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En junio de 2023, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que él no aceptaría los cinco millones de pesos que ofreció la dirigencia nacional de Morena a cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial que, en ese mes, iniciaron sus recorridos por el país.
Muy ufano, López aseguró que él mismo financiaría su precampaña anticipada y se lanzó a la aventura. Además de lo irrelevante de su mensaje político, muy pronto llamó la atención el dispendio de recursos en sus mítines y, sobre todo, en la publicidad de su imagen.
El paisano el presidente inundó el país con publicidad en mobiliario urbano, anuncios espectaculares colocados en carreteras y avenidas, bardas, publicidad móvil en autobuses y microbuses. Y, en sus mítines, era notorio el reparto de camisetas, gorras, agua, comida.
Cuando los reporteros le preguntaron sobre sus gastos, él mostró apuntes que hizo en una servilleta de papel, en la que “reportaba” haberse gastado 395 mil pesos entre el 19 y el 25 de junio. Y todavía se dio el lujo de decir que no tenía obligación legal, aunque sí moral, de transparentar sus egresos.
Pese al derroche, nunca quedó claro para qué quería ser presidente y su campaña fue un rotundo fracaso: fue tan insustancial su mensaje y tan obvio su derroche, que la militancia morenista terminó dándole apenas un 11 por ciento de las preferencias en las encuestas, casi empatado con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Hoy sabemos que su periplo fue una de las aventuras políticas más inútiles y costosas de la historia.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral acaba de concluir la revisión de los informes de gasto que presentó Morena sobre su proceso interno de selección de la coordinadora de la “defensa de la transformación”, y una serie de auditorías a los recorridos, asambleas informativas y despliegue propagandístico de López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco y Noroña.
<a href="https://www.animalpolitico.com/elecciones-2024/presidencia/ine-gastos-no-reportados-interna-morena" target="_blank" rel="noopener">En ese informe, que deberá ser aprobado en esta semana -junto con las multas a las que se hará acreedor el partido-</a>, hay hallazgos que contradicen por completo los discursos de austeridad y transparencia con los que el partido oficial ha hecho apología de sus liderazgos y denostado a sus opositores.
El caso de Adán Augusto López es el más grave y significativo. Él le reportó al partido -y a su vez, éste al INE-, que tuvo ingresos por 3.5 millones de pesos. A diferencia de sus compañeros, que reportaron como ingresos fundamentales el dinero que les transfirió Morena, López aseguró que 1.6 millones fueron aportados por sus simpatizantes y 1.9 millones por él mismo.
Además, el INE le encontró ingresos no reportados por 592 mil pesos.
Pero lo realmente grave viene en el rubro de gastos: López le dijo a su partido que sólo había gastado 3 millones 543 mil pesos, pero los auditores del INE detectaron que tuvo gastos por otros 23 millones 133 mil pesos, que trató de ocultar.
Sólo en anuncios en vía pública, los monitoreos del INE permitieron ubicar publicidad con un costo de 17.1 millones de pesos; además, los verificadores del INE encontraron que sus mítines costaron mucho más de lo que él reportó, y que el uso de sillas, templetes, lonas, equipo de sonido, transporte de militantes habría sumado gastos por 5.8 millones de pesos, que también intentó ocultar.
Haciendo cuentas, la pregunta es obvia e inevitable: si el ex secretario de Gobernación (“hermano postizo” del presidente) sólo transparentó ingresos por 3.5 millones de pesos, de dónde salieron los otros 23 millones que sí gastó, y que trató de ocultarle a la Unidad de Fiscalización del INE.
<h2>Las otras ‘corcholatas’</h2>
López fue el que más gastó y el que más dinero trató de ocultar, pero no fue el único.
Claudia Sheinbaum reportó gastos por 4 millones 587 mil pesos, los cuales habrían provenido íntegramente del financiamiento público que le transfirió la dirigencia de Morena.
Pero sus gastos reales ascendieron a 21 millones 109 mil pesos; es decir, no reportó ni el origen ni el ejercicio de 16 millones 521 mil pesos.
Marcelo Ebrard reportó 4.2 millones, pero habría gastado más de 14 millones, con un ejercicio oculto de 9.7 millones. Ricardo Monreal reportó 4 millones 173 mil pesos, pero el INE le detectó gastos no reportados por otro tanto, para un gasto total de 8.2 millones de pesos.
Manuel Velasco, cuya contabilidad fue reportada por su partido, el PVEM, reportó solamente 3.2 millones de pesos, pero los auditores del INE le encontraron gastos no reportados por 5.9 millones de pesos, para un gasto total de 9.2 millones. Y Gerardo Fernández Noroña, vía la dirigencia del PT, reportó gastos menores y sólo habría dejado de reportar 230 mil pesos. En contraste con la opacidad de Morena, el PT reportó 8.1 millones de pesos de los 8.4 millones que habría gastado en el “corcholata tour”.
Las cifras globales indican que todo el proceso de selección de la candidatura presidencial del oficialismo -tan inédito como contrario a la legislación electoral- habría costado 87.5 millones de pesos, pero Morena y sus partidos aliados sólo reportaron 27.6 millones.
Es decir, ahí hubo un ejercicio opaco de 59.5 millones de pesos, que seguramente será sancionado con multas que podrían superar los cien millones de pesos. Nada, para una coalición que recibirá -como financiamiento público para gastos ordinarios y gastos de campaña-, más de 4 mil millones de pesos en 2024.
La gran pregunta seguirá siendo, quién puso los casi 60 millones de pesos no reportados. ¿Qué intereses se movieron para financiar los intentos de estos personajes por hacerse de la candidatura presidencial?
<h2>Los gastos del Frente</h2>
En la oposición los montos fueron mucho menores, <a href="https://www.animalpolitico.com/elecciones-2024/presidencia/xochitl-galvez-oculto-gasto-ine-candidatura-frente" target="_blank" rel="noopener">pero también hubo intentos por ocultar parte del dinero</a> con el que se financió la contienda entre Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Jorge Luis Preciado, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera.
La mayor parte del costo de la elección de la coordinadora del Frente Amplio por México lo ejerció la hoy precandidata Xóchitl Gálvez, quien reportó 1.7 millones de pesos. A la senadora panista el INE le encontró gastos no reportados por 2.8 millones de pesos, de los cuales 2.3 millones se habrían ejercido en publicidad en internet.
PD. Los procesos internos, tanto en Morena como en la oposición, transcurrieron al margen de la ley, que señala que las precampañas debían comenzar hasta el 20 de noviembre. Fueron un acto de simulación que ni el INE ni el Tribunal Electoral pudieron frenar. Ante las campañas anticipadas, consejeros y magistrados apenas pudieron regular los procesos, ponerle reglas de equidad que fueron burladas y mecanismos de fiscalización que, por lo visto, tampoco fueron respetados por las y los aspirantes.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Intereses y opacidad: el patrocinio de la política

En pleno día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el expresidente Vicente Fox insulta a Mariana Rodríguez, influencer, empresaria y esposa de un precandidato presidencial. 
El señor que inauguró en México lo que él mismo llamó “la pareja presidencial”, con su esposa Marta Sahagún, y que hizo hasta lo que pudo para promoverla como su sucesora en la silla, decide llamar “dama de compañía” a Mariana, la esposa del precandidato Samuel García.
Ella reacciona y lo pone en su lugar: “soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.<a href="https://www.animalpolitico.com/genero-y-diversidad/mariana-rodriguez-fox-violencia-dama-de-compania" target="_blank" rel="noopener"> Lo que usted hizo se llama violencia”.</a>
Es tan desafortunado el comentario del señor Fox -quien como presidente llegó a decir que su gobierno iba a repartir lavadoras en comunidades pobres, “pero no de las de dos patas”- que hasta Xóchitl Gálvez tuvo que deslindarse de sus dichos -una vez más.
“Si atacan a una, nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez”, escribió la precandidata del frente opositor en sus redes sociales.
Apenas 24 horas antes, Xóchitl departía a gusto con Fox en un evento en San Francisco del Rincón, municipio donde el presidente construyó el Centro Fox, con vías de comunicación financiadas con recursos públicos.
Fox es, quizás, la cara más lamentable de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien lucha a contracorriente por relanzar su candidatura presidencial con el lastre que le significan los partidos PAN, PRI y PRD, sus dirigentes nacionales y algunos de sus personajes más conocidos y rechazados por la población. Fox, en primera fila.
<h2>Aprenda, señor López Dóriga</h2>
No es el único episodio del proceso electoral 2023-2024 en el que los señores demostramos que no hemos aprendido nada. Y eso que apenas van comenzando las precampañas.
El jueves, en una entrevista de radio, el periodista Joaquín López Dóriga se empeñaba en descolocar a la morenista Clara Brugada, insistiéndole en que había perdido la encuesta contra Omar García Harfuch, exjefe de la Policía y presunto favorito de Claudia Sheinbaum para obtener la candidatura de Morena en la Ciudad de México.
“Déjeme hacerle esta pregunta, que es de puro sentido común”, le dijo el entrevistador, “usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género… ¿cómo cree usted, o cómo piensa, ganar la Ciudad de México, cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios, de Morena?”
Brugada, con toda calma, le hizo ver cómo funcionaba el criterio de paridad en el proceso interno de Morena y le dijo: “quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia, como el tema de que ganamos por género”.
López Dóriga enfureció y, visiblemente exaltado, exigió a Brugada no llamarlo misógino. 
“Usted no me puede señalar de misoginia, primero porque no me lo merezco, porque nunca lo he sido… y no, no me diga bueno, dígame un aspecto en donde haya caído en eso”, le dijo.
Brugada volvió a explicarle que la paridad fue un criterio de Morena, y de la autoridad electoral, por lo que no debe verse como la única razón por la que ella es ahora candidata de Morena en la capital.
López Dóriga volvió a enojarse y desde ese momento la llamó “señora” durante toda la entrevista, con ese tono descalificatorio que acostumbra un periodista que se cree dueño de su programa. 
Le dijo que él fue producto de la educación de su madre, nuevamente le ordenó que no le llamara misógino e incluso le dijo a su auditorio: “véanla”, cuando ella trataba de interpelarlo.
López Dóriga, un periodista que lleva décadas en ese espacio de Radiofórmula y que durante años fue el conductor del principal noticiero nocturno de Televisa, se niega a aceptar que cayó en una narrativa misógina: aquella que insiste ver la paridad como un asunto de “cuotas”, en el que las mujeres llegan a los cargos por una concesión de los hombres.
A López Dóriga, a sus 76 años, le convendría volver a ver <a href="https://www.google.com/search?q=entrevista+lopez+doriga+brugada&amp;rlz=1C1CHWL_esMX1035MX1037&amp;oq=entrevista+lopez+doriga+brugada&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCjEwOTM5ajBqMTWoAgCwAgA&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8#fpstate=ive&amp;vld=cid:8eeceab6,vid:g09rLeBa96w,st:0">su entrevista a Clara Brugada</a> y analizarla, analizarse y reflexionar. Y, de paso, ver <a href="https://www.instagram.com/reel/C0A09LXOS37/?igshid=YTI4YzE2YTYwMA%3D%3D">este video hecho por las periodistas de Ruido en la Red</a>, en el que le explican por qué sí cayó en narrativas misóginas. 
Aprendamos de esas chicas menores de 30 años que nos están dando la oportunidad de desaprender y reeducarnos en un mundo más paritario.
<h2>El difícil punto medio</h2>
Si algo caracterizará el proceso electoral del próximo año, es la presencia de mujeres en posibilidades de ganar muchos de los más de 3 mil 500 cargos que estarán en disputa. Serán miles las mujeres que compitan por ayuntamientos, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, gubernaturas y la Presidencia. Y miles, lamentablemente, las ocasiones en las que podrán ser agredidas, ninguneadas, acosadas, discriminadas y violentadas, física o verbalmente.
La Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) será uno de los grandes temas del 2024. Se usará para alertar sobre discursos misóginos, tratos discriminatorios y ataques reales, pero también podría ser usado como pretexto para que ganen terreno la opacidad y la censura.
Casos como el de la diputada federal Andrea Chávez, quien ha sido agredida en redes sociales y en programas de televisión abierta -señalada por tener una supuesta relación con un exaspirante presidencial-, dejan ver las dos caras del tema.
Por un lado, se aplauden las medidas cautelares en contra de quienes insinuaron temas supuestamente sentimentales para descalificarla y atacarla. Pero, por otro lado, sorprende que la autoridad electoral admita investigar quejas como la de la ciudadana Yadira Mascorro, que argumentando VPMRG denunció a periodistas por publicar notas y reportajes sobre el uso de aviones oficiales en los recorridos del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando pretendía la candidatura de Morena. 
Una denuncia que la diputada sólo suscribió, pues ni siquiera conoce a la denunciante original, y de la que después se deslindó. <a href="https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/andrea-chavez-denuncia-violencia-politica">Aquí puedes leer más sobre este caso</a>.
Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE deberá concluir sus investigaciones -para las cuales ha enviado notificaciones a los domicilios particulares de periodistas- para cerrar el procedimiento.
No es la primera vez que la diputada Andrea Chávez se ve envuelta en una polémica por un caso de VPMRG; el año pasado sostuvo un largo litigio con la diputada perredista Gabriela Sodi, quien la denunció por expresiones hechas en la Cámara de Diputados y un tuit de Chávez que sirvió de banderazo para que decenas de cuentas afines a Morena atacaran a la legisladora de oposición. 
A Chávez, legisladora joven y reconocida como un cuadro prometedor dentro de Morena, le ha tocado conocer los dos lados de la moneda. De un lado, se denuncia violencia; del otro, se alerta por una posible censura. Y se antoja difícil alcanzar un punto medio, sobre todo cuando estamos ya en plena lucha por el poder. 
El INE se llenará de quejas por violencia de género en las próximas semanas y meses; habrá auténticos casos de misoginia, violencia y acoso digital -como el que ejerce el empresario Ricardo Salinas Pliego contra la senadora de Morena, Citlali Hernández-; habrá iniciativas para regular las redes sociales, como la que ya se procesa en la Cámara de Diputados.
Pero también habrá denuncias frívolas y quejas fabricadas desde el litigio estratégico electoral para atacar al rival, para victimizarse cuando así convenga y para evitar que el periodismo indague sobre asuntos que podrían cruzar la delgada línea entre la vida privada de candidatas y candidatos, y asuntos que sí son de interés público.

Campañas y violencia de género

Este lunes 20 de noviembre comenzarán las precampañas de las elecciones presidenciales de 2024 y, con ello, un periodo de 60 días en el que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, y en principio Samuel García, podrán promoverse abiertamente, con la advertencia -en legras chiquitas- de que su propaganda va dirigida a militantes y simpatizantes de sus partidos políticos.
En los hechos, las precampañas no tendrían por qué existir, pues ni Claudia, ni Xóchitl, ni Samuel competirán con alguien en los procesos internos de Morena, el Frente Amplio y Movimiento Ciudadano.
Es doblemente absurdo que, si los partidos adelantaron varios meses la designación de sus presidenciables, hoy tengan derecho a utilizar los tiempos de radio y televisión asignados para este periodo y a gastar hasta 85.9 millones de pesos (tope autorizado por el INE) en un posicionamiento que ya no cumple con el fin original de las precampañas, que era regular la competencia entre aspirantes de un mismo partido.
Sin embargo, con base de sentencias del Tribunal Electoral, los partidos políticos han logrado que se les autorice realizar precampañas con precandidaturas únicas. Ya ocurrió en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade emprendieron precampañas en solitario.
En la historia electoral mexicana, los registros más cercanos y serios de una contienda interna son de 2005, cuando Felipe Calderón derrotó a Santiago Creel y Alberto Cárdenas en una suerte de primarias panistas previas a las elecciones de 2006. Y de 2012, cuando Josefina Vázquez Mota se impuso sobre Santiago Creel y Ernesto Cordero, en un proceso similar.
Existe también el antecedente, más bien penoso, de la precampaña de Roberto Madrazo contra Everardo Moreno, en 2005; una farsa pactada luego de que los gobernadores priistas del llamado TUCOM (Todos Unidos Contra Madrazo) declinaron participar en una elección de candidato previamente arreglada para que ganara el tabasqueño.
En 2011, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard se sometieron a una encuesta para definir al candidato del PRD en los comicios de 2012, pero antes de los tiempos marcados oficialmente como precampaña; de manera que AMLO fue precandidato único en ese proceso, lo mismo que el priista Enrique Peña Nieto.
Para poder placear a sus presidenciables, y aprovechar las precampañas como una especie de posicionamiento previo a las campañas formales y legales -que comienzan siempre 90 días antes de la jornada electoral-, los partidos promovieron impugnaciones para blindar a sus precandidatos únicos.
Y así, en septiembre de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación <a href="https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2673/0" target="_blank" rel="noopener">autorizó a los precandidatos únicos</a> “interactuar con la militancia de sus partidos”, lo que en los hechos se tradujo en acotar sus mítines a actos ante las militancia, y en la colocación de una cortinilla en los spots de radio y TV -que nadie lee ni ve-, para advertir que esos mensajes van dirigidos única y exclusivamente a los militantes y simpatizantes.
Con sus jurisprudencias, el Tribuna parece decirnos: si en los próximos días usted escucha o ve un mensaje de Claudia, Xóchitl o Samuel, y no es militante o simpatizante, haga como que no oye nada, pues ese mensaje no es para usted.
Es absurdo, pero es legal: con o sin contienda interna, los partidos harán precampañas, y ello implica que sus precandidatas tendrán acceso a 30 minutos diarios de spots en cada estación de radio y canal de televisión, <a href="https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/05/La_Administracion_Tiempos_Estado.pdf" target="_blank" rel="noopener">de acuerdo con los parámetros establecidos por el INE</a>.
Serán 60 días de calentamiento para las campañas que, en esta ocasión, comenzarán el 1º de marzo de 2024. Dos meses de spots, de mítines disfrazados de asambleas partidistas, de bardas pintadas y de anuncios espectaculares colocados en calles, carreteras y avenidas. Propaganda que veremos todas y todos, pero que, se supone, es sólo para consumo de las militancias partidistas.
En el colmo del absurdo, las precandidatas no podrán aún hacer propuestas de gobierno ni llamados explícitos al voto, pues se supone que sólo están tratando de convencer a los suyos. Los mensajes de sus partidos y coaliciones deberán ser genéricos, sin utilizar expresiones como “vota por…”.
Hace seis años se transmitieron 18 millones de spots en el periodo de precampañas y se prevé que en esta ocasión la cifra sea semejante. Se tratará, con toda seguridad, de mensajes que ensalzarán a la “cuarta transformación” o que harán una ruda crítica de lo ocurrido en lo que va del sexenio lopezobradorista. En un tono semejante a los mensajes que ya se difunden en estaciones de radio chilangas, con motivo de las precampañas en la Ciudad de México.
El ingenio, la creatividad, pero también la guerra sucia, desfilarán ante el electorado que, se quiera o no, terminará topándose con esa propaganda “dirigida exclusivamente a los militantes y simpatizantes” de los partidos.
Las precampañas presidenciales serán el soundtrack de la Navidad 2023, y concluirán hasta el 18 de enero.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Precampañas: absurdas, pero legales

Son tan grandes los paralelismos como los contrastes: Clara Brugada vs Santiago Taboada protagonizarán una contienda electoral polarizada, en la que cada quien representa lo mejor y lo peor de sus partidos políticos.
Clara Brugada fue electa alcaldesa de Iztapalapa en las elecciones de 2018. Se reeligió en 2021 con amplio margen, fue la política más votada de su partido en esos comicios y hoy busca la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presumiendo una buena gestión y acciones que se han convertido en un emblema de su partido-movimiento (Morena), como las Utopías, que le han cambiado el rostro a Iztapalapa.
Santiago Taboada fue electo alcalde de Benito Juárez en las elecciones de 2018. Se reeligió en 2021 con amplio margen, fue el político más votado de su partido en esos comicios y hoy busca la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presumiendo una buena gestión y acciones que se han convertido en un emblema de su partido (Acción Nacional), como las luminarias azules y una policía vecinal que ha blindado a Benito Juárez.
No es casual que Morena y el frente opositor hayan escogido a Brugada y Taboada como sus candidatos, luego de las polarizadas elecciones de 2021, en las que la capital se partió literalmente en dos, con un oriente pintado de guinda en siete alcaldías, desde Gustavo A Madero hasta Milpa Alta, y un poniente en el que PRI, PAN y PRD lograron llevarse nueve alcaldías, desde Azcapotzalco hasta Tlalpan.
De hecho, fue Brugada quien sacó la cara por Morena en esa muy mala elección para el lopezobradorismo, que perdió más de un millón de votos en la capital, al pasar de 2 millones 726 mil votos en las elecciones de diputaciones federales de 2018, a un millón 747 mil en las legislativas intermedias de 2021.
En ese descalabro electoral, sin embargo, Brugada ganó Iztapalapa con 393 mil votos, que representan casi una cuarta parte de los sufragios de Morena en la Ciudad. (A quienes se preguntan todavía por qué Brugada y no Omar García Harfuch, habría que recordarles que uno de cada cuatro votos de Morena en la capital es de Iztapalapa).
En paralelo, Santiago Taboada es también el personaje emblemático del crecimiento de la oposición en la capital en 2021. Es el alfil del grupo político panista que, desde 2009, sentó sus reales en Benito Juárez y hoy es un poderoso consorcio político, económico (e inmobiliario), que domina el PAN capitalino y los padrones panistas en la capital y otras entidades.
El grupo, comandado por el diputado federal Jorge Romero, tiene entre sus filas a Andrés Atayde, dirigente del PAN capitalino; Christian Von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez, hoy preso acusado de comandar el “cártel inmobiliario”; Luis Mendoza, diputado y próximo candidato a la alcaldía, y Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Apodados en su momento como Los Ocean, ellos comandan los intereses que impulsan la candidatura de Santiago Taboada.
El hoy alcalde con licencia fue también el más votado entre los nueve ganadores de la coalición PAN-PRI-PRD en 2021: sus 162 mil votos obtenidos en Benito Juárez representan el 10 por ciento de los 1.8 millones de votos que se llevó la oposición en esos comicios.
Otro paralelismo entre Brugada y Taboada es su consistencia en su vida y su trayectoria política. Ninguno militó en el PRI y ambos se formaron, muy jóvenes, en movimientos ligados a su línea ideológica.
Brugada (nacida en 1963) estudió Economía en universidad pública (la UAM Iztapalapa), fue militante y dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata; militó en el maoísmo y la izquierda radical de finales de los 70; ha sido diputada local y federal, primero por el PRD y después por Morena, y su carrera política es esencialmente chilanga.
Taboada (nacido en 1985) cursó la carrera de Derecho en la UNAM y tiene estudios de postgrado en la Universidad George Washington y la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde muy joven militó en movimientos católicos y en las juventudes del PAN, trabajó en un despacho de abogados y, en 2006, se convirtió en asesor parlamentario de quienes después fueron sus jefes en la política: Jorge Romero y Christian Von Roehrich. Fue diputado local antes de ser electo alcalde.
Si a Taboada se le vincula con el escándalo del “cártel inmobiliario”, a Brugada le tocó protagonizar el escándalo de Juanito, cuando Andrés Manuel López Obrador pidió a las huestes perredistas abandonar a su candidata y votar por el candidato del PT, a quien después obligó a renunciar a la jefatura delegacional de Iztapalapa, para colocar ahí a Brugada.
De alguna manera, Brugada y Taboada representan lo mejor y lo peor de sus partidos.
A la alcaldesa de Iztapalapa se le reconoce por su autenticidad y por haberle cambiado la vida a los habitantes de las colonias del oriente de la Ciudad. Es la creadora de las Utopías, pero también encarna las prácticas corporativas y clientelares de la izquierda gobernante en la Ciudad.
Al alcalde de Benito Juárez se le reconoce haber gobernado una de las demarcaciones con mejor nivel de vida en el país, y mantener condiciones de seguridad y servicios públicos eficientes. Pero también encarna a un partido que extravió su ideología, sus principios doctrinarios y que, en su pragmatismo, abrazó los negocios inmobiliarios como parte de su modus operandi.
Ambos reconocidos como astutos operadores políticos, Brugada comandará las clientelas morenistas y Taboada las estructuras panistas y priistas -y lo que queda del PRD-, en una elección como pocas.
Brugada es la candidata idónea del lopezobradorimso; Taboada, el perfecto antilopezobradorista.
La elección será un choque de trenes y estará marcada por el contraste entre dos perfiles antagónicos y, previsiblemente, por una peligrosa polarización que también podría caer en discursos clasistas, excluyentes y en la tentación de aniquilar al contrario.
Brugada vs Taboada: a esa elección vamos. De alguna manera, eso somos: una ciudad de desigualdades y altos contrastes.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Brugada vs Taboada: la campaña más polarizada de la historia

Una de las carreras políticas más robustas de nuestra época, la de Marcelo Ebrard Casaubón, podría dar un quiebre definitivo esta semana. A sus 64 años de edad, al excanciller le quedan sólo siete días para tomar una de las decisiones más importantes de su vida política: romper con Andrés Manuel López Obrador y buscar la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano, o aceptar el premio de consolación que aún le reservan en Morena.
El plazo para seguir deshojando la margarita se termina el próximo domingo, 12 de noviembre, pues es el día en el que el partido naranja cierra las inscripciones para participar en su proceso interno para seleccionar a su candidato presidencial.
De optar por ese derrotero, Ebrard competiría en una precampaña -ahora sí formal y legal- en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien tiene lista su licencia para inscribirse en un proceso que arrancará, conforme a los tiempos del Instituto Nacional Electoral, el próximo 20 de noviembre.
Se ha dicho que Ebrard ha puesto una serie de condiciones a Dante Delgado, coordinador nacional de MC, para ser su abanderado presidencial, entre las que se incluirían candidaturas para integrantes de su equipo; sin embargo, las últimas encuestas no juegan a su favor, pues prácticamente no hace diferencia una candidatura suya, respecto a la de Samuel García, en las preferencias electorales de MC.
Según una encuesta publicada por El Financiero la semana pasada, en un careo con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, Ebrard obtendría 9 por ciento y Samuel 8 por ciento. Y en la encuesta de Enkoll-El País, en el mismo ejercicio, Ebrard llega al 16 por ciento y Samuel al 15 por ciento de las preferencias brutas, es decir, eliminando indecisos.
A Ebrard se le agota el tiempo, y las encuestas confirman que el final del proceso interno en Morena y la victoria de Claudia Sheinbaum precipitaron su invisibilidad y -muy a su pesar y de sus seguidores- su irrelevancia pública.
En ese escenario, más bien sería él quien tendría que acceder a las condiciones de MC, en caso de que efectivamente quiera estar en la boleta electoral el 2 de junio de 2024.
Fuera del reflector, Ebrard dejó de ser una amenaza para Sheinbaum y Morena. ¿O alguien, además de él, recuerda que la Comisión de Honor y Justicia de Morena aún tiene pendiente resolver en definitiva su impugnación al proceso de elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación?
Muchas cosas ocurrieron mientras Ebrard se tomaba un descanso con su familia en Europa, durante el mes de octubre; Sheinbaum emprendió una gira de unidad para sumar los liderazgos locales que apoyaban a otras “corcholatas” y se consolidó como puntera en la carrera presidencial, según todas las encuestas publicadas; Xóchitl Gálvez se replegó para rediseñar su equipo de campaña y se afianzó en el segundo lugar, a casi 20 puntos de distancia, según las mismas encuestas citadas.
El foco se concentró en la batalla interna de Morena en la Ciudad de México, entre Clara Brugada y Omar García Harfuch, y en el resto de candidaturas para los ocho estados que eligen gubernatura, que serán anunciadas el viernes 10 de noviembre. Se prevé que, ese mismo día, Marcelo Ebrard informe su decisión.
Mientras tanto, un reducido número de diputados ebrardistas crearon un grupo de presión adentro de la bancada de Morena en San Lázaro, amenazando con no aprobar el Paquete Económico para 2024. En días pasados, las legisladoras Slene Ávila, Car, Altamirano, Salma Luévano, Emmanuel Reyes y otros ebrardistas celebraron haber movido un artículo de la Ley de Ingresos, pero a unos cuantos días de que el Presupuesto de Egresos de la Federación se discuta y apruebe en el pleno, dicho grupo se ha desvanecido y ni siquiera ha presentado un proyecto alternativo que, por ejemplo, trate de impedir los recortes al Poder Judicial, al INE y a las participaciones federales.
En paralelo a las negociaciones presupuestales -que sólo involucraron a la Secretaría de Hacienda y a unos cuantos diputados de Morena, para reasignar más de 46 mil millones de pesos del proyecto original que envió el Ejecutivo-, llegó el huracán Otis, destruyó Acapulco y, de paso, descolocó a una de las principales aliadas de Marcelo Ebrard, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, una de las pocas ebrardistas con presupuesto, que ahora tiene como prioridad atender la emergencia.
Ante la emergencia, la asociación El Camino de México, fundada por Ebrard en septiembre, después de su derrota en la encuesta de Morena, se ha convertido en centro de acopio para llevar víveres a los damnificados por el huracán. Acción encomiable, sin duda, pero de pocos -muy pocos- efectos políticos.
<h2>Un sueño de 30 años</h2>
Hace exactamente 30 años, Marcelo Ebrard era el principal operador de Manuel Camacho Solís, regente del Distrito Federal y número dos en la línea sucesoria del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Ebrard tenía 35 años de edad, pero ya tenía más de 10 en el servicio público: había sido funcionario del gobierno federal, había participado en la campaña de Salinas en 1988, había sido secretario general del PRI en la capital y secretario general de Gobierno en el DDF. Era la mano derecha de Camacho cuando el PRI anunció, el 27 de noviembre de 1993, que su candidato a la Presidencia en las elecciones de 1994 sería Luis Donaldo Colosio.
Heridos, Camacho y Ebrard aceptaron irse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego a Chiapas a negociar la paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vivieron juntos la defenestración política cuando Ernesto Zedillo llegó a la Presidencia; renunciaron al PRI y fundaron el Partido de Centro Democrático, del que Camacho fue candidato presidencial en 2000 y Ebrard candidato a jefe de Gobierno.
Camacho declinó por Vicente Fox y Ebrard por López Obrador, lo que lo convirtió en asesor del nuevo jefe de Gobierno, secretario de Seguridad Pública, secretario de Desarrollo Social y jefe de Gobierno en las elecciones de 2006.
En 2012, Ebrard se hizo a un lado para que López Obrador fuera candidato presidencial del PRD, y aguantó estoicamente la derrota en un dudoso proceso de encuestas que favorecieron a AMLO. En 2015 murió Camacho Solís, mientras Ebrard vivía en una especie de exilio luego de su rompimiento con su sucesor en el gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera. En 2018 regresó para coordinar la campaña de AMLO en el noroeste del país, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores y, entonces, volvió a soñar con la Presidencia de la República.
Tras esa larga trayectoria, a Ebrard le ha llegado otro momento decisivo. Se la agota el tiempo, está contra las cuerdas, y -sin embargo- su decisión podría incidir en la sucesión presidencial 2024.
Ganar las elecciones con MC, un partido que sólo es competitivo en Jalisco y Nuevo León, es casi imposible, a menos de que la campaña convierta a Ebrard en un fenómeno político inusitado.
Como tercero en discordia podría dividir el voto de los opositores -y detractores de López Obrador-, causando más daño a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum. Su candidatura, paradójicamente, resultaría favorable a la denominada “cuarta transformación”.
Quedarse en Morena le ganaría los elogios mañaneros del presidente de la República, un escaño, probablemente la coordinación del partido en el Senado o un cargo relevante en el gabinete de Sheinbaum, pero el sueño que él y Manuel Camacho acariciaron desde 1993 se habrá desvanecido, quizás para siempre.
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A Marcelo Ebrard se le agota el tiempo

La noche del martes 24 de octubre, los asistentes a la XXXV Convención Internacional de Minería esperaban en la cena a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, quien de último momento canceló su participación ante la inminente llegada del Huracán Otis a las costas de Acapulco. Según relatan algunos participantes, cerca de las 9 de la noche los invitados regresaron a sus hoteles para resguardarse de la tormenta, pero ni siquiera ahí -un evento internacional que congregaba a cientos de empresarios, autoridades, periodistas, y al que iba a acudir la gobernadora- se tomó la previsión de cancelar el evento y advertir a tiempo sobre el peligro que se avecinaba.
Como pudieron, los comensales regresaron a sus hoteles, donde los propios trabajadores improvisaron refugios en salones y bodegas que no tuvieran vista a la playa.
Relatos <a href="https://www.opinion51.com/sandra-romandia-impacto-huracan-otis/" target="_blank" rel="noopener">como el de la periodista Sandra Romandía</a> -asistente a la convención minera- dan cuenta de las horas de terror que pasaron dentro de esos refugios, mientras el viento destrozaba todo del otro lado de las puertas. Historias semejantes vivieron los cerca de 40 mil turistas que se encontraban esa noche en Acapulco.
La tarde de ese martes, el gobierno de Guerrero había emitido un comunicado titulado “Huracán Otis alcanzó categoría 3 frente a las costas de Guerrero”, y advertía: “se prevé que la circulación nubosa de dicho sistema refuerce el potencial de lluvias torrenciales y vientos fuertes durante las próximas horas, así como la manifestación de alto oleaje de 3 a 5 metros de altura en toda la zona costera”.
La previsión era que Otis “podría impactar” entre Acapulco y Tecpan de Galeana “en el transcurso de la madrugada del miércoles, como categoría 4”, por lo que se hacía un llamado a la población a extremar medidas de precaución: “no salir de su domicilio salvo en casos de emergencia, evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, mantenerse informado con fuentes oficiales y no propagar rumores”.
A las 20:06 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje en Twitter y Facebook diciendo que Otis tocaría tierra como huracán categoría 5, “de las 4 a las 6 de la mañana”.
A esa hora, pobladores y turistas aún paseaban por la Costera Miguel Alemán o participaban en eventos sociales, como la cena de la convención minera, confiados en que Otis llegaría durante la madrugada.
Lo cierto es que <a href="https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/cronologia-aviso-huracan-otis">el huracán pegó a las 00:25 horas del miércoles 25 de octubre, con categoría 5</a>. Y devastó todo a su paso.
Al día siguiente, Acapulco amaneció totalmente destruido e incomunicado; aislado del resto del país por los daños en carreteras, antenas de radio y de telefonía, y sin servicio eléctrico.
Las 48 horas siguientes se caracterizaron por el desorden y el caos, que sólo quienes lo vivieron directamente podrían relatar con exactitud. Ante la ausencia de fuerzas policiacas, los comercios de la zona hotelera fueron vaciados durante todo el miércoles por personas que acababan de perder todo en sus casas y que se lanzaron a la búsqueda de alimentos, agua, medicinas, papel higiénico, pañales y utensilios de limpieza; pero también por grupos organizados que cargaron con electrodomésticos, pantallas de televisión, teléfonos celulares, lavadoras, estufas y refrigeradores.
Ese miércoles, mientras en Acapulco se sufrían los estragos del huracán y de la ausencia total del Estado, el presidente emprendió una absurda travesía por tierra para llegar a Acapulco.
La fotografía del primer mandatario varado en un camino, a bordo de un vehículo militar atascado en el lodo pasará a la historia como una penosa imagen de ineficiencia frente al desastre.
Durante casi todo el miércoles, fue un misterio el paradero del presidente, y muchas horas después se supo que tuvo que bajar del vehículo militar, caminar cinco kilómetros y subir a una camioneta de redilas para llegar a Acapulco cuando ya estaba oscureciendo. En el puerto, supuestamente acudió al centro de mando para atender la emergencia y participó con la gobernadora en una reunión de crisis de la que no se difundieron imágenes ni información sustantiva.
Se intuye que el presidente abordó una aeronave militar ara regresar a la Ciudad, pues al día siguiente, jueves 26, ya estaba en Palacio Nacional en la conferencia mañanera. Ahí, después de que se diera un primer informe de la situación -con llamada telefónica a la gobernadora-, el primer mandatario dedicó horas a denostar a los críticos de su fallido periplo; arremetió contra el Poder Judicial, comentó la aprobación de la Ley de Ingresos en el Senado, habló de política y denostó a la prensa y a sus adversarios. Incluso se dio tiempo de presumir su popularidad en las encuestas, que cada jueves cita para inflar su ego.
Ese día, al reestablecerse algunas comunicaciones en Acapulco, el país pudo conocer el impacto real de Otis: todos los hoteles, restaurantes y comercios lucían parcial o totalmente destruidos, en los 12 kilómetros de la Costera Miguel Alemán. En las colonias -populares, de clase media y fraccionamientos lujosos- había inundaciones; árboles, palmeras y postes caídos; coches que habían sido arrasados por la corriente arrumbados en esquinas. El aeropuerto tenía daños severos en su torre de control y estaba cerrado al tráfico aéreo; las carreteras, dañadas, y miles de turistas permanecían sin poder salir del puerto ni poder comunicarse al exterior.
Ese jueves, el periodista Manu Ureste, de Animal Político, pudo llegar a Acapulco después de más de 24 horas de viaje desde la Ciudad de México, <a href="https://www.animalpolitico.com/estados/colonias-populares-acapulco-otis-ayuda-ejercito">para relatar el desastre</a>.  Para entonces aún era notorio el caos, la desolación y la ausencia casi total de las autoridades.
Fue hasta el viernes, cuando se pudo constatar que el Ejército había tomado el control de Acapulco, de las vías de comunicación y del plan de contingencia para atender la emergencia y para canalizar la ayuda a los damnificados.
Para entonces, instituciones como la Cruz Roja y la UNAM; empresas, fundaciones y gobiernos locales ya habían instalado centros de acopio en la Ciudad de México y otras entidades; pero la narrativa presidencial también alcanzó a envenenar la solidaridad.
La advertencia de López Obrador de que sólo el ejército podría llegar a Acapulco a entregar la ayuda y su anuncio de que 500 servidores de la nación se trasladarían a Guerrero para levantar un censo de personas damnificadas, hicieron que muchos dudaran, y que se esparcieran versiones sobre una supuesta confiscación de la ayuda por parte del Ejército y el uso político clientelar de los donativos de la sociedad civil.
A la falta de previsión, la inexistencia de una alerta temprana sobre la magnitud de Otis, la larga ausencia del gobierno estatal en las horas críticas, la tardanza del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas en controlar la situación, se sumó la politización de la tragedia.
A los discursos tóxicos del presidente, la oposición responde con la descalificación, la exageración, la propagación de mentiras y rumores, y el absurdo deseo de que todo le salga mal al gobierno, para poder seguir exhibiendo su ineptitud.
Pese a la presencia de las Fuerzas Federales, <a href="https://www.animalpolitico.com/estados/caos-en-acapulco-viveres-autoridad" target="_blank" rel="noopener">Acapulco sigue siendo un caos</a>, pues la gente demanda ayuda para satisfacer necesidades básicas de subsistencia, y la ayuda es insuficiente.
No habrá escuela ni trabajo en amplias zonas de Guerrero durante las próximas semanas; no habrá normalidad posible mientras impere el caos social y el pleito político en torno a la atención a damnificados.
Vendrán semanas difíciles, con el recuento real de las vidas que se perdieron, la cuantificación de los daños materiales y las pérdidas económicas para una ciudad que vive del turismo y que tardará meses -quizás años- en recuperar su esplendor.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Otis: las fallas del Estado

En dos semanas sabremos quién es el nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, poco se ha hablado de la situación en la que se encuentra la UNAM en los albores de esta nueva sucesión.
La Universidad parece haber superado muchos de los problemas que la pandemia hizo patentes y, en junio pasado, <a href="https://www.gaceta.unam.mx/la-unam-en-el-selecto-grupo-de-las-100-mejores-universidades-del-mundo/" target="_blank" rel="noopener">la Gaceta</a> publicó que la UNAM había vuelto al selecto grupo de las cien mejores universidades del mundo; es la más destacada de Hispanoamérica y la mejor de todo México.
Pero no todo son buenas noticias en la Universidad: en sus campus se viven graves problemas de inseguridad; es notorio el deterioro de instalaciones en varias facultades, prepas y Colegios de Ciencias y Humanidades; se padece falta de equipos y tecnología al servicio de profesores, investigadores y estudiantes; existe un descontrol administrativo que puede provocar que una sola chinche paralice actividades en sus planteles durante una semana; las respuestas institucionales han sido deficientes ante casos graves de acoso contra alumnas y profesoras, y se han registrado casos de agresiones y hasta feminicidios dentro de los campus.
Además, la UNAM se ha vuelto inalcanzable para miles de jóvenes que cada año son rechazados en el examen de admisión.
Según el más <a href="https://www.rector.unam.mx/doctos/InformeRector2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">reciente informe del rector Enrique Graue</a>, actualmente hay una matrícula de 106 mil 863 alumnas y alumnos en los 14 planteles de educación media superior; 233 mil 264 estudiantes en las 132 licenciaturas y 32 mil 988 alumnos en los 252 planes de Postgrado.
Para el ciclo 2022-2023, la UNAM aceptó a 33 mil 722 estudiantes en Bachillerato y 55 mil 341 a nivel Licenciatura. Sin embargo, en el último examen de admisión, la UNAM apenas pudo dar cabida al 10 por ciento de quienes aplicaron; es decir, fueron admitidos 21 mil 346 de 201 mil 512 aspirantes. La UNAM se ha vuelto insuficiente.
La Universidad enfrenta, además, la estigmatización y la tirria del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de haber egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha mostrado un desprecio absoluto por la universidad y <a href="https://www.rector.unam.mx/doctos/InformeRector2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">la ha acusado de haberse “derechizado” y llenado de “conservadores”</a>.
Lamentablemente, las críticas de López Obrador han sido replicadas por otros actores políticos en Morena; legisladores y dirigentes que suelen repetir cualquier dicho mañanero.
Por si fuera poco, en este año la UNAM ha tenido que enfrenar presiones por el plagio en la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, cuyo veredicto final ya está listo, pero no ha podido ser emitido. Este caso ha metido a la UNAM en un tortuoso proceso judicial por los amparos promovidos por la ministra para que el Comité de Ética de la universidad no se pronuncie públicamente sobre el plagio.
Además, en semanas recientes se demostró que la virtual candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, plagió una buena parte del informe con el que acreditó su experiencia profesional para titularse como ingeniera de la UNAM en 2010. Lo que deja al menos una pregunta sobre la mesa: ¿es cien por ciento confiable el proceso de titulación en la máxima casa de estudios?
Financieramente, la Universidad sigue representando un costo importante para las finanzas públicas: en 2023, su presupuesto es de 52 mil 728 millones de pesos; de los cuales la federación le da 47 mil 659 millones y la propia universidad genera 5 mil 69 millones de pesos.
De esos recursos, 32 mil 438 millones van a docencia; 13 mil 906 millones a investigación, 3 mil 978 millones a extensión universitaria y 2 mil 400 millones de pesos a gestión institucional. Recursos que a todas luces resultan insuficientes para ampliar la matrícula, modernizar equipos, restaurar instalaciones, brindar seguridad y mejorar el nivel salarial de profesores, principalmente los de asignatura. El STUNAM, por otro lado, sigue siendo un poderoso sindicato de casi 30 mil afiliados que cada año presiona por mejoras en su contrato colectivo.
Para 2024, la UNAM está pidiendo 50 mil 418 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, 2 mil 750 millones más que los aprobados en el ejercicio fiscal en curso.
<h2>Las dos sucesiones</h2>
No son los problemas de la UNAM y las propuestas para resolverlos, sin embargo, lo que definirá su rumbo, y la Rectoría para el periodo 2023-2027, sino la política interna y externa.
En la Junta de Gobierno, 15 universitarias y universitarios notables habrán de decidir entre 14 finalistas que, justo en esta semana, comenzarán sus comparecencias ante el pleno de la Junta.
De un total de 14 aspirantes que cumplían los requisitos para postularse, la lista se ha reducido a diez. Tres mujeres: Patricia Dávila Aranda, Guadalupe Valencia García y Susana Acosta Torres. Y siete hombres: Raúl Contreras, Leonardo Lomelí, Sergio Alcocer, Imanol Ordorika, Henry Lee Alardín, Agustín Álvarez Icaza y Enrique Fajardo Dolci.
De entre todas ellas y ellos, ha destacado el nombre de Imanol Ordorika en el proceso, no sólo por su activismo en planteles, medios de comunicación y redes sociales, sino por su participación en el Consejo Estudiantil Universitario, a mediados de los 80, y el hecho de haber coincidido en esa lucha con Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República, quien antes de ser política forjó en la UNAM una carrera como investigadora y docente de la Facultad de Ciencias.
Con trayectoria propia y un plan de trabajo que no hace suyas las críticas absurdas del presidente de la República, Ordorika enfrentará el problema de explicar que su cercanía con Sheinbaum no implicaría una afectación a la autonomía universitaria, o una entrega de la UNAM al gobierno en caso de que ambos exlíderes del CEU cumplan sus aspiraciones.
La presencia de Ordorika entre los finalistas no ha pasado desapercibida, ¿pero basta su cercanía con Sheinbaum para descartarlo, o para catapultarlo, como próximo rector? La última palabra la tendrá la Junta de Gobierno.
Del otro lado de la moneda sobresalen perfiles con una gran cercanía con la actual Rectoría: Leonardo Lomelí, exdirector de la Facultad de Economía, que en 2015 fue nombrado secretario general por el rector Graue; el actual secretario administrativo, Luis Álvarez Icaza, y el director de Investigación Científica, Henry Lee Alardín, quien tiene como punto extra el haber sido egresado de la Facultad de Ciencias, de donde es Sheinbaum.
Además se encuentran en la pelea el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras; el director de la Facultad de Medicina, Enrique Fajardo Dolci, y Sergio M. Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería.
De las tres mujeres aspirantes a la Rectoría, de la que más se ha hablado es de Patricia Dávila, quien es bióloga, maestra por la Facultad de Ciencias e investigadora e la FES Iztacala. Fue coordinadora general de Estudios de Postgrado y, desde 2021, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM.
También participan en la última fase Guadalupe Valencia, actual coordinadora de Humanidades, y Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad León.
En la recta final del proceso, la Junta de Gobierno hará una entrevista presencial con los diez finalistas y, en la primera semana de noviembre dará a conocer a quien ocupará la Rectoría durante los próximos cuatro años, con opción a reelegirse para un segundo periodo que concluiría hasta 2031.
No exenta de presiones externas, la sucesión en la UNAM precederá la sucesión presidencial, en un momento histórico de mujeres protagonistas, pero también de polarización, encono e iniciativas gubernamentales para capturar o acotar a instituciones autónomas.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

La UNAM y la sucesión presidencial

Los partidos políticos resisten la paridad. En una reunión de comisiones, en la que las consejeras del Instituto Nacional Electoral impulsaban un acuerdo para que partidos y coaliciones postulen a mujeres candidatas en cinco de las nueve entidades que tendrán elecciones de gubernatura en 2024, fue casi unánime el rechazo de los partidos políticos.
Representantes de Morena, PAN, MC, PRD y PRI coincidieron en rechazar la propuesta defendida por las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz, pues sólo están dispuestos a postular a cuatro mujeres como candidatas. Sólo el representante del Partido Verde se manifestó a favor de un cinco-cuatro que busca que haya más mujeres gobernadoras, en cumplimiento a la reforma constitucional de paridad total que entró en vigor desde 2020.
Las razones del rechazo, <a href="https://animalpolitico.com/politica/ine-pospone-discusion-paridad-genero-gubernaturas" target="_blank" rel="noopener">puestas sobre la mesa por representantes de los partidos, fueron varias</a>, pero destacan cuatro:
<ul>
<li>Que el acuerdo del INE busca suplir una omisión legislativa que, si bien existe en 26 entidades del país, no la hay en tres de los estados donde habrá elección de gubernatura: Jalisco, Puebla y Yucatán. Por lo que, según los partidos, deberían excluirse del acuerdo al existir ahí legislación específica en materia de paridad.</li>
<li>Que el acuerdo menciona que, de las nueve entidades, sólo en tres han sido electas mujeres históricamente: Ciudad de México (Claudia Sheinbaum fue electa en 2018, aunque recientemente fue sustituida por Martí Batres), Puebla (donde Martha Érika Alonso sólo gobernó 10 días, pues murió en un accidente en diciembre de 2018), y Yucatán (donde ha habido dos gobernadoras, Duce María Sauri e Ivonne Ortega). Según los partidos, el hecho de que históricamente no haya habido mujeres electas en las otras seis entidades no justifica que ahora se les pretenda obligar a postular mujeres.</li>
<li>Que las consejeras buscaban obligar a los partidos a decirle al INE en qué estados postularían mujeres a más tardar el 5 de noviembre, justo al arranque de las precampañas, pero los partidos saben que esa decisión presionaría sus procesos internos de selección de candidaturas (el plazo se recorrería al 20 de noviembre, pues el Tribunal Electoral ya movió el calendario de precampañas para que inicien en esa fecha).</li>
<li>Que el acuerdo violaría el derecho de la autodeterminación y autoorganización de los partidos.</li>
</ul>
Lo cierto es que la resistencia de los partidos a que se les obligue a postular a cinco mujeres, y no sólo a cuatro como propusieron sus representantes, obedece a una simple razón: no quieren que un mandato de la autoridad electoral les complique -aún más- los acuerdos locales que están haciendo crujir a ambas coaliciones.
La selección de candidaturas se ha convertido en un dolor de cabeza para las dirigencias de los partidos, e incluso pone en riesgo las coaliciones a nivel local. ¿Podrán PAN, PRI y PRD replicar su alianza en torno a Xóchitl Gálvez en las nueve gubernaturas? ¿Lo lograrán Morena, PVEM y PT?
En <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/la-pugna-por-las-candidaturas-estatales-tensa-a-los-partidos-del-frente-amplio-por-mexico" target="_blank" rel="noopener">el caso el Frente Amplio por México, los acuerdos se han complicado</a> en Puebla, donde el PAN impulsa al alcalde Eduardo Rivera; en Yucatán, donde la inminente postulación de Renán Barrera ya provocó el rompimiento del expriista -hoy pevemista- Jorge Carlos Ramírez Marín; Ciudad de México, donde Santiago Taboada ya fue prácticamente ungido candidato por la dirigencia nacional de Marko Cortés, excluyendo a Lía Limón, Kenia López, Sandra Cuevas y Mariana Moguel; en Morelos, donde le tocaría al PRI poner candidato y donde suenan más hombres que mujeres. Lo mismo ocurre en Veracruz, donde el PRI impulsa a José Francisco Yunes y el PAN a Julen Rementería, y en Tabasco, que probablemente sea la única entidad con candidato del PRD, partido que impulsa al senador Juan Manuel Fósil.
De hecho, el único estado en el que el Frente tiene asegurado que su candidatura recaerá en una mujer es Guanajuato, donde hay dos panistas bien posicionadas: la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y la secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Libia García.
Del lado del oficialismo el panorama también luce complicado: el pasado viernes, Mario Delgado <a href="https://animalpolitico.com/politica/morena-aspirantes-gubernturas-encuestas-armenta-marin" target="_blank" rel="noopener">dio a conocer la lista definitiva de personas que participarán en las encuestas</a> para definir las candidaturas.
De 285 perfiles que originalmente levantaron la mano, la lista se redujo a 36, cuando los Consejos Estatales propusieron a cuatro por entidad y, para incluir a sus partidos aliados y a excluidos por los consejos estatales, la dirigencia nacional la amplió a 54, de las cuales 24 son mujeres.
Morena tiene candidatas bien posicionadas en al menos seis entidades: Clara Brugada, en Ciudad de México; Rocío Nahle, en Veracruz; Sasil de León y Patricia Armendáriz, en Chiapas; Clara Cárdenas, Claudia Delgadillo y Cecilia Márquez, en Jalisco; Margarita González, en Morelos, y Yolanda Osuna y Mónica Fernández Balboa, en Tabasco. Pero en todos los casos las mujeres deberán ganarle la interna a hombres que ya se sienten candidatos.
La posibilidad de ruptura al definirse las candidaturas locales espanta a los partidos y por eso su resistencia a un acuerdo 5-4 que daría como resultado una ampliación de los territorios gobernados por mujeres.
Actualmente, nueve entidades son gobernadas por una mujer: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo y Tlaxcala. Siete de ellas son de Morena y dos del PAN.
Cinco gobernadoras más acercarían a México a la paridad en gobiernos estatales, en un momento que será histórico por la muy probable elección de una mujer en la Presidencia de la República.
Además, partidos, coaliciones y autoridades electorales deberán garantizar la paridad en las dos Cámaras del Congreso a nivel federal, en los 31 Congresos estatales que se elegirán y en los más de 2 mil ayuntamientos que habrán de renovarse.
Más que una aspiración, la paridad es una obligación constitucional que deberá ser cumplida por los partidos políticos, aunque les complique sus acuerdos y afecte sus intereses internos.
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El acuerdo cinco-cuatro y la resistencia de los partidos a la paridad

Todavía no comienza la campaña y la campaña ya está en crisis. La candidata se esfuerza por mantener el envión con el que, hace tres meses, irrumpió en la escena pública y modificó la lógica de un proceso electoral que parecía resuelto. Sin embargo, el fenómeno Xóchitl Gálvez se ha venido desdibujando.
Uno a uno, los líos se han ido acumulando y exhibiendo a una candidata sola, que hace frente al aparato oficial sin suficientes argumentos, con pocos reflejos, sin voceros convincentes ni un comité de campaña, y acompañada de tres dirigentes partidistas de escasa credibilidad y un coordinador invisible al que algunos recuerdan por el nombre de Santiago Creel.
En medio de una ofensiva ilegal lanzada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde la conferencia mañanera, Xóchitl Gálvez ha tenido que hacer frente -prácticamente sola- a las acusaciones por los contratos otorgados a sus empresas de tecnología con supuestos conflictos de interés; a los señalamientos por las irregularidades en la adquisición de su propia vivienda, y a la revelación del plagio que cometió en su informe profesional con el que obtuvo el título de ingeniera.
De los tres, el tema del plagio fue el que más sacudió a la senadora y el que prendió las alertas en el Frente Amplio por México, pues no es lo mismo ser víctima de una burda campaña desde el oficialismo, protagonizada por personajes deplorables como Víctor Hugo Romo, que verse acorralada por sus errores del pasado.
La historia del plagio puede resumirse más o menos así: en 2010, una ya encumbrada Xóchitl Gálvez decidió obtener el título de la carrera que cursó en la UNAM casi 30 años antes. Para entonces ya había sido una exitosa empresaria y una disruptiva funcionaria en el gabinete de la alternancia con Vicente Fox, y ahora buscaba ser gobernadora de Hidalgo. En medio de las prisas, presentó un informe con múltiples párrafos copiados de diversas tesis, sin hacer las citas correspondientes.
Trece años después, ese engaño (“la pendejeé”, argumentó ella) se convirtió en un poderoso boomerang que le pegó a su credibilidad y que, como pocas veces en los tres meses que lleva en campaña, la llevó a cuestionarse si realmente debía ser ella la abanderada del frente opositor en estas elecciones.
En esa crisis, alguien le aconsejó a Xóchitl anunciar que tendría un equipo de voceros para diversificar los argumentos de defensa y contraataque, y entonces se habló de Javier Lozano, polémico secretario del Trabajo recordado por su insensibilidad en el manejo del accidente en Pasta de Conchos y hoy famoso por su estilo directo y grosero; el senador Germán Martínez, expanista que en 2018 se sumó a la campaña de López Obrador, que en 2019 renunció al IMSS y que a medio sexenio se fue de mala manera de la bancada de Morena -quien de inmediato se deslindó del grupo de voceros-, y las excandidatas presidenciales Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala, que muy lejos están de causar emociones positivas.
La solución a la crisis sólo dejó claro que Xóchitl Gálvez necesita otros mejores amigos.
Casi al mismo tiempo, el círculo rojo se preguntaba dónde estaba el coordinador de campaña de Gálvez, el diputado Santiago Creel, a quien se le tuvo que dar esa posición en agosto para que se bajara de la contienda interna y presionar al PRI para, a su vez, bajar a Beatriz Paredes.
El flamante coordinador estaba de vacaciones fuera del país en la primera crisis importante de la campaña y aunque muchos dudaban de que él hubiera podido aportar algo para resolverla, su ausencia contribuyó a la percepción de caos en un equipo que, en realidad, aún no termina de conformarse.
Pese a todo, Xóchitl Gálvez se esfuerza por mantener el buen humor. Se la ha visto sonriente en eventos de priistas, panistas y perredistas, y en las sesiones del Senado, que utiliza para mantenerse presente en la agenda pública, no siempre con las declaraciones más afortunadas.
Ejemplo: el pasado martes informó que se había reunido con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y que había decidido aceptar la protección que le ofreció. Encarrerada, soltó aquello de que se va a tener que bajar de la bicicleta, porque ahora está más expuesta a un incidente.
Menos de 24 horas después, Gálvez se subió a la bici de nuevo supuestamente para esquivar el tráfico, pero siempre quedará la duda de si sus consultores no le habrán pedido repensar la decisión de abandonar una imagen que la consolida como cercana, espontánea y ciudadana: la de la política llegando en bicicleta a la Cámara alta, al estilo de Birgitte Nyborg en la serie Borgen.
Este domingo, la llamada sociedad civil quiso arrojarle un salvavidas a su candidata. Promovida por el Frente Cívico -que dirige el experredista Guadalupe Acosta Naranjo-, un grupo heterogéneo de personajes se dieron cita en el World Trade Center para reiterarle su apoyo.
Se trata en realidad de los mismos personajes que han encabezado las más vistosas causas del antilopezobradorismo, con Claudio X González a la cabeza. Un grupo de exmilitantes del PRD y exfuncionarios electorales que iban a realizar el proceso interno antes de que las cúpulas de los partidos acordaran suspenderlo, y que en noviembre del año pasado lograron movilizar a miles en defensa del Instituto Nacional Electoral.
“Hoy la Marea Rosa se convierte en Fuerza Rosa”, escribió Xóchitl con optimismo en sus redes sociales, aunque el evento estuvo muy lejos de movilizar a todos los que apoyaron las marchas de defensa del INE en noviembre de 2022 y febrero de 2023.
El evento tenía la buena intención de “ciudadanizar” la campaña de Xóchitl, pero para nadie es un secreto que sus aspiraciones están supeditadas a los intereses, limitaciones y caprichos de tres dirigentes: Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano.
En momentos en los que personajes tan lejanos del oficialismo como el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, se preguntan cuál es la estrategia de campaña, los dirigentes están más preocupados por otra cosa: el reparto de candidaturas.
Esa pugna ya causó bajas priistas en Yucatán y Guanajuato, dos estados que gobierna el PAN y que no estuvo dispuesto a arriesgar poniendo a sus prospectos a competir con los priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y Bárbara Botello.
Las diferencias se mantienen en Jalisco, Puebla, Veracruz, Morelos, Chiapas, Tabasco y, principalmente, en la Ciudad de México, donde a la virtual candidata presidencial parece agradarle más hacer campaña con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, que con el de Benito Juárez, Santiago Taboada. Lo malo para Gálvez es que Taboada -y su grupo encabezado por Jorge Romero- tienes el respaldo incondicional de Marko Cortés, pese a sus vínculos con el Cártel Inmobiliario.
Así, mientras en el PAN se levantan varias manos, en el PRI piden no descartar a Adrián Rubalcava, a Mariana Moguel e incluso a Enrique de la Madrid. Y el PRD asegura que aún existe, proponiendo a figuras como Luis Espinoza Cházaro y Víctor Hugo Lobo. Y, en medio, lo más noticioso de todo es el reclamo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por no ser considerada.
La buena noticia para Xóchitl en ese revuelto panorama es que la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, padece el mismo problema con las candidaturas de Morena en la capital y en otros estados.
La mala noticia es que, después de definir quiénes irán por las gubernaturas, vendrá el reparto de las candidaturas al Congreso, donde las tres cúpulas partidistas del Frente tratarán de arrebatar las mejores plurinominales.
En esa lógica, seguiremos viendo a Xóchitl sola en la campaña por la presidencia, mientras los partidos que la respaldan pelearán por lo que realmente creen que pueden ganar en 2024: un puñado de pluris, una que otra gubernatura y, claro, la sobrevivencia que les garantice posiciones, registro y prerrogativas, o lo que es lo mismo: poder y dinero.
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¿Por qué está en crisis la campaña de Xóchitl Gálvez?

Movimiento Ciudadano, el partido que pretende constituirse en una tercera vía en las elecciones de 2024, enfrenta un dilema: esperar a que Marcelo Ebrard termine de romper con Morena y adoptarlo como candidato, o apostar por uno de los suyos.
La disyuntiva deberá resolverse en octubre, mes en el que Ebrard puede esperar el veredicto de la Comisión de Honor y Justicia de Morena y, eventualmente, impugnarla ante el Tribunal Electoral, y en el que MC deberá registrar ante las autoridades electorales el método con el que definirá su candidatura presidencial de 2024.
Los tiempos se empatan para ambos, el morenista inconforme y el partido ávido de una candidatura atractiva. Pero la armonía en los tiempos no se corresponde con las diferencias que este tema ha provocado y su potencial de crisis al interior de Movimiento Ciudadano.
La decisión adoptada en julio por MC de no sumarse al Frente Amplio por México, para desmarcarse claramente del PRI, PAN y PRD -los partidos más desprestigiados del sistema político mexicano-, parece razonable estratégicamente, pero encontró resistencias en Jalisco, donde más que un bastión de MC, lo que hay es un grupo político lidereado por el gobernador Enrique Alfaro.
Esa crisis -expuesta a través de desplegados- no ha terminado de salvarse, cuando ahora se asoma un nuevo frente interno: la inconformidad del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante la posibilidad de abrirle la puerta a Marcelo Ebrard para que use a MC como el instrumento que le permita estar en la boleta en 2024.
Ambos gobernadores parecen apretar a Dante Delgado y a los miembros de la “coordinadora”, esa cúpula que lo acompaña y que, desde “lo nacional”, ha avalado todas las decisiones personales del fundador y propietario de MC. Cualquier decisión que adopten provocará tsunamis en Jalisco y Nuevo León, los bastiones que hacen relevante al partido naranja en el tablero nacional.
Una ruptura en cualquiera de los dos estados dejaría a MC cojo de cara a 2024: Jalisco es uno de los nueve estados donde se renovará la gubernatura y Nuevo León tendrá elecciones municipales y de Congreso. En ambas entidades MC buscará ganar la elección del Senado, las diputaciones federales, las capitales (Guadalajara y Monterrey) y un buen caudal de votos para su registro nacional.
Más que bastiones, Jalisco y Nuevo León se han convertido en la razón de ser de Movimiento Ciudadano, pues uno de sus graves problemas es que no ha logrado hacerse relevante en ninguna otra entidad.
En el sexenio de López Obrador se renovaron ya 24 gubernaturas y MC sólo fue competitivo en dos estados: Nuevo León, donde ganó en 2021, y Campeche, donde quedó en segundo lugar con el expanista Eliseo Fernández Montúfar.
Sus votaciones de menos de 10 por ciento en las elecciones estatales de 2022 (Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo) fueron el precedente de una decisión que, en 2023, mostró el tamaño real de MC: la de no competir en el Estado de México y Coahuila.
De cara a 2024, MC sólo tiene clara su participación en Jalisco, donde postulará al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, o al senador Clemente Castañeda. Y parece tener un buen candidato en la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, un diputado con buena presencia en medios, pero que en 2021 apenas obtuvo 9 mil votos en el distrito X de la alcaldía Miguel Hidalgo.
MC no tiene prospectos relevantes -o al menos conocidos- en el resto de las entidades donde se renovarán gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y esperar a recoger el cascajo de los procesos internos de las dos grandes coaliciones no parece ser la vía apropiada para un partido que pretende colocarse como la alternativa entre el oficialismo y la oposición de los mismos de siempre.
En ese contexto hay que leer la decisión de Dante Delgado de no cerrarle la puerta a Marcelo Ebrard y esperar a que termine de decidir su futuro fuera de Morena.
De hecho, a estas alturas, la decisión de Ebrard podría tener más efectos fuera que dentro de la 4T, donde todo se encarrila ya al apuntalamiento de la candidatura de Claudia Sheinbaum, con pocos impactos reales de la inconformidad de los llamados ebrardistas.
En MC, la presencia de Ebrard podría generar un desencanto en Nuevo León, pero implicaría la adopción de algunos cuadros que no le caerían mal al partido naranja (Malú Micher en Guanajuato, por ejemplo), y un cierre de filas entre quienes ya admiten que el ex canciller tendía más votos que Samuel García.
Si la decisión estratégica de Dante Delgado y su grupo compacto es crecer en 2024 aunque se pierda la presidencial, mejor perder con Ebrard y un mayor porcentaje de votación que el que podría generarles Samuel García.
En el Frente Amplio por México, la decisión de Ebrard también tendrá repercusiones. A ocho meses de los comicios, dentro y fuera del frente opositor hay consenso en que una eventual postulación del excanciller causaría más daño a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum.
El voto de la senadora panista es volátil y basado en el antilopezobradorismo, que ha sentado sus reales entre la clase media alta de zonas urbanas; el de Sheinbaum se sustenta en el voto duro de Morena y la popularidad del presidente, principalmente entre clases populares.
Faltan ocho meses para la jornada electoral (junio de 2024), y tres meses para la definición de la boleta electoral (enero). Y, aunque la contienda real será entre Xóchitl y Sheinbaum, la definición de Ebrard y la solución del dilema de MC aún podrían ser decisivos.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Ebrard y el dilema de Movimiento Ciudadano

En uno de los momentos más tensos de la reunión de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste les dijo que su lucha por la verdad y la justicia está siendo manipulada por las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, y por los medios de comunicación.
Fiel a su estilo, el presidente dijo que el caso Ayotzinapa ha sido utilizado para golpear a su gobierno y, especialmente, a las Fuerzas Armadas.
Los padres defendieron el acompañamiento de las cuatro organizaciones que integran la <a href="http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad#005">Comisión de la Verdad y la Justicia</a>, creada desde diciembre de 2018 por decreto presidencial: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y SERAPAZ, Servicios y Asesoría para la Paz.
<figure id="attachment_1325347" aria-describedby="caption-attachment-1325347" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1325347" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa.jpg" alt="Plantón de familiares de Ayotzinapa en el campo militar no. 1, para presionar a las autoridades a que les entreguen toda la información del caso." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1325347" class="wp-caption-text">Plantón de familiares de Ayotzinapa en el campo militar no. 1, en exigencia de que las autoridades les entreguen toda la información del caso. Foto: Manu Ureste.</figcaption></figure>
Presentes en la reunión, los representantes de estas organizaciones fueron defendidos por las madres y padres, quienes le dijeron al presidente que, si no fuera por su acompañamiento y asesoría jurídica, probablemente su gobierno no los atendería.
Mario César González Hernández, padre de uno de los normalistas desaparecidos, mencionó que las organizaciones impidieron que la anterior administración diera carpetazo al asunto con la llamada “verdad histórica”.
El encuentro, <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/amlo-reunion-padres-normalistas-ayotzinapa" target="_blank" rel="noopener">celebrado el miércoles pasado en Palacio Nacional</a>, fue calificado como ríspido por los asistentes, pues confrontó a un presidente que asegura que su administración ya ha entregado toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa, con padres y madres que aún reclaman que el Ejército mexicano diga todo lo que sabe sobre la Noche de Iguala.
Sin embargo, los padres y madres -y las organizaciones que los acompañan- actuaron con prudencia, evitaron romper lanzas, y se llevaron de Palacio Nacional una nueva promesa de López Obrador: la de revisar qué información no han entregado las Fuerzas Armadas y entregárselas en una nueva reunión, que se celebrará el lunes 25 por la tarde, un día antes de la jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el presidente aseguró que el lunes entregará a cada padre y madre un expediente sin testar con la información que aún no hubiese entregado la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, como hizo en la reunión con los padres, volvió a descalificar a las organizaciones sociales.
“Tenemos el compromiso de conocer la verdad, de que haya justicia sin impunidad, no queremos que estos falsarios pseudo defensores de derechos humanos usen este asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército… porque, si son responsables, como está sucediendo, ya hay como 15 o 20 militares encarcelados, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables”, <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/amlo-expedientes-sin-testar-padres-de-ayotzinapa" target="_blank" rel="noopener">dijo el presidente en la mañanera</a>.
Además, dijo que entre 15 y 20 militares han sido detenidos para ser juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos, aunque <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/ayotzinapa-militares-detenidos-falso" target="_blank" rel="noopener">en realidad se trata de 14 elementos</a>.
<figure id="attachment_1325350" aria-describedby="caption-attachment-1325350" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1325350" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa.jpg" alt="Plantón de familiares de Ayotzinapa en el campo militar no. 1, para presionar a las autoridades a que les entreguen toda la información del caso." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1325350" class="wp-caption-text">En el plantón de madres y padres de Ayotzinapa, en el campo militar no. 1. Foto: Manu Ureste.</figcaption></figure>
<h2>El decreto de 2018 y la promesa de verdad y justicia</h2>
En un sexenio en el que los militares han adquirido poder, influencia y relevancia política -cedidas voluntariamente por el presidente-, no es un asunto menor que el punto de discrepancia entre López Obrador y los padres de Ayotzinapa sea la resistencia del Ejército a decir toda la verdad.
En efecto, desde el inicio de su administración, López Obrador dio pasos que su antecesor, Enrique Peña Nieto, no quiso dar: el 4 de diciembre de 2018 publicó un decreto en el que instruyó “establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”.
El decreto creó la Comisión de la Verdad y la Justicia e instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas, a implementar los mecanismos necesarios para que las investigaciones del Estado mexicano se llevaran a cabo sin sesgos, con independencia, imparcialidad y estricto apego a la verdad.
Y se instruía: “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar a la autoridad competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Con base en ese decreto, y ante la negativa de las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posee sobre el caso &#8211;<a href="https://animalpolitico.com/sociedad/giei-ayotzinapa-obstaculos-militares-informe" target="_blank" rel="noopener">como fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes</a>, antes de anunciar su salida definitiva del país, el pasado 25 de julio-, los padres se ampararon ante la justicia reclamando toda la información.
Y lograron que el Poder Judicial ordenara, el pasado 4 de septiembre, que el Ejército no destruya ninguno de los documentos que tiene en su poder que podría conducir al esclarecimiento de los hechos. Esto, tras <a href="https://www.animalpolitico.com/seguridad/mensajes-texto-ineditos-nyt-ayotzinapa-43-normalistas" target="_blank" rel="noopener">revelaciones periodísticas sobre la existencia de mensajes que confirman la colusión de autoridades y criminales</a> durante la Noche de Iguala.
<figure id="attachment_1325351" aria-describedby="caption-attachment-1325351" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1325351" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1.jpg" alt="Madres de Ayotzinapa en la entrada del Campo Militar no. 1" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1325351" class="wp-caption-text">Madres de Ayotzinapa en el plantón frente al Campo Militar no. 1. Foto: Manu Ureste.</figcaption></figure>
Hoy, en la víspera de una nueva reunión con el presidente, la expectativa gira en torno a los expedientes prometidos por el presidente.
¿Entregará López Obrador los documentos no testados que prometió? ¿Le habrá entregado el Ejército todo lo que posee en sus archivos de inteligencia militar para que, a su vez, él los entregue a los padres? ¿La voluntad del presidente será, efectivamente, que se conozca toda la verdad? ¿O prevalecerá la opacidad con la que se ha protegido al Ejército durante estos nueve años?
La promesa de esclarecer el caso la hizo López Obrador aun antes de ser presidente, y la reafirmó el día de su toma de posesión ante el Congreso de la Unión.
Los normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos, los padres y madres de los desaparecidos, Guerrero y la sociedad en su conjunto siguen esperando la verdad. Sin ella, en efecto, el caso seguirá siendo objeto de uso político, motivo de vergüenza internacional, arenga en múltiples manifestaciones y sujeto de nuevas promesas en las campañas por venir.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Ayotzinapa, el Ejército y la promesa de López Obrador

En las calles de nueve estados del país han comenzado a aparecer las fotografías de políticos en anuncios espectaculares que promocionan revistas que no existen; sus nombres -a veces convertidos en hashtags- son pintados en bardas o impresos en folletos y volantes que se reparten en mercados, autobuses y plazas públicas. Sus redes sociales rebosan mensajes en los que presumen su trayectoria, su compromiso con la “transformación” o su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La guerra de bardas y espectaculares anuncia la contienda por las candidaturas de Morena en las entidades donde habrá elecciones por la gubernatura: Brugada contra Harfuch, Mier contra Armenta, Manuela contra Sasil, Margarita contra Rabindranath, May contra Osuna, Nahle contra Gutiérrez Luna…
La lista de aspirantes es larga, pues al menos 57 políticos militantes de la llamada “cuarta transformación” quieren -creen que pueden- ser abanderados del lopezobradorismo y gobernar su estado.
El caso más absurdo quizás sea el de Cuauhtémoc Blanco, quien gobernó de la patada Cuernavaca y, aun así, fue adoptado por López Obrador como candidato del PES en las elecciones de 2018, y ahora -purificado por su registro como militante de Morena, aunque con resultados igualmente desastrosos como gobernador- busca participar en la encuesta para abanderar al “movimiento” en la Ciudad de México.
Pero en el desfile de “mini corcholatas” hay de todo: la exdirectora de la Lotería Nacional, el exdirector de Fonatur, la secretaria de Energía, el procurador federal del Consumidor, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la auditora fiscal del Servicio de Administración Tributaria, el secretario general del INFONAVIT, delegados de Programas del Bienestar, senadores, diputados, presidentes municipales, funcionarios de gobiernos estatales y parientes, como Manuela Obrador, quien podría pasar de prima a gobernadora de Chiapas.
La contienda tiene meses, pero este lunes será formalizada por la dirigencia nacional de Morena, cuando el dirigente Mario Delgado dé a conocer la convocatoria para la selección de las “coordinaciones de defensa de la transformación” en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas en 2024.
De las nueve, Morena gobierna actualmente seis: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Y es oposición en tres: Guanajuato y Yucatán (gobernados por el PAN), y Jalisco, una de las dos entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano.
Según se ha adelantado, la convocatoria de Mario Delgado establecerá un plazo para registrarse como aspirantes, del 25 al 26 de septiembre, por lo que es previsible que sea en octubre cuando las llamadas “mini corcholatas” lleven a cabo sus recorridos estatales y sus asambleas informativas, emulando lo ocurrido a nivel nacional en el proceso del que resultó electa Claudia Sheinbaum.
El proceso será, como ocurrió a nivel nacional, un abierto desafío a la legislación electoral, pues en todos los nueve estados las precampañas deberían arrancar hasta el mes de noviembre, pero es previsible que la violación a la ley por parte de los partidos Morena, PT y PVEM, y sus aspirantes tenga las mismas consecuencias que en lo nacional: ninguna.
Más bien, los procesos terminarán siendo imitados por las candidatas y candidatos del Frente Amplio, donde también se perfilan ya competidores, aunque con severos problemas para concretar las alianzas en lo local.
Como también ocurrió a nivel nacional, los Organismos Públicos Locales Electorales de las nueve entidades en cuestión se llenarán de quejas y denuncias, y serán rebasados por la carga de trabajo, la presión política y sus problemas presupuestales. Cuatro de las nueve entidades han aparecido en el informe que realiza el INE sobre la situación financiera de los OPLE con riesgo alto o medio: CDMX, Morelos, Jalisco y Puebla.
La gran duda es si los OPLE terminarán generando lineamientos similares a los que se emitieron en el INE para tratar de contener a los aspirantes a la Presidencia de la República, y si serán capaces de crear mecanismos de fiscalización de estas campañas adelantadas que, desde hace meses, están implicando un gasto millonario.
Basta viajar a Puebla para ver las carreteras y avenidas tapizadas con espectaculares del diputado Ignacio Mier y el senador Alejandro Armenta. O pasear por el Periférico de la Ciudad de México, para encontrarse con decenas de anuncios de una revista llamada P4TRIOTAS, que hace meses entrevistó a la exalcaldesa de Iztapalapa y aún sigue promocionando la venta de sus ejemplares.
Es previsible que las quejas y denuncias en contra de las “mini corcholatas” rebasen a los OPLE, lleguen a los Tribunales Electorales de los estados y terminen en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Todo ello implicará tiempo, recursos humanos y presupuesto, pero puede anticiparse que quienes compitan terminarán por no rendir cuentas, ni de sus gastos, ni de sus actos anticipados de campaña.
Haber permitido que se adelantaran los tiempos a nivel federal, haber tolerado lo ilegal con resoluciones aprobadas por la mayoría de consejeros y magistrados electorales, seguirá teniendo consecuencias.
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