En el estado de Coahuila, las organizaciones Conexiones Climáticas, Iniciativa Climática de México y Familia Pasta de Conchos, emprendieron juntas un proyecto importante dirigido a las juventudes para enseñarles a transitar hacia una transformación social justa, donde la extracción minera de carbón ya no es una opción para su futuro.
Esta iniciativa resulta ser muy importante para la región carbonífera de Coahuila ya que se construyó en conjunto, con las tres organizaciones, en talleres con mujeres.
Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) de la comunidad de Palaú comenzaron a reforestar y crear huertos escolares en el plantel.
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Los estudiantes dan mantenimiento a su huerto hasta que llega el momento de la cosecha de hortalizas y frutos que obtienen para venderlas. Esto les muestra que el territorio es fértil y la tierra no solo da carbón, sino también alimentos.
A este proyecto lo denominaron Sembrando Transición y nace como una manera de transformar la narrativa de una región que por más de cien años fue destinada a ser una zona de sacrificio.
Para la organización Conexiones Climáticas, este proyecto representa en las juventudes una nueva oportunidad de encontrar otras formas de vida y de bienestar que no tengan que ver con la explotación del carbón.
La comunidad de Palaú se encuentra en la llamada Región Carbonífera del estado de Coahuila donde, además, predomina un ecosistema semidesértico. El aprovechamiento de los rayos solares también es una forma de transitar hacia las energías limpias y reescribir su nombre como la Región del Sol.
“Estamos seguros y nos mueve profundamente que la vida vale más que el carbón”, señala la organización de Conexiones Climáticas en un comunicado tras el inicio de este proyecto.
Fernando Ávalos Cárdenas, director del plantel y encargado del proyecto, resalta que la iniciativa de sembrar un huerto en la escuela junto con la organización cumple con dos propósitos que benefician a la población y al medioambiente.
Uno de ellos, es que las y los estudiantes sepan que la tierra no solo proporciona carbón, sino también productos alimenticios con los cuales se puede subsistir. Por otro lado, está el cuidado del medio ambiente a través de la tierra.
“Como todos sabemos, el carbón es un elemento importante para generar electricidad, pero es más el buscar alternativas como la energía solar que también nos brinda un servicio [y es] una alternativa para generar energía eléctrica”, explica Fernando Ávalos Cárdenas en entrevista para Animal MX.
Un estudio sobre el Perfil de Mercado del Carbón de la Secretaría de Economía, señala que la Región Carbonífera de Coahuila es la más importante del país por aportar el 100% de la producción nacional de carbón.
La ubicación de esta región se encuentra en la parte centro, norte y noreste de Coahuila. Limita también con la frontera de Estados Unidos al norte y al este, por los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
Para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el carbón es de los recursos más importantes en Coahuila, pese al riesgo al que son expuestos los mineros por quedar atrapados, en algún momento, durante los trabajos de extracción que realizan y por la falta de medidas de seguridad.
Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos, señala que Sembrando Transición ha sido un gran acierto por tratarse de un proyecto esperanzador que muestra a los jóvenes una nueva narrativa para su futuro y defender el territorio en el que habitan.
“Sembrando transición es un proyecto que se hace con jóvenes en escuelas, con sistemas fotovoltaicos, con talleres para movernos contra la crisis climática y entender que no solo es algo que nos llega de afuera, sino que la extracción, transporte y quema de carbón contribuyen a esa crisis climática que no es culpa de los mineros, no es culpa de la población; es culpa de decisiones de Estado”, añade Cristina Auerbach.
Para Fernando Ávalos Cárdenas, este proyecto ha motivado a que los estudiantes miren otras oportunidades laborales lejos de la extracción de carbón como parte, también, de las opciones que dan a los estudiantes.
El CECyTEC de Palaú cuenta con un programa dual que permite que los jóvenes acudan a una empresa por cuatro días y otro a la escuela. Esta educación ambivalente permite que los estudiantes conozcan actividades que tengan que ver con la carrera que quieran estudiar. Una segunda opción es el emprendimiento.
“Hemos visto en los estudiantes una participación muy buena porque vemos que sí es posible sembrar y recolectar. Los muchachos dan mantenimiento y acuden a regar el huerto escolar y ellos se convierten en verdaderos promotores de que esto funciona”, agrega el director.
Sembrar y cosechar hortalizas en una región destinada a ser una zona de sacrificio por la extracción de carbón rompe con la narrativa de que la comunidad solo depende de la actividad minera. Ahora, con este proyecto la comunidad sabe que la tierra sí produce.
Hasta ahora, de los productos que han obtenido, está la cosecha de cebollas, rábanos, betabel, zanahoria, pimiento morrón, chiles, pepino, melón, calabaza, entre otros.
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Los huertos escolares son también una forma de honrar y recordar la vida de los mineros que han perdido la vida en desastres mineros, como ocurrió en la mina Pasta de Conchos en febrero de 2006. El sitio es propiedad de German Larrea, empresario y uno de los hombres más ricos de México.
El desastre ocurrió en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, que se ubica en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde la acumulación de gas metano derivó en explosión a esto se suma las carentes condiciones de seguridad de la mina para las personas que trabajaban en ella.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la explosión en la mina, propiedad de la empresa Grupo México del empresario German Larrea, dejó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron salir. Sin embargo, 65 mineros más murieron dejando familias incompletas.
Los desastres que ocurren en las minas permanecen presentes en la memoria colectiva de las familias y la comunidad que pierden a un integrante de la familia.
Cristina Auerbach menciona que Sembrando Transición también recuerda a la población que la actividad minera ya no es la única opción para la comunidad. Aunque cohabitan en un ecosistema semidesértico la tierra del lugar es fértil.
“Esto es importante porque, estamos en un semidesierto y se nos decía que no había agua pero resulta que sí había agua para las plantas lavadoras. Sí había agua para sacar carbón pero no había agua para que la gente sembrara. Entonces, más bien es cómo estamos utilizando los recursos que tenemos”, subraya.
Sobre los huertos de memoria, resulta ser un tema igual de interesante en la comunidad. Entre los talleres que Cristina ha impartido para los jóvenes en las escuelas, ha notado que muchos de ellos no habían nacido cuando ocurrió el desastre en Pasta de Conchos. Sin embargo, han escuchado de lo que sucedió o, incluso, tienen familiares que fallecieron en la mina.
“No se trata de negar la historia o decir que eso estuvo mal y que ahora estamos bien, sino que se trata de cómo vamos hilando nuestra historia de modo que la construcción de nuevas posibilidades no sea negar lo que sucedió, entonces, estos huertos de memoria son hermosos porque llevan el nombre del minero que falleció”, añade.
El proyecto Sembrando Transición también ha permitido que las y los jóvenes de la región decidan no querer ir a las minas de carbón en busca de trabajo. Hoy día, con los talleres escolares que acompañan el proyecto las y los estudiantes ven nuevas oportunidades para su futuro.
Cuenta Cristina Auerbach que generaciones atrás, los jóvenes no tenían la opción de decir ‘no quiero ir a la mina de carbón’. Actualmente, esa narrativa cambió a tres años de haber implementado la iniciativa. Respecto a las mujeres, “ninguna quiere casarse con un minero de carbón”, afirma.
“Llevamos tres años haciéndolo y van cinco escuelas. En octubre tendremos la sexta escuela. En estas escuelas pasamos de que todos querían ir a las minas hace unos años. Ahorita, de 500 jóvenes, solo uno quiere ir a las minas de carbón”, declara.
Otro impacto positivo que han notado en las juventudes con quienes implementaron esta iniciativa es el acudir a la Universidad, un fenómeno que, de acuerdo con Auerbach, no sucedía porque acudían a las minas.
“Ahora ya se plantean carreras de sistemas, incluso de lenguas. Me llama mucho la atención que muchos quieren ser maestros, lo cual me encanta. Creo que está cambiando porque es un momento en que se cierran las grandes minas y solo quedaban las peores que son a las que nadie quiere ir”, resalta.
Para dar continuación al proyecto de Sembrando Transición, se buscará incluir a las escuelas primarias de la región para la implementación de huertos donde los estudiantes que integraron esta iniciativa en sus escuelas compartan esa experiencia con otras generaciones.
“De esta manera cambiamos la percepción, por un lado del cuidado del medio ambiente y por otro lado de comenzar a ser autosustentables y comenzar a hacer un cambio en la forma de pensar y la cultura, a lo largo de muchos años”, comparte Fernando Ávalos Cárdenas, encargado del proyecto y director del CECyTEC de Palaú.
El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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