
Al inicio del segundo año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una aprobación del 70 %, según la encuesta de El Financiero (01.12.25), que realiza Alejandro Moreno, semejante a la percepción que había de sus antecesores en el mismo periodo.
La valoración de cuatro presidentes anteriores se mueve en un nivel parecido: López Obrador (68 %), Calderón Hinojosa (65 %), Fox Quesada (63 %), Salinas de Gortari (68 %). Solo la Zedillo Ponce de León (42 %) y de Peña Nieto (48 %) es menor.
En octubre y noviembre de 2025, la aprobación de la presidenta se mantiene en 70 % y la desaprobación en 30 %. La más alta se dio en febrero de 2024 con 85 % y la más baja en noviembre de 2024 con 69 %.
La Encuesta nacional de El Financiero se realizó en noviembre de 2025 y fue vía telefónica a 1000 mexicanos adultos en las 32 entidades federativas, y tiene un nivel de confianza de 95 %.
Los datos duros muestran que hay una distancia creciente entre la percepción positiva de la presidenta en su calidad de persona y de la valoración sobre la gestión del gobierno que encabeza.
En los programas de apoyo social hay una caída importante en el mes, al pasar la opinión favorable de 81 % a 69 %, y la opinión desfavorable subir de 17 % a 27 %, el nivel más alto de rechazo registrado hasta ahora en ese rubro de la gestión de gobierno. ¿Por qué?
Los programas sociales, que han sido los estelares de la actual administración y son claves para obtener el voto ciudadano a favor del partido oficial, tienen una caída de 12 % en la aprobación, y avanza 10 puntos el nivel de desaprobación, de un mes a otro. Son datos significativos.
El gobierno en el manejo de la corrupción registra 80 % por ciento de opinión negativa, y 12 % de positiva. La gran mayoría de la ciudadanía piensa que este es un gobierno corrupto. En los últimos meses se han conocido muchos casos de corrupción de integrantes del gobierno y dirigentes de Morena, del sexenio anterior y de este.
En la manera que se enfrenta al crimen organizado, el gobierno sale también reprobado y registra 82 % por ciento de opiniones negativas y 12 % de positivas. La intensa propaganda del gobierno que dice ha mejorado de manera notable la seguridad no se corresponde con la mirada de la ciudadanía.
A pesar de que la economía no crece, y tampoco el empleo formal, la evaluación del manejo de la economía registra una leve variación en las opiniones positivas y pasa de 52 % a 54 %, mientras que las opiniones negativas de reducen de 45 % a 41 %.
En la encuesta se preguntó de manera puntal sobre dos casos particulares, que tuvieron una gran repercusión en la opinión publicada y pública: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la marcha de la Generación Z. Del primer caso se enteró el 87 % y del segundo el 77 %, que son niveles muy altos.
El 49 % de los encuestados piensan que el gobierno actuó mal en el caso del alcalde y el 41 % que lo hizo bien. Sobre la marcha de la Generación Z, el 48 % considera que el gobierno actuó mal y el 31 % lo califica como bien. El 55 % califica positivamente la marcha y el 21 % de manera negativa.
Es evidente la diferencia entre la imagen personal de la presidenta y la de su manera de conducir el gobierno. El nivel de rechazo a su gestión ha crecido de manera permanente. Habrá que ver los resultados de los próximos meses y luego ver el impacto que estos puedan tener en la elección de 2027.

Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
El mandatario denuncia que, con sus acciones, Estados Unidos “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.
Según Caracas, las continuas operaciones militares de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación de la ley internacional que “vulnera flagrantemente la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”.
El gobierno de Maduro sostiene que las acciones de Washington buscan “desestabilizar” el país sudamericano y afectar su capacidad de exportación.
La carta pide solidaridad a los miembros de la OPEP frente a lo que considera una escalada que, de continuar, “pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional”.
Maduro aseguró que Venezuela se “mantendrá firme” en la protección de sus recursos naturales y que no “sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.
Concluyó solicitando al secretario general que convoque “a la unión soberana sin perturbaciones externas”.
El envío de la carta coincidió con la segunda conferencia ministerial de la OPEP y en medio de los bombardeos de la fuerza naval estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que Maduro cataloga de una “campaña de hostigamiento y amenaza”.
Según la misiva, los más de 20 bombardeos han resultado en el “asesinato extrajudicial” de más de 80 personas.
EE.UU. ha desplegado una enorme presencia militar frente a las costas de Venezuela con más de 14 buques de guerra incluyendo el portaviones más grande y sofisticado del mundo.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, una supuesta organización narcotraficante a la que va a designar como “organización terrorista”.
Este fin de semana, el anuncio del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela ha forzado a la gran mayoría de aerolíneas internacionales a suspender sus vuelos, aumentando la presión sobre Maduro y aislando aún más al país.
La medida ha dejado a innumerables pasajeros venezolanos varados en el extranjero sin posibilidad de regresar por vía aérea.
La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
El gobierno de Maduro expresó que había activado un plan de emergencia para el regreso de sus ciudadanos en el exterior y acusó a Washington de imponer un bloqueo de facto.
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