La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) presentó el ‘Expediente de hechos’, donde informa que México está siendo omiso en la aplicación efectiva de la legislación ambiental para proteger a la tortuga caguama (Caretta caretta), una especie marina que se encuentra en peligro de extinción.

Ante esto, el Expediente de hechos surge luego de que las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda) en México y el Centro para la Diversidad Biológica (Center for Biological Diversity) de Estados Unidos presentaron una petición ante el Secretariado, conforme con lo dispuesto en el artículo 24.27(1) del T-MEC.

La petición se hizo el 17 de diciembre de 2020, cuando ambas organizaciones, bajo la figura de “Los Peticionarios”, señalan que México incurre en omisiones para la aplicación efectiva de su legislación ambiental sobre la protección y la conservación de la tortugacaguama (Caretta caretta).

¿Qué es un ‘Expediente de hechos’?

De acuerdo con el capítulo 24 de ese tratado internacional, uno de sus objetivos es promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental.

Con la creación de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) establece un mecanismo único para trabajar en el proceso de peticiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental (SEM, por sus siglas en inglés).

Gracias al proceso SEM, cualquier persona u organización no gubernamental de Canadá, Estados Unidos o México puede presentar una petición ante el Secretariado de la CCA aseverando que una Parte está incurriendo en omisiones para la aplicación efectiva de sus leyes ambientales. 

De esta manera, el CEMDA y el Centro para la Diversidad Biológica hicieron llegar su petición señalando que México está siendo omiso en los cuidados para la tortuga caguama. En el expediente de hechos las organizaciones señalaron que al tratarse de una especie en peligro de extinción, su preservación es prioritaria.

Desde el establecimiento original del mecanismo SEM, la CCA ha recibido 113 peticiones y elaborado 27 expedientes de hechos.

¿Qué instrumentos jurídicos protegen a la tortuga caguama?

Para proteger a una especie que se encuentra en riesgo de extinción, es importante que el gobierno mexicano atienda la falta de presupuesto a instituciones ambientales, la falta de voluntad política y la integración de la comunidad. 

Mario Sánchez, abogado especialista en procedimiento de evaluación de impacto ambiental y el litigio estratégico en la oficina regional Noroeste de CEMDA, explica a Animal MX que las regulaciones para atender la mortandad de la tortuga caguama deben ser multifactoriales.

“Se crea un combo de regulaciones amplias para una capacidad extraordinariamente limitada de ejecución”, detalla Mario Sánchez.

En un recuento de las acciones que se han creado para proteger a la tortuga caguama del Pacifico en México, CEMDA señala que desde 2009 tanto el gobierno federal y estatal reconocieron que la mortandad de tortugas se debe a la captura incidental.

Desde ese año se crearon una serie de programas e instrumentos para su conservación, como en el 2011 cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió el Programa de Acción para la conservación de la Especie (PACE) de la tortuga caguama con la misión de recuperar su población.

Para 2012, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) publicó un estudio en el que se reconoce que la captura incidental de tortugas marinas en la región del Golfo de Ulloa en la península de Baja California Sur. 

Ante esto, fue urgente tomar acciones para revisar y modificar el uso de artes de pesca que amenazan la supervivencia de esta tortuga. 

En el año 2015, llegó una nueva llamada de atención para México. Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), emitió una certificación negativa al país por captura incidental de tortuga caguama en el Golfo de Ulloa.

Más de 3 mil tortugas muertas

Los años siguieron pasando y el varamiento de tortugas caguama continuaba. Según datos consultados de CEMDA, en el 2022 se registraron 682 ejemplares de tortuga caguama varados sin vida en Playa San Lázaro.

En el 2023, el registro más reciente, muestra que de enero a abril de ese año se han registrado 22 ejemplares de tortuga caguama varados sin vida en la misma playa.

En total, en los últimos 6 años y medio murieron 3 mil 25 tortugas caguama en las costas del Golfo de Ulloa.

Ante el descenso de la población de tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, CEMDA presentó dos recomendaciones urgentes para su aplicación.

Por un lado, advirtió que ante el constante descenso en la población de tortuga caguama del Pacífico, los instrumentos que se crearon para proteger su hábitat y reducir las amenazas que enfrenta “no están cumpliendo el objetivo”. 

Por ello, urge la aplicación de regulaciones, mantener en vigilancia permanente la zona y proporcionar alternativas económicas y de desarrollo para las comunidades que dependen de la pesca en la región.

Ante la limitada capacidad de ejecución a las regulaciones para proteger a la tortuga caguama, Mario Sánchez señala que esto se debe a que la autoridad no tiene los recursos suficientes para su implementación.

“No tienen recursos, no tienen personal, no tienen en algunos casos la voluntad de parte de la administración -tanto federal como estatal- de ejecutar esta acción y eso tiene una razón más atrás porque, no están entendiendo el problema y queriendo solucionarlo porque no le habían visto esta magnitud”, explica el abogado.

¿Cuáles son las omisiones que ha tenido México?

Los Peticionarios en el Expediente de hechos señalaron que las omisiones en las que ha incurrido México para proteger a la tortuga caguama se encuentran en los siguientes instrumentos:

• La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
• La Ley General de Vida Silvestre (LGVS); la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA).
• El Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (RI-Semarnat).
• La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas.
• El Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”).

Además de esos instrumentos internacionales de los que México es parte, está el Acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del golfo de México y mar Caribe, así como en las del océano Pacífico, y que incluye al Golfo de California, conocido también como “Acuerdo de Veda”.

También hay Acuerdo en el que incurre, que es en el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, conocido como “Acuerdo de Área de Refugio”.

A esta lista se suma el Acuerdo de Especies y Poblaciones Prioritarias y el Acuerdo de Refugio Pesquero, por el que se establece la zona de refugio pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja California Sur.

Además, ambas organizaciones sumaron a esta lista de omisiones las Normas Oficiales Mexicanas y programas de protección que tienen el objetivo de preservar a las especies que se encuentran con algún grado de amenaza a su supervivencia, como:

• La Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna silvestres.
• El Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer).
• El Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas (PNCTM).
• El Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte (“POEMR-Pacífico Norte”).
• El Programa de Acción para la Conservación de la Especie Tortuga Caguama (Caretta caretta) (“PACE-C. caretta”).

Mario Sánchez detalla que organismos como Conanp, Profepa, Marina y Conapesca no entienden el problema porque hacen muy poca investigación desde el Estado mexicano. En cambio, desde el campo de la ciencia, tanto académicos como centros de estudio son quienes realizan estos hallazgos.

“Hay investigaciones separadas por diferentes académicos e investigadores pero del Estado mexicano para resolver este problema hay una y esa investigación dijo que no saben qué pasa y así se queda, es multifactorial”, denuncia.

Un caso más de impacto por pesca incidental

En el Expediente de hechos relativo a la petición SEM-20-001 (Tortuga caguama) hacen mención a la pesca en el Golfo de Ulloa, donde el 25%, aproximadamente de la producción pesquera ribereña de todo el estado de Baja California Sur proviene del Golfo de Ulloa.

Esta pesca se realiza, principalmente, por comunidades pesqueras de los municipios de Comondú y Mulegé donde atrapan especies como: langosta, almejas, abulón, tiburón, calamar, jaiba, camarón, caracol y pulpo, entre otras.

Sin embargo, en un caso similar al de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, las personas pescadoras en el Golfo de Ulloa se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica, la cual aumentó en las últimas dos décadas.

Entre las principales consecuencias a este aumento se debe a las restricciones impuestas a la actividad pesquera por la implementación de instrumentos de conservación de las tortugas marinas, como el Acuerdo de Veda, el Acuerdo de Refugio Pesquero y el Acuerdo de Área de Refugio.

Para este expediente, citan datos de la Conapesca donde, según resultados de su censo de 2022, en el Golfo de Ulloa existen 22 grupos pesqueros objetivo. De estos, se utilizan 16 tipos de artes de pesca diferentes en las que se incluyen las trampas de captura y redes agalleras, tiburoneras y de enmalle.

Los Peticionarios denunciaron en el documento que las pesquerías señaladas son las que utilizan un mayor número mayor de redes de enmalle y agalleras asociadas a la captura incidental de tortuga caguama y prohibidas en el área protegida, poniendo en riesgo lo que se pactó en el Acuerdo de Refugio Pesquero.

En respuesta a este señalamiento, el Estado mexicano dijo que las actividades pesqueras no son la principal causa de muerte de tortugas marinas y sostuvo que existen otros factores que derivan en la mortalidad de las tortugas marinas.

“Diversos factores y condiciones pueden provocar la muerte de tortugas marinas, incluidos: factores ambientales; la presencia de depredadores; los accidentes con embarcaciones; la ingestión de restos de origen antropogénico y contaminantes tóxicos; las condiciones nutricionales de ejemplares y poblaciones, y diversas enfermedades de tipo metabólicas e infecciosas”, señala el Estado mexicano.

Mario Sánchez añade que mucho del problema en el litoral mexicano tiene que ver con la pesca ilegal porque, aunque se tengan a pescadores registrados observados, localizados y supervisados, mientras no se vigile lo que pasa por la noche en el mar, no se ve el problema completo.

¿México cuida su biodiversidad?

Además de la pesca ilegal, el abogado expone como otra de las afectaciones de la mortandad de la tortuga caguama a las actividades de exploración minera de fondos marinos con el proyecto conocido como ‘Don Diego’ en el Golfo de Ulloa.

“Tampoco se estableció el impacto que pudo tener eso. Los pescadores dicen que pudo tener un alto nivel de mortandad y el gobierno no hizo nada porque no tiene la capacidad de supervisar una mina que está haciendo exploración”, agrega.

Acerca de si México está preocupado por cuidar de su biodiversidad, Mario Sánchez responde que las deficiencias en la capacidad, presupuestal, visión y voluntad política que tiene actualmente el gobierno mexicano es una muestra de que no está haciendo lo suficiente o calificado para proteger su biodiversidad.

Dentro de estos riesgos, Sánchez señala que México debe reconocer que está teniendo un problema para proteger la biodiversidad que le caracteriza, de no hacerlo solo se condena a repetir las mismas intenciones y los mismos programas como lo han hecho en los últimos años.

El caso de la vaquita marina, la tortuga caguama y los jaguares víctimas de megaproyectos como el Tren Maya son una muestra de como “hacer lo mismo y esperar a que tenga un resultado diferente”, explica Mario Sánchez, y pone en riesgo la capacidad del país para la conservación de su biodiversidad.

“La manera de verificar si el tema ambiental tiene o no voluntad de parte de una administración pública va a ser con su presupuesto y los recursos asignados al tópico en específico (…) que recibe cada una de las actividades y sobre todo entender que México, al igual que Baja California Sur, no vive del turismo o la pesca, México vive de sus recursos naturales”, finaliza.

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