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Era 1995 cuando surgió uno de los primeros proyectos que buscaban “gentrificar” la Ciudad de México. Habían pasado apenas 10 años del terremoto de 1985, aún dominaba el PRI, los chilangos no teníamos derecho a votar por nuestros gobernantes y la palabra “gentrificación” ni siquiera estaba en el diccionario.
Uno de los primeros intentos por reconstruir y repoblar una de las zonas más deterioradas de la Ciudad de México se llamó “Proyecto Alameda”, y era una idea de la inmobiliaria canadiense Reichmann International.
El regente de la Ciudad era el priista Óscar Espinosa Villarreal, quien había sido nombrado por el presidente Ernesto Zedillo en diciembre de 1994, y transcurrían los primeros años de un sexenio caracterizado por la aplicación de las medidas más drásticas del neoliberalismo para enfrentar la crisis de cambio de sexenio (aumento del IVA y de las tarifas de servicios, quiebra de la empresa de transporte público Ruta 100, privatizaciones y desarrollo de proyectos que generaron ganancias millonarias a sus promotores, nacionales y extranjeros).
El Proyecto Alameda, que buscaba desarrollar edificios de vivienda de alto costo, oficinas y centros comerciales sobre la avenida Juárez, se proponía la remodelación de toda la zona, el arreglo de banquetas, luminarias y servicios públicos, y la rehabilitación de las vecindades para la llegada de nuevos habitantes a la zona.
Se buscaba crear un emblema de lo que hoy llamamos gentrificación: “proceso de renovación urbana donde barrios populares o deteriorados son transformados, generalmente con la llegada de personas de mayor poder adquisitivo, lo que a menudo resulta en el desplazamiento de los residentes originales” (la definición es de Google).
El Proyecto Alameda, según se nos explicó a los periodistas que entonces cubríamos los asuntos de la Ciudad de México, era parte de un corredor de desarrollo inmobiliario que vendría desde Cuajimalpa -donde Manuel Camacho y Marcelo Ebrard ya habían desarrollado la ZEDEC Santa Fe en los años dorados del salinismo), pasaría por todo Paseo de la Reforma y desembocaría en la Alameda, “gentrificando” todos los barrios y colonias a su paso.
Reichmann y Óscar Espinosa se toparon con la oposición de miles de vecinos que muy pronto se manifestaron en contra del Proyecto Alameda, desempolvaron sus banderas del Movimiento Urbano Popular y se organizaron en defensa de su barrio.
En esa oposición confluyeron muchos de los líderes de organizaciones que integraban el Movimiento Urbano Popular, como Dolores Padierna, Javier Hidalgo, Marcos Rascón (Súper Barrio), Leopoldo Ensástiga y Clara Brugada, por mencionar algunos.
Más que las movilizaciones, lo que realmente detuvo el Proyecto Alameda fue la gran crisis económica de 1995. Pero la oposición a ésta y otras políticas públicas del neoliberalismo salvaje le dio cohesión y banderas a los grupos que entonces confluían en el PRD, que en 1997 llevaron a Cuauhtémoc Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
<h2>Gentrificación en los gobiernos de izquierda</h2>
La crisis no detuvo el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y, en 1997, durante la transición entre el priismo y el primer gobierno democrático de la Capital, Óscar Espinosa entregó al ingeniero Cárdenas una cartera de proyectos -algunos en marcha y otros totalmente detenidos- para rehabitar las colonias dañadas por los sismos y detener la expansión de la Ciudad hacia sus periferias, que generaba invasiones, la pérdida de zonas ecológicas, problemas de transporte y movilidad, y la necesidad de construir obras de infraestructura para llevar servicios urbanos a asentamientos alejados del centro.
Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000) no rechazó esos proyectos, e incluso, en febrero de 1998, acudió a la colocación de la primera piedra de la Torre Mayor, en Paseo de la Reforma. Una obra que implicó demoler el antiguo Cine Chapultepec para levantar un rascacielos de 225 metros de altura.
Simbólicamente, el entonces edificio más alto de la Ciudad fue hecho por Reichmann, el mismo desarrollador que había visto frustrados sus planes del Proyecto Alameda.
El resto es una historia más o menos conocida, que puede condensarse en una frase: el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México y los procesos de gentrificación ocurrieron bajo el mando, supervisión y autorización de gobiernos emanados de la izquierda, primero perredista y luego morenista.
La renovación urbana en decenas de colonias, con la llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, elevación de las rentas; proliferación de restaurantes, cafeterías, bares y tiendas con servicios y precios casi exclusivos para extranjeros; el consiguiente desplazamiento de los habitantes originales y el cambio de la identidad comunitaria en los barrios… todo eso no ocurrió como una fatalidad impuesta o solapada por gobernantes priistas o panistas.
En realidad, los principales responsables de las políticas inmobiliarias y de vivienda que causaron la gentrificación se llaman Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.
Con López Obrador como jefe de Gobierno (2000-2006) se emitió el famoso Bando 2, que buscaba repoblar las colonias dotadas con servicios públicos con vivienda popular y/o asequible para clases medias; aunque, en realidad, eso permitió la proliferación de proyectos de vivienda y el surgimiento del llamado “cártel inmobiliario”, una confluencia de empresarios y autoridades que obtuvieron enormes ganancias con la construcción de edificios de vivienda.
Aunque fueron los gobernantes panistas de la alcaldía Benito Juárez quienes se ganaron a pulso el mote de “cártel inmobiliario”, en realidad todos los jefes y jefas de Gobierno dejaron que la construcción de vivienda se guiara por los fines comerciales de los desarrolladores y no por una política pública que privilegie el bien común y proteja a los habitantes originales.
El modelo se reprodujo con Marcelo Ebrard (2006-2012), quien otorgó los permisos para la construcción de Mitikáh, la enorme torre que ensombreció para siempre el antiguo barrio de Xoco y que hoy se erige como un símbolo del triunfo de la gentrificación en la ciudad.
Pero fue en el gobierno de Mancera (2012-2018) en el que se dio el boom inmobiliario con cambios en el uso de suelo en varias zonas de la ciudad, la llegada y expansión de Airbnb (2016 es el año con más inmuebles registrados en la plataforma) y la proliferación de desarrollos como los B-Grand, que aparecieron en Coyoacán, Del Valle, Tlalpan, Pedregal, San Ángel y Polanco.
A Mancera -quien también tuvo que enfrentar el sismo de 2017 y dar inicio a un programa de reconstrucción- se le ha señalado, incluso recientemente en la conferencia mañanera, como responsable de la gentrificación: Pero lo cierto es que todos los jefes y jefas de gobierno han puesto su grano de arena para el desarrollo de un proceso que, por otro lado, no es exclusivo de la Ciudad de México, sino un fenómeno global ligado al modelo económico y la desigualdad, imperantes en todo el mundo.
<h2>Hacia una ciudad habitable</h2>
En ese contexto histórico, las consecuencias de la gentrificación comenzaron a hacer crisis desde el gobierno de Claudia Sheinbaum (2018-2024), y hoy han hecho estallar las protestas en la administración de Clara Brugada.
La jefa de Gobierno es heredera de las luchas del Movimiento Urbano Popular y una lideresa importante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que durante años exigió la regularización y urbanización de predios invadidos por sus militantes en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa.
Le toca a Brugada encarar los reclamos de los grupos que hoy se dicen desplazados y se levantan en contra de las rentas impagables, los elevados costos de la vivienda y el encarecimiento de la vida en la Condesa, la Roma, la Narvarte, la Portales, la Juárez, la Cuauhtémoc, el Centro Histórico, la San Rafael, la Santa María la Ribera y otras colonias que están dejando de ser populares para convertirse en sitios de privilegio para adinerados y extranjeros.
¿Podrán Brugada y las 14 acciones de su Bando 1 detener los estragos de la gentrificación, para lograr <a href="https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/publican-bando-1-para-atender-efectos-de-la-gentrificacion-queremos-una-ciudad-que-no-este-dividida-afirma-clara-brugada" target="_blank" rel="noopener">“la ciudad habitable, asequible, con identidad y arraigo local”</a> que ha prometido la nueva administración?

Una historia política de la gentrificación

Morena parte de una falacia, la arenga de “no somos iguales”. Y, mientras le da cobijo e impunidad a su coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, se propone crecer, masificarse y convertirse en un nuevo partido de Estado.
El grito de “no somos iguales” y la declaración de su presidenta nacional, Luisa María Alcalde, de que Morena no protege actos de corrupción, suenan huecos frente a los hechos: la cercanía del exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación con Hernán Bermúdez, el “comandante H”, quien presuntamente entregó el estado al grupo criminal La Barredora.
Hasta el Ejército dejó constancia de esos hechos en comunicaciones oficiales, que fueron conocidas gracias a Guacamaya Leaks, pero desde el oficialismo se niegan los hechos y, como es costumbre en el lopezobradorismo, se atribuye el asunto a una trama de la oposición.
También son inocultables la presencia del crimen organizado en Tabasco, el aumento de la violencia y la zozobra en la que viven sus habitantes desde que Adán Augusto fue gobernador, y nombró a Bermúdez como secretario de Seguridad.
Hasta el actual gobernador, Javier May, ha atribuido el empoderamiento de los criminales a la mala gestión de Hernán Bermúdez y sus pactos oscuros con grupos criminales. Por eso, quizás, los tabasqueños ni se saludaron cuando se tuvieron frente a frente en el evento partidista del domingo.
Del desastre en el que dejó sumido a Tabasco no ha rendido cuentas Adán Augusto, el otrora secretario de Gobernación que hasta se dio el lujo de ser precandidato presidencial.
Lejos de ser sancionado por su exjefe, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el partido-movimiento lo ha empoderado, y hoy es un problema para la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así, mientras desde Estados Unidos se presiona al gobierno de la presidenta Sheinbaum para que el senador sea investigado, ella hace malabares retóricos en la conferencia mañanera, y él juega a las escondidillas, desaparece una semana y reaparece campante en el Congreso del partido-movimiento, que lo arropa con una arenga automática e irracional: “no-estás-solo”.
Al darle ese cobijo, Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente Luisa María Alcalde perdieron la oportunidad de demostrar que “no son iguales” a los partidos que los antecedieron en el poder.
Y no sólo eso, también perdieron la ocasión de pintar su raya, desempoderar al senador, desactivarlo como operador partidista y quitárselo de encima. Al darle cobijo e impunidad, lo blindan para que siga con su plan de convertir a senadoras y senadores en gobernadoras y gobernadores en 2027, y volver a construir un proyecto presidencial de cara a 2030.
<h2>La masificación de Morena</h2>
El Congreso Nacional de Morena, en su octava sesión extraordinaria, aprobó una serie de acuerdos tan contradictorios, como los discursos de sus dirigentes, Luisa María Alcalde y Alfonso Durazo.
Por un lado, dicen que van a reservarse el derecho de admisión y crean una Comisión Evaluadora de Admisiones. Como “no son iguales”, ahora filtrarán los ingresos de personajes provenientes de otros partidos.
Pero por otro lado se preparan para el crecimiento y la creación de un partido de masas.
Según el Plan Organizativo de Comités Seccionales, Morena se apresta a crear 71 mil 541 comités de base (una por cada sección electoral en la que se divide el país), con al menos cinco militantes en cada uno. Es decir, piensan construir un ejército de 357 mil promotores del voto y defensores del proyecto de la llamada “cuarta transformación”.
Una especie de élite de operadores políticos que estarán al frente de los 10 millones de militantes que se han propuesto reclutar antes de las elecciones de 2027.
Al tiempo que refuerzan su presencia territorial, lanzarán un plan municipalista con la intención de fortalecer la “identidad morenista” de sus cientos de alcaldes, homologando políticas públicas locales con las del gobierno federal.
La maquinaria electoral que pretende Morena recuerda las estructuras que hicieron del PRI un partido hegemónico durante buena parte del siglo XX. Y su plan municipalista emula lo que el tricolor llamaba Movimiento Territorial.
En Morena aspiran a la masificación, la expansión de su proyecto político, la construcción de una nueva hegemonía, y a no volver a perder elecciones.
También aspiran a que alguien les crea que no son iguales, al tiempo que protegen a su oscuro coordinador parlamentario en el Senado.

Morena: nuevo partido de Estado

Una de las instituciones de la democracia más mancilladas en los últimos años es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora llega a una hora crucial: la calificación de la elección judicial y su propia transición.
Sumido en escándalos de diversa índole desde hace tres años, disminuido a cinco de los siete integrantes que deberían integrar su Sala Superior y dividido, este tribunal tendrá la última palabra en la elección de más de 800 cargos federales del Poder Judicial, desde los juzgados de Distrito hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según la estadística que ha hecho pública el propio Tribunal Electoral, la elección judicial ha generado 4 mil 958 asuntos recibidos por el tribunal, de los cuales se han resuelto 4 mil 240; es decir, el 85.5 por ciento.
La mayor parte de esos asuntos (mil 125) se resolvieron en noviembre de 2024, en la etapa de preparación de la elección. Después, en febrero de 2025, se resolvieron 821 asuntos, en la etapa de registro de candidaturas. Y finalmente, en mayo, se resolvieron 346 asuntos en el mes previo a la jornada electoral.
Casi el 60 por ciento de los asuntos se han resuelto por mayoría, y no por unanimidad, lo que habla de la división en la Sala Superior.
Aun más, los datos indican que hay un bloque conformado por la magistrada presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que ha votado sistemáticamente a favor de las posturas de Morena y el oficialismo en este proceso.
Ese bloque ha apoyado las decisiones adoptadas por la mayoría de Morena en el Congreso, con relación al proceso mismo, la conformación de los comités de evaluación, las listas de candidaturas, el desechamiento de quejas de candidatas y candidatos, y avalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum y otros servidores públicos pudieran promover el voto durante las campañas.
Otro bloque, crítico de esas decisiones, está conformado por la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez, el expresidente de la Sala Superior que, en diciembre de 2023, fue depuesto por el bloque de Soto y los Felipes
Si se observa la estadística de la elección judicial publicada por el TEPJF, se puede observar que Reyes Rodríguez ha votado en contra en 54.27 por ciento de los asuntos resueltos, mientras que Janine Otálora votó en contra en el 51 por ciento.
La división de la Sala Superior será un factor en las próximas semanas y meses, cuando el Tribunal resuelva los 718 asuntos relacionados a la elección judicial que aún están pendientes.
<h2>¿Qué asuntos deben resolverse aún?</h2>
Uno de los temas de próxima resolución gira en torno a las impugnaciones presentadas en contra de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior (dos) y de las cinco Salas Regionales (15), pues la Constitución dice explícitamente que esto le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El magistrado Reyes Rodríguez ha propuesto que se turnen ya estos asuntos a la SCJN, pero en el bloque mayoritario se opina que la Sala Superior puede resolverlos.
Así, los asuntos han quedado entrampados y, el pasado miércoles, la Sala votó porque se retirara <a href="https://www.te.gob.mx/media/pdf/b79359f3e8b935a.pdf" target="_blank" rel="noopener">el proyecto de sentencia de Rodríguez</a> para que todas las magistraturas tengan más tiempo para resolverlo.
Es clara la resistencia del bloque oficialista a que la Corte -presidida aún por la ministra Norma Piña- resuelva los litigios relacionados con la elección de 17 magistraturas del Tribunal Electoral.
También es previsible la negativa del bloque mayoritario (Soto, De la Mata, Fuentes) a que se investiguen a fondo las impugnaciones a la elección judicial, derivadas de prácticas cínicas, como la producción y distribución de acordeones (guías de voto) entre la ciudadanía.
Ya la semana pasada, la Sala Superior desechó una petición de una organización, que impugnó la decisión del INE de no entrar a fondo en la investigación del reparto de acordeones en la Ciudad de México. Y, aunque e n esa decisión, la magistrada Janine Otálora acompañó al bloque de tres (y Reyes Rodríguez fue el único que votó en contra), lo cierto es que aún hay decenas de asuntos relacionados con anomalías ocurridas durante los comicios.
Otros asuntos que deberán resolverse entre julio y agosto tienen que ver con peticiones de recuento de votos, financiamiento de las campañas, impugnaciones de más de 40 candidaturas ganadoras cuyo triunfo fue invalidado por el INE después de los comicios, y los juicios que se han interpuesto para pedir que se invalide el proceso en general, por haberse violado los principios de certeza y equidad en la contienda.
<h2>La conformación de la Sala Superior</h2>
Pero la crisis en el Tribunal Electoral no concluirá con la calificación de la elección judicial.
Vendrá después el relevo de sus cinco Salas Regionales, conformadas a partir de septiembre por tres magistraturas electas el pasado 1 de junio, y la llegada de dos nuevos integrantes a la Sala Superior: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes cargarán con <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/acordeones-morena-tribunal-electoral" target="_blank" rel="noopener">el estigma de haber sido los candidatos señalados en los acordeones elaborados y difundidos por Morena</a>.
Es decir, pese a su trayectoria y experiencia en materia electoral, su denominación de origen será la operación acordeón, y con ello tendrán que lidiar a la hora de resolver los litigios electorales que ocurran en la próxima década en México.
Otro asunto, que no es menor, agitará las aguas en un Tribunal que desde noviembre de 2023 está incompleto, y éste es la probable renuncia de la magistrada Janine Otálora, quien ha comunicado a algunos de sus colaboradores su decisión de irse en septiembre.
En caso de que esto se confirme, la Sala Superior volverá a quedar incompleta, pues los cinco magistrados actuales tenían un mandato extendido hasta 2027, fecha en la que se prevé la elección de sus relevos.
Si Otálora se va, la Sala quedará con seis de siete integrantes, y no solo eso: también perderá una de sus voces más sensatas, progresistas, críticas e inteligentes en un Tribunal que no pasa por su mejor época.

La hora crítica del Tribunal Electoral

Imaginen un país en el que el gobierno acosa, persigue, detiene y expulsa a sus periodistas para que dejen de contar la realidad. Imaginen un presidente que estigmatiza al periodismo crítico, y que mueve todos los hilos de su inmenso poder para desprestigiar a quienes investigan y cuestionan lo que hace su gobierno.
Ese país existe, y está en Centroamérica, y es gobernado por un dictador de siglo XXI: Nayib Bukele, un empresario y tuitero convertido en político iluminado al que se ha dado la misión de “salvar” a su nación, El Salvador.
Bajo ese argumento, Bukele se ha convertido en un popular dictador que llegó al poder en 2019 y se las arregló para reelegirse en 2024. Será presidente al menos hasta 2029, si no es que encuentra la manera de quedarse más tiempo.
Hoy ya es historia, pero su trayecto para pasar de empresario a alcalde -primero de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador-, su campaña presidencial, y sus métodos para hacerse del control de las instituciones y eliminar los contrapesos normales de cualquier democracia -haciendo uso de las redes sociales para convertir a sus gobernados en followers y fans&#8211; es un manual casi perfecto para autócratas de otras latitudes.
Sus políticas en materia de seguridad, condensadas en el Plan Control Territorial, han transformado la vida de El Salvador, y su “guerra contra las pandillas” es un gran acto de propaganda que recuerda la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón.
Fue esa supuesta guerra la que lo puso en la mira de los periodistas de El Faro, un prestigiado medio digital salvadoreño que en septiembre de 2020 reveló, por primera vez, los acuerdos secretos de Bukele con la Mara Salvatrucha, para pacificar al país a cambio de mejores condiciones penitenciarias para los miembros de la pandilla que ya estuvieran recluidos.
Bukele no sólo trató de desmentir a los periodistas, sino que inició investigaciones en contra de El Faro, que tuvo que enfrentar el acoso gubernamental sacando sus activos del país y montando su sede operativa en Costa Rica, manteniendo su redacción en El Salvador.
Producto de esa persecución, el periodista mexicano Daniel Lizárraga fue expulsado de El Salvador en julio de 2021, frustrando un proyecto de periodismo de investigación que El Faro se había propuesto poner en marcha con uno de los mejores periodistas latinoamericanos.
<h2>“El exilio nos alcanza”</h2>
Han sido años duros para El Faro, el primer medio nativo digital de América Latina, que ha acumulado premios y reconocimientos internacionales a sus investigaciones, su innovación editorial, su periodismo narrativo y su compromiso con la democracia.
Fundado por Carlos Dada en 1998, sobrevivió a cuatro presidentes antes de Bukele (Francisco Flores, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén), y ha sido testigo y relator del auge y la crisis del bipartidismo instaurado después del fin de la guerra civil salvadoreña.
Con los años, El Faro no sólo se convirtió en un faro para millones de salvadoreños, sino también para cientos de periodistas en América Latina y en todo el mundo, que ven en su labor una fuente de inspiración y un modelo a seguir.
Por eso -y por muchas cosas más- duele leer el texto que el pasado 1º de julio publicaron Óscar Martínez y Carlos Martínez en su sitio de internet: <a href="https://beta.elfaro.net/titulares/el-exilio-nos-alcanza" target="_blank" rel="noopener">El exilio nos alcanza</a>, un relato detallado de la persecución que Bukele ha emprendido en su contra, agravada entre mayo y junio, cuando decidieron publicar dos entrevistas con líderes de pandillas que pactaron con el dictador.
“Antes de publicar una serie de entrevistas a dos líderes pandilleros que pactaron con Nayib Bukele, cuatro periodistas de El Faro salieron del país como medida de precaución. Luego tres más; luego diez más; y, con las semanas, por diferentes circunstancias, 25 colegas más de otros medios. En junio ocurrió el gran éxodo del periodismo salvadoreño independiente y de decenas de activistas por los derechos humanos y ambientales. Tras un mayo donde la dictadura salvadoreña arremetió con fuerza, este es un retrato de un exilio que ya venía ocurriendo con cuentagotas desde que Bukele llegó al poder, pero que nunca había sido tan masivo y evidente como ahora”, denuncian los periodistas.
Resulta estremecedor leer a Óscar y Carlos cuando explican cómo han sido atacados, espiados, linchados en redes sociales y defenestrados por el tuitero en jefe del Estado salvadoreño, hasta crear mecanismos de defensa a su trabajo periodístico que, poco a poco, se convirtieron en medidas de supervivencia, como las “salidas preventivas” de su tierra cada vez que iban a publicar una historia incómoda para el régimen.
Entristece leer cómo algunos miembros de la redacción ahora ya no hablan sólo de “salida preventiva”, sino que comienzan a usar la palabra “exilio” para describir su situación actual.
Lo peor-mejor del texto es que, como suele ocurrir con las crónicas de Óscar y Carlos, éstas no contienen moralejas, lamentos ni editoriales ocultos; es un relato puro y duro de hechos, basado en los testimonios de colegas y de defensoras y activistas, como Ruth López e Ingrid Escobar, que han sido perseguidas, detenidas u obligadas a abandonar el país.
Una frase que estremece se cuela a mitad del texto, cuando narran cómo tuvieron que mudar las oficinas administrativas en 2023 por la amenaza del régimen, que inició cinco auditorías fiscales en su contra acusándolos de lavado de dinero: “el primer exiliado de El Faro fue El Faro”.
P.D. Le escribí a Óscar Martínez hace unas horas, preguntando si había algo que podíamos hacer en México para ayudarles y, por lo pronto, lo único que se me ocurrió fue contar esta historia, como una advertencia de que, sin El Faro, El Salvador no volverá a ser un país democrático. Como una alerta más de que las democracias mueren en la oscuridad.

El Faro en el exilio: tenemos que hablar de El Salvador

Las elecciones del 1º de junio dejaron a la vista la necesidad de una reforma político-electoral, que haga viables los procesos para elegir los tres Poderes de la Unión en comicios que se pretenden democráticos, profesionales, confiables, simultáneos y menos costosos.
Las lecciones son muchas, pero sólo hay una en la que todos parecen estar de acuerdo: México no puede ir a la gran cita electoral de 2027 en condiciones como las de 2025. Es decir, con las mismas presiones, la improvisación, la poca certeza en las reglas y los retrocesos vistos en la elección judicial.
Aunque Guadalupe Taddei y otras voces del oficialismo digan que todo salió bien, lo cierto es que las evidencias son preocupantes: la bajísima participación, la poca claridad en el proceso de selección y postulación de candidaturas, la imposibilidad de realizar campañas que permitieran a la ciudadanía conocer mínimamente a las personas por las que tenía que votar y el regreso de prácticas como las boletas planchadas, las urnas embarazadas, la existencia de más votos que votantes en una sección electoral, las casillas zapato y la aparición de boletas marcadas con la misma caligrafía y exactamente los mismos patrones.
Evidencias de que la voluntad ciudadana fue suplantada, de que se rompió el principio de “un ciudadano-un voto” y de que se quebrantó la regla fundamental de la democracia: certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado.
En la elección judicial ocurrió exactamente lo contrario: nadie tenía claras las reglas de la elección -que el Congreso dejó inacabadas, confusas e inaplicables, tanto en la Constitución como en las leyes secundarias-, pero de antemano se sabía quiénes iban a ganar: las candidaturas cercanas al régimen que, para que no hubiera duda, las apuntó en guías de voto ampliamente difundidas, los famosos acordeones, la vergonzosa aportación de Morena a la picaresca electoral mexicana.
La coincidencia de los acordeones con los resultados de la elección son la prueba irrefutable de que la elección judicial no fue un proceso democrático, y de que urge una reforma político-electoral que impida que esto vuelva a ocurrir.
<h2>Que sí debería tener una reforma</h2>
Una reforma electoral debería caminar hacia el voto electrónico y el voto por internet, no sólo para reducir costos, sino para facilitar el uso de boletas que en la elección judicial resultaron incomprensibles para la mayor parte de la ciudadanía.
La reforma debería corregir todas aquellas fallas, duplicidades y vulnerabilidades del sistema que el INE viene detectando en sus procesos desde hace años, y que en la elección judicial llegaron a un punto extremo.
La reforma debería atajar el dinero sucio que se lava en los procesos electorales y acabar con los patrocinios ilegales a partidos y candidatos.
La reforma debería ser política, no sólo electoral; es decir, debería estar dirigida no sólo a cambiar las reglas de acceso al poder (que es lo que se ha hecho en las últimas reformas, desde 1996 hasta 2014), sino modificar la forma en la que se ejerce el poder.
La reforma debería empoderar a la ciudadanía, ampliar sus derechos y facilitar su participación en la vida democrática más allá de la fecha de los comicios.
La reforma debería modernizar el sistema político mexicano y hacerse cargo de que la democracia no puede reducirse a cubrir el expediente electoral, sino que debe mejorar la vida de la gente.
Pero esa no es la reforma que pretende el oficialismo.
<h2>¿Qué plantea Claudia Sheinbaum?</h2>
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada que propondrá una reforma electoral, que según legisladores de Morena será presentada en septiembre, al arranque del segundo año de la actual Legislatura.
Es una pena que la presidenta haya decidido hablar de la necesaria reforma electoral como reacción a los señalamientos que cinco consejeras y consejeros del INE han hecho sobre la elección judicial, y por haberse “atrevido” a sugerir que no se aprobara la declaración de validez de la elección de ministros de la Suprema Corte.
Las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera, no hicieron más que evidenciar las malas prácticas detectadas gracias a la depuración realizada en los Cómputos Distritales y, en uso de sus atribuciones legales (que según la presidenta no tienen, pero según la Constitución, sí), invalidar los votos de 818 casillas en las que las prácticas fraudulentas fueron extremas.
A eso, la presidenta respondió en la mañanera del martes 24 de junio acusando al INE de extralimitarse en sus funciones y, a los cinco consejeros en particular, de tener una postura política contraria a la 4T y actuar “de forma antidemocrática”.
<a href="https://animalpolitico.com/politica/sheinbaum-reforma-electoral-ine-irregularidades-eleccion-judicial?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR6WlVffUv-JYMmQD6if02k3VZOtmLDv081YdH1ORodAxhBoBO69HZuneRlrdw_aem_LFhcecpicAUjHaCKullReA" target="_blank" rel="noopener">Luego advirtió que habrá reforma electoral</a>, como si se tratara de un castigo, y anunció que retomará lo que planteó en sus <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964733/100_compromisos.pdf" target="_blank" rel="noopener">“cien compromisos para el segundo piso de la transformación”</a>, un documento ambiguo que plantea cuatro cosas en esta materia:
<ul>
<li>Voto popular para mayor autonomía del Poder Judicial.</li>
<li>Reforma al sistema electoral.</li>
<li>No reelección en puestos de elección popular.</li>
<li>Gobierno honesto, sin nepotismo.</li>
</ul>
En otro documento, titulado <a href="https://alertas-v3.directoriolegislativo.org/pkenu2d3z0v9v27fr73p7cce_CSP100.pdf" target="_blank" rel="noopener">“cien pasos para la transformación, Claudia Sheinbaum 2024-2030”</a>, se detalla:
<ul>
<li>Impulsaremos la reforma al sistema electoral que fortalece la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas, la reducción del costo del INE y del Tribunal Electoral y la elección de los consejeros electorales y los magistrados, por voto popular.</li>
</ul>
Y, en otros posicionamientos, la presidenta ha defendido la desaparición de los diputados y senadores plurinominales y la reducción de las prerrogativas a partidos políticos, dos propuestas que no van a acompañar sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, necesarios para cualquier reforma constitucional que pretenda Morena.
Sin embrago, un día después precisó que se va a crear un grupo de trabajo para desarrollar la iniciativa y, contrario a lo dicho por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la presidenta descartó que la propuesta se presente en septiembre y que se vaya a aplicar en las elecciones federales de 2027.
Más allá de las diferencias en el régimen sobre el contenido de la iniciativa y las fechas de presentación y aplicación de la reforma, lo cierto es que 2026 sería el año propicio para discutir una reforma profunda, seria, progresiva e incluyente, como la que se necesita. Y que sería mucho mejor ponerla a prueba en las intermedias de 2027 y no en las presidenciales de 2030.
La necesaria reforma electoral no debería ser una venganza en contra de cinco consejeras y consejeros del INE, no debería surgir del rencor y prejuicios de Morena; no debería excluir al resto de los partidos políticos, a la academia y a la ciudadanía; no debería retroceder en términos de certeza, profesionalismo, inclusión y ampliación de derechos.
Por increíble que parezca en medio de la actual turbulencia y encono, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la gran oportunidad de hacer de la necesaria reforma político-electoral uno de los grandes legados de su sexenio.
Así lo hará si atiende más a su inteligencia y vocación democrática, y menos a las voces excluyentes y sectarias de los “duros” que habitan en su partido-movimiento.

Claudia Sheinbaum y la necesaria reforma electoral

El indígena mixteco Hugo Aguilar Ortiz fue el caballo negro de la elección judicial: mientras las tres ministras favoritas del oficialismo, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, se batían en un duelo de publicidad encubierta, entrevistas pagadas y otras triquiñuelas, él se fue convirtiendo en el favorito del régimen y terminó rebasándolas.
Silenciosamente, Hugo Aguilar hizo una campaña boca a boca con operadores políticos de Morena, gobernadores -de Morena y de oposición-, legisladores, alcaldes y patrocinadores.
A la par, dio una docena de entrevistas a medios locales y nacionales; publicó 128 posts en X desde el 30 de marzo, fecha de arranque de campaña, hasta el cierre del 28 de mayo; visitó unos cuantos estados y universidades, y grabó sinfín de videos en comunidades.
Y, lo más importante, logró aparecer en todas las versiones de acordeón que circularon durante el mes de mayo.
El 1º de junio, 6 millones 195 mil personas votaron por él, aunque luego de que el INE diera de baja 818 casillas por diversas irregularidades su total nacional disminuyó a 5 millones 900 mil votos.
De cualquier forma, fue el más votado y le sacó alrededor de 400 mil votos a Lenia Batres, que sumó 5 millones 802 mil votos en los Cómputos Distritales, que se redujeron a 5 millones 534 mil en la sumatoria final del INE.
Pese a esa ventaja, en la mañanera del martes 3 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum titubeó, y dijo que el INE tendría que determinar si Hugo Aguilar efectivamente presidiría la Suprema Corte de Justicia, pues un criterio de paridad entre los géneros podría favorecer a la ministra Lenia Batres.
Horas después, sin embargo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordó que la Constitución señala que presidirá la Corte quien haya obtenido más votos en la jornada electoral.
“La propia reforma quedó clarísima en su artículo 94, al decir que la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros dos años… estoy segurísima de que habremos de otorgar la Constancia de Mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas”, dijo Taddei, quien no se caracteriza por contradecir a la presidenta Sheinbaum.
De hecho, en el propio INE hay quienes afirman que, antes de hacer esa declaración, la consejera presidenta recibió la venia del gobierno federal para hacer la precisión.
Doce días después, al finalizar los cómputos distritales, estatales y por circunscripción, Taddei presidió una ceremonia de entrega de constancias a los cuatro ministros y cinco ministras de la próxima Corte, en la sala de Consejo General del INE.
Dado que en esto tendrá la última palabra el Tribunal Electoral, las consejeras y consejeros del INE se cuidaron de no entregar a Hugo Aguilar una constancia como futuro presidente de la Corte, pero todo el protocolo se preparó para destacarlo sobre el resto de futuros ministros.
Primero, se dejó que Aguilar fuera el último en ser llamado a recibir la constancia; segundo, se confirió la tarea de entregarle el documento a Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE y chihuahuense de origen rarámuri, para enfatizar el carácter histórico de que el próximo presidente de la Corte sea originario de un pueblo indígena.
Hugo Aguilar fue el único en tomar la palabra en dicha ceremonia, y fue presentado por el maestro de ceremonia como “ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Frente a una malencarada Lenia Batres, Hugo Aguilar inició su primer discurso como ministro electo en su lengua materna y lo remató con el que fuera su lema de campaña: “vamos a construir una justicia para todas y para todos”.
<h2>Pero… ¿por qué ganó Hugo Aguilar?</h2>
El virtual ganador de la elección de ministros de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, fue el más votado en 29 entidades. Sólo fue superado por otro candidato varón en Chiapas, San Luis Potosí y Nuevo León.
Ganó en siete de los ocho estados que gobierna la oposición: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco y Querétaro.
En Chiapas, obtuvo más de 451 mil votos (7.45 %), pero aun así fue superado por Arístides Guerrero, que llegó a 466 mil votos (7.66 %).
En San Luis Potosí, donde gobierna el Partido Verde, Aguilar obtuvo 100 mil 386 votos y uno de sus porcentajes más bajos a nivel nacional (3.03 %), y también fue superado por Arístides Guerrero, quien sumó 114 mil 910 votos (3.47 %).
En Nuevo León, estado gobernado por MC, Aguilar también quedó en segundo lugar, con 176 mil votos (4.07 %), y fue superado por Giovanni Figueroa, quien sumó 190 mil votos (4.37 %).
El resto de los estados los ganó con márgenes suficientes por encima de sus competidores.
Los estados donde no llegó a su porcentaje promedio son 16: San Luis Potosí (3.03 %), Veracruz (3.42 %), Durango (3.49 %), Chihuahua (3.87 %), Nuevo León (4.07 %), Tlaxcala (4.23 %), Baja California (4.40 %), Colima (4.78 %), Zacatecas (4.79 %), Michoacán (4.96 %), Estado de México (4.99 %), Querétaro (5.12 %), Nayarit (5.15 %), Coahuila (5.19 %), Tamaulipas (5.20 %) y Quintana Roo (5.29 %).
En cambio, los estados donde obtuvo porcentajes superiores al 7 por ciento son: Chiapas (7.45 %), Tabasco (7.26 %), Oaxaca (7.20 %) y Guerrero (7.14 %).
Los seis estados que más votos le dieron fueron: Edomex (735 mil), CDMX (594 mil), Chiapas (451 mil), Puebla (409 mil), Veracruz (369 mil) y Oaxaca (326 mil).
En el caso de Batres, sus estados de más alta votación fueron: Edomex (718 mil), CDMX (605 mil), Chiapas (404 mil), Puebla (403 mil), Oaxaca (303 mil) y Veracruz (298 mil).
Los únicos estados en los que Batres obtuvo más votos que Hugo Aguilar fueron: CDMX, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Baja California Sur.   
<h2>Los números de Lenia Batres</h2>
A diferencia de Hugo Aguilar, la ministra Lenia Batres no logró posicionarse como la candidata más votada en 10 de 32 entidades:
Aguascalientes, donde quedó en sexto lugar; Chiapas, donde quedó en cuarto; Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro (los cuatro gobernados por la oposición), donde quedó en tercer lugar; Campeche, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, donde quedó en segundo lugar.
De los ocho estados que gobierna la oposición, sólo en dos (Durango y Jalisco), Batres fue la candidata más votada, aunque en porcentajes menores a su media nacional, que fue del 4.97 por ciento.
Los estados gobernados por Morena y aliados donde no se movilizó el voto a su favor, sino de otras candidatas, son: San Luis Potosí (gobernado por el Verde), Quintana Roo, Campeche y Chiapas.
En Chiapas (que es la entidad con la votación más atípica de la elección judicial, con cientos de casillas que fueron anuladas por el INE por irregularidades), Batres pudo cosechar más de 404 mil votos (6.68 % de la votación estatal), pero al final quedó en cuarto lugar, debajo de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y María Estela Ríos.
En casi todos los estados donde no quedó en primer lugar, Batres fue superada por las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz; aunque en Aguascalientes también fue rebasada por las candidatas Sara Irene Herrerías, Marisela Morales y María Estela Ríos.
En 16 entidades, Batres obtuvo porcentajes menores a su promedio nacional: Veracruz (2.76 %), San Luis Potosí (2.79 %), Chihuahua (2.95 %), Aguascalientes (2.97 %), Durango (3.01 %), Coahuila (3.86 %), Querétaro (4.08 %), Tlaxcala (4.12 %), Baja California (4.14 %), Guanajuato (4.34 %), Zacatecas (4.55 %), Jalisco (4.56 %), Colima (4.73 %), Michoacán (4.78 %), Estado de México (4.88 %) y Nayarit (4.88 %).
<h2>¿Qué indican estas cifras?</h2>
Estos números revelan dos cosas: la eficacia de la operación acordeón, que llevó a un triunfo casi indiscutible a Hugo Aguilar, y la división dentro de Morena, que impidió que Batres -la favorita de los duros- fuera presidenta.
La “derrota” de Lenia Batres se debe a que 10 de 32 gobernadores decidieron movilizar los votos de su estado en favor de otras candidatas: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro (del PAN), Coahuila (del PRI), Nuevo León (MC); San Luis Potosí (del Verde); Chiapas, Campeche y Quintana Roo (de Morena).
A diferencia de Hugo Aguilar, que enfrentó candidatos poco conocidos dentro y fuera de Morena, Batres compitió con otras dos ministras (Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz), con la exconsejera jurídica de AMLO (María Estela Ríos) y con la fiscal de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías.
Y, además, el perfil de Batres carece del simbolismo que Hugo Aguilar le imprime a la elección judicial.
Un proceso menospreciado por 87 millones de mexicanas y mexicanos que no votaron, y otros 3 millones que decidieron anular o dejar los recuadros en blanco, pudo adquirir un barniz de legitimidad con la llegada del abogado indígena oaxaqueño, el “Benito Juárez del siglo XXI”.
Su triunfo encaja perfecto en lo que la 4T sabe hacer mejor: construir narrativas épicas frente a sus críticos.
Aun así, hay un sector de Morena (el llamado de “los duros” o “los puros”) que siguen resistiendo la llegada de Hugo Aguilar a la presidencia de la SCJN en septiembre, mes del relevo.
Con llamadas telefónicas y filtraciones a algunos columnistas -y aparentemente en contra de la decisión de la presidenta Sheinbaum-, se cuestiona si el Tribunal Electoral confirmará la decisión del INE de otorgarle al abogado indígena la primera presidencia de la nueva época de la Corte.
En los próximos meses, los cinco magistrados del TEPJF deberán resolver múltiples impugnaciones que ya se anuncian en contra del proceso, recalcular votaciones en función de nuevas casillas que podrían anularse y verificar que el criterio de paridad no aplique para la definición de la presidencia del máximo tribunal.
En favor de Hugo Aguilar juegan, no sólo sus casi 400 mil votos de ventaja sobre Lenia Batres, sino el hecho de que actualmente la Corte sea presidida por una mujer, Norma Piña, por lo que el criterio de alternancia entre los géneros no beneficiaría a Batres.
Mientras el Tribunal decide, los simpatizantes de la ministra seguirán haciendo muina, inconformes porque, en la confección del acordeón y la movilización de 13 millones de votantes, “alguien” decidió que fuera Hugo Aguilar, y no Batres, quien obtuviera la mayor cantidad de sufragios.

Elección judicial: cómo fue que Hugo Aguilar le ganó a Lenia Batres

El 1º de junio, en la casilla 627 de Pátzcuaro, Michoacán, se esperaba que 754 personas acudieran a votar, pues ése es el número de ciudadanos registrados en la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral. Llegaron 770.
Lo mismo ocurrió en la casilla 657 de Tonalá, Chiapas, donde hay mil un ciudadanos con credencial para votar, pero aparecieron mil 20 votos.
Casos semejantes se registraron en los municipios chiapanecos de Bochil y Las Margaritas.
En Guerrero, en casillas de Ciudad Altamirano, Zihuatanejo y Chilpancingo, la euforia por la elección judicial llevó a las urnas al cien por ciento de los empadronados en el Registro Federal de Electores.
Dicha euforia democrática estaría muy bien, si no fuera porque el ritmo de votación es insostenible en un proceso de votación tan complejo y tardado. Para que los 425 ciudadanos que votaron en la casilla 03 de Zihuatanejo pudieran emitir sus votos, hubiera sido necesario que la jornada electoral durara más de 20 horas, y no las diez previstas en la ley.
Estos casos son reales y fueron documentados por el INE en el acuerdo mediante el cual avaló la sumatoria de votos de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, sin embargo, fue declarada válida por seis de los 11 consejeros del INE.
Las anomalías que llevaron al INE a invalidar 811 casillas de la elección de la SCJN fueron clasificadas por el instituto en cinco grandes rubros, que conforman lo que podríamos llamar el pentagrama del fraude en la elección judicial.
I. Casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual o superior al 100 % de su listado nominal sin justificación alguna de registro de dicha participación.
II. Casillas seccionales donde se hubiera identificado “boletas sin dobleces”.
III. Casillas seccionales donde se hubiera emitido un voto único a candidatura con diversas agravantes “Casillas Zapato”, aunado a que estos casos no contengan los listados nominales.
IV. Casillas seccionales con incidentes no resueltos registrados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral, en los que se advirtió la presencia de personas empleando “acordeones” sin que se haya hecho nada efectivo para disuadir esa conducta.
V. Casillas seccionales con participación superior al 50 % y en cuya votación se presuma la imposibilidad temporal de dicha participación.
Como en un pentagrama, los ejecutores de estas conductas tocaron por nota una melodía, la de la operación acordeón, que les permitió que en más de 40 mil casillas ganaran las candidaturas señaladas en las guías de voto (acordeones) previamente difundidos en un sitio patrocinado por Morena.
Por eso, el consejero Arturo Castillo propuso a sus colegas no aprobar la declaración de validez de la elección y dar la oportunidad al Tribunal Electoral de revisar a fondo las conductas detectadas.
Por eso, la consejera Claudia Zavala sugirió ir a fondo en la investigación de quién o quiénes orquestaron y financiaron la operación acordeón, y si en ello se invirtieron recursos públicos.
Por eso la consejera Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera pidieron no minimizar la vuelta al pasado que implica el que se hayan dado estas conductas, propias del “paleolítico electoral”, en el que predominaban el “carrusel”, “la urna embarazada”, las “casillas zapato” y las “boletas planchadas”.
Por eso, Martín Faz fue incisivo y preciso en sus números: para la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, en 43 mil de las 84 mil casillas que instaló el INE ganaron las cinco magistraturas en disputa las tres candidatas y los dos candidatos señalados en los acordeones.
Por inverosímil que parezca, en el 90.39 por ciento de las casillas obtuvieron la mayoría de los votos entre tres y cinco candidaturas de dicho acordeón. En nueve de cada 10 casillas, la ciudadanía votó de forma idéntica en una boleta en la que había 38 candidaturas y 174 mil 420 combinaciones posibles para votar.
Esta inducción del voto deslegitima la elección judicial ideada por Andrés Manuel López Obrador, ordenada mediante una reforma constitucional aprobada por Morena y sus aliados, y ejecutada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mácula del fraude perseguirá a los beneficiarios de la operación acordeón, independientemente de su perfil, su trayectoria profesional o su origen étnico.
El nuevo Poder Judicial, al que se quiso dotar de legitimidad democrática por emanar de una elección popular, será en realidad el producto de acuerdos oscuros que configuraron las listas de quienes aparecieron en los acordeones.

Elección judicial: pentagrama de un fraude

Los resultados de la elección judicial no dejan lugar a dudas: las personas que llegarán a los máximos tribunales del país fueron puestas por Morena.
Los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral han venido confirmando las victorias de las candidatas y candidatos promovidos en las guías de voto elaboradas y distribuidas por Morena.
La operación fue quirúrgica, pero brutalmente cínica: desde hace más de dos meses se creó un sitio llamado &#8220;Poder Judicial 4T&#8221;, en el que se invitaba a descargar el acordeón (había uno para cada estado de la República), imprimirlo y llevarlo a la casilla el domingo 1º de junio.
La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, votando con su acordeón, es la prueba. Todo un símbolo de una operación política perfectamente planeada y ejecutada. La desfachatez con la que el régimen se adueñó del Poder Judicial, el único que aún no controlaba y que le representaba un contrapeso.
La coincidencia entre los acordeones y los resultados es total, y así lo ha venido documentando Animal Político en esta semana:
<a href="https://www.animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/suprema-corte-acordeon-candidaturas" target="_blank" rel="noopener">En la Suprema Corte de Justicia de la Nación los bendecidos por el acordeón eran y serán:</a> Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías.
Su lealtad a la autodenominada 4T los llevó al acordeón; su apego incondicional a las decisiones del “partido-movimiento” está garantizado.
<a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/tribunal-disciplina-judicial-integrantes-acordeon?fbclid=IwY2xjawKsoS5leHRuA2FlbQIxMQABHlATwWulmoV6ItNlD7YQWGmMY8qg0Sy0H2uu236dHPXuABLUrYOvCqGS2EDc_aem_DiY8boFue4lLfTDYuTxGsA" target="_blank" rel="noopener">Lo mismo ocurre con el Tribunal de Disciplina Judicial</a> que, a partir de septiembre, sustituirá al Consejo de la Judicatura, con la supuesta misión de vigilar la conducta de todos los juzgadores federales del país.
En esta elección la única sorpresa es que <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/celia-maya-perfila-presidir-tribunal-de-disciplina-judicial" target="_blank" rel="noopener">la presidencia recaerá en Celia Maya</a> y no en Bernardo Bátiz, ambos incondicionales del lopezobradorismo.
Aquí los elegidos para llegar al acordeón también coinciden plenamente con los ganadores en los Cómputos Distritales del INE: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate, Indira Isabel García y Rufino H. León Tovar.
<h2>Las elecciones del futuro en manos de Morena</h2>
La operación acordeón también le permitió a Morena <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/acordeones-morena-tribunal-electoral" target="_blank" rel="noopener">adueñarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)</a>; es decir, los jueces que tendrán la última palabra en cualquier litigio relacionado con las elecciones en los próximos años.
Para renovar este Tribunal, el 1 de junio se eligieron dos magistraturas de la Sala Superior, un hombre y una mujer, para cubrir dos vacantes que se abrieron desde 2023.
La exmagistrada de Sala Regional Claudia Valle, y el expresidente del Tribunal Electoral de Chiapas, Gilberto de Guzmán Bátiz resultaron ganadores.
Sus nombres eran promovidos en los acordeones y su llegada a la Sala Superior va a robustecer la mayoría que actualmente ya tiene el oficialismo con la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, cuyas sentencias son sistemáticamente afines a los designios del gobierno y su partido.
A partir de que entren en funciones los dos nuevos integrantes de la Sala Superior quedarán en absoluta minoría Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes se han distanciado del grupo hegemónico.
Esta Sala Superior calificará las elecciones de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 16 gubernaturas, cientos de ayuntamientos y diputaciones locales, y cientos de cargos del Poder Judicial, entre otros, los cinco espacios de la Sala Superior del TEPJF que no se renovaron en este año.
Llegado el momento, Morena tendrá a sus aliados en la toma de decisiones.
<h2>Salas Regionales del TEPJF: 12 de 15</h2>
El pasado 1º de junio también se renovaron las 15 magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral, tres por cada una de las cinco circunscripciones en las que se divide el país.
En este caso, ya con el cien por ciento de los votos computados, se confirmó que 12 de las 15 posiciones venían previamente señaladas en los acordeones:
En la Sala Regional número 1, con sede en Guadalajara, las próximas magistradas Rebeca Barrera Amador e Irina Graciela Cervantes Bravo, y el futuro magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, eran los indicados en las guías de la 4T.
En la tercera Sala Regional, Xalapa, ganaron Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila.
En la Sala Regional número cuatro, Ciudad de México, los ganadores fueron María Cecilia Guevara y Herrera, Ixel Mendoza Aragón y José Luis Ceballos Daza.
En la Sala Regional número cinco, con sede en Toluca, llegaron dos candidatas del acordeón: Nereida Berenice Ávalos Vázquez y Marcela Elena Fernández Domínguez. Sólo el tercer ganador, Omar Hernández Esquivel, no estaba en el acordeón oficial. Quien aparecía en las guías de voto, Fernando Ramírez Barrios, se quedó a 40 mil votos del ganador.
En la segunda Sala Regional, Monterrey, sólo una de las candidatas del acordeón llegará al cargo: María Guadalupe Vázquez Orozco. 
Eusebia González González y Ernesto Camacho Ochoa, que estaban en el acordeón, se quedaron en el camino y quienes ganaron esas dos posiciones fueron Ivett Figueroa Gámez y Sergio Díaz Rendón.
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<h2>Tribunales de circuito y juzgados de distrito</h2>
En resumen, de los 31 cargos electos para integrar los máximos tribunales del país (la SCJN, el TDJ y el TEPJF), 29 surgieron del acordeón. La eficacia de la operación morenista es indiscutible.
Lo mismo debe estar ocurriendo con los 850 cargos adicionales que se votaron: magistraturas de Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito. Con el tiempo -y la futura conducta de las personas juzgadoras electas- se irán confirmando sus vínculos políticos con el gobierno federal y los gobernadores y gobernadoras que los pusieron en un acordeón.
La elección judicial no entusiasmó a la ciudadanía. Participaron sólo 13 millones de 99.5 millones de personas con derecho a votar. Y, de quienes votaron, aproximadamente 3.5 millones decidieron anular su voto o dejar los recuadros en blanco.
Los datos al respecto son indicativos (y apabullantes): los 13 millones de personas que votaron para elegir a la Suprema Corte emitieron en total 116 millones 690 mil votos (hay que recordar que en cada boleta morada, de la SCJN, los electores podían emitir nueve votos).
De esos 116.6 millones de votos, 90 millones fueron válidos, 12.6 millones fueron computados como nulos y 14 millones fueron recuadros no utilizados.
La mayoría de los mexicanos le dio la espalda a esta elección, que costó más de 8 mil millones de pesos; en ese sentido fue todo un fracaso.
Pero con los 9.5 millones de personas que votaron y no anularon, Morena se apoderó ya del Poder Judicial. Para sus propósitos políticos la “operación acordeón” fue todo un éxito.

La operación acordeón, o cómo Morena se adueñó del Poder Judicial

Una docena de entidades se han vuelto clave para la definición del Poder Judicial de la Federación. Aquellas que, por su densidad de población, concentran más electores y más grupos morenistas capaces de movilizarse estratégicamente.
Aunque en teoría todos los mexicanos y mexicanas deberíamos tener el mismo peso en un proceso democrático, lo cierto es que la inédita elección judicial también rompe con ese principio.
No sólo porque las decisiones del INE en cuanto al marco geográfico de este proceso provocaron que, por ejemplo, sólo los votantes de algunas alcaldías de la Ciudad de México tengan el poder de definir los tribunales y juzgados de competencia económica, donde se toman decisiones que afectan a toda la nación.
Sino porque, en una elección de baja participación (entre el 15 y 20 por ciento de la Lista Nominal es lo que prevé el Instituto Nacional Electoral), los estados con los padrones más grandes tendrán un peso decisivo en la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el poderoso Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que sustituirá al Consejo de la Judicatura, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de 12 entidades con más de tres millones de electores cada una que, juntas, concentran el 64 por ciento del padrón electoral, ocho de las cuales son gobernadas por Morena, dos por el PAN y dos por Movimiento Ciudadano (MC).
Sólo en las ocho entidades gobernadas por Morena hay 46.3 millones de votantes y 36 mil 35 casillas, equivalentes al 46 por ciento del padrón electoral y el 42.8 por ciento de las 84 mil 21 casillas que el INE tiene programado instalar el próximo 1º de junio.
<h2>El peso de Delfina, Brugada y Nahle</h2>
Destacan el Estado de México, con sus 13.2 millones de personas con credencial para votar; la Ciudad de México, con 7.9 millones de electores y Veracruz, con 6.1 millones.
Es decir, sólo en esas tres entidades, gobernadas por Delfina Gómez, Clara Brugada y Rocío Nahle (personajes de alto nivel político en Morena), se concentra el 27 por ciento del padrón electoral nacional.
Además, en esas tres entidades se instalarán 20 mil 801 de las 84 mil 21 casillas que estarán funcionando el día de la elección.
Su peso es decisivo, si además se considera que son las gobernadoras de Morena más votadas y con mayor capacidad de movilización: Delfina ganó su elección en 2023, con 3.3 millones de votos; Brugada en 2024, con 2.8 millones y Nahle en 2024, con 2.1 millones. 
Si sus operadores logran movilizar a quienes las llevaron al cargo, sólo en esas tres entidades habría 8.2 millones de votantes, una buena parte de los votos esperados en los comicios de la próxima semana.
<h2>Otros estados morenistas con padrones grandes</h2>
Hay cinco estados más gobernados por Morena que concentran buena parte del electorado nacional: Puebla, con 5 millones de votantes, Chiapas, con 4 millones, Michoacán, con 3.7 millones; Baja California, con 3.3 millones y Oaxaca, con 3.1 millones.
En esas entidades se instalarán, en conjunto, 15 mil 234 casillas.
El poblano Alejandro Armenta, el chiapaneco Eduardo Ramírez, el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla y el oaxaqueño Salomón Jara también tienen un perfil de operadores políticos, y harán valer sus votos en esta elección.
De hecho, el gobernador de Oaxaca ya está siendo investigado por la Junta Local del INE en su estado, por haber organizado <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/locales/ine-gobernador-oaxaca-acordeones-eleccion-judicial" target="_blank" rel="noopener">una reunión con alcaldes en la que habría dado instrucciones para votar</a> por determinadas candidaturas.
En el caso de Marina del Pilar Ávila, su capacidad de operación podría verse mermada por dos factores: el reciente escándalo por la decisión de Estados Unidos de cancelarles su visa a ella y su esposo, el ex panista Carlos Torres, y por el hecho de que Baja California siempre registra altos niveles de abstencionismo.
<h2>Los estados de oposición</h2>
Jalisco, gobernado por MC, es el tercer estado con el mayor padrón electoral del país, con 6.7 millones de personas con credencial del INE, aunque su gobernador, Pablo Lemus, no ha dado señales de estar metido en esta elección.
En contraste, el otro gobernador de MC, Samuel García, sí está operando y, según una investigación del diario El Norte de Monterrey, ha reclutado a personas para votar por futuros jueces afines a él. Nuevo León tiene 4.5 millones de votantes.
En los estados emecistas, sin embargo, no se celebrarán elecciones de Poder Judicial local, por lo que sus gobernadores se estarían concentrando en colocar jueces de distrito y magistrados de Tribual Colegiado, lo que no es poca cosa.
En el caso del PAN, sus estados con mayor número de votantes son Guanajuato (4.9 millones de electores y 3 mil 929 casillas) y Chihuahua (3.1 millones de votantes y 3 mil 504 casillas).
Destaca el estado de Chihuahua, donde además habrá elección local para renovar 305 jueces y magistrados.
A diferencia del poco activismo de otros gobernadores de oposición, en Chihuahua la panista Maru Campos decidió promover la reforma judicial local y operar para colocar personas juzgadoras afines.
Por esa razón, y por el activismo de la senadora Andrea Chávez y el morenismo local, Chihuahua es uno de los estados a observar en los comicios del próximo 1º de junio.
<h2>Un último apunte</h2>
Hay cinco estados que serán muy importantes en esta elección, pues son las cabeceras de las cinco circunscripciones y, por lo tanto, las sedes de las Salas Regionales del Tribunal Electoral.
En estos comicios se elegirá a las magistradas y magistrados de las cinco Salas Regionales: Guadalajara (1ª. circunscripción), Monterrey (2ª. circunscripción), Xalapa (3ª circunscripción), Ciudad de México (4ª. circunscripción) y Toluca (5ª. circunscripción).
Las resoluciones de esas Salas son estratégicas en los litigios electorales, por lo que han sido puestas en la mira de los gobernadores y gobernadoras.
Esto le vuelve a dar un peso mayor a la mexiquense Delfina Gómez, la capitalina Clara Brugada y la veracruzana Rocío Nahle, y las fuerzas de Morena en esas entidades.
Los otros dos estados con cabecera de circunscripción son de MC: Pablo Lemus, en Jalisco, y Samuel García, en Nuevo León.

Delfina, Brugada y Nahle pueden definir la elección judicial

Mucha gente se pregunta si debe ir a votar el próximo 1º de junio en la primera elección de cargos del Poder Judicial. La duda es genuina: ¿por qué votar en un ejercicio en el que es imposible que los electores conozcan a las personas por las que estarán votando?
Pero en la respuesta a esta pregunta también se están formando dos bandos y radicalizando las posiciones en una sociedad previamente polarizada: los que piensan que votar es legitimar una reforma antidemocrática al Poder Judicial, y quienes dicen que votar va a democratizar -al fin- al Poder Judicial.
Entre los que van a votar, hay algunos que creen que es importante participar en cualquier ejercicio democrático y, aunque no tengan claridad sobre las candidaturas ni certeza sobre el proceso, piensan que es su deber cívico ir a votar cada que la autoridad electoral convoca a la ciudadanía.
Irán con un montón de dudas en la cabeza, con una pinza en la nariz, a regañadientes, o por simple curiosidad, pero irán.
Los seguidores más leales de la llamada “cuarta transformación”, el régimen y sus voceros, defienden la elección judicial como un ejercicio inédito de democracia, en el que por primera vez en la historia de la humanidad “un pueblo votará para elegir a sus jueces”.
Irán entusiasmados a votar, aunque tampoco sepan bien a bien quiénes son esos más de cien nombres entre los que deberán escoger.
<h3>Y luego están los extremos</h3>
En un extremo, están las personas que serán movilizadas por operadores políticos de Morena para acudir a las casillas, con acordeón en mano y la esperanza de que ese voto les garantice seguir recibiendo los programas sociales.
En el otro extremo, personajes radicales como el expresidente Vicente Fox y el empresario Ricardo Salinas Pliego, que no sólo están llamando a no votar, sino a manifestarse ese domingo en contra de la elección judicial, en marchas y concentraciones.
Piensan que la mejor manera de defender a la democracia es boicotear la elección concebida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, procesada legalmente por las mayorías de Morena y aliados en el Congreso, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, e instrumentada por un Instituto Nacional Electoral que ha sido puesto contra las cuerdas.
El INE de Guadalupe Taddei tiene el mandato de organizar los comicios a nivel federal, y acompañar las elecciones locales en 19 entidades; lo está haciendo sin tiempo ni recursos suficientes, e improvisando acuerdos para llenar los vacíos que dejó una legislación imperfecta.
Otros críticos de la elección judicial son antiguos defensores de la democracia, promotores de la llamada “marea rosa” que se movilizó en defensa del INE y en contra de los intentos de reforma electoral en 2022 y 2023, así como exfuncionarios electorales.
Los expresidentes del instituto, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, han manifestado que esta elección es una “pésima idea”, una trampa en la que el voto “destruye la naturaleza del Poder Judicial” o, simple y llanamente, “una farsa”.
Por otro lado, juristas y personas estudiosas del Poder Judicial han advertido que esta elección provocará tal daño, que es mejor no votar. Uno de ellos es Tito Garza Onofre, que en <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/diez-razones-por-las-que-no-votare-en-la-eleccion-judicial/" target="_blank" rel="noopener">un artículo reciente en Nexos enumeró diez razones para no votar</a>.
Es cierto que los más críticos del actual régimen son quienes sostienen que “ni locos” participarán en “esta farsa”. Es cierto que mientras más antilopezobradoristas sean, más firme es su postura en contra de la elección judicial.
Pero también es cierto que el rechazo a la elección no sólo es producto de ese impulso “anti-Peje”.
No es buena señal que algunos de los principales defensores y promotores del sistema electoral mexicano hoy se sientan anticipadamente defraudados, y adviertan que acudir a las urnas puede terminar legitimando la destrucción de la democracia.
<h3>Entonces, ¿hay que votar, o no?</h3>
Lo cierto es que la elección va a ocurrir, se quiera o no.
Y, participen muchos o pocos, los resultados serán legales y van a determinar quién ocupará 881 cargos del Poder Judicial federal y mil 800 cargos de los poderes judiciales en 19 entidades.
Ante la pregunta, que también se hace mucha gente, de si se necesita un mínimo de participación para que esta elección cuente, la respuesta es simple: no.
Es decir, aunque vote menos del 10 por ciento del padrón electoral, 20, 30, 50 por ciento, o aunque vayan menos de un millón de personas a las urnas, los resultados serán válidos.
Y es que sólo en los ejercicios de participación ciudadana, como la Consulta Popular o la Revocación de Mandato, la ley exige un mínimo de 40 por ciento de participación para que sus resultados sean vinculantes.
O sea, la elección va a contar, participes o no.
En lo personal, pienso votar por algunas candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (seguramente no voy a llenar los nueve recuadros), por dos personas en la elección de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por cinco en la Sala Regional del Tribunal Electoral que corresponde a la circunscripción en la que vivo.
Iré preparado para emitir un voto lo más razonado posible en la boleta verde, que corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial, donde se elegirá a cinco personas.
Pero no pienso votar en el resto de las elecciones: ni por magistrados de Tribunal de Circuito ni por Juzgado de Distrito. Mucho menos por los cargos de la elección judicial de la Ciudad de México, para la que me serán entregadas otras tres boletas.
No participaré en cinco de las nueve elecciones en las que me correspondería emitir un sufragio, porque me parece irresponsable emitir votos a ciegas, sin conocer a las personas que están en esas boletas.
Además, creo en el servicio civil de carrera y pienso que elegir a funcionarios del Poder Judicial en esos niveles es una pésima idea que no va a arreglar el grave problema de acceso a la justicia que tenemos en México. Es más, pienso que esta elección va a agravar ese problema.
Iré a las urnas, pero no usaré todas las boletas que me serán entregadas.
Postdata: este texto no pretende decirle a nadie qué hacer el próximo 1º de junio. Simplemente responde a una pregunta que muchos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, colegas, lectores y alumnos me han hecho. Espero que cada quien tome su propia decisión, con responsabilidad y con argumentos. Nos quedan 15 días para pensarlo.

Votar o no votar, el dilema de la elección judicial

No todo será la elección judicial el próximo 1º de junio. En Durango y Veracruz, los partidos políticos se jugarán el poder en 251 municipios; además de cuatro presidencias municipales de Puebla, donde se celebran elecciones extraordinarias.
Salvo una elección legislativa en Coahuila en 2026, éstas serán las últimas elecciones ordinarias en las que los partidos compitan, antes de la gran cita electoral de 2027.
En estas elecciones, Morena y sus partidos aliados buscan mantener la racha ganadora de 2024, conservar Veracruz y arrebatarle Durango a la oposición, donde PRI-PAN lograron uno de sus últimos triunfos en 2022.
Por su parte, los partidos de oposición encuentran en esta cita la oportunidad de mostrar signos de recuperación, luego de su debacle en las elecciones federales y locales del año pasado.
Además, el diseño de la reforma judicial obligará a la autoridad electoral a instalar casillas para la elección judicial y, aparte, casillas para la elección municipal. Esto, debido a que los partidos políticos compiten y pueden tener representantes en las elecciones municipales, pero no en las de cargos judiciales.
Es decir, en estos dos estados ocurrirá una de las mayores excentricidades generadas por la reforma aprobada por el oficialismo: los electores deberán ir a dos centros de votación distintos en la misma jornada.
Lo que ocurra en Durango y Veracruz podrá ser un laboratorio que lleve al gobierno, al Poder Legislativo y al Instituto Nacional Electoral a reflexionar sobre la conveniencia del absurdo modelo aprobado en la reforma judicial, que obligaría a poner dobles casillas en todo el país en 2027, cuando habrá elecciones judiciales, elecciones federales legislativas y elecciones locales en las 32 entidades.
<h2>Veracruz, un estado clave para Morena</h2>
De las dos entidades, Veracruz es la que más peso político y simbólico tiene, pues es la cuarta entidad del país con más electores.
En total, 6 millones 30 mil 228 veracruzanos están convocados para elegir 212 presidencias municipales.
El estado es gobernado desde 2018 por Morena y se ha convertido en una de las principales reservas de votos para la llamada “cuarta transformación”.
En 2024, Morena retuvo la gubernatura pese a la mala fama pública del gobernador Cuitláhuac García y a los señalamientos en contra de la entonces candidata Rocío Nahle, zacatecana de nacimiento y con un controvertido paso por la Secretaría de Energía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La hoy gobernadora ganó con 2 millones 145 mil votos, y su estado aportó 2 millones 294 mil sufragios a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
La coalición lopezobradorista ganó en las últimas elecciones municipales 155 de los 212 municipios, por lo que hoy Morena gobierna 130, el Partido Verde 17, el PT 6 y Fuerza por México 2.
Sin embargo, en las elecciones de este 2025 el PT decidió romper con la coalición, que esta vez sólo estará conformada por Morena y el PVEM.
Los petistas decidieron ir solos por la negativa de la dirigencia local de Morena a otorgarle suficientes candidaturas.
Del lado de la oposición tampoco pudo fraguarse una alianza total, como la de 2024, que le dio a Xóchitl Gálvez 808 mil votos.
El PAN, que gobernó durante dos años (2016-2018) luego de la caída del PRI y el escándalo del exgobernador Javier Duarte, y que en 2024 cedió la candidatura al priista José Yunes, decidió separarse del PRI y tratar de conquistar por sí mismo los 12 municipios que tiene actualmente, entre los que destacan Boca del Río y Veracruz.
El blanquiazul llega debilitado, pues en los últimos años su eficacia electoral dependía del exgobernador Miguel Ángel Yunes y su hijo Miguel Yunes, quienes hicieron una alianza con Morena en el Senado.
Aunque los morenistas locales no han aceptado que los Yunes se afilien al partido, está claro que no operarán a favor del PAN en estas elecciones.
<h2>Durango: bastión priista</h2>
En Durango la situación es distinta. Es uno de los ocho estados que aún gobierna la oposición a Morena y uno de los dos que aún gobierna el PRI (el otro es Coahuila).
Aunque en 2022 el priista Esteban Villegas ganó la gubernatura en una alianza PRI-PAN-PRD, Durango está lejos de ser un bastión priista.
En la elección de gubernatura, la diferencia entre Villegas y la candidata de Morena, Marina Vitela, fue de apenas cien mil votos y, dos años después, en las presidenciales, Durango otorgó a la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, apenas 226 mil votos, mientras que 402 mil duranguenses votaron por Claudia Sheinbaum.
A nivel municipal, Morena gobierna 15 de los 39 municipios, el PVEM 2 y el PT 1, mientras que el PRI gobierna 9, el PAN 6 y el PRD 5.
La fuerza del PAN y PRI radica en gobernar Durango y Gómez Palacio, los dos municipios más poblados e importantes, y por ello decidieron mantenerse juntos en la contienda de 2025 a través de la figura de candidaturas comunes.
Por su parte, Morena, PVEM y PT decidieron mantenerse unidos para buscar los 39 ayuntamientos.
Con un millón 400 mil electores registrados, Durango tiene un peso menor en la votación nacional, pero Morena ha decidido enfocar sus baterías para lograr una victoria simbólica, arrebatándole al PRI uno de los dos bastiones que le quedan.

Las batallas municipales de 2025

Los lineamientos aprobados este domingo por el Consejo Nacional de Morena tienen dedicatoria. De manera personal, se dirigen hacia senadoras y senadores que buscan sacar ventaja de su cargo y sus apellidos de cara a la elección de 2027, y a algunos personajes relacionados con el Poder Judicial.
Y, de forma general, muestran que la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de ser “militante con licencia”, tiene una influencia innegable en el partido-movimiento.
Los 364 consejeros y consejeras de Morena se reunieron este 4 de mayo en la Ciudad de México, para poner en lineamientos una serie de reglas que habrán de imponerse en la contienda de 2027.
Dadas las circunstancias políticas del país, que se ha quedado sin oposición, a la dirigencia nacional de Morena la preocupan más las pugnas internas que el surgimiento de figuras que puedan competir seriamente por una gubernatura bajo las siglas del PRI, del PAN o de MC.
Pero las reglas parecen confeccionadas para prohibir o corregir conductas ya presentes en Morena y sus aliados.
<h3>¿Cuáles son los lineamientos que puso Morena y a quién van dirigidos?</h3>
<ol>
<li>Austeridad: la dirigencia partidista prohibió que sus militantes sean ostentosos; es decir, que usen vuelos privados, camionetas blindadas, guaruras, ropa o joyería de marcas lujosas; que encabecen actos suntuosos o con derroche de recursos públicos o privados, o que incurran en excentricidades. 
A juzgar por lo aprobado, más de un senador, diputado, funcionario de gobierno o candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia debería revisar lo que está haciendo, pues claramente contraviene esos principios.</li>
<li>Independencia de los poderes fácticos: rechazar el amiguismo, el influyentismo, el compadrazgo, el sectarismo o recibir de poderes empresariales, gremiales o medios de comunicación, recursos o favores para beneficiare políticamente. Es una especie de regla anti Arturo Zaldívar, recientemente exhibido por Aristegui Noticias como beneficiario de una operación de Televisa fraguada desde el “palomar” de sus instalaciones en Chapultepec.</li>
<li>Respeto e igualdad entre la militancia. Con esta regla, la dirigencia a cargo de Luisa María Alcalde busca que las contiendas internas no se salgan de cauce. Por ello, se prohíbe descalificaciones, acoso o filtraciones dolosas ente morenistas. Se pretende inhibir la división, la desconfianza y la confrontación entre militantes. Situaciones aparentemente “normales” entre compañeros de un partido cuando llega al poder: lo mismo vivieron el PRI, el PAN y el PRD cuando gobernaban a nivel federal o local, pero también lo vive Morena desde hace varios años, como quedó claro durante la contienda interna de 2023 entre las “corcholatas”, cuando la propia Claudia Sheinbaum fue víctima y victimaria durante su contienda con Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.</li>
<li>Nepotismo: la regla de que un familiar no pueda suceder a su esposo, padre, primo o hermano fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en una reforma constitucional. Sin embargo, los senadores de Morena movieron la reforma y mandaron este mandato hasta 2030, en una maniobra que beneficiaba al menos a tres personas específicas que quieren gobernar su estado a partir de 2027: Félix Salgado Macedonio, cuya hija gobierna Guerrero; Saúl Monreal, cuyo hermano gobierna Zacatecas, y Ruth González Silva, cuyo esposo es gobernador de San Luis Potosí, que a pesar de ser militantes del Partido Verde, dependen de Morena para conservar el estado.</li>
<li>Valores democráticos: entre diez eufemismos, la dirigencia de Luisa Alcalde redactó una regla anti Andrea Chávez, la senadora de Chihuahua que, sin pudor alguno, ha llevado a cabo actos anticipados de campaña para promover su candidatura a gobernadora en 2027. El sexto punto de este quinto eje que señala conductas contrarias a los principios partidistas dice a la letra: “Utilizar recursos públicos, programas de bienestar o esquemas de financiamiento privado para promover la imagen de una persona servidora pública y posicionarla en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales fuera de los tiempos legales de precampaña o campaña, o para influir de cualquier forma en la equidad de una contienda electoral”. Más claro, ni el agua.</li>
</ol>
<h3>Claudia Sheinbaum en Morena</h3>
Hoy que se habla tanto del sexenio de Ernesto Zedillo, vale la pena destacar una diferencia más entre el expresidente y la presidenta.
Hace 30 años, en una Asamblea Nacional del PRI, Zedillo advirtió a los priistas que marcaría una “sana distancia entre el PRI y su gobierno, y prometió cortarse el “dedo”; es decir, renunciar a la prerrogativa no escrita de nombrar a su sucesor.
Claudia Sheinbaum se ha alejado de ese modelo, y hoy tiene un poder e influencia dentro de Morena que, aunque con regateos en las Cámaras del Congreso de la Unión, al menos esta vez fueron reconocidos por el Consejo General.
Probablemente los dirigentes de las bancadas y los presidentes de las Cámaras (Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna) no estén contentos con los resolutivos. Probablemente acaban de perder poder e influencia de cara al 2027, cuando se renovarán 16 gubernaturas y los municipios de 30 estados.
Las cartas del juego de 2027 dentro del partido-movimiento gobernante, incluidos sus aliados, Verde y PT, se han puesto sobre la mesa, con reglas que imponen límites sugeridas por la presidenta.
Mala tarde para Andrea Chávez (que sigue diciendo que los lineamientos no son dedicados a ella), para Saúl Monreal, para Félix Salgado y para Ricardo El Pollo Gallardo, quienes ya se preparaban para mantener el poder familiar en sus estados.
Tampoco son buenas noticias para la oposición, que contempla inmóvil cómo el oficialismo se prepara para seguir ganando elecciones en 2027.

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