Mozambique: un país entre la crisis climática, la insurgencia armada y el colapso social
Mozambique vive una crisis que combina las penurias de la crisis climática con las atrocidades de una guerra civil y los riesgos de una situación socioeconómica en deterioro. En este contexto, más de 1.7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a lo que Naciones Unidas denominó como una crisis triple, en donde se conjugan diversas crisis de seguridad, gobernanza y desastres naturales en una crisis humanitaria sumamente compleja. Lo relevante de este caso, más allá de los efectos devastadores en la población local, es que Mozambique ofrece una visión del futuro del Sur Global, pues presenta un escenario que podría convertirse próximamente en la realidad de muchos países. El futuro de muchas regiones del mundo estará marcado por el aumento de las crisis producto del cambio climático, la inestabilidad política, social y económica, así como de la violencia ocasionada por conflictos internos.
La naturaleza de la crisis que atraviesa Mozambique es compleja. En realidad, lo que vemos es un problema multidimensional en el que se superponen el conflicto armado producto de una insurgencia extremista, el colapso parcial del control estatal y el avance de economías ilícitas que erosionan la legitimidad del gobierno, a la par de tensiones sociales y una crisis política constante. Al mismo tiempo, la intensificación de fenómenos climáticos extremos ha acelerado el desplazamiento interno y ha agravado la situación económica de una población que ya sufre los efectos de la pobreza crónica y la inseguridad alimentaria. El resultado es una emergencia humanitaria sostenida donde violencia, pobreza y desastre climático se retroalimentan generando una espiral de inestabilidad.
El conflicto armado que sacude a Mozambique desde el 2017 se ha intensificado de manera alarmante en el último año, centrando gran parte de la violencia en la provincia de Cabo Delgado al norte del país, una región que ha sido escenario de una insurgencia prolongada liderada por Ansar al-Sunna, un grupo extremista ligado al Estado Islámico. Esta ola de violencia no es un fenómeno reciente ni aislado. Tan solo en la segunda mitad de 2025, el aumento de ataques armados obligó a más de 330,000 personas a huir de sus hogares, y se estima que más de 1.3 millones han sido desplazadas desde el inicio del conflicto, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Además, la crisis en la región ha dejado huellas profundas en la vida de civiles, con repetidas oleadas de desplazamientos, brotes de violencia contra civiles y la expansión del conflicto hacia provincias como Nampula y Niassa, que antes se consideraban relativamente seguras, lo que ha generado que más de 100,000 personas en Nampula hayan tenido que abandonar sus hogares.
Este desplazamiento masivo de personas ocurre en un contexto humanitario extremadamente frágil. La Organización Internacional para la Migración ha reportado que tan solo en noviembre de 2025 más de 100,000 personas fueron forzadas a huir en el norte del país, incluyendo alrededor de 70,000 niños, muchos de los cuales se enfrentan a violaciones graves de derechos humanos. Existen además reportes que señalan que estos grupos insurgentes han recurrido a la decapitación de civiles como método de terror y control social, así como al secuestro sistemático de niños para utilizarlos como mano de obra forzada o reclutarlos como niños soldados.
Lo complejo es que este conflicto no puede explicarse únicamente como un problema de extremismo, violencia pública o de inseguridad. La expansión de la violencia está estrechamente ligada a factores estructurales que han facilitado el arraigo de los grupos insurgentes, en particular porque Cabo Delgado ha sido históricamente una de las provincias más empobrecidas del país, marcada por pobreza crónica, desigualdad, corrupción, exclusión económica y una presencia estatal débil incapaz de garantizar servicios básicos de forma sostenida. En este contexto de precariedad acumulada y frustración social, la insurgencia ha encontrado un entorno propicio para reclutar, financiarse y consolidar su presencia, aprovechando un prolongado vacío de gobernanza.
Esto es especialmente evidente al analizar las fuentes de financiamiento de las células insurgentes. En gran medida, sus ingresos provienen del tráfico ilegal de recursos naturales como madera y minerales extraídos en las zonas que controlan, así como de economías criminales más amplias, incluyendo la trata de personas, el narcotráfico y el comercio ilegal de marfil y fauna en peligro de extinción. En distintos casos, estas actividades han operado con la complicidad de autoridades locales, lo que ha alimentado una dinámica que facilita la economía ilícita, profundiza la corrupción y debilita aún más la capacidad estatal en la zona.
De esta forma se genera un círculo vicioso en donde la colusión de funcionarios públicos facilita la porosidad de fronteras y costas, lo que permite la expansión de las rutas de tráfico; estas economías ilícitas refuerzan la capacidad operativa y financiera de los grupos insurgentes; y la violencia que generan erosiona aún más la legitimidad del Estado. A su vez, ese debilitamiento institucional facilita la cooptación de más funcionarios, perpetuando las mismas estructuras económicas ilegales de las que depende el financiamiento de los grupos insurgentes.
El problema va más allá de la violencia, pues el conflicto no solo desgarra el tejido social, también rompe la legitimidad gubernamental y el orden público. Las respuestas militarizadas del Estado, junto con el deterioro en el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, han profundizado el distanciamiento de la población y facilitado su captación por parte de los grupos insurgentes. De igual forma, la corrupción ha erosionado la capacidad de actuar del Estado al punto de que el gobierno ha perdido control efectivo sobre territorios clave, especialmente en torno al puerto de Mocímboa da Praia y la frontera con Tanzania, ambos utilizados por grupos insurgentes para el tráfico y la exportación de bienes ilícitos. Los intentos de controlar estos territorios y por frenar estas economías ilegales han fracasado no solo por la capacidad militar de los insurgentes, sino también porque, en un contexto de pobreza y desigualdad persistentes, estos mercados han sido normalizados por amplios sectores de la población civil, e incluso sucede que en muchos casos dependen de ellos para sobrevivir.
El resultado es que el Estado deja de ser la autoridad que regula la vida económica y garantiza la seguridad, y pasa a ser percibido como un actor ajeno e incluso visto como un actor hostil frente a las comunidades que dependen de economías ilegales para sobrevivir. En Mocímboa da Praia, sectores de la comunidad local incluso han intentado linchar a oficiales de aduanas tras la incautación de un cargamento de cannabis. Este episodio ilustra el colapso de la legitimidad estatal y cómo la precariedad económica contribuye a desdibujar al gobierno como autoridad reconocida. En la práctica, parte de la población protege activamente el tráfico ilícito en el puerto no necesariamente por afinidad con los insurgentes, sino porque se beneficia de la entrada y salida de drogas, marfil y madera, que se cargan y descargan sin control gubernamental.
El conflicto armado y la erosión de la legitimidad estatal, por sí solos, no explican la profundidad de la crisis en Mozambique. Lo que vuelve a esta situación especialmente relevante es que estas dinámicas se desarrollan y se agravan en paralelo con los impactos crecientes de la crisis climática, produciendo una interacción acumulada entre violencia, fragilidad institucional y eventos climáticos extremos. En los últimos años, el país ha enfrentado fenómenos catastróficos recurrentes: tan solo entre 2023 y 2024 se registraron sequías severas que diezmaron la producción agrícola y llevaron a más de 1.8 millones de personas a experimentar inseguridad alimentaria. Posteriormente, entre finales de 2024 y 2025, Mozambique fue golpeado por una serie de ciclones que destruyeron cultivos, viviendas, escuelas y centros de salud, agravando la crisis alimentaria y debilitando aún más la capacidad de respuesta humanitaria del país.
En los últimos meses, Mozambique ha vuelto a enfrentar una crisis climáticas marcada por lluvias extremas e inundaciones generalizadas. En cuestión de semanas, casi medio millón de personas fueron desplazadas tras el desbordamiento de ríos como el Limpopo, Buzi, Zambeze e Incomáti, lo que dejó vastas zonas bajo el agua, especialmente en las provincias de Gaza y Maputo en el sur, así como Sofala, Zambézia e Inhambane en el centro del país.
Desde octubre de 2025 estas precipitaciones han afectado a más de 860,000 personas en todo el país y han provocado cerca de 400,000 desplazados internos, además de miles de viviendas destruidas o seriamente dañadas. El impacto acumulado sobre la infraestructura y las condiciones de vida de la población ha sido catastrófico, el acceso a las zonas afectadas es limitado debido a los daños en la infraestructura de transporte y de igual forma se reportan mas de 181,000 hectáreas de tierras agrícolas afectadas, así como la pérdida de más de 58,000 cabezas de ganado, agravando la inseguridad alimentaria. A ello se suma la saturación de los albergues temporales, donde el hacinamiento, la escasez de agua potable y el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua incrementan de forma significativa la vulnerabilidad de la población.
En este contexto, la crisis climática termina por agravar la precariedad económica y la inseguridad alimentaria, debilitando aún más a comunidades ya vulnerables y creando un escenario idóneo en el que la insurgencia armada puede operar con mayor facilidad. La precariedad de la población facilita las condiciones en donde estos grupos pueden reclutar nuevos miembros, expandir su influencia y consolidar su presencia territorial. De esta forma la crisis climática es un factor.
Lo que vemos en Mozambique no es solo una tragedia nacional, sino un ejemplo que muestra una dinámica en donde el conflicto armado debilita al Estado, fractura el tejido social y vacía de legitimidad a las instituciones, mientras la población queda atrapada entre la violencia, la precariedad económica y la ausencia de servicios básicos. En ese vacío de autoridad, la economía formal se contrae y se expanden las economías ilícitas, creando las condiciones ideales para que actores armados operen, recluten, financien sus operaciones y consoliden su control territorial a costa de la seguridad de la población. A su vez, la crisis climática funciona como un factor más de inestabilidad, pues no solo genera el desplazamiento de miles de personas, sino que profundiza la precariedad y empuja a comunidades enteras a depender de circuitos económicos informales o ilegales que, directa o indirectamente, sostienen la insurgencia y prolongan los ciclos de violencia. Esto da como resultado una espiral de vulnerabilidad que desencadenan una crisis humanitaria en donde las capacidades estatales y sociales de respuesta se erosionan más rápido de lo que pueden reconstruirse.
Esta crisis es un presagio para todo el Sur Global que permite observar con claridad cómo las crisis del futuro (y del presente) y la inseguridad contemporánea ya no son el resultado de una sola causa, sino de la convergencia simultánea de factores como la insurgencia armada, las economías criminales, el deterioro socioeconómico, el colapso institucional, y los desastres climáticos. El resultado de estas dinamicas, que ya podemos ver en otras regiones del Sur Global como en el Sahel, son crisis humanitarias de carácter multidimensional, cada vez más complejas y difíciles de contener.
Los escándalos han perseguido al hermano del rey Carlos III a lo largo de su vida.
Fue el segundo hijo de Isabel II, pero el primero en nacer cuando ella ya era reina. Un bebé muy deseado por la reina, segundo en la línea sucesoria del trono británico hasta que nació su sobrino William, y ahora caído en desgracia.
Este jueves fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en cargo público.
No se conocen los detalles específicos de las acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público que están siendo investigadas.
Sin embargo, las acusaciones previamente reportadas incluyen que habría compartido informes de viajes comerciales, remitido un informe confidencial sobre inversiones en Afganistán y entregado un informe del Tesoro a un contacto empresarial personal.
El exduque de York se desempeñó como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011, viajando por todo el mundo y disfrutando de acceso privilegiado a altos contactos gubernamentales y empresariales a nivel internacional.
En 2010, Andrés aparentemente remitió al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein informes gubernamentales sobre visitas a Vietnam, Singapur y China, según parecen mostrar archivos relacionados con el fallecido financiero que fueron publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los documentos también parecen indicar que Andrés envió a Epstein información sobre oportunidades de inversión en oro y uranio en Afganistán.
De acuerdo con la normativa oficial, los enviados comerciales tienen el deber de mantener la confidencialidad sobre información sensible comercial o política relacionada con sus visitas oficiales.
Andrés Mountbatten Windsor, que hasta noviembre de 2025 era conocido como el príncipe Andrés, cayó en desgracia en la última década, desde que se destapara su amistad con el financiero estadounidense y fuera acusado de abusar sexualmente de una menor.
Andrés niega cualquier conducta indebida relacionada con los archivos Epstein.
El expríncipe se enfrentó previamente a acusaciones de Virginia Giuffre que se resolvieron extrajudicialmente.
Giuffre alegó que la obligaron a mantener relaciones sexuales con Andrés en varias ocasiones, incluyendo una en la isla privada de Epstein a principios de la década de los 2000.
El acuerdo alcanzado entre Giuffre y el expríncipe no incluyó ninguna admisión de irregularidades por parte de este último.
Andrés se retiró de sus funciones reales en 2019, alegando que las acusaciones habían supuesto una “perturbación” para la familia real.
Posteriormente, perdió sus títulos militares y patrocinios reales cuando Giuffre interpuso una demanda civil contra él en Estados Unidos en 2022.
Andrés fue despojado de su título de príncipe en octubre de 2025, el mismo mes en que se publicaron las memorias póstumas de Giuffre y al mismo tiempo que salían a la luz nuevos detalles sobre su relación con Epstein.
El “hijo favorito”
Nacido el 19 de febrero de 1960 -este jueves, día de su arresto, justo cumplió 66 años-, Andrés es el tercer hijo de Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, y hermano del actual monarca británico, Carlos III.
A diferencia de lo que ocurrió con sus hermanos mayores, Carlos y Ana, Andrés llegó a la familia cuando la reina ya era monarca.
Andrés y su hermano menor, Eduardo, que se llevan más de una década con Carlos y Ana, pudieron pasar más tiempo con su madre y forjar un vínculo más estrecho. Gran parte de la prensa británica siempre asumió que Andrés fue el hijo favorito de la monarca, al que apoyó incluso en algunos de los momentos más difíciles.
Y la vida de Andrés no ha estado exenta de esos momentos.
Diversas biografías cuentan que no fue un alumno especialmente brillante. Asistió a la Escuela Primaria Heatherdown, en Berkshire, Inglaterra, y al colegio Gordonstoun, en Moray, Escocia, el duro internado al que habían asistido tanto su padre como su hermano Carlos.
Se formó como oficial naval en el Britannia Royal Naval College, para titularse posteriormente como piloto de helicóptero con el Brazo Aéreo de la Flota de la Marina Real.
Como subteniente de la Marina Real asignado al buque HMS Invincible, Andrés voló misiones de helicóptero en la Guerra de las Falklands o Malvinas en 1982.
Se retiró de la Marina en 2001 con el rango de comandante, después de 22 años de servicio activo (aunque los últimos los pasó en un puesto de escritorio). Fue también en 2001 que fue nombrado Representante Especial de Comercio e Inversión de Reino Unido.
También asumió entones funciones más tradicionales propias de los miembros de la familia real, como el apoyo a organizaciones benéficas y la participación en eventos y ceremonias.
Una vida en los tabloides
Andrés se casó en 1986 con Sarah Ferguson, a la que la prensa británica bautizó como “Fergie”, tras lo que recibió el título de “Duque de York”. Tuvieron dos hijas: Beatriz, nacida en 1988, y Eugenia, en 1990.
Su matrimonio y posterior separación en 1992 dio lugar a miles de artículos en la prensa británica. Ese fue un año de escándalos para la familia real, que la propia Isabel II describió como annus horribilis (año terrible).
En 1996 se divorciaron formalmente, aunque la pareja mantuvo una buena relación, e incluso compartieron vacaciones y residencias.
La vida de Andrés siguió acaparando titulares tras abandonar las fuerzas armadas.
La prensa sensacionalista publicó a menudo imágenes del entonces Duque de York en fiestas en yates, rodeado de mujeres en topless, y lo relacionaron sentimentalmente con distintas mujeres, desde modelos hasta empresarias.
Esta es la época en la que Andrés trabajó como representante especial de UK Trade and Investment (UKTI), un organismo del gobierno para el comercio y la inversión, una suerte de cargo de embajador comercial sin remuneración.
Su papel consistía en promover las empresas británicas internacionalmente, publicitar Reino Unido a los potenciales inversores y establecer relaciones para apoyar los intereses empresariales británicos, todo eso apoyado en “la singular posición del duque, que le da un acceso sin igual a miembros de familias reales, jefes de Estado, ministros de gobierno y ejecutivos de compañías”, según describía el organismo.
“Millas aéreas”
Este rol lo llevó a viajar en delegaciones por todo el mundo con los gastos pagados.
Sus grandes desembolsos, incluido su uso de helicópteros, hicieron que algunos periódicos lo bautizaran como “Andy, el millas aéreas”.
Durante años, los periodistas comentaban cómo los viajes de Andrés al exterior, que supuestamente trataban sobre negocios del gobierno, parecían llevarlo a través de pistas de esquí, campos de golf y otros lugares exóticos.
Tampoco salió indemne del escándalo financiero que rodeó a su exesposa Sarah Ferguson, cuando esta fue grabada en 2010 ofreciendo venderle acceso al príncipe a un reportero que se hacía pasar por un empresario.
Su secretario privado indicó en ese momento que “las insinuaciones e indirectas” que rodeaban al entonces duque no tenían fundamento.
El caso Virginia Giuffre
Andrés tuvo que abandonar el cargo de embajador comercial en 2011, tres años después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales contra menores.
El entonces príncipe había aparecido en fotografías con Epstein después de que este cumpliera su pena de prisión.
En 2019, una entrevista marcó un punto de inflexión en la caída en desgracia de Andrés.
El entonces aún príncipe habló con el programa Newsnight de la BBC, en el que ofreció sorprendentes justificaciones sobre sus encuentros con Virginia Giuffre que no hicieron sino ahondar en la desconfianza de la opinión pública hacia Andrés.
Entre otras cosas, dijo que el relato de Giuffre de que lo había conocido sudando y bailando en un club nocturno de Londres antes de tener relaciones sexuales con él no podía ser cierto porque él no sudaba tras haber sufrido un trauma en la guerra de las Falklands/Malvinas.
Tampoco convencieron sus explicaciones de que fue a ver a Epstein a Nueva York para comunicarle que su amistad había llegado a su fin, o que la historia de Giuffre tenía errores porque esa noche él había llevado a su hija a una pizzería a celebrar su cumpleaños.
La entrevista inspiró la película “Scoop” de Netflix.
En 2021, Virginia Giuffre presentó una demanda civil contra Andrés en Estados Unidos, alegando que abusó de ella cuando tenía 17 años, algo que él siempre negó.
Al año siguiente, Andrés renunció a sus títulos militares (incluido el título honorífico de vicelamirante que había recibido en 2015) y a los patrocinios reales.
No consiguió que la demanda se desestimara y finalmente llegó a un acuerdo económico con Giuffre, del que no se desvelaron los términos económicos.
Cuando se desclasificaron parte de los documentos de Epstein en 2025, el nombre de Andrés Mountbatten Windsor aparecía en varios de ellos.
En octubre de 2025, apremiado por palacio y por la opinión pública, Andrés renunció a todos sus títulos. Poco después, Carlos III le retiró el rango de príncipe.
Este jueves Andrés Mountbatten Windsor se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en ser arrestado desde Carlos I en 1647, durante la guerra civil inglesa.
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