Impunidad estabilizadora
En una definición sencilla, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan como un todo para cumplir un propósito. Tal es el caso del sistema político, integrado por instituciones, actores, reglas y procesos orientados al ejercicio del poder. En ciencias sociales, la noción de sistema permite analizar patrones, incentivos y resultados estructurales, más que conductas aisladas. Desde la perspectiva de Niklas Luhmann, cada sistema se reproduce a sí mismo y colapsa cuando deja de hacerlo, por ejemplo, a causa de la interferencia de otros sistemas.
El sistema político mexicano es ampliamente reconocido, dentro y fuera del país, como históricamente estable, al menos desde la consolidación del régimen de partido de Estado. Ríos de tinta han explicado un complejo entramado de negociación de poderes y recursos que, durante décadas, evitó sobresaltos propios de un colapso sistémico. Incluso la llamada transición a la democracia de finales del siglo XX y principios del XXI ha sido caracterizada como ejemplar, en la medida en que dio paso a una alternancia pacífica en el poder.
Una de las características más notables de esta estabilidad ha sido la negociación política de la obediencia a la ley. Dicha estabilidad no ha descansado en un Estado de derecho sólido. Por el contrario, los equilibrios que han sostenido al sistema han operado a través de una relación política y social que simultáneamente utiliza y tolera la manipulación de la ley, concebida como una herramienta disponible. Ni durante el régimen de partido hegemónico ni en la apertura política asociada a la transición democrática ni en el actual proceso de reconcentración del poder y desmantelamiento de contrapesos institucionales se ha buscado realmente consolidar el principio de igualdad ante la ley, columna vertebral del Estado de derecho.
El sistema político mexicano se ha mantenido equilibrado no por la obediencia a la ley, sino por su desobediencia selectiva. La impunidad es, en este sentido, un constructo profundamente político —y también social— coherente con una concepción de la ley sujeta a criterios de oportunidad. Si la aplicación de la ley es maleable en función de las disputas por poder y recursos, entonces la reducción efectiva de la impunidad resulta, en sentido estricto, profundamente disfuncional para el sistema.
De hecho, la impunidad ha sido —y continúa siendo— una moneda de cambio extraordinariamente poderosa para la estabilidad sistémica. Un ejemplo claro es la práctica estatal de perseguir a ciertas redes criminales mientras se tolera o coopera con otras, incluso como parte de políticas informales de seguridad orientadas a pacificar localidades o regiones. Bajo estas condiciones, las fiscalías difícilmente pueden producir algo distinto a la impunidad —salvo de manera marginal—, en tanto no pueden sustraerse a la contaminación política del ejercicio de la acción penal.
Sin embargo, la emergencia de poderes criminales de alcance global, sostenidos precisamente sobre esta impunidad estabilizadora, parece estar alcanzando dos límites que revelan disfuncionalidades estructurales. El primero se relaciona con la depredación criminal sobre las instituciones del Estado, hasta el punto de comprometer su capacidad para regular la propia impunidad. El segundo tiene que ver con la depredación criminal de la actividad económica, que desborda los límites históricamente modulados desde el poder político.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse por el papel de la interferencia sistémica proveniente de Estados Unidos, en la medida en que irrumpe y distorsiona los mecanismos locales de regulación de la impunidad respecto de liderazgos criminales que son —o han sido— parte de redes de macrocriminalidad, cuyo extraordinario poder es, precisamente, un producto de la garantía de impunidad.
Donald Trump dijo que el organismo será “una de las organizaciones más relevantes jamás creadas”. Pero hasta el momento no se sabe con certeza cómo o dónde funcionará.
“El Estatuto ha entrado en vigor y la Junta de Paz ya es una organización internacional oficial”.
Así se anunció la creación del organismo establecido por Donald Trump que, según él mismo, será “una de las organizaciones más relevantes jamás creadas” y de la cual se siente “honrado” de ser su presidente.
“Está funcionando maravillosamente… casi todos los países quieren ser parte de ella”, declaró Trump en la ceremonia de firmas organizada por el presidente estadounidense en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial.
Durante la ceremonia, en la que estaban presentes los “miembros fundadores”, incluidos el presidente argentino Javier Millei, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, o el presidente de Paraguay, Santiago Peña, Trump elogió sus propias acciones en el frente internacional afirmando que las amenazas a Europa, Estados Unidos y Medio Oriente “realmente se están calmando”.
“Están sucediendo muchas cosas buenas”, señaló. “Hace apenas un año, el mundo estaba en llamas; mucha gente no lo sabía”.
Y agregó que con la Junta de la Paz, “podremos hacer prácticamente lo que queramos”.
Qué es la Junta de Paz
La Junta de Paz de Trump se concibió inicialmente para ayudar a poner fin a la guerra de dos años entre Israel y Hamás en Gaza y supervisar la reconstrucción de la Franja.
Sin embargo, una propuesta de estatuto filtró a los medios no mencionaba el territorio palestino y sugería que la organización podría estar diseñada para reemplazar las funciones de las Naciones Unidas.
Pero durante la ceremonia de firmas Trump señaló que la Junta “trabajará en colaboración con las Naciones Unidas”.
A pesar de sus reiteradas críticas al organismo internacional, el presidente dijo que la ONU tiene un “enorme potencial” y afirmó que la combinación de los esfuerzos de la Junta de la Paz y la ONU es “algo único en el mundo” y “el primer paso hacia un futuro mejor para Medio Oriente”.
Dentro del marco de la Junta de Paz se incluye una “Junta Ejecutiva de Gaza”, que será responsable de supervisar todo el trabajo sobre el terreno de un grupo administrativo de Gaza, según la Casa Blanca.
Arabia Saudita indicó previamente que un grupo de países de mayoría musulmana -Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán y Qatar- respaldaba el objetivo de consolidar un alto el fuego permanente en Gaza, apoyar la reconstrucción y avanzar en lo que describieron como una “paz justa y duradera”.
Durante la ceremonia en Davos el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presentó la Junta de Paz como una “Junta de Acción”.
Afirmó que, si bien la atención se centra actualmente en Gaza, la junta “servirá como ejemplo de lo que es posible en otras partes del mundo”.
También en la ceremonia, Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, subió al escenario para presentar el proyecto para una “reurbanización” de Gaza, y mostró diapositivas de cómo podría ser la “Nueva Gaza” bajo los planes estadounidenses.
Las diapositivas mostraban imágenes de rascacielos futuristas junto al mar en la actual Franja de Gaza, con promesas de un “turismo costero” en el futuro.
Lo que se sabe hasta ahora sobre la Junta de Paz
Durante la ceremonia de firma no se dieron más datos sobre cómo o dónde funcionará el organismo creado por Trump.
Pero en el documento filtrado se dice que la Junta es una organización internacional con el mandato de llevar a cabo funciones de consolidación de la paz según el derecho internacional.
Y también establece que una persona -su presidente- tiene el poder de vetar decisiones, aprobar la agenda, invitar a los miembros, disolver la junta por completo y designar a su propio sucesor.
El estatuto filtrado establece que el organismo entrará en vigor una vez que tres Estados acuerden formalmente su adhesión.
Los Estados miembros tendrían mandatos renovables de tres años y se otorgarían puestos permanentes a quienes contribuyeran con US$1.000 millones, según el documento.
Donald Trump es nombrado presidente —y, por separado, representante de EE.UU.— y tiene autoridad para nombrar a los miembros de la junta ejecutiva y crear o disolver órganos subsidiarios.
La Casa Blanca nombró hace unos días a siete miembros del Comité Ejecutivo fundador de la Junta, entre ellos el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el enviado a Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner, y el exprimer ministro británico Tony Blair.
Quiénes forman parte de la Junta de Paz
En la ceremonia de firmas de la Junta estuvieron presentes los líderes y representantes de 19 países, incluidos Argentina, Paraguay, Indonesia, Jordania, Kazajstán, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Un país estuvo notablemente ausente de la ceremonia: Israel, a pesar de que anunció su adhesión al organismo.
El presidente israelí Isaac Herzog se encuentra en Davos, pero un portavoz confirmó que no participaría en la ceremonia, sin dar más detalles.
No está claro cuántos países han sido invitados a unirse al nuevo organismo de Trump. Reino Unido fue invitado pero la ministra de Relaciones Exteriores Yvette Cooper indicó que aún no ha decidido firmar debido a preocupaciones por la participación del presidente ruso, Vladimir Putin.
Otros de los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Francia y otras naciones europeas, no han aceptado hasta ahora unirse a la Junta.
Trump afirmó antes de la ceremonia de Davos que Vladimir Putin “había aceptado” una invitación para formar parte del organismo.
El jueves, la agencia estatal de noticias rusa TASS, informó que Putin está dispuesto a transferir los US$1.000 millones en activos rusos a la Junta.
Previamente se había informado que los fondos para la participación de Putin en la Junta podrían provenir de activos rusos congelados en EE.UU.
China, por su parte, confirmó que había sido invitada a unirse, pero aún no ha manifestado su disposición a participar y se dijo que había expresado serias dudas sobre el organismo, en particular por el papel de la ONU.
“China siempre ha practicado el verdadero multilateralismo. Independientemente de cómo cambie la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional centrado en la ONU”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, a la prensa en Pekín esta semana.
Los medios estatales chinos fueron un poco más críticos y cuestionaron si la Junta estaba “realmente a favor de la paz”, a la vez que plantearon la preocupación de que el presidente estadounidense estuviera creando un “club privado o una junta directiva corporativa con un costo de mil millones de dólares”.
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