La dinámica del crimen organizado y el reclutamiento de jóvenes en México
Durante la última década, la tasa nacional de criminalidad en México ha aumentado casi un 60 % (Institute for Economics & Peace, 2025), causando profundos daños al tejido social y pérdidas devastadoras para miles de familias. La actividad criminal está organizada, en gran medida, a través de estructuras conocidas como cárteles; sin embargo, a pesar de su relevancia, se conoce poco sobre los efectos de sus dinámicas internas. Sus operaciones son deliberadamente opacas y esta “caja negra” no es accidental, sino estratégicamente planificada: cuanto menos se sepa sobre sus jerarquías, su control territorial y su lógica operativa, más difícil resulta para el Estado y la sociedad debilitar su poder.
A pesar de esto, un creciente cuerpo de investigación empírica y académica ha producido en los últimos años estimaciones cada vez más confiables sobre el tamaño, las características y el comportamiento de los cárteles, así como sobre su importancia económica, social y política (véanse, por ejemplo, Gambetta; Reuter; Felbab-Brown; Lessing; Trejo & Ley). Se calcula que para 2022, México contaba con aproximadamente 150 organizaciones criminales activas, con un estimado de 175,000 miembros, cifra que aumentó en 60,000 durante la última década. Investigaciones recientes demuestran desde una metodología cuantitativa, que su capacidad para mantenerse operativos —pese a los extremadamente altos niveles de violencia y homicidios implicados— depende en gran medida de su habilidad para reemplazar rápidamente a su fuerza de trabajo (también conocidos como halcones, sicarios y mulas, dependiendo del la actividad que se les encomiende). Las estimaciones indican que las organizaciones delictivas reclutan entre 350 y 370 nuevos miembros cada semana, simplemente para evitar el colapso por pérdidas acumuladas, lo que convertiría al crimen organizado en el quinto “empleador” más grande de México, sólo superado por grandes corporaciones como FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil (Prieto-Curiel et al., 2023).
Esta incorporación continua de nuevos miembros, conocida como reclutamiento, es uno de los mecanismos centrales que sostienen las operaciones de los cárteles. Lamentablemente, este reclutamiento se dirige de manera desproporcionada hacia individuos social y estructuralmente vulnerables; lo más alarmante, hacia niños y adolescentes. De hecho, entre 145,000 y 250,000 jóvenes en México están en riesgo de ser reclutados, siendo los de entre 12 y 15 años los más vulnerables (Reinserta, 2025). Esto refleja por un lado, que México enfrenta grandes vulnerabilidades estructurales —como pobreza, deserción escolar, acceso limitado a programas sociales de apoyo y un alto grado de normalización de la violencia— y, por el otro, que el crimen organizado se ha beneficiado de esa brecha para desarrollar y perfeccionar una serie de estrategias que utilizan para identificar, moldear y coaccionar a estos adolescentes, ofreciéndoles ingresos, comida, vivienda, y un sentido de pertenencia. El testimonio de Flaco, un joven mexicano de 14 años, refleja algunas de estas dinámicas: en un reportaje realizado por el medio de comunicación Al Jazeera (2025), explica que fue reclutado después de que su padre, quien había estado involucrado con el cártel, fuera asesinado. Hoy en día gana aproximadamente 200 USD por semana, más 650 USD adicionales por cada homicidio que cometa.
También abre la pregunta sobre si la incorporación de adolescentes es realmente forzada. No tengo una respuesta definitiva, pero recurrir a la noción de deseo permite romper la dicotomía simplista entre forzado y voluntario. El deseo no surge en el vacío: es siempre estructural. Está moldeado por relaciones de poder y por contextos materiales y simbólicos que pueden presentarse como elecciones, incluso cuando esas elecciones están profundamente condicionadas. El deseo apunta hacia aquello que imaginamos que incrementará nuestra potencia —en términos Spinozianos— aunque a veces sea ilusorio o incluso destructivo. En este sentido, cuando un joven dice “sí”, ese sí puede no es un consentimiento pleno, sino un deseo producido bajo violencia estructural, pobreza, exclusión, mandatos de masculinidad, necesidad de reconocimiento o ausencia de alternativas.
Ahora bien, ¿qué podemos hacer frente a esta problemática? Las proyecciones indican que disminuir la capacidad de reclutamiento de los cárteles tendría efectos significativos tanto en el número de víctimas que generan, como en su tamaño organizacional. De hecho, reducir a la mitad el ritmo de reclutamiento podría disminuir las muertes semanales hasta en un 25 % para 2027 (Prieto-Curiel, 2023), como se observa en el siguiente diagrama:
El diagrama anterior permite dimensionar un problema social de gran escala, pero debe tomarse con cautela debido a sus múltiples limitaciones. Se trata de un modelo matemático basado en supuestos que son difíciles de comprobar empíricamente, pues parten de hechos sobre los que no puede haber certeza absoluta (Escobar, 2023). En este sentido, si bien no nos interesa determinar con exactitud el lugar que ocupa el crimen organizado entre los principales “empleadores” de México, consideramos que, tomado con precaución, el modelo resulta útil para problematizar y alertar un fenómeno.
Prevención mediante el compromiso educativo
Existen varias posibles acciones para interrumpir o frenar estas dinámicas de reclutamiento, incluyendo ampliar los beneficios sociales por parte del Estado, fortalecer las intervenciones y el tejido comunitario, y asegurar una aplicación más consistente de la ley. Sin embargo, algo que nos preocupa particularmente es el hecho de que uno de los predictores más frecuentes entre los adolescentes reclutados por grupos criminales en México es el desvinculamiento escolar (Reinserta, 2025).
Por este motivo, consideramos que una de las estrategias que deben implementarse con mayor urgencia es disminuir la deserción escolar. Este enfoque se alinea con la perspectiva de que prevenir las captaciones sistemáticas desde el ámbito educativo no solo debilita la capacidad operativa del crimen organizado, sino que también contribuye a construir dinámicas comunitarias más seguras y a reducir la violencia a largo plazo. Dicho argumento se sustenta en las siguientes consideraciones:
I. La escuela es mucho más que un espacio educativo. Proporciona estructura, supervisión cotidiana y la presencia de adultos de apoyo y confianza. Cuando los adolescentes abandonan la escuela de manera prematura, pierden estos elementos protectores y quedan considerablemente más expuestos a entornos de alto riesgo.
II. Alrededor del 70 % de los jóvenes reclutados provienen de contextos altamente violentos (Reinserta, 2025). Aumentar la cantidad de tiempo que pasan en la escuela, reduce de manera efectiva su contacto con contextos donde el crimen organizado opera abiertamente, limitando tanto su proximidad física a actores involucrados, como su exposición a la normalización de la violencia.
III. Las escuelas desempeñan un papel fundamental en la formación de valores, aspiraciones y sentido de pertenencia. Una de las razones por las cuales muchos menores se integran a grupos criminales es la búsqueda de identidad, reconocimiento y comunidad. Los entornos educativos ofrecen modelos alternativos de logro e identidades no violentas.
* María González Díaz (Ciudad de México, 2000) es antropóloga social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló con mención honorífica gracias a una investigación de tesis sobre las estrategias de sobrevivencia entre las personas en situación de calle en la Ciudad de México. Le apasionan las ciudades, su gente y las historias no contadas. Actualmente cursa el primer año de la maestría en Política Pública en Sciences
Po, París.
Referencias:
Al Jazeera. (2025, 24 November). Al Jazeera speaks to teenage killers recruited by Mexican drug gangs [Video]. Al Jazeera.
Escobar, F. (2025, 07 octubre). Narco, ¿el quinto empleador? Modelo y supuestos. Animal Político.
Institute for Economics & Peace. (2025, May). Mexico Peace Index 2025: Identifying and measuring the factors that drive peace.
Prieto-Curiel, R., Campedelli, G. M., & Hope, A. (2023). Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico. Science, 381(6664), 1312–1316.
Reinserta. (2025, September). Guía de prevención de reclutamiento.
El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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