en Chile, llegaron a su vida una serie de cambios sociales, entre ellos el “boom del feminismo” con el colectivo de Las Tesis y el uso del arte performático para entregar un mensaje. Pero también llega el estallido social del 2019 y en seguida, la pandemia de Covid-19 en el año 2020.
“Hubo muchas cosas que pasaron en tan poco tiempo que me hicieron crecer muy rápido y no solo a mí, sino a una generación completa que estaba tan sobrecolapsada de información que lo único que hacía era desconectarse de todo lo que significa política, democracia y conversaciones o personas que estuvieran infinitamente metidas, y yo fui, un poco, de este segundo estirón”, relata.
De la pancarta a la solución
El activismo de Julieta no está solo. Además de su trabajo en Tremendas, tiene una gran aliada: su mamá.
El activismo de ambas es muy entregado y desde pequeña su madre le leía sobre temas relacionados al emprendimiento, sostenibilidad y ejemplos de personas que se dedican a buscar soluciones a problemas previamente enfocados a las comunidades.
En Chile, relata Martínez, con la llegada de la crisis social nace una frase que engloba todos los problemas que llegan de este fenómenos y es que “todas las crisis están conectadas”.
Si ocurre una crisis social es también una crisis climática y una crisis de género. Ante esto, explica que no podían seguir acostumbrados a ver cada agenda y cada ministerio en su país andando por su lado porque “se encuentran en una conversación general y te das cuenta de que dan pasos de hormiga”.
De esta manera, ante la situación social y las crisis que comenzaba a presenciar en su país, Julieta no se quedó estancada y pasó “de la pancarta a la acción”, una frase que menciona y que utiliza para generar soluciones palpables para niñas, adolescentes y jóvenes ante la crisis climática chilena.
La crisis hídrica, un problema presente en Chile y México
Ella recuerda que en Chile, al igual que en México, viven una crisis hídrica enorme donde el principal problema es que no saben cómo distribuir el agua. Además, en la parte política, se le tacha de mentira sin la oportunidad de que existiera un diálogo que permitiera el involucramiento del tema por parte de la academia.
En un comunicado de la Universidad de Concepción sobre el Día Mundial del Agua 2022, menciona que Chile ocupa la posición 18 con estrés hídrico,según el ranking de los 25 países que enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto, elaborado por el World Resources Institute.
Chile, según el informe, se ubica en el segundo nivel denominado “estrés hídrico alto”, es decir que se coloca como el país más afectado por esta situación en América Latina. Seguido de esta problemática en la región está México que ocupa la posición 24.
El racionamiento del agua en Chile es una constante. Según el análisis hecho por la Universidad de Concepción, en el 2021 el país tuvo uno de los periodos más secos en la historia. Con ello registró un déficit de precipitaciones superior a un 50%, además de una reducción en el agua de embalses y una significativa disminución de los caudales en los principales ríos del país.
Ante estas problemáticas que comienzan a acentuarse en su país, Julieta no solo se queda con la manifestación para pedir cuentas por la deficiente administración de los recursos, sino que comienza a preguntarse qué es lo que se tiene que hacer para que más puntos de encuentros encaminados a soluciones se generen y propicien una consulta ciudadana activa.
“Tengo la responsabilidad de usar las herramientas que tengo y el impacto que generan. La ciudadanía, como tal, se puede convertir en una ciudadanía activa y fiscalizadora que impacta a tal punto de estar presionando y presionando hasta que se logra avanzar de alguna forma. Eso me lo han demostrado mucho las manifestaciones en mi país”, añade.
Los roles de cuidado nunca terminan
Para generar soluciones a los problemas que acarrea la crisis climática, debemos partir por focalizar cómo atenderlas y para plantear medidas sustentables, primero debemos entender lo que sucede en las comunidades en las que se desarrollan las niñas y adolescentes.
Julieta Martinez y Tremendas apuestan por la educación que impulse la profesionalización de niñas jóvenes con responsabilidad ante los roles de cuidado que las mujeres aún desempeñan y que nunca terminan, mucho menos en un contexto de crisis climática.
“Hay una expectativa de género que tenemos de por medio y con la que seguimos batallando dentro de ese círculo vicioso y se ve mucho con niñas, jóvenes y adolescentes. Hay muchas chicas que van al colegio y al volver deben cuidar al hermano, al abuelo, sobre todo en Chile que es un país muy sísmico y hay una alerta, ¿quiénes son las primeras encargadas de cuidados? Las mujeres”, señala.
Martínez recordó que cuando las sociedades caen a pedazos, los roles de cuidados en las mujeres nunca terminan. Esto se ve acentuado en los informes relacionados a adaptación y mitigación y resiliencia como temas clave para abordar las administraciones climáticas que hablan del uso de los recursos naturales como el agua, para las actividades diarias.
Para proteger a los grupos vulnerables en la región Latinoamericana y del Caribe, las personas contamos con el Acuerdo de Escazú, una herramienta para la protección del medioambiente y los derechos humanos.
Esta herramienta busca garantizar tres ejes importantes: el acceso a la Información, generar participación pública y tener un acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
Si bien, la activista aclaró no ser estudiante de Derecho para dar una opinión desde esta materia, lo hizo desde el enfoque de derechos humanos y el acceso a la información, la defensoría ambiental y el acceso a medios de prevención del delito ambiental.
“La transparencia es un temazo porque engloba muchos de los temas que hoy estamos teniendo a nivel región. En Chile y Argentina, por ejemplo, se habla de la Ley de Incendios porque llega el verano y tenemos megaincendios y todo se quema, después de esa quema no se vuelve a instalar el bosque que había y se convierte en plantaciones”, explica.
“La educación salva vidas”
Julieta menciona que en Chile, después de un incendio, no hay nadie que proteja a la ciudadanía y ni el espacio quemado porque existe una falta de información y herramientas para explicar que estos fenómenos no deben pasar.
También señala que se debe enfocar el tema de transparencia hacia las mujeres como el grupo más vulnerable ante la crisis climática, porque al tener acceso a esta información cambiaría la realidad en la que viven todas, especialmente las mujeres de regiones alejadas dentro de Chile.
“Lo único que podemos hacer es que las nuevas generaciones que están teniendo acceso a este tratado y sepan cómo funciona tengan la posibilidad de decir lo que está pasando para organizarse y proteger la tierra de un incendio o el humedal en un trabajo colectivo”, añade.
Finalmente enfatiza los resultados que consiguió su trabajo y el de las chicas en Tremendas desde el activismo para el acceso a una justicia climática con perspectiva de género y entre ellos está visibilizar el impacto de una problemática para desarrollar soluciones, además de cultivar relaciones y generar grupos de apoyo que garanticen el acceso a soluciones.
“El impacto que tiene una par, una chica que va en tu misma escuela y comparte contigo todos los días, es fundamental porque en el fondo, entre pares hay un desarrollo de relaciones que en otros lados no ocurre en otros espacios”, añadió.
De esta manera, desde Tremendas, Julieta y sus integrantes apuestan a que más niñas, adolescentes y jóvenes sepan que hay una fundación que se dedica a darles recursos y herramientas para ayudarles a tener un acceso a la educación porque, como señaló la activista, “la educación no solo cambia al mundo, cambia vidas”.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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