En su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un cambio de paradigma en política de drogas, que transitara de las medidas previas de guerra a una política de paz. En materia de estupefacientes –se reconoció entonces–, la estrategia prohibicionista era ya insostenible.

La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo, que sostuvo el proyecto de gobierno, era levantar la prohibición de sustancias ilícitas y reorientar recursos hasta entonces destinados a combatir el trasiego para aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación.

¿Qué ha pasado en los primeros cinco años que cumple su administración? Un aumento en la criminalización, en los dichos y en los hechos: más de 74 millones se han invertido en campañas crecientes en estigmatización, mientras los presupuestos de salud no crecen; la Comisión Nacional contra las Adicciones fue desplazada de la estrategia mientras el 97% de la atención residencial al consumo problemático está en manos de particulares, con recurrentes denuncias de violaciones a derechos humanos, y las personas siguen yendo a prisión por portar sustancias sin intención de venderlas. La narrativa no ha cambiado, sino que la prohibición se ha recrudecido, y la promesa de una política de paz nunca llegó.