
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) presentó el ‘Expediente de hechos’, donde informa que México está siendo omiso en la aplicación efectiva de la legislación ambiental para proteger a la tortuga caguama (Caretta caretta), una especie marina que se encuentra en peligro de extinción.
Ante esto, el Expediente de hechos surge luego de que las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda) en México y el Centro para la Diversidad Biológica (Center for Biological Diversity) de Estados Unidos presentaron una petición ante el Secretariado, conforme con lo dispuesto en el artículo 24.27(1) del T-MEC.
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La petición se hizo el 17 de diciembre de 2020, cuando ambas organizaciones, bajo la figura de “Los Peticionarios”, señalan que México incurre en omisiones para la aplicación efectiva de su legislación ambiental sobre la protección y la conservación de la tortugacaguama (Caretta caretta).
Antes de contarte qué omisiones cometió México en la protección de la tortuga caguama, debes saber que un ‘Expediente de hechos’ es un mecanismo donde se investiga a un país que es parte del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con el capítulo 24 de ese tratado internacional, uno de sus objetivos es promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental.
Con la creación de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) establece un mecanismo único para trabajar en el proceso de peticiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental (SEM, por sus siglas en inglés).
La CCA es un organismo intergubernamental entre Canadá, Estados Unidos y México que se estableció desde 1994 para facilitar la cooperación y la participación ciudadana en esfuerzos de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de América del Norte.
Gracias al proceso SEM, cualquier persona u organización no gubernamental de Canadá, Estados Unidos o México puede presentar una petición ante el Secretariado de la CCA aseverando que una Parte está incurriendo en omisiones para la aplicación efectiva de sus leyes ambientales.
De esta manera, el CEMDA y el Centro para la Diversidad Biológica hicieron llegar su petición señalando que México está siendo omiso en los cuidados para la tortuga caguama. En el expediente de hechos las organizaciones señalaron que al tratarse de una especie en peligro de extinción, su preservación es prioritaria.
El Secretariado de la CCA atiende las instrucciones de los miembros del Consejo y prepara un expediente de hechos independiente en relación con el asunto planteado en la petición.
Desde el establecimiento original del mecanismo SEM, la CCA ha recibido 113 peticiones y elaborado 27 expedientes de hechos.
Para proteger a una especie que se encuentra en riesgo de extinción, es importante que el gobierno mexicano atienda la falta de presupuesto a instituciones ambientales, la falta de voluntad política y la integración de la comunidad.
Mario Sánchez, abogado especialista en procedimiento de evaluación de impacto ambiental y el litigio estratégico en la oficina regional Noroeste de CEMDA, explica a Animal MX que las regulaciones para atender la mortandad de la tortuga caguama deben ser multifactoriales.
“Se crea un combo de regulaciones amplias para una capacidad extraordinariamente limitada de ejecución”, detalla Mario Sánchez.
En un recuento de las acciones que se han creado para proteger a la tortuga caguama del Pacifico en México, CEMDA señala que desde 2009 tanto el gobierno federal y estatal reconocieron que la mortandad de tortugas se debe a la captura incidental.
Desde ese año se crearon una serie de programas e instrumentos para su conservación, como en el 2011 cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió el Programa de Acción para la conservación de la Especie (PACE) de la tortuga caguama con la misión de recuperar su población.
Para 2012, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) publicó un estudio en el que se reconoce que la captura incidental de tortugas marinas en la región del Golfo de Ulloa en la península de Baja California Sur.
Ante esto, fue urgente tomar acciones para revisar y modificar el uso de artes de pesca que amenazan la supervivencia de esta tortuga.
En el año 2015, llegó una nueva llamada de atención para México. Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), emitió una certificación negativa al país por captura incidental de tortuga caguama en el Golfo de Ulloa.
Los años siguieron pasando y el varamiento de tortugas caguama continuaba. Según datos consultados de CEMDA, en el 2022 se registraron 682 ejemplares de tortuga caguama varados sin vida en Playa San Lázaro.
En el 2023, el registro más reciente, muestra que de enero a abril de ese año se han registrado 22 ejemplares de tortuga caguama varados sin vida en la misma playa.
En total, en los últimos 6 años y medio murieron 3 mil 25 tortugas caguama en las costas del Golfo de Ulloa.
Ante el descenso de la población de tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, CEMDA presentó dos recomendaciones urgentes para su aplicación.
Por un lado, advirtió que ante el constante descenso en la población de tortuga caguama del Pacífico, los instrumentos que se crearon para proteger su hábitat y reducir las amenazas que enfrenta “no están cumpliendo el objetivo”.
Por ello, urge la aplicación de regulaciones, mantener en vigilancia permanente la zona y proporcionar alternativas económicas y de desarrollo para las comunidades que dependen de la pesca en la región.
Ante la limitada capacidad de ejecución a las regulaciones para proteger a la tortuga caguama, Mario Sánchez señala que esto se debe a que la autoridad no tiene los recursos suficientes para su implementación.
“No tienen recursos, no tienen personal, no tienen en algunos casos la voluntad de parte de la administración -tanto federal como estatal- de ejecutar esta acción y eso tiene una razón más atrás porque, no están entendiendo el problema y queriendo solucionarlo porque no le habían visto esta magnitud”, explica el abogado.

Los Peticionarios en el Expediente de hechos señalaron que las omisiones en las que ha incurrido México para proteger a la tortuga caguama se encuentran en los siguientes instrumentos:
Además de esos instrumentos internacionales de los que México es parte, está el Acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del golfo de México y mar Caribe, así como en las del océano Pacífico, y que incluye al Golfo de California, conocido también como “Acuerdo de Veda”.
También hay Acuerdo en el que incurre, que es en el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, conocido como “Acuerdo de Área de Refugio”.
A esta lista se suma el Acuerdo de Especies y Poblaciones Prioritarias y el Acuerdo de Refugio Pesquero, por el que se establece la zona de refugio pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja California Sur.
Además, ambas organizaciones sumaron a esta lista de omisiones las Normas Oficiales Mexicanas y programas de protección que tienen el objetivo de preservar a las especies que se encuentran con algún grado de amenaza a su supervivencia, como:
Mario Sánchez detalla que organismos como Conanp, Profepa, Marina y Conapesca no entienden el problema porque hacen muy poca investigación desde el Estado mexicano. En cambio, desde el campo de la ciencia, tanto académicos como centros de estudio son quienes realizan estos hallazgos.
“Hay investigaciones separadas por diferentes académicos e investigadores pero del Estado mexicano para resolver este problema hay una y esa investigación dijo que no saben qué pasa y así se queda, es multifactorial”, denuncia.
En el Expediente de hechos relativo a la petición SEM-20-001 (Tortuga caguama) hacen mención a la pesca en el Golfo de Ulloa, donde el 25%, aproximadamente de la producción pesquera ribereña de todo el estado de Baja California Sur proviene del Golfo de Ulloa.

Esta pesca se realiza, principalmente, por comunidades pesqueras de los municipios de Comondú y Mulegé donde atrapan especies como: langosta, almejas, abulón, tiburón, calamar, jaiba, camarón, caracol y pulpo, entre otras.
Sin embargo, en un caso similar al de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, las personas pescadoras en el Golfo de Ulloa se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica, la cual aumentó en las últimas dos décadas.
Entre las principales consecuencias a este aumento se debe a las restricciones impuestas a la actividad pesquera por la implementación de instrumentos de conservación de las tortugas marinas, como el Acuerdo de Veda, el Acuerdo de Refugio Pesquero y el Acuerdo de Área de Refugio.
Para este expediente, citan datos de la Conapesca donde, según resultados de su censo de 2022, en el Golfo de Ulloa existen 22 grupos pesqueros objetivo. De estos, se utilizan 16 tipos de artes de pesca diferentes en las que se incluyen las trampas de captura y redes agalleras, tiburoneras y de enmalle.
Los Peticionarios denunciaron en el documento que las pesquerías señaladas son las que utilizan un mayor número mayor de redes de enmalle y agalleras asociadas a la captura incidental de tortuga caguama y prohibidas en el área protegida, poniendo en riesgo lo que se pactó en el Acuerdo de Refugio Pesquero.
En respuesta a este señalamiento, el Estado mexicano dijo que las actividades pesqueras no son la principal causa de muerte de tortugas marinas y sostuvo que existen otros factores que derivan en la mortalidad de las tortugas marinas.
“Diversos factores y condiciones pueden provocar la muerte de tortugas marinas, incluidos: factores ambientales; la presencia de depredadores; los accidentes con embarcaciones; la ingestión de restos de origen antropogénico y contaminantes tóxicos; las condiciones nutricionales de ejemplares y poblaciones, y diversas enfermedades de tipo metabólicas e infecciosas”, señala el Estado mexicano.
Mario Sánchez añade que mucho del problema en el litoral mexicano tiene que ver con la pesca ilegal porque, aunque se tengan a pescadores registrados observados, localizados y supervisados, mientras no se vigile lo que pasa por la noche en el mar, no se ve el problema completo.
Además de la pesca ilegal, el abogado expone como otra de las afectaciones de la mortandad de la tortuga caguama a las actividades de exploración minera de fondos marinos con el proyecto conocido como ‘Don Diego’ en el Golfo de Ulloa.
“Tampoco se estableció el impacto que pudo tener eso. Los pescadores dicen que pudo tener un alto nivel de mortandad y el gobierno no hizo nada porque no tiene la capacidad de supervisar una mina que está haciendo exploración”, agrega.
Acerca de si México está preocupado por cuidar de su biodiversidad, Mario Sánchez responde que las deficiencias en la capacidad, presupuestal, visión y voluntad política que tiene actualmente el gobierno mexicano es una muestra de que no está haciendo lo suficiente o calificado para proteger su biodiversidad.
Dentro de estos riesgos, Sánchez señala que México debe reconocer que está teniendo un problema para proteger la biodiversidad que le caracteriza, de no hacerlo solo se condena a repetir las mismas intenciones y los mismos programas como lo han hecho en los últimos años.
El caso de la vaquita marina, la tortuga caguama y los jaguares víctimas de megaproyectos como el Tren Maya son una muestra de como “hacer lo mismo y esperar a que tenga un resultado diferente”, explica Mario Sánchez, y pone en riesgo la capacidad del país para la conservación de su biodiversidad.
“La manera de verificar si el tema ambiental tiene o no voluntad de parte de una administración pública va a ser con su presupuesto y los recursos asignados al tópico en específico (…) que recibe cada una de las actividades y sobre todo entender que México, al igual que Baja California Sur, no vive del turismo o la pesca, México vive de sus recursos naturales”, finaliza.
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El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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